Pese al ajuste que impone el FMI, Massa anunció medidas a favor de mayorías populares a fin de paliar el salto inflacionario por la devaluación pos Paso. Respaldos, críticas por insuficientes y rechazo opositor, de gobernadores y empresarios, al pago de suma fija.
Domingo por la tarde. Videos grabados, uno por cada anuncio. Plano cercano, mirando a cámara, música épica de cortina, difundidos en redes sociales. Un mensaje dirigido a gente enojada y golpeada, aunque no toda, por la muy alta inflación, que se aceleró tras el salto devaluatorio aplicado veinticuatro horas después de las elecciones primarias, que se reflejará en el índice de agosto con una tasa, según estiman consultoras, de dos dígitos. A quince días del cimbronazo en las Paso por el buen desempeño de Javier Milei, el gobierno nacional dio a conocer una serie de refuerzos de ingresos esperados por las mayorías como contraparte para paliar los efectos de una devaluación desordenada a pedir del Fondo Monetario Internacional, que condicionó el último desembolso a la Argentina y exige un ajuste mayor. Fondo que Mauricio Macri trajo de vuelta al país en 2018.
Se llama Nuevo Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso para las familias argentinas. Si bien las medidas, en general, fueron recibidas positivamente por trabajadores en relación de dependencia, jubilados, monotributistas, beneficiarios de planes sociales y algunos empresarios pyme porque traen algo de alivio ante la urgencia, tuvieron gusto a poco. Una ayuda monetaria que auxilia a sectores empobrecidos y de clase media, pero llega desinflada y casi gastada de antemano, frente a la pérdida de poder adquisitivo de salarios acarreada durante los últimos años. Son medidas que apuntan en un sentido de querer mejorar los ingresos populares, pero resultan insuficientes. El contexto, vale recordarlo, es complejo: fragilidades y restricciones socioeconómicas, endeudamiento y pocos dólares en el Banco Central, con el FMI co-gobernando, metido en las decisiones de política económica.
El paquete de medidas que presentó el ministro-candidato Sergio Massa, que hace tiempo se ganó el mote de El Señor de los Alivios, provocó diferentes reacciones. El ruido político lo metió la suma fija o bono de 60 mil pesos para trabajadores registrados del sector privado y público con salarios inferiores a 400 mil pesos, en dos cuotas de 30 mil en los sueldos de septiembre y octubre y a cuenta de las paritarias, que algunos gobernadores y empresarios pagarán y otros tanto se resisten escudándose en que están abiertas las negociaciones salariales, donde se disparan cláusulas gatillo frente al shock inflacionario. El primero en decir que no va a pagar el bono para trabajadores estatales fue el gobernador santafesino Omar Perotti. Claro que tampoco faltaron lágrimas patronales.
El propósito de los anuncios de Massa fue darle un aventón al consumo que en términos generales viene de capa caída, al mercado interno y a la actividad, que está en bajada, con peligro de recesión. Los anuncios, que para hacerse sentir un poco más deben ir acompañados de una contención al frenesí remarcatorio de grupos formadores de precios, también fungieron de relanzamiento de campaña rumbo a las elecciones generales de octubre. ¿Le alcanzará al oficialismo para desenojar a los más de seis millones de votantes perdidos entre 2019 y 2023?
En los últimos días se vio un Massa movedizo. Fue a Washington a reunirse con el Fondo por los 7.500 millones (que llegaron cuatro meses más tarde y de los cuales quedaron poco más de tres mil por pagos de préstamos puente de Qatar, la CAF y China). El ministro-candidato volvió al país y fue al mitin empresarial del Consejo de las Américas a decirles a los hombres de negocios, palabras más, palabras menos, que votar por Milei y la dolarización era como pegarse un tiro en el pie. Hizo los anuncios y voló a Brasil para reunirse con el presidente Lula Da Silva, a quien le agradeció las gestiones realizadas para que Argentina se sume, junto a otras naciones, al grupo de los Brics.
El bloque de potencias emergentes expone un nuevo orden mundial, con peso comercial y financiero propio, que se presenta como alternativa a la hegemonía estadounidense. Ese lineamiento liberal sin fisuras con el país del Norte que, en campaña, la oposición de derecha se compromete a profundizar en caso de llegar al gobierno, después de romper con los Brics. Sin embargo, los países integrantes del bloque Brics, en especial Brasil, China e India, representan casi el 30 por ciento de las exportaciones y más del 40 por ciento de las importaciones argentinas, según destacó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.
