A trece años de la rebelión popular de diciembre de 2001, este lunes comienza el juicio en donde se investiga la represión desatada por el gobierno de la Alianza. Los principales acusados son el ex Secretario de Seguridad de la Nación, Enrique Mathov, y el ex jefe de la Policía Federal Argentina Rubén Jorge Santos.
Desde la mañana de este lunes, en los Tribunales de Comodoro Py de la Capital Federal, arranca el debate oral y público por la represión ocurrida el 19 y 20 de diciembre de 2001 en los alrededores de Plaza de Mayo durante las protestas contra el gobierno de Fernando de La Rúa. El proceso está compuesto por siete causas donde los principales acusados son el ex Secretario de Seguridad de la Nación Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal Argentina (PFA) Rubén Jorge Santos y otros integrantes de esa fuerza. Mientras que el ex presidente radical quedó afuera del proceso. Se calcula que alrededor de 600 testigos pasarán por el juicio, que incluirá a víctimas de la represión y a sus familiares. Según estima la fiscalía, el proceso, entre testimonios, indagatorias y alegatos durará más de dos años.
A cargo del proceso estará el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6, compuesto por José Martínez Sobrino, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Anzoátegui. Además, debido a la complejidad de la causa, se nombró a Adrían Martín como juez sustituto. La fiscalía de juicio estará a cargo de Mauricio Viera, actual titular de la Fiscalía General n° 3 ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, quien fue designado para intervenir en este proceso por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, mediante la resolución MP 1980/2013.
«Las especiales características de estos relevantes procesos imponen la necesidad de que el magistrado continúe interviniendo en ellos, de aquí en adelante de manera exclusiva, con el claro objetivo de fortalecer y acentuar su actuación, cumplir eficientemente el compromiso asumido por este Ministerio Público Fiscal, y así favorecer la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar», indicó la procuradura en aquella resolución fechada el 26 de septiembre pasado.
Viera había tomado intervención en la causa a comienzos de 2013 cuando se encontraba subrogando la Fiscalía 6 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, debido a las excusaciones presentadas por el titular de la Fiscalía N°1, dependencia que venía actuando en los últimos años.
La semana pasada la procuradora decidió designar a los fiscales Femando Fiszer y Santiago Vismara como coadyuvantes en la causa y a Mariano Domínguez como fiscal «ad hoc». Esta decisión se tomó, según especifica el escrito «teniendo en cuenta las especiales características de la causa y la amplia trascendencia institucional y social, y manteniendo los criterios dispuestos en diversas oportunidades, en los cuales se han adoptado medidas a fin de robustecer y garantizar en todo momento la actuación del Ministerio Público Fiscal en este tipo de procesos».
Los hechos
El 19 de diciembre de 2001 el entonces presidente de la Nación Fernando de la Rúa decretó el estado de sitio por 30 días sin especificar, tal como lo establece la Constitución, que se fijen qué garantías se suspenden y qué territorio estaba abarcado por la medida.
A partir de esto, se desplegó en la Ciudad de Buenos Aires un operativo represivo que incluyó personal de infantería, policías a caballo, carros de asalto e hidrantes y que culminó recién con la renuncia de De la Rúa. En el juicio se juzgará a los responsables por las muertes de Alberto Márquez, Gustavo Benedetto, Marcelo Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón y de más de 100 heridos, algunos de ellos de gravedad, como Paula Simonetti y Martín Galli.
Según la instrucción, que estuvo a cargo de los jueces federales María Servini de Cubría y Claudio Bonadío, los hechos más graves ocurrieron luego de la reunión del Comité de Crisis del Consejo de Seguridad Interior, presidida por Mathov.
El chupete zafó
Durante el juicio se juzgarán las responsabilidades no sólo de los autores directos de homicidios, vejaciones y lesiones sino también a los responsables políticos de que ello sucediera.
Según el requerimiento de elevación a juicio (a cargo del fallecido fiscal Horacio Comparatore y de Patricio Evers), Mathov es responsable del delito de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, lo que derivó en la imputación por “homicidio culposo” de Márquez, Benedetto, Riva, Lamagna y Almirón y lesiones culposas en 116 casos. Las mismas imputaciones tienen Santos, ex jefe de la PFA; Norberto Gaudiero, ex Jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA y Raúl Andreozzi, ex Jefe de la Dirección General de Operaciones de la PFA.
El segundo grupo de imputados se encuentra conformado por los oficiales de la policía a quienes se atribuyen, puntualmente, algunos de los homicidios (consumados o tentados), lesiones, vejaciones o encubrimientos que tuvieron lugar en aquellos operativos policiales.
Orlando Oliverio (por entonces comisario inspector), Carlos José López (ex subcomisario), Eugenio Figueroa (ex principal) y Roberto Juárez (ex sargento primero) se encuentran imputados por la muerte de Márquez y por la «tentativa de homicidio» de Simonetti y Galli.
Por los esos hechos están acusados también Gonzalo Firpo Castro (ex agente), Norberto Sabbino (ex inspector), Sebastián Saporiti (por entonces auxiliar), Horacio Berardi (ex auxiliar) y Mario Seia (ex principal).
En tanto, al ex principal de la PFA Víctor Belloni se le imputa la «tentativa de homicidio» contra Marcelo Dorado y Sergio Sánchez. A Omar Bellante, por entonces subcomisario, se lo acusa de «encubrimiento agravado» en relación a la muerte de Gustavo Benedetto. Por vejaciones a varias víctimas (no identificadas) se encuentran imputados el ex principal de la PFA Carlos Loforte y el ex subcomisario Jorge Toma.
El responsable de las fuerzas de seguridad, el entonces ministro del Interior Ramón Mestre, quien falleció en 2003, había sido procesado por su responsabilidad política en los hechos.
La responsabilidad del ex presidente Fernando De la Rúa continúa en la etapa de investigación (no elevada a juicio), ya que se dictó el sobreseimiento con relación a los hechos ocurridos el 19 y 20 de diciembre de 2001. Ese pronunciamiento no se encuentra firme aún, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver un recurso extraordinario interpuesto por los acusadores, que persigue la revocación de aquella decisión, que primero tomó el juez Bonadío y que fue ratificada por la Cámara Federal.
Además de la situación del ex presidente, continúan en investigación ante jueces y fiscales la responsabilidad de otros autores y partícipes en los homicidios de Benedetto, Riva, Lamagna y Almirón, así como la relación de los responsables directos de las lesiones ocasionadas a Jorge Cárdenas, Gerardo Zurita, Dante Gullo y Juan Ernesto Gullo, entre otros.
También se investigan las lesiones causadas a numeras personas detenidas en la Comisaría 6° de la ciudad de Buenos Aires (Venezuela 1931), las vejaciones a las que fueron sometidas integrantes de las Madres de Plaza de Mayo y las privaciones ilegales de la libertad de otras personas.
Fuente: Procuración Federal.
