En una línea de tiempo entre la última dictadura y el presente yace el endeudamiento con el FMI que dejó el macrismo y sus secuelas. Falta de dólares, caída de salarios y alta inflación tensan la economía y la interna del Frente de Todos.
Haciendo memoria es ineludible pensar en las transformaciones políticas, culturales y socioeconómicas profundas que imprimió a sangre y fuego la dictadura de 1976, incluso con continuidades que se van modernizando. Sin perder de vista el actual contexto por demás de complejo, con corrida cambiaria, un endeudamiento externo asfixiante y pérdida del poder de compra de salarios e ingresos frente a una inflación desbocada.
El modelo económico neoliberal que los militares desplegaron tras derrocar al gobierno constitucional de Isabel Perón, vendía un raro nacionalismo y se caracterizaba por la liberalización financiera y la apertura de mercados, extranjerización, endeudamiento, privatizaciones, destrucción del aparato productivo y del mercado interno, con la consecuente pulverización de los ingresos y el deterioro en las condiciones de vida de las mayorías populares.
Aquel modelo, con sus respectivas actualizaciones, se duplicó en los años 90 y se triplicó durante el macrismo. La ley de entidades financieras de 1977, por caso, una medida a favor de los grandes bancos –mientras una nueva crisis financiera global invita a su postergada discusión– continúa vivita y coleando.
El 24 de marzo de 2023, año de arenas electorales movedizas, el aniversario número 47 del golpe de Estado cívico-militar en Argentina llega con sus particularidades políticas y socioeconómicas. Se conmemora en las calles con diferentes reclamos, con fuerzas renovadas después del freno pandémico, donde el mal funcionamiento del Poder Judicial y su imparcialidad manifiesta aparece entre los principales discursos. También la recuperación de soberanía y la necesidad de revertir un cuadro de distribución regresiva de la riqueza que genera la economía del país, en detrimento de las y los trabajadores y en favor del poder concentrado.
Este nuevo recordatorio del golpe de Videla, Martínez de Hoz y compañía se da a veinte años de la llegada, medio inesperada, de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación, después de la hecatombe de la Alianza, el estallido de 2001 con el FMI como protagonista y el fin del plan de convertibilidad.
De la desintegración política de 2003 nació el kirchnerismo a nivel nacional como una fase novedosa del peronismo siglo XXI, más parecida a los orígenes del movimiento que Juan Perón fundó en 1945, con un gobierno que decidió no reprimir la protesta social mientras mejoraron los indicadores socioeconómicos. La reconfiguración del mapa político se dio al calor del “que se vayan todos”.
Y veinte años antes, en 1983, terminaba en los papeles la dictadura y sus aberraciones, quedaban sus herencias malditas que en varios casos se prolongan hasta nuestros días. Volvieron las urnas, la vida cívica y los militares empezaron a desfilar por el banquillo de los acusados. Las condenas se interrumpieron con la obediencia debida, el punto final y el indulto, las leyes de impunidad de Alfonsín y Menem. Los juicios a los genocidas se retomaron durante la primera etapa del kirchnerismo por determinación política y por la perseverante lucha de los organismos de derechos humanos.
Hacia los cuarenta años que se cumplirán el próximo 10 de diciembre de la vuelta de la democracia, el funcionamiento político que supimos conseguir después del plan sistemático de exterminio de personas perpetrado por la última dictadura, las deudas son enormes y los desafíos, titánicos.
Es el primer 24 de marzo después del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido frente a su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, magnicidio frustrado por impericia del tirador de ultraderecha. A casi siete meses de ese episodio parteaguas de la escena pública, que dejó balbuceando al sistema político en medio de tiempos violentos –con la cuota criminal que aporta Rosario–, en las diferentes marchas a lo largo y ancho del país por memoria, verdad y justicia se escuchará el “no” a la proscripción de Cristina, quien fue condenada a seis años de prisión en una causa flojita de papeles, mientras se disputaba el Mundial de fútbol en Qatar, que Argentina ganó y no para de festejar. ¿La ilusión es sólo futbolera?
“El partido judicial reemplazó al partido militar”, insiste la vice. En sus últimas apariciones, además de alertar sobre la fragmentación política, CFK convocó a los distintos partidos a impulsar una renegociación del acuerdo que el oficialismo firmó hace un año con el Fondo Monetario Internacional por la deuda macrista. Mientras, el organismo que comanda Estados Unidos sigue imponiendo su programa en las decisiones de política económica, que carecen de autonomía necesaria para sostener el proyecto de una Argentina grande.