En las medidas implementadas por el Frente de Todos, reconvertido en Unión por la Patria, sobresale la intervención del Estado, el mismo que la derecha y la ultraderecha quieren reducir en sus funciones o eliminarlo (el anarcocapitalismo de Milei) en beneficio de las corporaciones y Losmer Cados. El gobierno, en plena campaña presidencial camino a octubre, retomó algo de iniciativa política. La población alcanzada por los paliativos está entre las más perjudicadas por las remarcaciones de precios. Con la devaluación del 22 por ciento que llevó el dólar oficial a 350 pesos, sumada la devaluación selectiva y la suba de la tasa de interés previa a las Paso, ganaron productores y fabricantes de alimentos y grandes supermercados, con márgenes extraordinarios de ganancia multiplicados desde la pandemia.
Las medidas anunciadas por Massa para tratar de sostener los ingresos populares representan un esfuerzo fiscal de parte del gobierno, van a contramano de las exigencias del Fondo de contener salarios y de las promesas de la oposición de administrar planes económicos más duros de lo que pide el FMI, como la candidata de Juntos Patricia Bullrich (que fichó al economista Carlos Melconian, ex funcionario de Macri y voz de la cavallista Fundación Mediterránea) o el postulante de La Libertad Avanza, el también economista Javier Milei, para quien el gobierno neoliberal de Menem-Cavallo en la década del noventa, con desindustrialización, 20 por ciento de desempleo, la mitad de la población en la pobreza y desguace del Estado, “fue el mejor de la historia”. Pero el neomenemista Milei también piensa en un futuro de ciencia ficción, porque dijo que imagina un país conducido por robots, con jueces androides y cerebros interconectados por chips. Como Menem y el viaje a la estratósfera.
Según estimaron desde el gobierno nacional, el paquete de medidas tendrá un costo fiscal del 0,5 por ciento (medio punto) del producto bruto interno. La cuenta que sacó el Palacio de Hacienda estima que financiarlo demandará unos 700 mil millones de pesos. Los paliativos fueron limitados y algo amarretes porque el Fondo, como lo remarcó en su último comunicado, continúa exigiendo recortes en el gasto público y una meta de déficit fiscal del 1,9 por ciento, cuando las arcas estatales manifiestan una marcada desaceleración recaudatoria, entre otras cuestiones por la sequía y por la mala administración de los dólares comerciales. Para respetar esa meta fiscal también se podría cobrar más impuestos a los ricos y mejorar la recaudación. Acatar el ajuste ortodoxo del Fondo o cumplir con las demandas populares, parece ser el gran dilema por delante.
Anuncios y campaña
Massa anunció el pago de una suma fija de 60 mil pesos, no remunerativa y por única vez, para trabajadores privados y estatales de la Nación que ganan hasta 400 mil pesos, un bono a cuenta de lo que se acuerde en la futura paritaria. El ministro invitó a provincias y municipios a imitar la medida. La decisión generó polémica entre gobernadores, intendentes y el sector privado. Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, no habrá multas por incumplimiento.
Además de la suma fija, el gobierno dio a conocer un bono a jubilados, beneficios a monotributistas, suba en la Tarjeta Alimentar y créditos baratos para empresarios pyme. Para jubilados que cobran la mínima habrá un refuerzo de 37 mil pesos mensuales en septiembre, octubre y noviembre. En septiembre, además, hay un aumento del 23 por ciento por la fórmula de movilidad. Así, el haber mínimo pasará a 124 mil pesos. También habrá devolución del IVA por compras con tarjeta de débito.
Los monotributistas de las categoría A, B, C y D no pagarán el componente tributario durante seis meses. La eximición impositiva en la categoría A será de unos 500 pesos y en la D poco más de dos mil. Además, para todos los monotributistas habrá crédito por hasta 4 millones de pesos, dependiendo de la categoría, a pagar en veinticuatro cuotas a la mitad de la tasa bancaria. Además, el gobierno puso en marcha el monotributo productivo.
La Tarjeta Alimentar se incrementa en septiembre un 30 por ciento, mientras que la asignación universal por hijo se actualiza por ley, en el mismo 23 por ciento que las jubilaciones. Familias con un hijo: Alimentar 22 mil + AUH 17 mil. Por su lado, trabajadoras de casas particulares recibirán un refuerzo de 25 mil pesos por única vez, en dos cuotas mensuales. También se dispuso una ayuda adicional de 20 mil pesos para beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.
