La causa que investiga la complicidad y participación del ex juez Guillermo Tschopp en el terrorismo de Estado, fue elevada a juicio y ya debería comenzar. La lentitud corporativa y el contexto apologista, las razones de la demora.
Está claro que sin la complicidad del Poder Judicial –la venia, el mirar hacia otro lado o el ser directamente partícipes necesarios–, las fuerzas militares y de seguridad no podrían haber perpetrado el plan de exterminio, la apropiación de bebés y el saqueo llevado adelante durante la última dictadura.
Ese es el caso –entre muchos otros– del ex magistrado Guillermo Ernesto Tschopp, denunciado en 2018 por Hijos Rosario. “Son múltiples los casos en los que Tschopp recibía denuncias de personas secuestradas en centros clandestinos de detención o cárceles de la dictadura, incluso algunas embarazadas, que le manifestaban las torturas a las que eran sometidas para hacerles firmar declaraciones en su contra, que luego el juez no sólo no investigaba sino que utilizaba para condenarlas”, se leía en el texto original presentado por la agrupación de derechos humanos.
La fiscalía, en aquel entonces a cargo de Adolfo Villate, recopiló incluso información para acusarlo por más de 63 casos de abuso de autoridad pero también como partícipe primario de delitos de lesa humanidad tales como privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios; y en 2020, el juez federal Marcelo Bailaque le dictó procesamiento.
Los tiempos de la Justicia en este contexto de una Argentina gobernada ya no por negacionistas sino por apologistas del terrorismo de Estado, el exilio forzoso de la abogada Nadia Schujman –perseguida por Maximiliano Pullaro por ventilar casos de corrupción policial durante su gestión como ministro de Justicia provincial– y los artilugios presentados por las defensas permitieron que este ex funcionario de uno de los tres poderes del Estado continúe en libertad y no se haya sentado aún en el banquillo de los acusados. Pero esa situación, gracias a la lucha inclaudicable de quienes siguen levantando las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, puede cambiar en los próximos meses. “La causa Tschopp ya está elevada a juicio en el Tribunal Oral Federal (TOF) número 3 de Rosario. Ya ofrecimos pruebas a todas las partes y ya se le hicieron las pericias médicas y psiquiátricas al imputado. Sólo resta que a fines de agosto se junten a deliberar los peritos y eleven un único informe. Después, obviamente y sobre todo en este contexto, dependemos de los tiempos de la Justicia”, adelantaron desde Hijos Rosario.
Freno de mano
“La dictadura no fue solamente militar sino que para sostenerse también necesitó de actores civiles y en este caso institucionales”, señala Tomás Labrador de Hijos Rosario en diálogo con El Eslabón, y se explaya: “Desde el Poder Judicial, quienes debieron ser garantes de la libertad miraron para otro lado y en muchos casos actuaron como parte del aparato represivo de la dictadura, dándole cobertura legal a los actos que cometían, rechazando los habeas corpus que presentaban los familiares para reclamar por el paradero de los desaparecidos y evitando investigar qué había pasado con esas personas. En muchos casos, a pesar de las declaraciones de detenidos que habían pasado por centros clandestinos y que habían sido llevados delante de los jueces para darle un viso de legalidad a esas detenciones, hacían oídos sordos cuando los detenidos les comentaban dónde habían estado y qué tipo de vejámenes y torturas habían sufrido”.
Ante la consulta de cuánto influye el contexto y los gobiernos de turno nacional y provincial en la dilatación y en la demora de los juicios, Labrador remarca: “No descubrimos nada si decimos que los miembros del Poder Judicial miran o miden el clima, el ambiente político que hay en cada momento, con respecto al avance o no de determinadas causas por los temas que se tratan, en este caso por delitos de lesa humanidad. Hemos avanzado muchísimo, se siguen llevando adelante los juicios a pesar de un gobierno que abiertamente ha reivindicado a la dictadura y el accionar del terrorismo de Estado, pero la dilatación y postergación es constante y alevosa. En este caso, además, se suma una cuestión corporativa por parte de los propios integrantes del Poder Judicial que son reacios a revisar las actuaciones de sus pares que, en algunos casos incluso siguen manteniendo algún tipo de influencia sobre el propio Poder Judicial”.
El referente de Hijos también subraya el impacto que tuvo la persecución política a la histórica abogada que representaba a la agrupación, a sobrevivientes y a familiares de víctimas del terrorismo de Estado, Nadia Schujman: “Hubo varios detonantes para que Nadia fuera blanco de una persecución política y tuviera que irse del país. Uno de ellos fue cuando denunció que Pullaro, siendo ministro de Seguridad, usó fondos reservados para pagarle la defensa a los policías acusados por violencia institucional en el caso del asesinato de Franco Casco. Otro fue la investigación sobre el homicidio del financista Hugo Oldani en Santa Fe donde los familiares se apersonaron y se llevaron dinero en efectivo que había en su oficina avalados por una fiscal. Evidentemente el temor en ese momento era que las investigaciones avanzaran no solamente hacia abajo, hacia el narcomenudeo, sino hacia los financistas del narcotráfico. Y también está que ahora siendo gobernador, Pullaro le ha dado autonomía y poder a la Policía, muchos de los cuales estaban siendo investigados por Nadia y sus compañeros por delitos graves cometidos en sus funciones, no solamente de violencia institucional sino también por corrupción o connivencia con el narcotráfico. El no contar con Nadia, una abogada con muchísima experiencia en juicios por delito de lesa humanidad que participó de todas las querellas que presentamos tanto desde Hijos representando a compañeros ex detenidos o sobrevivientes y familiares de desaparecidos, influyó muchísimo porque nos quedamos sin esa representación ante el Poder Judicial, sin esa compañera que insistía para que se vayan cumpliendo los plazos necesarios, para que las causas sean elevadas a juicio y para que finalmente se haga justicia que es lo que perseguimos desde Hijos además de conocer la verdad y mantener viva la memoria”.
