“El único acusado en esta causa fue el desaparecido”. La frase, que sintetiza algunas de las contradicciones que rodean al caso de Franco Casco, el joven de Florencio Varela que vino a Rosario a visitar a su familia, que fue visto por última vez en la comisaría 7a , y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida flotando en el río Paraná, fue enunciada por el defensor general de la provincia de Santa Fe, Gabriel Ganón. El abogado había presentado esta semana un habeas corpus para que la Justicia santafesina averigüe el paradero del muchacho y calificó al hecho como “desaparición forzada de persona” y “violencia institucional”. Organizaciones comunitarias, movimientos sociales y agrupaciones de derechos humanos inscribieron la situación en el marco del contexto de violencia que golpea en los territorios más pobres de la ciudad, donde la connivencia de la criminalidad organizada con la Policía ha ganado protagonismo los últimos años. “Estas cosas son las que pasan cuando ponés a un gendarme al frente de la Policía, o cuando el discurso gubernamental abona a las tesis de la mano dura”, analizó Ganón, en una directa alusión al reciente nombramiento del comandante de gendarmería Gerardo Chaumont, al frente de la Secretaría de Seguridad provincial.
El reclamo de la familia
La violencia cotidiana en los territorios más olvidados de Rosario es una de las inocultables realidades que marcan el perfil de la Chicago argentina de los últimos tiempos, por mal que le pese a las autoridades provinciales y municipales. El contraste con el despliegue de los negocios inmobiliarios en las zonas más exclusivas de la ciudad, la proliferación de barrios cerrados en Funes, Roldán, Arroyo Seco u otras localidades cercanas, y el crecimiento del consumo, tornan más agresivo ese cruce.
El triple crimen de Villa Moreno y el escándalo narcopolicial que se llevó puesto al jefe de la Policía de Santa Fe Hugo Tognoli (actualmente detenido), pusieron al desnudo el desarrollo de la industria que disputa el dominio a las barriadas populares y villas rosarinas: el narcomenudeo. El negocio, con su carácter ilegal, viene acompañado de un cóctel de violencia que ha disparado los índices de muertes y enfrentamientos armados a niveles récord: 264 asesinatos en 2013, más de 200 en lo que va de 2014, a pesar del “refuerzo a la seguridad local” de la gendarmería.
Al parecer, el principal escollo que encuentran esas actividades criminales son los trabajos realizados por las organizaciones sociales y comunitarias. Los ejemplos abundan y como muestra alcanza repasar el episodio sufrido esta semana por los jóvenes que recuperaron los clubes Luchador y Federal, arrebatados a bandas ligadas a vendedores de drogas con lazos policiales.
Las víctimas y los muertos pertenecen a los sectores populares, siempre. Son jóvenes pobres de los barrios con las mayores carencias los que se encuentran a los dos lados del gatillo. Así lo ratifican los estudios recientes presentados por la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho de la UNR que conduce Enrique Font. Así lo confirma la calle.
El lunes 20, en el marco de la cobertura a un acto realizado por la familia de Gabriel Aguírrez, un pibe de 13 años asesinado en barrio Ludueña, un grupo de cronistas tomó contacto con Elsa Godoy quien se acercó a la movida en la plaza Pocho Lepratti para denunciar la desaparición de su hijo Franco Casco. El chico tenía que volver a Florencio Varela ese día, pero no lo había hecho. El único dato que había podido conseguir esa madre desesperada junto a su marido, era que el joven, de 20 años, estuvo detenido en la comisaría 7a.
El caso fue tomado primero por los militantes del Bodegón Cultural Casa de Pocho del Ludueña y fue sumando apoyos de movimientos sociales y organismos de derechos humanos, los cuales conformaron la “Comisión por la Aparición con vida de Franco Casco” desde la que se organizó la marcha a la comisaría 7a.
