Tras arrasar en las elecciones, Pullaro le pidió al Señor y le agradeció a la policía, a la que calificó de “buena”. Su vínculo con la fuerza y la colonización radical del MPA, al que ahora considera “caro”.
En su discurso como gobernador electo, el domingo por la noche en el centro de convenciones de Puerto Norte, Maximiliano Pullaro pidió y agradeció. El pedido se lo hizo a Dios, para que bendiga a todo el pueblo de la provincia, y el agradecimiento estuvo dirigido –entre otros destinatarios- a la policía de Santa Fe, aunque no aclaró por qué. Dos definiciones, una vinculada al universo místico y otra a los mundanos problemas que atraviesa desde hace una década la principal ciudad del distrito. En la semana, el mandatario que asumirá el próximo 10 de diciembre con un arrasador triunfo en las urnas -que debería reflejarse en un caudaloso apoyo popular- brindó otras definiciones que permiten vislumbrar el perfil de algunas de sus políticas: le solicitó a Omar Perotti que retire las cuatro decenas de pliegos para nombrar fiscales y defensores cuyo proceso de selección se inició hace un año y medio, bajo el argumento de que “con lo que le pago a un fiscal le pago a seis empleados y puedo hacer una Justicia más eficiente ordenando a los recursos humanos”. También anotició que no impulsará una reforma policial porque la de Santa Fe, había dicho una semana antes, es “una buena policía”. Con ambas instituciones, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la fuerza de seguridad, Pullaro tiene historias previas.
Repliegue
Dos días después del aplastante triunfo electoral, el martes 12, el gobernador electo le pidió al mandatario en ejercicio que retire casi 40 pliegos de postulantes para cubrir cargos vacantes en el MPA y el Poder Judicial.
La semana anterior, el bloque opositor que orienta Unidos para Cambiar Santa Fe había bloqueado una parte de su aprobación en la Asamblea Legislativa, por cuyo filtro sí pasaron 19 pliegos.
Pullaro explicó que no cuestiona la transparencia de los concursos para cubrir cargos judiciales, que llevan más de un año de proceso de selección, ni la idoneidad de los elegidos, sino que “hay un nuevo momento en la institucionalidad de la provincia” desde que ganó los comicios.
“Nosotros no cuestionamos la transparencia del concurso ni la idoneidad de las personas que lo ganaron”, sostuvo el mandatario electo. “Pero hay un nuevo momento en la institucionalidad de la provincia y antes de cubrir las vacantes primero hay que tener un análisis general de lo que está pasando en la Justicia y en el resto de los poderes del Estado para trabajar y ser más eficientes”, abundó en declaraciones a Radio 2 de Rosario.
El 28 de agosto pasado la Asamblea Legislativa de Santa Fe aprobó 19 pliegos y el bloque opositor decidió no tratar los restantes -de un total de 48 enviados por el Ejecutivo- para cubrir vacancias de fiscales y defensores.
Perotti dijo que “desde hace un año y medio los aspirantes a fiscal completaron todo el proceso de selección, con jurados independientes”, por lo que no se trataba de un apuro de su gestión.
La respuesta más dura al bloqueo provino de la Asociación de Fiscales de Santa Fe cuya presidenta, Gisela Paolicelli, señaló que “es evidente que las cuestiones políticas tienen prioridad por sobre las necesidades de la sociedad”.
La fiscal se preguntó “a qué intereses responden los legisladores que votaron en contra de los nombramientos de fiscales” y se respondió: “Claramente son intereses partidarios”.
En esa línea, agregó que “decir que no hacen falta fiscales en Rosario es un desconocimiento absoluto de la falta de recursos que tiene la justicia para investigar delitos. Al recortar los recursos, afecta a nuestra independencia y autonomía”.
Pullaro dijo el martes pasado que “no podemos trabajar a demanda de un poder que es muy caro, nombrando cargos que también son muy caros”.
El vínculo de un sector del radicalismo provincial y del Partido Socialista con el MPA es conocido. La puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal, en 2014, supuso el paso de funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo a las fiscalías y defensorías mediante concursos.
Esa colonización del sistema judicial penal quedó expuesta en las escuchas que un fiscal realizó en una causa al entonces ministro de Seguridad Pullaro, quien se quejaba ante el jefe del MPA porque iban a detener a un jefe policial antes de las elecciones legislativas de 2017, cuando el fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, le había prometido hacerlo después para amortiguar el impacto político.
