El Sindicato de Prensa Rosario (SPR), por medio de su Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional, y a través de un comunicado, expresó “una vez más, preocupación por la forma en que deberán trabajar los periodistas –sin sus elementos de trabajo–, acreditados por los distintos medios de comunicación para realizar la cobertura de las jornadas del juicio oral y público en el expediente conocido como Díaz Bessone (ex Feced).
La causa contiene la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos cometidos en el ámbito del II Cuerpo de Ejército”. Como se sabe, las primeras audiencias de ese juicio comienzan este miércoles, y durante aproximadamente las primeras tres semanas está previsto que se realice la lectura de los requerimientos de elevación a juicio confeccionados en su oportunidad por la Fiscalía y las Querellas (las acusaciones), los autos de clausura y elevación a juicio de la causa.
“Desde esta preocupación el SPR pidió formalmente una audiencia con el fin de expresar ante los miembros del Tribunal Oral Nº 2 las objeciones que surgen después de un detenido análisis de la Acordada 6/2010 que adoptó un carácter restrictivo al disponer la prohibición de que se ingrese a la sala de audiencias, o bien al denominado anexo, con los instrumentos de trabajo indispensables para el trabajo periodístico, esto es grabadores, videofilmadoras, cámaras fotográficas, celulares y cualquier otro medio o equipo técnico que permita la grabación, transmisión o reproducción de las sucesivas audiencias de las que se componga el juicio”, sostuvo en un comunicado el SPR.
Además, el gremio sentenció: “Desde esta institución se entiende que lo dispuesto encierra una visión acotada del trabajo periodístico que lo posiciona en una suerte de esfuerzo para la apropiación personal de la información, cuando, por el contrario, debiera ubicarse como nexo indispensable entre la información y el público”.
Para el SPR, “los instrumentos de trabajo citados revisten el carácter de indispensables porque son, en sí mismos, el soporte y el reaseguro de la tarea profesional, sobre todo cuando se trata de la de mucha exigencia. Por otra parte, y tal como lo consideran algunos especialistas del Derecho, para el caso Gabriel Anitua, en su artículo «El principio de publicidad procesal penal: un análisis con base en la historia y el derecho comparado», en una sociedad efectivamente mediática, para la mayoría de las personas, los medios de comunicación son casi la única posibilidad de conocer las alternativas del histórico juicio que comenzará mañana”.
En ese sentido, el comunicado expresa: “Creer que el principio de publicidad de los actos de gobierno y «el control ciudadano se satisface con sólo permitir que las personas concurran a los juicios es una visión, en cierto modo, superficial…», como sostiene Alberto Binder citado por Anitua. Una mención aparte merece, lo exiguo de la sala que no alcanza ni siquiera a albergar a los más allegados a la causa como representantes de los organismos de derechos, humanos, víctimas y querellantes, familiares, asesores legales”.
El comunicado concluye: “Por todo lo expuesto, el SPR aguarda que el TOF Nº 2 tenga en cuenta los argumentos ampliados que le presentamos por nota, modifique la acordada y permita una cobertura periodística en un todo de acuerdo con las leyes, pero también en resguardo del derecho a la información de la sociedad”. A horas del comienzo de las audiencias, parece difícil que el tribunal cambie su postura, por cierto restrictiva del libre ejercicio de la profesión periodística.
Los imputados en la causa, vale recordar, son el ex jefe del Comando del II Cuerpo de Ejército, Ramón Díaz Bessone, y los ex policías Rubén Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, José Scortechini y Ricardo Chomicky, el corazón del aparato represivo que actuó bajo las órdenes del fallecido ex jefe de la Policía de Rosario, Agustín Feced.