FMI, el que dicta duro
Un punto de contacto, negativo claro, entre la dictadura y el presente es la presencia del FMI digitando la economía nacional. En el día a día, el programa con el Fondo resulta un potente condicionante. El gobierno de facto, a poco de iniciado el golpe, se endeudó con el Fondo, en un guiño al capital financiero internacional y, por ende, a Estados Unidos.
El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional profesaba a rajatabla los planes económicos del FMI, como después lo hicieron Menem y Macri. Cerca del fin de la dictadura, en 1982, el año de Malvinas, el Banco Central con la rúbrica de Domingo Felipe Cavallo, alma mater del libertario Javier Milei, estatizó deuda privada, beneficiando así a grandes grupos empresariales, como Socma, de la familia Macri, y tantos otros que operan en la actualidad.
Entre la pandemia y la guerra en Ucrania, con la sequía prolongada y la más importante de las últimas décadas que, pese a las últimas lluvias, afecta a la economía argentina, en particular a la producción agropecuaria, se proyecta una pérdida este año de entre 10 y 20 mil millones de dólares para las arcas del Estado por la esperada caída de embarques en el complejo agroexportador y el bache de recaudación por retenciones. La seca dio pie a una redefinición sobre las metas que exige el FMI en sus revisiones trimestrales como parte del acuerdo para pagar el desmedido préstamo que el gobierno de Macri contrajo en 2018. Vale recordar que, en 2005, Kirchner le dijo “chau” al Fondo y canceló la deuda con el organismo de crédito.
En el acuerdo con el Fondo hay un artículo que prevé una circunstancia climatológica, un suceso extraordinario con impacto negativo. De todos modos, los cambios negociados por el ministro Sergio Massa resultan un recalibramiento muy modesto en la rebaja de las metas de acumulación de reservas en el Banco Central: más dólares para… pagarle al propio Fondo, que en su último comunicado retó al gobierno argentino por avanzar con una nueva moratoria previsional.
Sin embargo, no hubo ningún cambio en la meta de déficit fiscal, que para este año se busca reducir del 2,3 al 1,9 por ciento, un achique del gasto, con menos subsidios para los servicios públicos, que podría intensificar la inestabilidad política y económica que de por sí traen los acuerdos con el FMI y hasta resultaría suicida en un año electoral.
Con la democracia se come (hasta ahí)
Los salarios vienen, con suerte, siguiendo la evolución de la inflación. Unos pocos gremios logran empatar o ganarle unos puntitos, tras la fuerte pérdida de ingresos experimentada durante el macrismo. En el gobierno del Frente de Todos, con las dificultades mencionadas más los errores autoinfligidos, se consolidó la caída de la participación de los asalariados en el producto bruto interno. Una transferencia de ingresos de los trabajadores hacia el capital que acrecentó el excedente empresario.
Los “cuatro vivos” de los que hablaba CFK vienen apropiándose de los frutos de la recuperación pos pandemia. En rigor, con Macri se derrumbó la economía y se recortaron salarios. Por el contrario, en el gobierno del FdT hay crecimiento económico y de puestos laborales (muchos precarios) pero los salarios continúan perdiendo. De acuerdo al Indec, en base a datos de fines de 2022, el desempleo a nivel nacional bajó en un año del 7 al 6,3 por ciento, misma tasa que en el Gran Rosario.
En el tercer mes consecutivo de incremento, después de suavizarse apenas y envalentonar a Massa a arriesgar un 3 adelante para el mes de abril imposible de alcanzar, la inflación de febrero, de por sí un mes de estacionalidad baja, fue del 6,6 por ciento y en términos interanuales del 102,5 por ciento, el índice más alto desde la híper de 1990.
En alimentos, traccionado por la suba de la carne, el nivel de precios trepó 10 por ciento. El Indec también dio a conocer datos de la canasta básica. Una familia de cuatro integrantes necesitó 80 mil pesos para comer y casi 180 mil pesos mensuales para no ser pobre, sin contar el pago de un alquiler. Consultoras estiman una inflación cercana al 7 por ciento para marzo.
