En su defensa, la vice dijo que el ataque judicial es para desacreditar las conquistas socioeconómicas del ciclo kirchnerista entre 2003 y 2015. El actual contexto muestra levantada de la actividad pero con caída salarial frente a una inflación récord y ajuste del gasto público.
Cristina Fernández de Kirchner aseguró que la avanzada judicial en su contra y la posible condena “ya escrita” responde a los logros, principalmente económicos y sociales, del ciclo kirchnerista 2003-2015. Reflexionó que la persecución jurídica-mediática auspiciada por la derecha macrista es para desacreditar una identidad cultural de raíz peronista, y para intentar disciplinarla o dejarla fuera de juego ante el temor vigente en estratos del poder económico a lo que ella representa como la líder política más popular en lo que va del siglo XXI y la más trascendental de la historia contemporánea, guste o no.
CFK lo dijo con todas las letras llegando al final efervescente del derecho a defensa ejercido en su canal de Youtube en el marco de la causa por supuesta corrupción en la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Habló a todo el país desde su despacho en el Senado el martes 23 de agosto, un día después de recibir un pedido de la Fiscalía de condena a doce años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos imputándole ser “jefa de una asociación ilícita”, y ante la negativa del tribunal que la juzga a la solicitud formal de ampliar su declaración indagatoria.
Afuera, como la misma noche del lunes y los días siguientes en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, hubo nutridas y fervorosas manifestaciones de apoyo y cariño de militantes y “gente suelta”, que fueron agradecidas por la protagonista a ras del piso y desde un balcón del Congreso, saludando y entonando a capela junto a la muchedumbre las estrofas de la marcha peronista.
Durante su exposición de una hora y media retransmitida en virtual cadena nacional, la dos veces presidenta de la Nación señaló que los fiscales deportistas de la causa Vialidad, en una suerte de revanchismo político simétrico, solicitaron doce años de prisión por los doce años que duró la era kirchnerista con los tres gobiernos, el de Néstor Kirchner y posteriormente sus dos mandatos.
A continuación enumeró de manera resumida varias conquistas de aquel período: pago y chau al Fondo Monetario, desendeudamiento, la pulseada y la negativa a ceder a las presiones de los fondos buitre, la recuperación de YPF y la explotación del megayacimiento Vaca Muerta, el fin de las AFJP y la consiguiente ampliación del derecho a jubilarse, y, la más destacada por CFK, la recomposición del poder adquisitivo de salarios e ingresos de trabajadores y sectores populares que permitieron una política de movilidad social ascendente, de inclusión y una progresiva mejora en la distribución del ingreso y mayores niveles de igualdad en la población argentina.
“Cuando me fui (en 2015), los laburantes se llevaban el 51,8 por ciento del PBI y el resto era de los empresarios, y ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo: si naciera veinte veces, veinte veces haría lo mismo”, sostuvo Cristina con firmeza, mirando a cámara y con muchos papeles sobre su escritorio.
“El partido judicial no solamente va a estigmatizarnos a nosotros los peronistas, los kirchneristas, los nacionales, los populares, como quieran llamarlo, sino que los va a proteger a ellos (por el macrismo). Porque los están protegiendo. Porque no sabemos dónde están los 45 mil millones (de dólares) del FMI, pero acá no pasa nada”, analizó con aspereza.
Su alocución siguió: “A los que sí les pasan cosas es a los argentinos, que no tienen guita, que no les alcanza por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que hicimos durante doce años. Piense como piense, ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora, y que se había vivido mejor que nunca hasta ese momento. Por eso el fiscal (Diego Luciani) pide doce años. Son los doce años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas”.
Y advirtió, como lo había hecho cuando se despidió del gobierno en 2015 ante medio millón de personas en la calle: “No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento, vienen por eso, y vinieron por eso. Y por eso hoy todavía estamos pagando esas consecuencias”.
CFK fue acusada por rivales políticos, jueces de la corpo y sus satélites mediáticos manipuladores de opinión pública de enterrar contenedores llenos de dólares en la Patagonia (el show de la retroexcavadora) y de atesorar fajos de billetes verdes detrás de las paredes de su casa en el Sur, que fueron agujereadas para las cámaras durante el prime time televisivo, sin encontrar nada. “No hay tapas de Clarín que borren el recuerdo de lo que fue la vida con Cristina”, definió el ministro del Interior Eduardo de Pedro.
Este accionar antidemocrático del Poder Judicial que acusa sin pruebas, en sintonía con el establishment local e internacional, tiene similitudes con otros casos en la región, donde, oh casualidad, el partido judicial embiste sólo contra gobiernos nacionales y populares. Por ejemplo, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Dilma Rousseff en Brasil o como fue en su momento la detención de Lula en el vecino país, quien como presidente desplegó una potente política de inclusión social y mejoras para millones de brasileños.
No fue magia
El Centro de Economía Política de Argentina (Cepa) repasó las razones, desde su punto de vista, de la persecución judicial, política y mediática contra la vice. “¿Sabés qué no le perdonan a Cristina?”, se preguntaron desde el Cepa como disparador, para luego detallar algunos de los tantos logros socioeconómicos.
