Ya son cuatro los estados norteamericanos que aprobaron en sus respectivas cámaras restricciones al derecho de resolver colectivamente las cuestiones laborales. En tanto que a nivel nacional, y pese al repudio general, los republicanos buscan recortar aun más los gastos de salud, educación, y protección del medioambiente.
Según un sondeo llevado a cabo a principios de esta semana a nivel nacional, ocho de cada 10 estadounidenses rechazan las reducciones de gastos que los republicanos pretenden en programas para personas de la tercera edad (Medicare), la educación, la protección del medio ambiente, la investigación médica y la renovación comunitaria.
El sondeo fue realizado por la encuestadora Bloomberg National entre el 4 y 7 de este mes y los resultados fueron publicados este miércoles en el sitio digital de esa agencia. La encuesta constituye un mensaje al Partido Republicano para que frene sus intentos de recortes profundos con el argumento de reducir el déficit del presupuesto federal.
Las cifras evidencian una mayor preocupación pública por el déficit que en ese país alcanza el 10 por ciento del PBI. Más de siete de cada 10 encuestados opinaron que una reducción de la ayuda exterior y el retiro de las tropas de Iraq y Afganistán se traducirían en un ahorro sustancial.
También menos de la mitad de los encuestados sostuvieron que bajar el gasto en Medicare o subir la edad para recibir el Seguro Social tendrían mayor impacto en el déficit, mientras dos de cada 10 juzgó lo contrario.
Ante la disyuntiva de empleo o déficit, el 56 por ciento estuvo a favor del primero y lo vio como la principal prioridad del gobierno de Barack Obama. Entre cinco opciones el tema desempleo clasificó como el más importante, seguidos de déficit, gastos, guerra en Afganistán e inmigración.
Por otra parte, en EE.UU. y desde la caída de las torres, las limitaciones a los derechos civiles que no han dejado de menoscabar las libertades individuales, avanzan estado por estado. Idaho se sumó a Wisconsin, Indiana y Ohio al sancionar la propuesta que priva a los 12 mil educadores sindicalizados del territorio de varios de sus derechos de negociación colectiva.
De esta manera, se suma a la campaña antisindical difuminada en varios estados bajo dominio republicano, con un proyecto que fue aprobado por 48 votos a favor y 22 en contra y que limita el poder de negociación de los maestros en medio de críticas de los gremios que iniciaron el miércoles fuertes medidas de protestas.
El proyecto elimina la permanencia de los profesores, limita la duración de los contratos laborales a un año e ignora la antigüedad como un factor para determinar el orden de los despidos.