“Finalmente llegamos a los tres dígitos. ¿Seguirá insistiendo el equipo económico en políticas fiscales y monetarias restrictivas que fracasan cada vez que se aplican o tomará en cuenta los aspectos inerciales de la inflación?”, se preguntó el economista Andrés Asiaín. En un tuit anterior, el director del Ceso consideró: “El actual programa anti-inflacionario va a fracasar como han fracasado los anteriores dado que parte del mismo equivocado análisis sobre las causas de la inflación y, por ende, sobre las políticas para combatirla”.
De sostenerse esta tendencia será muy difícil que se cumpla la pauta del 60 por ciento de inflación para todo 2023, tal como se proyecta en el Presupuesto. Esto, además, complica las negociaciones paritarias que se van desarrollando lentamente, aunque casi todos los sindicatos contemplan acuerdos cortos y cláusulas de revisión.
Para el Centro de Economía Política (Cepa), con los datos de la canasta básica total recientemente publicados se confirma el fenómeno de trabajadores/as pobres. “A febrero 2023, los ingresos (individuales) de la mitad de los asalariados registrados privados quedaron aún doce puntos por debajo de la línea de pobreza por ingresos”, señalaron desde el Cepa, al comparar el salario individual de un trabajo registrado privado versus una canasta básica para familia tipo, lo que supone que ese hogar es pobre sólo si el único ingreso es el salario individual mencionado.
Salario no tan vital
En medio de la creciente presión inflacionaria y protestas de movimientos sociales, el gobierno junto a representantes de las centrales sindicales –con la abstención de CTA de los Trabajadores y el rechazo de la CTA Autónoma–, y con el visto bueno de cámaras empresarias acordaron en el Consejo del Salario un incremento trimestral escalonado en el salario mínimo, vital y móvil, que en abril será de 80 mil pesos y recién en junio próximo llegará a casi 88 mil. El salario mínimo marca una referencia e impacta en el monto de los planes Potenciar Trabajo, en el salario social complementario y en salarios de trabajadores informales.
“El poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil muestra una tendencia negativa desde 2011, que resultó particularmente fuerte en los dos últimos años del gobierno de Mauricio Macri así como en 2020 (año de la pandemia). Esta caída ha sido incluso superior a la pérdida real de los salarios registrados”, se lee en un informe del Centro Cifra, dependiente de la CTA de los Trabajadores.
“Entre 2021 y 2022, en un contexto de inflación creciente, existieron siete instancias de actualización del salario mínimo, que no lograron una recuperación de su poder de compra. El año 2022 cerró con una caída promedio del salario mínimo real del 1,3 por ciento, que lo ubicó 33 por ciento por debajo del nivel de 2015”, se analiza en el documento de Cifra.
Y añade: “En los meses más recientes, con subas del nivel general de precios que vuelven a ubicarse por encima del 6 por ciento mensual, el salario mínimo muestra caídas adicionales. Es decir que en la reciente negociación se partió de un piso sumamente bajo en el valor del salario mínimo. Para recuperar su capacidad de incidir al alza en los pisos salariales, el salario mínimo debe crecer por encima de la inflación”.
En el último informe de coyuntura que publicó el economista Alejandro Rofman, se refirió: “El crecimiento económico y del empleo en la Argentina está acompañado de datos no muy alentadores a nivel social: caída del salario real promedio, apropiación declinante por parte del trabajo del ingreso nacional, creciente concentración del capital y preeminencia de empleos informales en la expansión laboral. La distribución aún muy inequitativa del ingreso es la gran asignatura pendiente, provocada por dos fenómenos: el de la inflación muy elevada, y el de la escasez de dólares”.
Según Rofman, el empleo sigue creciendo a la par que el ritmo de producción, pero resulta insatisfactorio para resolver temas estructurales muy instalados como el de la pobreza y la indigencia.
A la vez, en el reporte se destacó que “es preciso encarar cuanto antes una revisión integral del acuerdo de facilidades firmado con el FMI (…), que en las actuales circunstancias luce inviable y altamente perjudicial para la situación económica y social presente y futura. Y para permitir recuperar autonomía nacional en la fijación de políticas públicas que determinen crecimiento económico y su equitativa distribución entre los habitantes del país”. Una cuestión de Fondo, ante un nuevo aniversario del golpe.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 24/03/23
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