En marzo de 2019, cuando aún gobernaba el Frente Progresista, se conoció que, por una resolución del Fiscal General, Jorge Baclini, que 195 personas pasaron del Poder Ejecutivo al MPA.
En la lista había candidatos del Frente Progresista, militantes de su brazo universitario, el Movimiento Nacional Reformista, y la hermana de María Victoria Tejeda, por entonces precandidata a vicegobernadora en la fórmula con Antonio Bonfatti.
En una entrevista radial, el ex ministro Sain recordó que en 2019, cuando se hizo cargo del Organismo de Investigaciones (OI, la policía judicial del MPA), participó de algunas comidas en la casa del entonces fiscal General Baclini, a las que estaba invitado también el ahora gobernador electo.
“El íntimo amigo de Pullaro era el fiscal general Baclini, yo formé parte de ese grupo y vi cuando hacían asados en el SUM de la casa de Baclini, y el mozo encargado de repartir los asados era Pullaro, con su equipo”, dijo, para señalar que “ahí no había división de poderes”.
“En los asaditos esos que yo estuve, varios, no había división de poderes, porque eran todo lo mismo”, siguió Sain. “Pullaro es uno de los grandes manipuladores y controladores del Ministerio Público de la Acusación, por eso no se lo investiga”, concluyó.
Oia
La influencia del radical no sólo se extendió al MPA sino a su policía judicial. En 2016 se empezó a conformar la estructura del OI. Al comienzo, los ingresos se realizaban mediante contratos gestados en la órbita del Ministerio de Seguridad.
Según conocedores del tema, esos contratos se hicieron desde el Ministerio de Seguridad, que conducía Pullaro, y se pagaban por la oficina privada de dicha cartera, a cargo del ahora diputado provincial de la UCR, Juan Cruz Cándido.
Al ser contratos gestados enteramente desde el Ministerio de Seguridad, sin control alguno de ninguna instancia del Poder Judicial, estos ingresos fueron mayoritariamente elegidos entre personas del grupo político que comandaba la cartera.
Entre los primeros que ingresaron de esa manera, aseguraron fuentes consultadas para esta nota, estaban Laureano Brufal y Natacha Abello, quienes trabajaban en el Concejo Municipal de Rosario para la concejala María Eugenia Schmuck.
Abello fue asesora del bloque Radicales Progresistas entre junio de 2014 y marzo de 2016, según publica en su perfil de la cuenta de Linkedin. Brufal fue el noveno candidato a concejal en las elecciones primarias de 2015 de la lista encabezada por Schmuck.
Luego ingresaron a la estructura del OI el abogado Guillermo Nicolás Gallo y Mariano Rodríguez Grancelli, ambos ligados al espacio político de Pullaro.
El radical Gallo fue tercer candidato a concejal por el Frente Progresista en Villa Cañás, en una lista encabezada por Martín Castellini. Rodríguez Grancelli, militante de la Juventud Radical “Nuevos Vientos” en Entre Ríos, asesoró a la comuna de Theobald y luego ingresó sin concurso al OI.
Un poco más tarde ingresó al organismo Betiana Odesti, militante activa en la ciudad de Roldán del espacio de la UCR ligado a Pullaro, quien fue candidata a convencional nacional de la UCR por Santa Fe en 2019.
Otro de los ingresantes fue Facundo Bomboni, de estrecho vínculo con el entonces integrante del Ministerio de Seguridad y actual diputado, Juan Cruz Cándido, con quien fue compañero en la Facultad.
En su declaración en un sumario interno del OI, Laureano Brufal puso de manifiesto su pertenencia política: “Hay que aclarar una cosa: los analistas venimos del palo civil, porque algunos -como mi caso- venimos de la política. Otros vienen de alguna relación o un trabajo previo en Fiscalía, como pasante o practicante”.
El empleado del OI explicó que “nuestra génesis está vinculada a la política, yo llego a la fiscalía (de delitos) Económicos y Complejos, que fue el paso previo al Organismo, en agosto de 2016, por el pullarismo”.
“Ésa es la realidad, y más de uno de los analistas tienen algún tipo de raíz política”, abundó Brufal, para señalar que el también analista del OI, Facundo Bomboni, encontró las suyas en un legislador cercano al gobernador electo: “En el caso de Facundo, al menos eso me manifestó él a mí en su momento, era amigo del diputado Juan Cruz Cándido”.
