Foto: FB.
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Los exorbitantes aumentos en la tarifa de luz dispuestos por Mauricio Macri tras la quita de subsidios al sector y el incremento aplicado por la Empresa Provincial de la Energía (EPE), no sólo representaron un duro golpe para los usuarios residenciales sino también para la industria y el comercio, con el consecuente impacto negativo en la actividad económica y, por efecto, en el mercado de trabajo. El gobierno nacional dice que quiere bajar la inflación pero los tarifazos aplicados y los que tiene en carpeta para los servicios públicos la aceleran. Desde la Casa Gris comentan que frente a los aumentos “no hay bolsillo que aguante”, mientras la EPE subió la tarifa alrededor de un 50 por ciento.

“Industrias y comercios de la provincia empezaron a recibir las boletas de luz con el nuevo cuadro tarifario, el cual se modificó tras la decisión del gobierno nacional de recortar los subsidios en un 300 por ciento que recibía la producción de energía eléctrica”, se señaló en un informe de la regional Santa Fe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso). En el documento se advirtió: “El incremento de la luz dinamizará el rebrote inflacionario que se viene dando desde fines de noviembre y pone en riesgo miles de puestos de empleo por el incremento de costos que afrontan la industria y el comercio, sumadas la caída de las ventas y en la actividad”.

Los comercios de la provincia recibieron facturas de luz con incrementos del ciento por ciento en promedio, el doble que en el bimestre anterior. “Y si comparamos con noviembre, donde todavía la EPE no había aumentado la factura en un 27 por ciento (subió en diciembre) y el Estado nacional no había recortado los subsidios, el aumento que enfrentaron los comercios de la provincia va entre un 200 y 300 por ciento. No hubo factores económicos que expliquen un aumento tan fuerte”, se sostuvo en el informe especial de Ceso Santa Fe que elaboraron María Martínez Fernández, Cristian Nieto y Facundo Crespo.

Empresarios de distintos rubros pusieron el grito en el cielo porque la suba de la luz les generó un incremento de costos que muchas de las fábricas y comercios no pueden trasladar a los precios de sus productos, y si lo hacen, corren riesgo de alimentar la inflación y no vender. “Con la decisión de aumentar el precio de la energía eléctrica las empresas pierden competitividad y la industria en su conjunto es fuertemente afectada por tratarse de un insumo clave, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo”, se indicó en el citado informe, donde se dan algunos ejemplos simples del impacto del tarifazo eléctrico: “Un quiosco de la zona sur de Rosario recibió la boleta de luz con un aumento del ciento por ciento, paga el doble que en el bimestre anterior y un 180 por ciento más respecto a noviembre. Antes, para pagar la luz el quiosco tenía que vender 160 botellas por mes de Coca Cola de dos litros o de cerveza de 970cc, en cambio ahora tiene que vender 344 por mes”.

El gobernador Miguel Lifschitz viajó a Buenos Aires para reunirse con el ministro de Energía nacional Juan José Aranguren, a quien le pidió morigerar el aumento de la luz, que sea gradual para industrias y comercios, ya que el tarifazo viene afectando los niveles de producción y empleo. La Empresa Provincial de la Energía es distribuidora del servicio de luz eléctrica –desde la quita de subsidios nacionales la EPE paga mucho más por el precio mayorista del kilovatio– y funciona bajo la órbita del Estado.

Críticas opositoras al gobierno del Frente Progresista apuntan que la empresa se maneja con lógica de mercado, abordando la electricidad como una mercancía y no como un servicio público básico. Las descargas al bolsillo de la EPE fueron sistemáticas en los últimos años. La provincia ocupa el segundo lugar en consumo de energía (considerando a Capital Federal y la provincia de Buenos Aires como una sola región). La EPE publicó un comunicado donde resaltó que su tarifa “es la más baja”… ¿del país? No, sólo si la compara con Córdoba y el norte de la provincia de Buenos Aires.

El rol del Estado

Durante el gobierno de Carlos Menem se privatizaron empresas clave. “Las características principales del mercado eléctrico tal como funciona en la actualidad se definieron a principios de la década de los noventa como parte del proceso de «reforma del Estado»”, se recordó en el informe de Ceso.

