
“¿Con qué familias nos vamos a encontrar después del receso?”. La pregunta la compartía la profesora Sandra Medina, maestra de la Escuela Nuestra Señora de Itatí, a fines del año pasado, cuando ya habían terminado las clases y los gobiernos provincial y nacional empezaban a mostrar en los hechos el rumbo de las políticas elegidas. La preocupación era definida como una gran incertidumbre, la definición más nombrada para hablar de lo cotidiano.
Ahora –invitada por El Eslabón– en el regreso a su trabajo en la escuela, Sandra retoma esa pregunta y le suma la palabra “angustia” para hablar de lo que se vive en los días previos al inicio de clases. “Me encontré con familias muy angustiadas, con incertidumbre”, expresa.
Para describir más sobre ese panorama, apela a dos vivencias recientes. Sandra es maestra de la Itatí, con más de 20 años de trabajo y tiene asignado el 4° grado por la mañana y el 7°grado por la tarde.
“Una mamá de 7° me llamó para decirme que no tenía para comprar los útiles, porque le sacaron el plan y su marido, que es albañil, se había quedado sin trabajo. Es muy poca la plata que ingresa en esa familia, no tienen nada. Y otra mamá de 4° me vino a preguntar por la lista de materiales y antes de que le responda me dijo: «Yo tengo una carpeta con hojas rayadas y a cuadritos, y una cartuchera con algunos útiles». No la dejé seguir y le contesté: «Eso», para darle a entender que era suficiente. Hizo un gran gesto de alivio como que le habían solucionado la vida. La tranquilidad que sintió me impactó”, relata de la realidad corriente que le confían muchas madres y padres.
Sandra dice que la mayor parte de las familias quiere darle a sus hijos lo mejor, lo que necesitan para las clases, y que cuando no pueden hacerlo se angustian. En su escuela, la práctica indica pedir lo mínimo para el año escolar y siempre tener a mano “una plasticola grande por si alguien no la tiene, hojas de repuesto, lápices…”, por dar un ejemplo, para que nadie se quede sin trabajar.
La angustia de la que habla también alcanza a las docentes. “Una de mis colegas es sostén de familia, tiene que renovar el alquiler y esperaba un aumento que le permita subsistir. Otra compañera nos compartió que estaba comprando mercadería con la tarjeta (de crédito) porque no tenía plata, que ya le debía a la tarjeta, y que ya se le estaba llevando el salario. Pero lo necesitaba para dar de comer”, suma Sandra estas dos historias que se intercambian en las salas de maestras. Y subraya que como docente también tiene que hacerle frente a los servicios que llegan con aumento y acompañar a un papá jubilado con lo que connota esa situación.

El 7 por ciento de aumento ofrecido por la provincia en la última paritaria (a pagar con los sueldos de marzo y cobrar en abril) no cayó nada bien en la docencia santafesina que definió no empezar las clases. Menos que se confunda desde la comunicación oficial asegurando que el aumento propuesto es del 43,4 por ciento, cuando en realidad ese porcentaje deriva de sumar la que restaba de la paritaria 2023 (36,4) y el porcentaje ahora ofrecido por el gobierno de Maximiliano Pullaro.
Para Sandra, esa “confusión” genera descontento, pero se responde estando cerca de las familias, en el trabajo cotidiano con la comunidad, como ocurre en la Escuela Itatí, del barrio Las Flores.
“Los paros no los hacemos gratuitamente o porque no tenemos ganas de trabajar”, señala la profesora Sandra Medina, quien es también delegada de Sadop Rosario, respecto de las medidas decididas democráticamente en los gremios docentes. Y reniega de los rótulos ofensivos con los que se buscan descalificar las acciones de protesta. “Además de tener vocación también somos seres humanos que llevamos adelante una casa, que tenemos familias, que tenemos que comer y vivir”, subraya de su profesión y condición de trabajadora de la educación.
“Las ganas de empezar el año, darles lo mejor a todos los chicos las tenemos todos los años, en todo momento, y aunque estemos afectadas por esta incertidumbre”, remarca del compromiso que asumen más allá de lo difícil del panorama, y agrega: “Con los pocos recursos que tenemos siempre apostamos a la mejor calidad educativa”.
La educadora pide que se valore más el trabajo docente, y que cuando se hable de “lo esencial de la educación” no sea para poner límites a los reclamos sectoriales sino para reconocer “lo esencial que somos todos los días en el territorio en el que estamos haciendo muchas cosas que no nos corresponden, acompañando situaciones de vulnerabilidad que nos afectan pero igual estamos”.
Conquistas a defender
“Los derechos se conquistan y no es de una vez y para siempre, sino que se defienden, se luchan, se resisten; y de política sí se habla en las escuelas, con estudiantes, familias y entre compañeras y compañeros docentes”, reflexionaba la profesora Laura Bravi para esa misma entrevista (La voz docente, El Eslabón, 18/12/23) en la que también opinaba Sandra Medina.
La advertencia de la profesora no era sin razón. Apenas iniciado el nuevo año se empezaron a concretar las medidas del gobierno nacional para arrasar con la educación pública. Una fue la decisión de no enviar más dinero a las provincias para cumplir con la ley 25.053 del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), es decir: dinero para los salarios. Una ley ganada en la lucha docente, en lo que representó la histórica Carpa Blanca que duró 1003 días (entre 1997 y 1999).
Otra medida fue tensar la paritaria nacional docente, establecida en la ley de financiamiento educativo (26.075) convocando a una primera reunión (no formal) del año para el martes 27 de febrero, un día después de la fecha establecida para el inicio de las clases en 10 provincias del país, incluida Santa Fe. Las centrales del magisterio vienen pidiendo esta reunión desde el inicio del año.
