La guerra jurídica que se desató en torno de la libertad del ex presidente brasileño Luiz Inácio da Silva muestra que, pese a que existen jueces independientes, el partido judicial sigue teniendo el favor del poder económico.

La Corte limitó el poder del juez Moro y por primera vez reconoció las arbitrariedades cometidas contra el líder. Menos impunidad para el magistrado que proscribió a Lula y una posibilidad, aún remota, de que se haga justicia.