“Esta decisión política de retirar al Estado del control de un insumo esencial para la producción fue revertida desde 2003 cuando se puso en marcha un nuevo proyecto político que priorizó la recuperación del rol Estado y de sus herramientas para orientar el desarrollo nacional”, continuó, para rematar: “Sin embargo con la asunción del gobierno de Mauricio Macri, estas políticas fueron revertidas nuevamente. Con el argumento de sincerar los costos de la economía y de lograr mayor eficiencia en el uso de la energía, el Estado decretó la emergencia eléctrica, el aumento del precio mayorista de la energía y la eliminación de subsidios”.

Según adelantó el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, el gobierno de Macri prepara nuevos aumentos –“reacomodamientos” en la jerga PRO– en servicios públicos que van del 100 al 250 por ciento en transporte público, gas, telefonía fija, combustibles y, otra vez, energía eléctrica. Los incrementos traerán un alza del costo de vida. Cambiemos quería demorar los antipáticos e inflacionarios incrementos para que los sindicatos no lo pongan sobre la mesa de negociaciones salariales en paritarias, aunque prefiere que las subas impacten desde ahora y no en la segunda mitad del año. Todo shock, nada gradual. Sin embargo, esta política de ajuste ya muestra sus consecuencias. No hace falta ser un especialista en la materia para saber que subir impuestos y bajar el gasto público en un escenario recesivo echa un manto de oscuridad sobre el futuro de la economía.

“Hay que alivianar el impacto del tarifazo”

“El objetivo es alivianar el impacto del tarifazo en los bolsillos de los santafesinos”, dijo el diputado provincial Germán Bacarella, consultado respecto del proyecto de ley que crea un fondo destinado a la compra de energía eléctrica por parte de la EPE. La iniciativa fue presentada por el bloque del Frente Justicialista para la Victoria-PJ en la Legislatura santafesina, que también integran los diputados Héctor Cavallero, Patricia Chialvo, Silvia Simoncini y Roberto Mirabella.

“Lo que proponemos es destinar dos mil millones de pesos del Tesoro provincial a la creación de un fondo con el que la EPE pueda adquirir la energía tras los brutales aumentos derivados de la quita de subsidios dispuesta por el gobierno de Mauricio Macri. La provincia está en condiciones de destinar ese monto durante este año, y esto permitiría morigerar los aumentos hasta en un 50 por ciento”, comentó Bacarella.
“El incremento de la energía afecta tanto a los usuarios domiciliarios como a las empresas y comercios, cuyos costos fijos se multiplican en el contexto de una actividad económica en baja. Y hay que recordar que la EPE desde 2008 aumentó sus tarifas más del 400 por ciento, pese a que durante ese mismo lapso compró la energía a un precio subsidiado que subió mucho menos, un 120 por ciento. Por eso creemos que ahora el Estado provincial tiene que hacer un esfuerzo para atenuar el impacto en la economía santafesina”, remarcó el diputado provincial.

“Otra transferencia de recursos a los sectores concentrados”

“El tarifazo en la energía eléctrica es otra consecuencia de la enorme transferencia de recursos a los sectores económicos concentrados y a los usureros internacionales que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri”, dijo el diputado Marcos Cleri, con relación a los reclamos de los usuarios ante las subas de las facturas de la EPE.

“Los santafesinos tenemos que sufrir este aumentazo porque el gobierno nacional prioriza a sus grandes empresarios amigos y a los buitres, transfiriéndoles millones y millones a través de medidas como la devaluación, la quita de retenciones a los exportadores sojeros y a la minería, la eliminación de impuestos a consumos suntuosos como los autos importados, la quita de los subsidios al consumo de energía, el acuerdo espurio con los especuladores internacionales”, sostuvo el legislador nacional del bloque del Frente para la Victoria-PJ.

“Este tipo de medidas significan un ataque directo al poder adquisitivo de los trabajadores, los profesionales, los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes, los emprendedores. Hay una caída muy grande del mercado interno y se rompe con el círculo virtuoso de consumo y producción nacional que veníamos sosteniendo y que debemos retomar para poder incluir a todos los que falta incluir, para seguir el camino del desarrollo inclusivo, con generación de empleo, con recuperación de la soberanía y el patrimonio nacional”, subrayó Cleri.

Fuente: El Eslabón

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