“Inclusión a la seguridad social. Entre 2003 y 2015 hubo más de 3,2 millones de jubilados y jubiladas, 70 por ciento mujeres. Y eso con cobertura del sistema previsional con aportes y contribuciones del 65 por ciento. Además, en ese período, jubilaciones y pensiones duplicaron su poder adquisitivo”, se destacó.
En tanto, desde el Cepa se recordó que en el ciclo kirchnerista se crearon 3,1 millones de puestos de trabajo privados y que el salario real mejoró 2,1 veces entre 2003 y 2015. La tasa de desocupación se redujo del 20 al 5,9 por ciento y la informalidad laboral bajó del 49 al 33 por ciento.
Con respecto al ítem distribución del ingreso, se resaltó que la mejora en este sentido fue ostensible: de 33 veces entre el decil 1 y el 10, a 18,7 veces. Mientras, el desendeudamiento representó del 139,5 por ciento del PBI al 52,6 entre 2003 y 2015. También se desendeudaron las provincias. En cuanto a la progresividad impositiva, el Cepa indicó que pasó de 38 por ciento de la recaudación al 45 por ciento de la misma.
Contexto
El juicio a la actual vicepresidenta se da en un contexto de estado de recomposición política en el Frente de Todos después de la interna a cielo abierto. Para desgracia de sus detractores, la coalición gobernante, en su mayoría, cerró filas detrás del contundente y amplio respaldo que recibió Cristina.
Entre las conquistas socioeconómicas que mencionó la vice y que aún hoy son blanco de ataque algunas perduran y otras están vivas en el recuerdo ya que fueron demolidas, según señaló CFK, por Cambiemos cuando llegó a la Casa Rosada a fines de 2015.
Tras el desastre macrista y el brutal endeudamiento con el FMI que dejó, vino la crisis pandémica y más tarde la guerra, ambos eventos con consecuencias globales. Y los propios errores del gobierno que CFK ideó e integra, y que ella misma vino criticando y señalando en discursos, cartas públicas y clases magistrales, máxime por el rumbo de la política económica a la salida de la pandemia, con una recuperación mal distribuida, y después del polémico acuerdo con el Fondo impulsado por el presidente Alberto Fernández y el ex ministro Martín Guzmán.
Desorden y desorientación caracterizaron al oficialismo. El FdT volvió como antiajuste en contraposición al macrismo y en estos casi tres años de gobierno no terminó de conectar con el mandato electoral de 2019. Si bien se sostiene un crecimiento de la actividad económica (6,4 por ciento interanual, según el Indec), productiva y también en el mercado de trabajo, el cuadro general es de fragilidad. El andar económico va a dos velocidades.
La llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía trajo relativa paz en “los mercados” después de semanas de agitación. Mientras resiste una devaluación, busca dólares para engrosar las reservas del Banco Central. El superministro siguió la línea fiscalista de sus predecesores en el cargo y aplicó recortes en el gasto público en sintonía con las metas acordadas con el FMI, más los aumentos de tarifas. Todo con una inflación caníbal que se traga los incrementos salariales y los refuerzos que da el Estado en ingresos y jubilaciones y amplifica la pobreza.
“El plan Massa es de emergencia por la escasez de dólares que no se juntaron en un momento de superávit. Massa asumió en medio de una corrida, pero el ajuste fiscal va contra los postulados del Frente de Todos. El programa de Sergio Massa sólo puede servir si logra una calma cambiaria que sea antesala al anuncio de un programa de relanzamiento económico con estabilización de precios de tipo shock; el programa en sí es de transición”, analizó el economista Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso).
Mientras el fiscal Diego Luciani daba a conocer el pedido de condena para CFK, el economista ortodoxo Gabriel Rubinstein era confirmado como secretario de Política Económica (viceministro de Economía) de Massa. Rubinstein, ex funcionario durante el interinato de Eduardo Duhalde cuando se sumó al equipo de Roberto Lavagna, asumió con el Twitter sucio, aunque se mostró arrepentido y pidió disculpas por los pasados agravios lanzados contra CFK en la red social del pajarito. La asunción de Rubinstein se dio antes de que Massa viaje a Estados Unidos a rendir examen con el FMI.
Si bien desde el gobierno se repitió que el acuerdo con el Fondo por la deuda macrista no traería los típicos ajustes, Massa implementó un ajuste presupuestario, detallado en el Boletín Oficial el lunes 22, del orden de los 128 mil millones de pesos que abarca las áreas de educación, vivienda, salud, obras públicas e incentivos a la producción.
Ese mismo lunes se reunió el Consejo del Salario de manera virtual y se anunció una suba extra para el mínimo, mientras se pagan refuerzos en asignaciones y jubilaciones en busca de compensar la aceleración inflacionaria. El salario mínimo, vital y móvil se utiliza no sólo para fijar un piso en los sueldos de los trabajadores, más que nada de los no registrados, sino también como referencia de otras asignaciones y prestaciones.
De los 45.500 pesos actuales, por debajo de la línea de indigencia, el salario mínimo llegará a 58 mil recién en diciembre, un mes siempre caliente en el que se espera además se dé a conocer el veredicto del juicio a CFK. Con una inflación proyectada cercana al 90 por ciento para todo 2022, el aumento pactado con la CGT parece exiguo.
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