La Ley de Remuneración por Copia Privada –que implica un gravamen sobre pendrives, discos rígidos, CDs y otros– llegó al Senado. El objeto de la iniciativa es compensar las supuestas pérdidas de la industria cultural por la “piratería” doméstica.
Este martes 28 de junio la Comisión de Legislación General abordó tres proyectos sobre canon digital, presentados por los senadores nacionales Teresita Quintela (FPV), Miguel Ángel Pichetto (FPV) y Rubén Giustiniani (PS).
El proyecto expediente S3732/10 implica un gravamen sobre "cualquier producto electrónico o insumo, que pueda ser utilizado tangencialmente para copiar contenido protegido por leyes de propiedad intelectual”, según afirma Roger Schultz, un abogado especializado en derecho informático. Es decir que aunque compremos el CD para guardar fotos familiares deberemos de todos modos pagar un canon para compensar a una industria discográfica que no termina de adecuarse al mundo digital.
El proyecto de Pichetto y Giustiniani contempla los siguientes porcentajes que deberán abonarse sobre el precio de venta de los dispositivos:
» CDR/CDRW/DVR/DVDRW/Blu-ray: 75 %
» Tarjetas de memoria: 5 %
» Discos rígidos integrados o no en un equipo: 10 %
» Decodificadores de TV por cable o satelital: 10 %
» Reproductores de MP3: 10 %
» Celulares con MP3: 1 %
Detrás de estas iniciativas se encuentran las entidades de autores y compositores, que junto a la industria de contenidos impulsan un lobby cuya finalidad no es otra que preservar privilegios cada vez más obsoletos. En este sentido los críticos hablan de “derechos retrográficos”, en clara alusión a los derechos reprográficos que estas entidades defienden. No se trata de un nuevo impuesto ya que lo recaudado no se reinvierte en la sociedad ni es recolectado por el Estado, sino que se deriva directamente a asociaciones privadas como Aadi, Argentores, Capif y Sadaic, entre otras.
“Es un proyecto que está bien hecho y que busca finalizar con la violación de los derechos intelectuales, siendo miles y miles los pesos que se le roban al autor de la obra”, señalan sus impulsores, mientras que desde la vereda opuesta, Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre sostiene que la iniciativa “es inconstitucional”, dado que “la copia privada se debe considerar como tal, mientras no se pruebe que efectivamente perjudica a un tercero”.
La legisladora Liliana Negre de Alonso (Peronismo Federal), quien presidió la audiencia del martes 28 en el Senado, afirmó que "la remuneración por copia privada no va a encarecer los costos para el consumidor, porque es un impuesto para los fabricantes de dispositivos, y en segundo lugar, aún si lo hiciera, sólo van a hacer uno o dos pesos más, nada más".
Por su parte el senador radical Gerardo Morales manifestó que su bloque votará a favor cuando el proyecto sea tratado en Cámara.
Fuentes: Derecho a Leer, RogerBits
