“Un patoteo judicial”

“Nunca en la historia se vivió algo así en la provincia”, coincidieron la abogada Marcela Macellari y el referente de las empresas recuperadas José Abelli, ante el intento de desalojo en la fábrica de Perón al 7400.

En pleno año 2001, cuando el movimiento de recuperación de empresas luchaba a brazo partido por la legitimación que hoy exhibe, la Justicia le dio un año de plazo a los trabajadores de Mil Hojas para poder juntar dinero y comprar la fábrica de pastas que habían reactivado en un remate.

En la cooperativa La Cabaña los trabajadores han contado con el respaldo del juzgado a cargo de la quiebra para poder permanecer en los inmuebles de calle Balcarce al 1000 el tiempo necesario para construir una fábrica nueva de productos lácteas en General Lagos, a la que esperan mudarse antes de fin de año.

Un magistrado de la ciudad de San Jorge también contempló la situación de los trabajadores de la cooperativa La Jabonera, de Cañada Rosquín, hoy en pleno crecimiento.

En la localidad de Monte Vera, cerca de la capital provincial, los ex empleados de la firma Cerro Blanco que reactivaron la planta de elaboración de tomate triturado pudieron trabajar 24 meses con autorización judicial.

En todos los casos, las disposiciones se ajustaron al derecho vigente, que en la Argentina prevé un margen de maniobra bastante amplio si desde los estrados se quiere ayudar a los principales perjudicados por los procesos de quiebra, que son los laburantes de las empresas que se derrumban. También en todos los casos, los trabajadores organizados en cooperativas han cumplido los compromisos que asumieron y han generado ingresos suficientes para ir saldando las deudas con el resto de los acreedores de los procesos de quiebra.

La enumeración, los datos, las reflexiones, se le amontonan a la abogada Marcela Macellari, especialista en cooperativismo, asesora de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (Fecootra), con varios años de vinculación con trabajadores de empresas recuperadas.

A Macellari le cuesta sobreponerse del asombro ante lo sucedido en Fabricaciones Rosario, en el marco de una experiencia de la que participa activamente como asesora de la cooperativa junto con su colega Santiago Bereciartúa.

“Nunca en la historia en la provincia de Santa Fe se vivió algo así con una empresa recuperada, casi nunca los jueces participan personalmente de los desalojos; menos, si el mismo juez antes había autorizado a la cooperativa a trabajar. Los trabajadores de Fabricaciones Rosario vienen hace rato ofreciendo pagar un alquiler, llegar a un acuerdo, pese a que se les deben tres millones de pesos”, señala la abogada.

Las mismas sensaciones manifesta José Abelli, uno de los fundadores del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y referente de los trabajadores autogestionados de la provincia. “Fue un patoteo judicial, con un juez que muestra una actitud parcial, sesgada, de defensa desmesurada del derecho a la propiedad privada en desmedro de los derechos laborales y en sentido contrario de lo actuado por muchos otros jueces”, sostiene el Vasco Abelli, uno de los que participó del cónclave que derivó en el freno al desalojo de la fábrica de Perón al 7400.

“Acá quieren volver, como en los años 90, a poner a los trabajadores como actores delictivos de un proceso donde en realidad son víctimas a las que se les debe mucho dinero”, remarca.

Lo que no provocó asombro en Macellari y Abelli es el inmediato y fuerte respaldo que los trabajadores de Fabricaciones Rosario recibieron tras la llegada del juez y los policías a la planta. En este sentido, hubo coincidencia en destacar el rol asumido por el ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, que se sumó a los funcionarios y legisladores afines al gobierno nacional que desde el principio apoyaron la experiencia de autogestión de los fabricantes de componentes para equipos de GNC.

Ni hablar de los laburantes de otras empresas recuperadas y cooperativas de trabajo, que volvieron a mostrar que están acostumbrados a moverse rápido para poner el cuerpo solidariamente cuando se amenaza la continuidad de un movimiento que, mal que le pese al juez Bergia, expone solidez y organización suficiente para enfrentar atropellos como el que pretendió cometerse.

Artículo publicado en la edición 149 del semanario El Eslabón.

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