La esperanza de Elsa y Ramón Casco (padre de Franco) de encontrar con vida a su hijo se mantuvo incólume hasta este viernes pasado, cuando tuvieron que reconocer en el Instituto Médico Legal de Rosario el cadáver encontrado en el río Paraná por la Prefectura Naval. Un tatuaje con el nombre del hijo de tres años de Franco, Thiago, habría sido clave en la identificación. De todas formas, se le realizará un nuevo peritaje y una muestra de ADN. “Me lo mató la Policía”, fue el grito desgarrador de la madre que atronó ayer viernes en los tribunales rosarinos.
Violencia institucional
“El único acusado en esta causa es el desaparecido. Porque Franco fue acusado por atentado y resistencia a la autoridad”, afirmó en diálogo con el eslabón el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, quien denunció, apenas tomó contacto con el caso, que la defensoría “nunca fue notificada”.
El abogado explicó que cada vez que se produce una privación de la libertad los defensores públicos deben ir hasta la comisaría a hablar con esas personas. Y para eso se tiene que cumplir una directiva del Ministerio de Seguridad que normalmente las comisarías no llevan a la práctica, que es la notificación a la Defensoría General. “La única causa es contra el pibe que fue detenido, golpeado por la Policía y que desapareció”, insistió Ganón.
La reconstrucción que realizó la Defensoría General, con base en lo poco que se pudo comprobar hasta ahora, es que Franco estuvo en Rosario, que se iba a volver ese mismo 6 de octubre en que fue detenido y que la mamá lo esperaba en Buenos Aires. “Como a Retiro no llegó –relató Ganón–el papá se vino a Rosario y formuló una denuncia en la comisaría 20 de la ciudad en la que planteó la desaparición de su hijo. En esa comisaría le dijeron al padre de Franco, Ramón, que iban a iniciar el protocolo de búsqueda de personas y que iban a mandar comunicaciones para todas las comisarías y a todas las unidades. Y después, el padre siguió caminando, buscando por varios lugares, la estación de trenes y demás, y de casualidad se metió en la comisaría 7a y allí, un policía le habría dicho que sí, que lo conocía porque lo había detenido, que había estado detenido allí, pero que ya lo habían liberado”.
Entre otros de los elementos colectados se cuenta el referido por la madre de Franco, Elsa Godoy, quien informó que en la fiscalía a cargo de Guillermo Apanowicz, le exhibieron una fotografía en la que aparecía su hijo golpeado.
“Al expediente judicial nosotros no tuvimos acceso y yo creo que deberíamos tenerlo porque Franco estaba imputado”, se quejó Ganón, quien repasó una “serie de irregularidades” de policías y fiscales.
“El comisario le dijo a la mamá que él estaba desorientado y perdido en tiempo y espacio, y que eso lo constató el médico. Entonces, uno se pregunta, si hay una persona que tiene golpes en la cabeza, desorientado en tiempo y espacio ¿por qué no se hace lo que indica el protocolo médico, que impone que se lo tenga en observación 24 horas en un hospital?”, inquirió el defensor general.
“Por otro lado, el fiscal dijo que no hay ninguna irregularidad, y hay una irregularidad que es patente”, afirmó Ganón, y añadió: “Parece Videla el fiscal, cuando decía que «los desaparecidos no son, no están». El fiscal dice que no hay irregularidades ¿Cómo que no hay? ¡Tres semanas desapareció una persona que estuvo detenida en una comisaría! ¿Qué quiere que le digan los policías: «Mire se nos fue la mano y lo tiramos al río»?.
Además, el defensor general fustigó las declaraciones del secretario de Control de Fuerzas de Seguridad provinciales, Ignacio Del Vecchio, quien ligeramente lanzó la versión de que Franco había sido visto algo perdido y semidesnudo, primero en la terminal y luego en una iglesia evangelista el martes pasado.
“Como con Julio López, apareció gente que dice «yo lo vi acá, yo lo vi allá», pero sólo tratan de confundir. Me parece que Del Vecchio se burló no solamente de la familia sino de toda la sociedad santafesina, largando ese tipo de información. Parece que quieren instalar la idea de que el pibe era un loquito que andaba perdido por las calles de Santa Fe”, señaló.
