La condena a Cristina Fernández de Kirchner dictada por tres jueces varones y serviles al poder económico es una expresión muy clara de las circunstancias de gravedad institucional por las cuales atraviesa la República Argentina.

Estamos frente al hecho cúlmine mediante el cual se ha pretendido proscribir y borrar de la escena política nacional a Cristina Fernández. No es una teoría conspirativa. Los hechos me asisten en razón: hace muy poco tiempo hubo un intento de magnicidio contra la vicepresidenta.

Este martes recordaba el titular de Clarín “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”. Creo que en esa nota se sintetiza cuál es el objetivo del poder real en la República Argentina, que no es otro que correr a Cristina de la escena de la política nacional porque claramente es la líder que con mayor fuerza y con acciones concretas enfrenta a ese poder representado por Magnetto, por el Grupo Clarín y por el poder económico que goza de un paraguas de protección permanente a través de los medios hegemónicos

Una expresión de ese poder económico real es sin lugar a dudas Joe Lewis. Lewis haciendo uso del decreto de Macri que modificó la Ley de Tierras sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández, pudo hacerse de grandes extensiones de tierras en el sur del país hasta el punto de secuestrar Lago Escondido, impidiendo a los argentinos y argentinas disfrutar de sus recursos naturales.

Esta es la gran disputa que se viene en este Siglo XXI: nada más ni nada menos que la de los recursos naturales. Es por eso que Mauricio Macri ni bien asumió dictó el Decreto 820/16 que modificó la Ley de Tierras. Frente a esto presenté un proyecto de ley en el ámbito del Senado de la Nación declarando insanablemente nulo el decreto. Esta práctica de Mauricio Macri -y de Juntos por el Cambio- de modificar mediante decretos leyes sancionadas por el Congreso Nacional ocurrió también con la Ley de Medios, una ley que claramente hubiera evitado el escarnio institucional por el cual está atravesando la República Argentina.

No sólo han condenado a una inocente armando, reflotando y reviviendo una causa, sino que también se han apoderado del Consejo de la Magistratura con una vergonzante conducta de Rosatti y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A esto se suman los fallos que han dictado jueces como los del chárter privado a Lago Escondido que conocimos en los últimos días.

Esto que está pasando tiene que ver con la Soberanía Nacional, con los recursos naturales, con los modelos económicos y con disciplinar al poder político. La condena a Cristina es una condena a la Democracia, es una condena anticipada a todos aquellos dirigentes que tengamos la osadía de atrevernos a enfrentar al poder real.

Habría que preguntarse qué pasaría si un ciudadano argentino tuviera propiedades en Inglaterra y armara allí reuniones secretas con jueces y monopolios mediáticos como los que pudimos conocer la semana pasada gracias a la revelación de chats entre jueces, fiscales y representantes del Grupo Clarín intentando ocultar un viaje privado a Lago Escondido, propiedad de Joe Lewis, después de un intento de magnicidio y en vísperas de un fallo en contra de Cristina.

¿Hubiera habido algún tipo de sanción, se hubiera expulsado a ese ciudadano argentino por estar conspirando contra los intereses de ese país, por estar inmiscuyéndose en cuestiones internas, por estar invadiendo la órbita de un poder que debe ser independiente como el Poder Judicial?

No nacimos para ser obedientes a ese poder real, sino que somos fruto de las luchas populares y de las mejores tradiciones del pueblo argentino. Vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, defendiendo a la Patria, la Soberanía Nacional y la necesidad de poner en marcha un modelo económico que abrace con oportunidades, con justicia social y con igualdad a todo el Pueblo Argentino

*María de los Angeles Sacnun: actual directora del BICE y ex senadora nacional por Santa Fe

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