Ciudadanos de distintos países vienen en busca de justicia. Casos como el genocidio armenio, la dictadura franquista o la represión en América latina encuentran en Argentina el eco que no obtienen en otros lugares.
Argentina se ha convertido en capital de la lucha contra los delitos de lesa humanidad. Los más respetables referentes mundiales en derechos humanos y los organismos internacionales lo celebran y reconocen, mientras la prensa hegemónica argentina calla, borra, tacha, tergiversa y así renueva su complicidad con los más oscuros pliegues del autoritarismo genocida. Pero la victoria cultural del pueblo argentino es inocultable.
El lugar que la Argentina pasó a ocupar en la lucha contra la impunidad es el resultado de la paciente, abnegada y valiente lucha colectiva encarada por Madres, Abuelas, familiares, sobrevivientes y otras muchas agrupaciones y organismos defensores de los derechos humanos acompañados por los sectores más activos y militantes de la sociedad argentina. El proceso abierto en 2003, que tomó las luchas preexistentes y las convirtió en políticas de estado, hecho inédito en la Argentina, es otro factor a tener en cuenta para entender la situación actual.
Si colocamos la lucha por los derechos humanos que se desarrolla en la Argentina en el contexto continental queda claro, por un lado, las dificultades y las trabas que debe sortear esta dura pelea, y por otro, los logros y los avances obtenidos por la sociedad argentina en este sentido.
En Uruguay se lucha por derogar leyes de impunidad en medio de aprietes desembozados y amenazas de los militares. En Brasil, Dilma Roussef está bregando por la conformación de una comisión de la verdad para investigar delitos de lesa humanidad nunca investigados. Ambos países fueron condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la falta de avances de la justicia. Los genocidas argentinos que actuaron en el marco del Plan Cóndor, que coordinó la represión en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia, están bajo la lupa de la justicia y algunos de ellos ya recibieron condenas.
El 30 de marzo de 2011, más de cien personas reunidas en la embajada argentina en Montevideo aplaudieron el fallo judicial transmitido en vivo, al aire libre y a través de una pantalla gigante, contra militares y policías argentinos por su desempeño en el centro de detención clandestino Automotores Orletti.
Los históricos juicios por delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en la Argentina son también el resultado de una batalla de ideas, de una lucha cultural cuya impronta es cada vez más difícil de ocultar, aunque lo intenten cada día los medios de comunicación hegemónicos que fueron y siguen siendo socios de los criminales genocidas.
La victoria cultural sobre la impunidad se hace patente en la legitimación y visibilización de nuevos relatos, más ajustados a la realidad, más democráticos, más humanos, sobre lo ocurrido durante la dictadura cívico militar. Han surgido nuevas lecturas, nuevos valores y planteos que socavan las profundas matrices ideológicas de la dictadura.
Los desaparecidos aparecen. Los genocidas intentaron un borramiento total de la militancia. Pero no pudo concretarse, pese a la brutalidad de la represión. Y es este quizás el símbolo más eficiente para describir la situación de victoria cultural del pueblo argentino.
Los que fueran niñas y niños apropiados recuperan su identidad. No sólo los desaparecidos aparecen sino que también emergen nuevas identidades. La verdad y la justicia, condiciones de posibilidad de una democracia verdadera, con contenido, se recuperan y se instalan en el espacio social derrumbando mentiras.
Del monte Ararat a Buenos Aires
El 1 de abril de 2011, la justicia argentina declaró con entidad de sentencia definitiva que el Estado de Turquía cometió el delito de genocidio contra le pueblo armenio por el asesinato, entre 1915 y 1923, de un millón y medio de personas, de acuerdo a las constancias de un Juicio por la Verdad tramitado en el país en los últimos diez años.
La resolución declarativa de ese genocidio fue por el juez federal Norberto Oyarbide, que tramitó el expediente, ante representantes de la colectividad armenia que presentaron la querella. La declaración se constituye en el primer caso en el mundo en que se aplica el concepto de jurisdicción universal para el caso armenio.
