A medida que los años nos alejan de aquel fatídico 24 de marzo de 1976, se sigue reconstruyendo la memoria como un tejido en el que aparecen puntos nuevos, elementos que, al armar el rompecabezas, nos dejan un vacío. ¿Ante quiénes se realizaban las denuncias de los compañeros desaparecidos?, ¿quiénes estaban encargados de investigar las desapariciones, los robos de bebés, las vejaciones y torturas? Hubo complicidad judicial, del mismo modo que hubo complicidad empresarial y de la misma manera que hubo partidos políticos que siguieron funcionando con total naturalidad, ocupando lugares en los diferentes niveles del Ejecutivo como si viviésemos en democracia.
La realidad a veces nos pasa por encima, al modo de una aplanadora. La dureza con que golpearon a toda una generación fue inmovilizante. Llevó mucho tiempo volver a reconstruir lo sepultado en lo oscuro de la noche por la dictadura militar. Nietos que nunca volvieron a los brazos de sus abuelos, fotos familiares para construir una presencia allí donde dejaron un vacío. Y entre tantas faltas, tantas piezas del rompecabezas que no están en su lugar y que vamos encontrando, a tientas, intuitivamente, guiados por todos esos sentimientos. Así, entre investigaciones académicas y recuerdos de los compañeros, de los que sobrevivieron, se fue reconstruyendo el circuito de las complicidades.
Por un lado, la Iglesia, una institución que debía responder a principios humanitarios e hizo todo lo contrario. Además, quienes sí lo hicieron, el movimiento de curas tercermundistas, fueron perseguidos desde la propia jerarquía de la Iglesia católica y entregados por sus propios hermanos. En el informe de la Conadep (Comisión Nacional de Desaparición de Personas) se documentó la participación de capellanes en centros clandestinos y la pasividad de la jerarquía, sentando las bases para futuras acusaciones. A su vez, en el Juicio a las Juntas, salieron a la luz numerosos testimonios y pruebas que revelaban la estrecha relación entre los militares y la cúpula eclesiástica, así como la participación de algunos sacerdotes en la represión. En el año 1986, el abogado Emilio Mignone publicó el libro Iglesia y dictadura, donde denunciaba y documentaba la complicidad de la jerarquía católica con el régimen militar. Su obra generó un gran impacto en la sociedad y en la propia institución.
Otro actor involucrado en la dictadura fue el empresariado del capital concentrado. El poder económico logró durante años invisibilizar las acciones llevadas adelante para financiar y colaborar en todo lo que pudieran con las fuerzas represivas. Desde lugares de detención clandestinos o asistencia a los comedores por parte de los uniformados dentro de los predios fabriles, hasta la entrega de recursos económicos y logísticos, dejan en claro que participaron del diseño estratégico del circuito represivo en todo el país con la consecuente destrucción de la organización del movimiento obrero y el aumento sideral de las ganancias de dichos grupos económicos.
El informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, fue el resultado de un trabajo interinstitucional e interdisciplinario que reunió a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Programa Verdad y Justicia (ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Argentina). El equipo de investigación y coordinación estuvo a cargo de Victoria Basualdo (Coordinadora del Programa de Estudios del Trabajo de Flacso), Alejandra Esponda (Flacso-Universidad Nacional Arturo Jauretche) y Andrea Copani (UBA). Es importante mencionar el carácter interdisciplinario del informe y a los investigadores e investigadoras que permitieron echar luz sobre el rol del empresariado en los crímenes de lesa humanidad. Alejandro Jasinsky, Federico Vocos, Julia Strada, Valeria Ianni son algunos de ellos.
Es importante comprender que cada una de estas investigaciones surgen porque se dan las condiciones políticas, jurídicas, sociales y culturales para que esto suceda. Un Estado comprometido con la verdad y la justicia, familiares que no se resignan y exigen saber qué pasó con sus afectos, la militancia de los organismos de DDHH, son algunas de las características que posibilitan profundizar en las investigaciones y que permiten que emerjan nuevas líneas investigativas.
El juicio a quienes juzgaron y condenaron, por acción o por omisión, sin garantías procesales a muchos compañeros, es otra de las facetas de los crímenes de Lesa Humanidad que siguieron un proceso parecido al de la responsabilidad empresarial. El poder que siguieron teniendo luego de la apertura democrática tanto los empresarios como los jueces, teniendo en cuenta que la Justicia más que poder del Estado parece un ente autónomo que se sitúa por encima, posibilitó que durante más de 40 años pudieran esquivar el banquillo de los acusados. En 2015, en Tucumán, se juzgó al ex juez Manlio Torcuato Martínez por no investigar y encubrir homicidios. En 2017, cuatro ex jueces federales: Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Petra Recabarren, Luis Miret y Otilio Roque Romano, nombres emblemáticos por la influencia que mantuvieron hasta hace muy poco en la justicia local, fueron condenados a prisión perpetua.
Pese a los vientos derechosos que soplan y a varias sentencias en las que los jueces no estuvieron a la altura de la independencia de las presiones políticas que los mismos deberían tener, como es el caso de la causa del Villazo, la Corte Suprema ordenó reabrir la investigación contra cuatro ex funcionarios judiciales por su participación en la apropiación ilegal de Manuel Gonçalves Granada durante la dictadura. A su vez, se programó para diciembre de 2026 el juicio contra el ex juez de Dolores, Carlos Augusto Facio. Se lo acusa de encubrir los vuelos de la muerte por no investigar la aparición de al menos 14 cuerpos en las playas y avalar la versión oficial que los atribuía a accidentes por ahogamiento.
Debemos tener en cuenta, a la hora de analizar los procesos a jueces y fiscales, que no se los juzga por haber participado directamente en los secuestros, torturas y asesinatos de personas, sino por omitir sus funciones garantizando la impunidad del plan sistemático represivo. A Guillermo Ernesto Tschopp se lo acusa de haber sido partícipe necesario de numerosos delitos de lesa humanidad a través de su accionar que implicó rechazar sistemáticamente los recursos de hábeas corpus presentados por familiares de desaparecidos, incluso en aquellos casos donde las fuerzas represivas reconocían las detenciones ilegales. No investigar las denuncias de torturas que los propios detenidos le manifestaban al tomarles declaración, y convalidar las causas armadas por las fuerzas de seguridad, utilizando las declaraciones obtenidas bajo tortura para condenar a las víctimas, entre otras.
A lo largo de los últimos 50 años, los organismos de DDHH, las organizaciones intermedias, algunas agrupaciones políticas y centrales sindicales han trabajado fuertemente construyendo las bases para poder llevar a juicio a los genocidas, sus ideólogos y sus cómplices. La militancia ha llenado las calles cada vez que intentaron meter por la ventana decretos y leyes para garantizar la impunidad, como el indulto o el dos por uno. Utilizaron argumentos inadmisibles para tergiversar la historia, difamaron a las víctimas, persiguieron a los militantes e incluso desaparecieron a Julio López en democracia. Sabemos que van a utilizar todos los recursos a disposición para que la verdad no emerja. Pero seguimos avanzando, lentamente porque hay viento en contra, pero con la certeza de que vamos a llegar porque el pueblo argentino tiene un piso democrático debajo del cual no vamos volver a caer nunca más.
Publicado en el semanario El Eslabón del 15/8/26
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