El candidato presidencial Sergio Massa ratificó un acuerdo de precios, con un sendero del 5 por ciento de suba mensual con más de 400 empresas que representan 50 mil productos de higiene y alimentos de primera necesidad. A su vez, dijo que habrá “cero aumento de combustibles”, después de la suba de 12,5 por ciento, y “cero aumento de medicamentos y de la cuota de la medicina prepaga” hasta el 1° de noviembre. El ministro también dio a conocer una pre-financiación de exportaciones y baja de retenciones para economías regionales. Entre otras medidas, el Estado va a financiar el 50 o el 100 por ciento –dependiendo si son pyme o micropyme– la suma fija para trabajadores, descontándolo de las contribuciones patronales.
Repercusiones
Al presentar y defender el programa de ingresos, el gobierno hizo hincapié en que la devaluación fue impuesta por el Fondo (y aceptada por el gobierno) y que las recientes medidas no fueron consultadas con el organismo financiero que comanda Estados Unidos. La oposición política y mediática, siempre del lado del poder real, del círculo rojo, se burló de las medidas de Massa, volvió a hablar de “plan platita”, de “medidas inflacionarias” y de “un monumental intento de soborno a la sociedad, metiendo la mano en bolsillos ajenos”, como escribió el columnista del diario La Nación Joaquín Morales Solá. Y no termina ahí. El economista y diputado nacional macrista, Martín Tetáz, hizo el ridículo en el canal La Nación+ y destruyó a pisotones una “maquinita” lanzadora de billetes.
Por su parte, la CGT apoyó las medidas anunciadas porque van “en la senda de un Estado presente” y dan “una mano a todos aquellos cuya situación económica se ha visto dañada por este difícil contexto”. Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, resaltó: “Celebramos que el gobierno haya reaccionado con una batería de medidas para los sectores más golpeados por la situación económica. Este es el camino pero aún no es suficiente. Debemos profundizar más la distribución y proteger al pueblo frente a los abusos de los especuladores”.
El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, consideró: “Las medidas eran urgentes y necesarias aunque creemos que se quedan a mitad de camino”. Dina Sánchez, de la Utep, tuiteó: “En un contexto de crisis y después de la devaluación, las medidas son bienvenidas pero no logran resolver la crisis de ingresos sobre todo en los sectores humildes y más expuestos a la pérdida de poder adquisitivo”. El diputado nacional y candidato a vicepresidente por el Frente de Izquierda Nicolás Del Caño, se quejó: “¡El descuento a monotributistas no alcanza ni para un paquete de yerba! Y para las y los trabajadores informales, nada”.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) rechazó el pago de un bono, por entender que el mecanismo de suba salarial del sector privado “son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales”, además de ampararse en la “endeble situación, con una recesión que amenaza al consumo”. La entidad no opinaba lo mismo del rol del Estado cuando asistió a empresas en plena pandemia.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios se sumó a las críticas. La Unión Industrial Argentina (UIA) planteó que “para reducir los impactos de la devaluación hay que ordenar la macroeconomía y no alterar las discusiones salariales”. La Federación Empresaria de Córdoba avisó: “Las pymes no están en condiciones de hacer frente a incrementos salariales”. En un comunicado, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) se diferenció: “Es imperioso recuperar y proteger el poder adquisitivo de la población, fortaleciendo la demanda en el mercado interno”. En tanto, la Federación de Cooperativas lamentó su exclusión de las medidas oficiales y reclamó una suma fija para el sector.
El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que dirige Claudio Lozano analizó los últimos anuncios de Massa: “Unas 11 millones de personas, entre desocupados, asalariados no registrados y cuentapropistas, quedan afuera de las medidas más importantes”.
“Es posible que evaluando las medidas desde el estrecho marco de acción que plantea el acuerdo con el FMI, estas puedan considerarse un esfuerzo por parte del gobierno nacional. Sin embargo, desde el punto de vista de la mayor parte de la población laboral, que vive el deterioro de sus ingresos en los últimos ocho años y que recibió el saqueo al bolsillo de la devaluación, las medidas no sólo son una compensación módica, sino que además repiten el límite lamentable que siguen teniendo las políticas de ingresos, por la informalidad laboral extendida ante un Estado que sigue sin adoptar criterios de universalidad para poder abarcarla”, se indicó en el informe que coordinó la economista Ana Rameri.
Y se remarcó: “En un momento político donde los resultados de las Paso, de mantenerse, amenazan los pisos de la convivencia social, se vuelve necesario tomar distancia de las restricciones que marca el FMI aplicando un Ingreso Básico Universal para toda la población que atraviesa situaciones de precariedad en materia de ingresos, y la puesta en marcha de un programa de empleo garantizado de acceso universal para los trabajadores de la economía popular. La falta de universalidad en las políticas agrava la regresividad de las módicas compensaciones otorgadas y le allanan el camino a las ya conocidas, salvajes e impresentables propuestas de la oposición”.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 02/09/23
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