Españoles bien tratados en Ezeiza
El 14 de abril de 2010 organismos de España y Argentina, junto al Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron en los tribunales de Buenos Aires una demanda para que se investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Francisco Franco. Una semana antes de esa presentación, el Tribunal Supremo español consideró procedente juzgar a Garzón por prevaricación, el delito de dictar a sabiendas una resolución injusta. Esta fue la respuesta de la Justicia española, país serio, del primer mundo, ante el intento de Garzón de investigar a los genocidas.
Según el Tribunal Supremo español, los delitos cometidos durante la dictadura de Francisco Franco que quería investigar el magistrado prescribieron al amparo de la Ley de Amnistía de 1977. Los ciudadanos europeos concurrieron a la Argentina, justamente, porque aquí se anularon las leyes de impunidad tras una larga batalla, que también se está librando en países de la región como Uruguay y Brasil.
El 21 de marzo de 2011 la causa abierta en Argentina contra los crímenes de la dictadura española sumó dos nuevos denunciantes en calidad de familiares de víctimas del franquismo. La causa cuenta ya con seis querellantes: tres argentinos y tres españoles. Los abogados que llevan la investigación todavía esperan que España conteste al exhorto enviado en septiembre de 2010 por la juez federal María Servini en el que se pide al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que informe si se investigan los crímenes del franquismo. La magistrado argentina solicitó información sobre "la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de su eliminación física" entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977". Todavía se espera una respuesta de la justicia del país europeo. Ninguno de los ciudadanos españoles que llegaron a la Argentina para hacer denuncias reportaron malos tratos en Ezeiza, hasta el momento.
En 2010, en la Argentina se dictaron 107 condenas a represores, la mayor parte a prisión perpetua o a 25 años, en juicios celebrados en ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, Buenos Aires, Chaco, La Rioja, La Pampa, Mendoza y Salta, según informa Diario Registrado en su edición del 04 de abril de 2011. Se señala además que desde 1985 a 2011 fueron 200 los condenados. Teniendo en cuenta que en 2009 fueron 44 los represores con condena, “el aumento es más que significativo”.
En este marco, el director del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, Wolfgang Kaleck, elogió este miércoles a la Argentina por su avance en los juicios por crímenes de lesa humanidad que tramitan en el país. Invitado por el Colegio de Abogados de San Salvador de Jujuy, el prestigioso jurista alemán brindó una charla donde rescató los avances que se dieron en los últimos años en nuestro país al manifestar su beneplácito por “ver que en Argentina hay tanta gente luchando contra la impunidad”.
“Es un placer ver que hay gente en toda Argentina que está luchando contra la impunidad de los que participaron en los crímenes de lesa humanidad. Hay un montón de investigaciones pendientes, hay un montón de condenados pero hay que demandar más”, señaló el autor del libro Lucha contra la impunidad. Los Militares argentinos ante los Tribunales.
Pero los grandes medios hegemónicos de la Argentina ignoran estos hechos de verdad y justicia en forma sistemática, ejerciendo una de las formas más perversas de la censura y atentando contra la libertad de expresión de amplios sectores de la población. Los ocultan, e impiden que parte de la ciudadanía los conozca. No cumplen con su compromiso de informar y el elocuente silencio que ofrecen está preñado de declaraciones en apoyo a los genocidas, los que tanto los ayudaron para ser tan grandes y poderosos como para apretar gobiernos.
Clarín, La Nación y el conglomerado de medios hegemónicos al servicio de los poderes fácticos ocultan estos logros, que son datos duros, objetivos. De esta manera, además de hacer profesión de fe autoritaria, privan al pueblo argentino de elementos que servirían para aumentar la autoestima social, y valorar los avances alcanzados, que son de toda la sociedad y no sólo del gobierno nacional. Los medios opositores siguen repitiendo que la Argentina "está aislada del mundo". Por eso ocultan esta realidad, porque los desmiente y les impide ejercer la dominación a través del miedo, la angustia y la baja autoestima.
Sólo les queda mentir, eructar que estamos aislados del mundo, pese a que la Argentina se encuentra hoy en un lugar central en la lucha por los derechos humanos.