El juez ante los jueces
“La causa Tschopp está retrasada como todas las causas de lesa humanidad”, admiten desde Hijos, pero destacan: “De todos modos logramos que la causa avance. Ya está elevada a juicio, le corresponde al TOF 3 de Rosario, ya ofrecimos pruebas a todas las partes y ya se le hizo la pericia médica y psiquiátrica a Tschopp. Lo curioso, o una de las curiosidades, es que se le hizo la pericia pero en vez de deliberar los peritos en ese momento se fijó fecha, la cual se postergó en varias ocasiones, para que se junten los peritos a deliberar y emitir un único informe entre todos, si es que están de acuerdo entre sí.
En el medio tuvimos la confirmación por parte de Casación de los procesamientos de quienes eran fiscales, que son Pedro Tiscornia y José Luis Vázquez”.
Esto remite a que en 2021, Hijos amplió la denuncia por complicidad judicial durante la dictadura al secretario del juzgado de Tschopp, Horacio Claverié, y a los entonces procuradores fiscales Vázquez y Tiscornia. En aquel momento, el juez Bailaque les tomó declaración indagatoria y, a pesar de que el código procesal establece un plazo de 10 días hábiles para procesar o declarar la falta de mérito, se tomó 10 meses. Tras varias presentaciones de la agrupación de derechos humanos local y la fiscalía, que por aquel entonces estaba a cargo de Federico Reynares Solari, el magistrado procesó a los ex fiscales pero dejó afuera a Claverié argumentando que no era él quien tomaba las decisiones en el juzgado que estaba a cargo de Tschopp.
También seguía en pie la declaración de “incompetencia” del Tribunal para llevar a juicio a Tschopp firmada de modo unipersonal por el juez del TOF 3, Osvaldo Facciano, quien adujo que como el delito por el cual se lo acusaba –abuso de autoridad– tiene una pena menor a tres años de prisión, lo debía resolver un juzgado federal de primera instancia.
“En ese momento terminamos recurriendo a Casación, que nos dio la razón en que el que tenía que juzgar era el TOF 3, pero todo eso demoró, por supuesto, y acá estamos un año y medio después y todavía sin fecha de juicio”, reprochan desde el organismo local de derechos humanos, aunque adelantan: “Tanto Hijos como la Fiscalía requerimos la elevación a juicio y desde el juzgado dispusieron el auto de elevación a juicio, que es la pieza procesal mediante la cual la causa ya debería avanzar y llegar a juicio. Es decir que está todo dado para que fijen fecha y esperamos que sea a principios de 2027”.
Casación confirmó las perpetuas de Guerrieri IV
Luego de casi tres años, las sentencias dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 1 de Rosario, integrado por los Jueces Mariela Emilce Rojas, María Noel Costa y Jaime Díaz Gavier, fueron confirmadas por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y la jueza Ángela Ledesma.
El 28 de agosto de 2023, en el marco de la causa conocida como Guerrieri IV, fueron condenados por crímenes de lesa humanidad los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército Pascual Oscar Guerrieri (fallecido este año), Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino González, Ariel López, Juan Andrés Cabrera, Rodolfo Isach, Walter Pagano y Eduardo Costanzo. Los ex miembros de la delegación Rosario de la Policía Federal Juan Carlos Faccendini, Oscar Roberto Giai, Juan Félix Retamozo, Roberto Raúl Squiro, Osvaldo Tebez, Enrique Andrés López y Federico Almeder. Todos ellos fueron encontrados culpables como coautores de los delitos de secuestro, tormentos, sustracción, retención y ocultación de menores, homicidio y desaparición forzada y sentenciados a cadena perpetua.
Las víctimas, de las cuales más de la mitad fueron asesinadas o permanecen desaparecidas, fueron llevadas a diferentes centros clandestinos de detención ubicados en Rosario (La Intermedia, Escuela Industrial Magnasco y la Fábrica Militar de Armas Portátiles “Domingo Matheu”), en Funes (la Quinta de Funes y la ex Casa Salesiana “Ceferino Namuncurá”) y en Granadero Baigorria (La Calamita).
En esa instancia de la megacausa se investigó por primera vez el rol de la de la Policía Federal de la Delegación Rosario en los hechos perpetrados desde el Destacamento 121. El tribunal también aceptó el pedido de ampliación de la fiscalía y querellas de condenar a los acusados por los crímenes sufridos por los hijos e hijas de las víctimas, quienes al momento de los hechos, eran menores de edad.
Publicado en el semanario El Eslabón del 15/8/26
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