Desde la defensoría realizaron el miércoles pasado una presentación de habeas corpus en la Justicia provincial y, el jueves, una denuncia en la Procuvin (Procuraduría Federal contra la Violencia Institucional). “Nosotros consideramos que se dan todos los presupuestos de una desaparición forzada de personas, por los datos que se tienen de su detención y porque la información que se le fue dando a la madre, que fue falsa”, sentenció Ganón.
También relacionó los hechos de violencia institucional y las conductas policiales con las últimas definiciones en materia de seguridad en la provincia. “Hay que analizar el mensaje político que significa poner un gendarme al frente de la Policía”, apuntó.
Ganón también fue muy crítico del accionar del fiscal Apanowicz. “No perició los móviles policiales, no buscó muestras de ADN en la comisaría, no perició los recorridos de los móviles esos días, qué clase de investigación está haciendo”, enumeró el defensor.
Según Ganón, el fiscal debió iniciar la investigación el día 8, cuando le llegó la primera denuncia, o el 12, cuando le llegó la segunda. “La filmación de un banco que está enfrente del lugar donde dice el comisario que lo detuvieron a Franco se perdió porque no se pidió. Son programas que cada un par de días se borra. No la pidió en tiempo y forma”, señaló el defensor general, para quien el fiscal “no hizo nada hasta que el tema salió en los diarios”.
El fiscal
Tras la aparición del cuerpo sin vida de Franco, el fiscal Guillermo Apanowicz habló con la prensa y admitió que la causa tuvo un giro con el hallazgo de Franco. “Hasta ayer era una búsqueda de paradero de persona, hoy con la aparición del cuerpo estamos trabajando en la hipótesis de un homicidio o un suicidio”, dijo.
Apanowicz se apresuró en incluir entre las hipótesis la posibilidad de que Franco se haya suicidado. “Es una de las hipótesis que se manejan”, afirmó. “Puede ser un homicidio o un suicidio”, remarcó.
“No teníamos ningún elemento hasta esta mañana que se determinó que el cuerpo encontrado es de Franco Casco. Estábamos ante la búsqueda de un paradero de personas, no de un homicidio. Ahora, con la aparición del cuerpo estamos trabajando en la hipótesis de un homicidio o un suicidio, no hay otra posibilidad”, insistió.
El cuerpo
La fiscal Mariana Prunotto, a cargo de la investigación abierta por el cuerpo encontrado en el río Paraná, fue la encargada de informar en rueda de prensa el mediodía del viernes pasado que el cadáver pertenecía a Franco Casco y que había sido identificado por sus padres.
Prunotto remarcó que “los padres, tanto la madre como el padre, identificaron que el cuerpo pertenece a Franco Casco”. La fiscal, precisó que “de todos modos se va a realizar igual un estudio de ADN”.
En la rueda de prensa también habló el perito Raúl Rodríguez, que revisó el cuerpo, y que aseguró que “si bien estaba en un avanzado estado de descomposición”, se pudo establecer que “no tenía proyectiles ni quebraduras”.
El perito planteó que de igual forma se va a hacer una nueva autopsia, con otro equipo médico. “Hoy por hoy no podemos confirmar la causa de la muerte. El tiempo de muerte no lo podemos determinar. Estamos con un cuerpo que tiene aproximadamente en el agua 15 días o más”, afirmó el doctor Rodríguez.
Violencia es mentir
La madre de Franco dejó en claro el jueves pasado frente a la comisaría séptima que “la Policía nunca lo buscó”. “Desde el primer momento que se hizo la denuncia en la comisaría 20 nunca lo buscaron”, se quejó Elsa, quien remarcó que “lo único que sabemos es que estuvo en esta comisaría y son los únicos que lo vieron”.
La madre refirió que cuando fue a la comisaría a pedir el libro para saber cuándo fue detenido, por qué motivo y cuándo fue liberado, “no lo querían mostrar”. “Fueron adentro, hablaban, tardaban; ahí hicieron algo ya que él estaba ahí todavía”, aseguró Elsa. “A la Policía no le creo nada, ellos dicen que lo andaban buscando, pero es mentira, me mandaban a buscarlo a mí sola para distraerme, nunca me ayudaron a buscarlo”, insistió Godoy.
Artículo publicado en la edición de este sábado del semanario El Eslabón.