En esta historia de conquistas conseguidas y ahora a defender cuentan –entre muchas otras– las partidas para comedores escolares, la continuidad de la obra pública (infraestructura escolar), el financiamiento de becas para las y los estudiantes, la entrega de libros y computadoras y el sostenimiento de programas educativos.
“Hay muchas formas de desfinanciar y dejar caer a la educación pública antes de llegar al sistema de vouchers-cheque educativo” que pregonó el presidente Javier Milei durante su campaña electoral, alertaba la profesora Bravi, quien hace más de 17 años da clases en la educación superior. Y ponía en esa nómina desde los salarios precarizados hasta la falta de obra pública para construir escuelas o mantenerlas, además de garantizar la formación gratuita, de calidad y permanente de las y los docentes, como lo ha hecho el Instituto Nacional de Formación Docente (Infod).
Plan 25 Horas
A pocos días del 26 de febrero, la fecha fijada oficialmente para el inicio de las clases, el Ministerio de Educación de Santa Fe informaba a las escuelas la suspensión del Plan 25 Horas por el recorte de los recursos nacionales.
“Nos dirigimos a ustedes a los fines de informarles que Nación interrumpió la transferencia de fondos para el Plan 25: hacia la construcción de 25 horas semanales de calidad en las escuelas primarias de la Provincia de Santa Fe, establecido por la Resolución 1855/22 y sus modificatorias. Las horas del Plan estaban financiadas en un 100 por ciento por el Estado Nacional, establecido por convenio, y su duración temporal estaba prevista hasta 2027, sin embargo, se ha producido una interrupción de las transferencias de recursos, razón por la cual nos vemos obligados a suspender el Plan hasta tanto el gobierno nacional dé certezas en relación con la continuidad del financiamiento. A los fines de que puedan prever la organización institucional y de las familias comunicamos que dicha hora se suspenderá a partir de marzo”, dice el texto de ese comunicado.

La suspensión tiene como consecuencias que haya menos tiempo de clases para aprender más lengua y matemática, según las metas con la que se presentó este programa; la reducción salarial de las y los docentes a cargo de esas horas (ya no cobrarán esa diferencia de trabajo) y una enorme incertidumbre para la organización de las escuelas y las familias.
La decisión del gobierno de Santa Fe de suspender este programa, en lugar de poner los fondos necesarios que recorta Nación, contradice las declaraciones permanentes del ministro de Educación, José Goity, de priorizar y fortalecer los aprendizajes, de garantizar la mejor calidad educativa en las escuelas santafesinas, desde los primeros grados de la escolaridad obligatoria.
Enemigos poderosos
En una entrevista realizada en septiembre pasado –por la periodista Ornella Rapallini para la agencia Télam–, la pedagoga Adriana Puiggrós advertía: “El derecho a la educación enfrenta enemigos poderosos”. Lo decía por el avance de “un mercado sin límites morales ni éticos sobre el campo educativo, que sólo busca réditos”.
En ese análisis, la educadora alertaba sobre el trabajo docente, que “se ve muy afectado por interferencias del mercado que confunden a la sociedad”. “Porque el interés de quienes han transformado la educación en una mercancía –marcaba– no es tener que pagar salarios docentes y mucho menos sostener convenios colectivos de trabajo”.
En el tiempo previo a las elecciones nacionales, Puiggrós avisaba que había dos grandes proyectos: “El del mercado, que es educación para aquellos que puedan pagarla y de acuerdo con lo que puedan pagar; y el gran proyecto en defensa de la educación pública para el conjunto de los argentinos”.
Las clases de este ciclo lectivo arrancan este lunes, con las maestras y maestros y la comunidad educativa, en las calles, defendiendo ese proyecto de educación como derecho y rechazando la mercantilización educativa. Sin perder la vocación de lograr los mejores aprendizajes, como sostiene Sandra Medina; sin dejar de defender los derechos conquistados, como afirma Laura Bravi.
Alerta en las universidades públicas
Los rectores y las rectoras de las universidades nacionales, reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), alertaron el jueves pasado “sobre la difícil situación que atraviesa el sistema universitario público nacional”.
Las autoridades del sistema universitario público –a través de un comunicado– señalaron los esfuerzos por garantizar la continuidad las actividades que vienen realizando a la vez de marcar que “de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las instituciones universitarias públicas”.
El CIN pidió al Gobierno de la Nación “la necesidad de: a) incrementar razonablemente los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme el proceso inflacionario que atravesamos, de manera de garantizar la continuidad de nuestras actividades y el cumplimiento de nuestra misión; b) actualizar los salarios de docentes y no docentes; c) dar continuidad a los programas universitarios vigentes destinados a inversión en obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas; y d) garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión”.
“En estos 40 años de democracia –dice el comunicado del CIN– las universidades públicas han sido un claro ejemplo de institucionalidad, destacada formación profesional de excelencia, producción de conocimiento comprometido con los grandes problemas nacionales, construcción democrática y respeto por los derechos humanos. En Argentina, todos los sectores vinculados con el desarrollo productivo incluyen investigación y conocimiento generado en las universidades y el sistema científico. En las escuelas, los hospitales, las fábricas, los comercios, el campo, los escenarios, el mar, el espacio y en cada casa, las y los profesionales, el conocimiento, el arte y la tecnología que salen de las universidades están en todos lados y son parte de la vida cotidiana de los 47 millones de argentinas y argentinos”.
“Sostener el valor estratégico que la educación universitaria pública tiene, sobre todo para un país que atraviesa tantos problemas estructurales, es responsabilidad de todas y de todos. Todo lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación y universidad pública, con más y mejor inversión en formación universitaria y ciencia nacional”, defendieron las rectoras y rectores.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 24/02/24
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