Era el año 2012 cuando el entonces diputado provincial Eduardo Toniolli presentó un proyecto de ley para que las y los estudiantes de Santa Fe puedan contar con sus propias organizaciones que los representen. Un año más tarde se aprobó la norma 13.392 que regula los centros de estudiantes en todos los establecimientos educativos de la provincia del nivel secundario y superior, públicos y privados.
En ese tiempo se dieron ricas discusiones alrededor de lo que las y los estudiantes podían decir, hacer, pensar y sobre todo decidir. En particular respecto de quienes transitaban la escuela secundaria.
Uno de los puntos clave a los que se resistían ciertos funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación era a que las chicas y los chicos tomaran decisiones sin la intervención de un personal directivo; en otras palabras, sin el visto bueno de la autoridad escolar.
En ese contexto, en una entrevista con estudiantes de escuelas secundarias, consultados sobre qué opinaban de esa mirada oficial, uno de los chicos respondió sin dudar: “Eso es como tener a la patronal adentro del sindicato”.
Felizmente las y los estudiantes secundarios se organizan, toman decisiones para la vida de sus escuelas, denuncian cuando las condiciones para estudiar no son las dignas, se solidarizan con quienes la pasan mal y abrazan causas nobles como la defensa de la democracia, la educación pública y los derechos humanos. Y llenan las marchas en las que se reclama por todo esto y más.
Y las personas adultas, familias, docentes, directivas y funcionarias y funcionarios acompañan, suman o simplemente respetan esas decisiones estudiantiles. Después de todo, de eso se trata la democracia.
Es cierto que en estos tiempos en los que pareciera que da lo mismo “un burro que un gran profesor” a esas discusiones que lucen tan claras y obvias hay que darles batallas diarias.
Desde que Maximiliano Pullaro asumió la gobernación de la provincia la persecución a las y los docentes va en escalada. Ya en enero, cuando llamó a la primera reunión paritaria, tiró sobre la mesa de “diálogo” los números del ausentismo docente (un informe que hasta el momento los gremios piden conocer y analizar para en todo caso discutir a fondo por qué faltan las maestras y maestros). La reunión siguiente fue para decirles que no iban a pagar lo correspondiente a la paritaria 2023 porque era mucha plata, cosa sobre la que después tuvo que retroceder (igual todavía no la saldó en su totalidad).
Más tarde, cuando las clases debían empezar, la provincia anunció un porcentaje de aumento muy superior a lo que en realidad se contaba en el bolsillo de las maestras; un anuncio que solo sirvió para desinformar y generar más malestar. La frutilla de ese “diálogo” llegó cuando el ministro de Educación, José Goity, se despachó con el pago del Premio a la Asistencia Perfecta, la versión Pullaro del presentismo de Reutemann.
Como respuesta a los paros definidos por los gremios, el gobierno profundizó la descalificación sistematizada al trabajo docente y otra vez cuestionó “por qué no había mociones de aceptar” la propuesta salarial de la provincia.
“Vi la propuesta de los gremios y me llama la atención que nunca ponen la opción de aceptar. Siempre es rechazo con paros. Nunca piensan en quienes están en el medio, que son los chicos, y también en los docentes que quieren ir a trabajar” (Rosario3.com), declaró la vicegobernadora Gisela Scaglia sobre las últimas asambleas de Amsafé y Sadop Rosario
Quizás porque Scaglia lo desconoce o porque todavía le dura la alegría de haber estado con el presidente Javier Milei en la cena de la Fundación Libertad, pero las mociones que se votan en las escuelas surgen de las asambleas que el magisterio organiza en cada departamento. No se trata de elegir entre las opciones de diferentes gustos de helados o colores de zapatos.
Y no está mal repasar para la vicegobernadora que quien elige la docencia estudia la carrera durante cuatro años, se especializa de manera permanente, a través del Estado y cuando éste no está presente, como ahora que no ofrece nada, se las rebusca como puede para estar mejor capacitada en la enseñanza.
Discutido, votado y llegado el momento del paro, el gobierno desde su “estado de diálogo permanente” anunció que se descontaría la jornada de huelga, junto a la obligación de la docencia de completar una declaración jurada que deje constancia de qué hizo el día de la medida de fuerza (se autoincriminen o delaten a la compañera, digamos). Todos los gremios del Estado santafesino fueron al paro, pero el ensañamiento es con el magisterio, para quebrar su unidad.
Un pedido que llegó a las escuelas firmado como “Ministerio de Educación, provincia de Santa Fe”, sin que nadie ponga la cara/nombre/cargo. “De manera anónima, nunca visto”, como bien denunció la secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, al referirse a la ilegalidad de esa declaración jurada en una entrevista con el programaEstamos de Vuelta, de Radio Sí.
El reclamo de Scaglia (“por qué no hay mociones de aceptar” la oferta del gobierno) fue superado por la recomendación que lanzó el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, en la conferencia de prensa ofrecida este miércoles, junto a sus pares de Gobierno (Fabián Bastía) y de Educación (José Goity), después del contundente paro docente en toda la provincia.
El ministro Olivares tomó el dato -ofrecido por Goity en esa conferencia- de que el 50% de las y los docentes había completado la declaración jurada, para poner en duda la voluntad expresada en las asambleas gremiales de rechazar la oferta oficial y parar. Fue más lejos: ofreció el sistema electoral de la provincia para asegurar transparencia en las decisiones gremiales. “Sin ánimo de entrometernos” en la vida de los sindicatos, dijo casi con ironía.
“Estos guarismos, que comentaba el ministro de Educación, lo que en realidad terminan mostrando de alguna forma (es) un ocultamiento distinto a la hora de valorar las propuestas”, declaró Olivares, y agregó que posiblemente “el 50% que planteaba el ministro (Goity)” rechazaba la propuesta pero no quería parar.
“Por lo cual también esto interpela a los sistemas de decisión colectiva, de la representación colectiva, sin ánimos de entrometernos en la vida de las entidades sindicales”, continuó con su análisis sobre el funcionamiento de la vida interna de los gremios docentes. Y consideró que si “un mecanismo tan claro como la presentación de una declaración jurada” mostró la diferencia entre la cantidad de trabajadores que querían “prestar tareas” y “lo que se ha expresado públicamente” (votación docente), “nos hace pensar también sobre ese mecanismo”.
Fue por más. “El Estado tiene institucionalizado mecanismos para llevar adelante las elecciones; tiene una secretaría electoral por la cual también pueden correrse este tipo de procedimientos que darían garantías para esta situación”, ofertó Olivares sin sonrojarse.
Y remató: “Sin voluntad de intromisión, también es un tema de reflexión de por qué no utilizar esos mecanismos. Sería propicio que se implementen mecanismos que permitan (saber) cuál es realmente la verdadera voluntad de todos los trabajadores”.
Al presentismo, a la persecución por hacer valer el derecho a huelga, a la intención de disciplinar al magisterio con papelerío absurdo e ilegal, ahora se suma la pretensión patronal de manejar las decisiones gremiales de las maestras y los maestros.
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