La gran justicia argentina

Clarín obtuvo una nueva medida cautelar contra la adecuación a la cantidad de licencias permitidas por la norma que fija límites a la concentración de empresas de comunicación audiovisual. Así, el grupo conserva su posición monopólica y su capacidad de fuego.

¿Qué estará pasando para que el siempre atildado Coqui Capitanich rompa sin más un par de páginas de Clarín en una de sus habituales conferencias de prensa matinales? Pasa que Clarín ataca a Cristina y al gobierno cada vez más ferozmente. Porque pasa que Clarín, el megapulpo mediático que controla el grueso de la comunicación argentina desde la dictadura hasta acá, está ahí, vivito y coleando.

Averiado, sí, pero para nada hundido; y con todavía enorme capacidad de fuego, disparando con munición cada vez más gruesa. Tal vez por eso el gobierno haya evaluado que hacen falta gestos como el de Capitanich o, incluso antes, las cartas vía Facebook de Cristina tras la muerte del fiscal Alberto Nisman. Una y otra actitud suenan reñidas con los manuales de las buenas costumbres de la corrección política y los protocolos comunicacionales institucionales medios. El gobierno nacional juega fuerte para mantener el centro de la escena pública, porque en los rings mediáticos le sigue tocando jugar de visitante. En los rings mediáticos y también en los judiciales, como lo demuestra una nueva resolución a favor del grupo comandado por Héctor Magnetto.

Se trata del otorgamiento de una medida cautelar ante un planteo de varios periodistas figurones que revistan en las filas del multimedios y blandieron su derecho a la libertad de expresión supuestamente en peligro. Se trata de Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruíz Guiñazú y Eduardo van der Kooy. Hombres y mujer a los que no se ve muy amordazados que digamos, varios de ellos con trayectoria y edad suficiente como para haber presentado recursos a la justicia a favor de la libertad de expresión en otros tiempos, como los de la última dictadura cívico militar, por ejemplo.

La reciente medida dispuesta por el juez Pablo Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, se suma a otra anterior en el mismo sentido del magistrado Horacio Alfonso, en ese caso en respuesta a una presentación no ya del personal calificado sino de los propios dueños del circo.

Ante la nueva cautelar, la respuesta oficial llegó desde el titular de Afsca, Martín Sabbatella: «Avergüenza ver cómo algunos miembros del Poder Judicial se vuelven a arrodillar ante Magnetto», sostuvo. «Le hacen favores a una corporación económica que demostró una y otra vez no querer cumplir las leyes de la democracia”, señaló Sabbatella.

Y claro. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue sancionada a fines de 2009 y desde entonces no pudo aplicarse debidamente por los continuos cuestionamientos judiciales de Clarín, que parecían haberse saldado definitivamente cuando la Corte Suprema, en octubre de 2013, declaró la constitucionalidad de lo aprobado en el Congreso.

Lo que se objetó es el corazón de la nueva norma: el desmantelamiento de las situaciones monopólicas estableciendo límites a la cantidad de licencias en manos de un mismo dueño, para garantizar la pluralidad de voces, base para el cumplimiento de los derechos al acceso a la información y a la libertad de expresión.

Con el fallo del máximo tribunal, entonces, parecía todo saldado, pero no. Lo que pasó después fue que el grupo mediático presentó una propuesta de adecuación a la cantidad de licencias permitida que fue rechazada porque consistía en un traspaso entre socios que incumplía lo normado.
Tras el rechazo, corresponde la adecuación de oficio, también prevista por la ley, que faculta a Afsca a llevarla adelante. Y aquí fue que llegaron las nuevas presentaciones de patrones y capataces, a las que los jueces Alfonso y Cayssials dieron cabida.

Así, Clarín sigue siendo el único grupo mediático del país que no avanza hacia el cumplimiento de la ley, con lo que conserva su posición monopólica y su capacidad de condicionar la política nacional y la voluntad popular.

Artículo publicado en la edición 181 del semanario El Eslabón.