Con esos antecedentes, Pullaro pidió esta semana a Perotti que retire los 30 pliegos que no fueron aprobados, porque “hay un nuevo momento en la institucionalidad de la provincia”. Queda claro.
También sostuvo que “en nuestro análisis, en la Justicia no están faltando fiscales, están faltando empleados de los fiscales”. Y cuantificó que “con lo que le pago a un fiscal le pago a seis empleados y puedo hacer una Justicia más eficiente ordenando a los recursos humanos”. La política de RR.HH implementada en el OI es conocida.
Buen trato
En su discurso triunfal del domingo electoral, el gobernador electo dijo que durante la campaña recorrió “toda Santa Fe, cada pueblo, cada ciudad, estuve con empresarios, con industriales, con productores, con comerciantes, con docentes, con policías, a quien agradezco profundamente a nuestra policía, estuve con cada uno de los sectores de la provincia”.
No agradeció a los docentes o a los comerciantes, sino que se detuvo en la fuerza de seguridad, parte indubitable del problema de Santa Fe en esa materia.
Antes de las elecciones, en una entrevista con el diario El Ciudadano, había dicho: “Yo estoy convencido que tenemos una buena policía”, en disonancia con la mayoría de los analistas del tema.
Algunos especialistas, incluso, han llegado a plantear la necesidad de “intervenir” la Policía en Rosario, ante la dificultad que sus nichos de corrupción representan para la articulación con las fuerzas federales, de las que sólo se discute públicamente el número.
La propia candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dijo que cuando era ministra de Seguridad nacional advirtió que los operativos que ordenaban las fuerzas federales se frustraban al dar aviso a sus pares locales. Cuando allanaban no encontraban nada, porque alguien había avisado.
Sin ánimo conspirativo contra el gobernador electo, en los tres primeros días de esta semana fueron imputados miembros de la “buena policía”.
En San Lorenzo comenzó un juicio a dos policías. Uno está acusado de darle “un golpe con un elemento contundente en zona de la cabeza de un niño de 10 años, provocándole un traumatismo grave de cráneo con fractura fronto-parietal derecha con neumoencéfalo”.
Su superior jerárquica llegó al debate oral imputada por haber insertado una declaración falsa en el acta de procedimiento, en su condición de subjefa de la comisaría 7ma de esa ciudad. Sostuvo en el documento público “se había acercado un hombre, comienza a agredir al subinspector Juan V. en momentos en que se observa caer piedras de distintos tamaños impactando una de ellas en un niño menor de 10 años; siendo que realmente el funcionario había golpeado al niño”.
El miércoles fue imputado por incumplimiento de los deberes y hurto calamitoso el jefe de la Unidad Regional VIII, Francisco Fernández, por quedarse con 400 mil pesos de un motociclista que murió en un siniestro vial en la ruta 8, cerca de Venado Tuerto.
La UR VIII tiene jurisdicción sobre el departamento General López, cuyo senador es el radical y aliado de Pullaro, Lisandro Enrico, a quien le habría ofrecido la cartera de Seguridad a partir del 10 de diciembre. Si acepta, ya se ahorró el cambio de jefe de su territorio.
De los vínculos del gobernador electo con parte de la policía, cuyo punto más alto fue la relación con el condenado comisario Alejandro Druetta cuando el radical fue ministro, se encargó en campaña su competidora interna Carolina Losada. Poco antes de las elecciones dijo que había que pedirle disculpas a los policías absueltos en juicio por el asesinato del joven bonaerense Franco Casco, pero no dedicó ninguna palabra a los familiares de las víctimas.
La lógica de Pullaro en su lisonja a la policía pareciera intentar reflotar el acuerdo entre la política y la fuerza de seguridad.
“Lo primero es golpear fuertemente a estas (organizaciones narcocriminales), nuevamente y rápidamente. En segundo término, sacar a nuestra Policía a la calle, ya que la misma está retraída en comisarías porque no ha sido tratada correctamente por parte del gobierno provincial”, dijo el mandatario electo esta semana, y recordó el audio editado de Sain en el que se difundió la parte en la que los trataba de “vagos”, al pedirle que al menos cumplieran 8 horas de trabajo.
Los efectos de la política del buen trato a una fuerza fragmentada, en parte corrompida y a la vez desmotivada, se podrán mensurar a partir del 10 de diciembre.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 16/09/23
¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 1000 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.
