Dilma Rousseff fue votada por 54 millones de ciudadanas y ciudadanos, gobernó apenas 15 meses y tiene mandato hasta 2019. Pero los poderes fácticos están hartos del ciclo del Partido de los Trabajadores (PT), que comenzó en 2003 y logró sacar de la pobreza a más de 40 millones de brasileños. La embestida neoliberal en la región se profundiza. Las corporaciones ya gobiernan la Argentina, olieron sangre y van por más. Tienen un plan, que es el mismo en todos lados: ajustes, baja de subsidios, devaluación, endeudamiento. Las mismas medidas, las mismas promesas, las mismas mentiras.
La cámara de Diputados de Brasil le dio el visto bueno a la brutal embestida contra la democracia brasileña por parte de los poderes fácticos, la Justicia y los medios hegemónicos. De un total de 513 legisladores, 367 votó a favor de sustanciar el juicio político contra la mandataria.
En los ominosos discursos de los diputados golpistas afloraron los verdaderos motivos para destituir a Dilma. Ninguno hizo referencia al contenido de la absurda acusación contra Dilma, pero muchos de ellos expresaron los valores y dogmas de la derecha más retrógrada. Apoyaron en forma explícita el golpismo, el terrorismo de Estado y la tortura. Y se expresaron contra todos los derechos sociales, políticos y económicos logrados por el pueblo de Brasil en estos años.
El momento más repugnante de ese show golpista transmitido en directo se produjo con la intervención del legislador y militar retirado Jair Bolsonaro, quien expresó que su voto contrario a Dilma era “un homenaje a la memoria del coronel Brilhante Ustra”, uno de los más brutales torturadores que actuaron durante la dictadura militar.
La intentona golpista pasó ahora al Senado, donde esta semana comenzará a actuar una comisión de 21 miembros que analizará el caso y preparará un dictamen, que será posteriormente discutido por los legisladores en una sesión prevista para el 10 u 11 de mayo.
En esta instancia será suficiente una mayoría simple (41 votos de un total de 81 senadores) para que el pedido de juicio político sea aceptado. De ser así, Dilma será suspendida en sus funciones por 180 días, hasta que termine el juicio. Durante ese lapso será reemplazada temporariamente por el vicepresidente, y uno de los principales conspiradores, Michel Temer, quien ya tiene gabinete y hasta presentó un plan de gobierno de neto corte neoliberal.
Según los sondeos de la prensa brasileña, la oposición ya tiene los votos para suspenderla y someterla a juicio político. O Globo, Folha de Sao Paulo y O Estado de Sao Paulo indicaron que de 45 a 47 senadores apoyan el juicio político.
Una vez cumplidos los 180 días de juicio, una sesión plenaria del Senado votará por la condena o absolución de la presidenta. Para que sea condenada, y por tanto destituida definitivamente, se necesita una mayoría especial, es decir 54 votos, las dos terceras partes del total.
Mientras ese difuso sujeto social que llaman “mercados” está eufórico, los movimientos sociales y el movimiento obrero organizado están en pie de guerra y dispuestos a defender la democracia y las instituciones.
“Es gravísima la aventura golpista”
Dilma se mostró fuerte y decidida en medio de la tormenta. Denunció que se trata de un golpe de Estado, prometió seguir resistiendo y anunció que llevará el tema a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) expresaron su preocupación por la crisis institucional que se vive en Brasil y expresaron su apoyo a la democracia.
“Es gravísima la aventura golpista, porque llevó a una situación de rabia, de odio, de persecución”, señaló la mandataria este martes, en el marco de una conferencia de prensa ante corresponsales extranjeros.
“Esto no es un proceso de impeachment, sino un intento de elección indirecta por parte de un grupo que de otro modo no tendría las condiciones de hacerse elegir. Esto no traerá estabilidad política al país porque rompe la base de la democracia”, agregó Dilma.
“El proceso en mi contra carece de base legal pues la acusación se fundamenta en unas maniobras fiscales que no suponen un delito de responsabilidad”, aseguró la mandataria, que ofreció además una descripción del proceso golpista que revela notables coincidencias con el accionar de los poderes fácticos en toda la región.
“Se está ejerciendo violencia contra la verdad, contra la democracia y contra el Estado Democrático de Derecho, y es un golpe de Estado”, señaló la mandataria.
“Veo a mi derecho torturado, pero no matarán mi esperanza. La democracia es el lado correcto de la historia”, dijo Dilma sin poder ocultar su emoción.
La mandataria señaló que defenderá su derecho a la defensa, pese a que fue aplastado por la decisión de la cámara de Diputados.
“Tengo esperanzas de que consigamos que este proceso sin base legal practicado por personas que deberían estar investigadas no ocurra más”, dijo la presidenta, que además expresó duras críticas contra otro de los conspiradores, el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha. “Condujo el proceso como quiso. No soy acusada de tener cuentas en el exterior ni de enriquecerme ilícitamente. Los que me juzgan sí”, afirmó.
El otro gran frente de tormentas tiene que ver con la situación del ex presidente Lula, que fue designado ministro del gobierno de Dilma pero no pudo asumir por orden de la Justicia. El tema está en manos de la Corte, que había prometido definir la situación del líder esta semana. Pero no fue así y decidió postergar su dictamen.
El cinismo de los acusadores acusados
A Dilma no se la acusa de corrupción. Es una de las pocas dirigentes políticas de Brasil que no se vio salpicada, por ejemplo, por el gigantesco esquema de sobornos en torno a la petrolera Petrobrás. La acusación contra la mandataria, en la que se basa el pedido de juicio político, es absurda y sin fundamentos, según coinciden en señalar juristas de Brasil y otros países. Pero quienes la acusan sí están manchados por la corrupción: algunos procesados, otros condenados.
El pedido de destitución llegó al Congreso en octubre, con la firma de tres juristas. Uno de ellos, Hélio Bicudo, fue fundador del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff.
Bicudo sostiene que la presidenta cometió una serie de actos “en el sentido de violar la legislación respecto a la salud fiscal del país, dando la impresión de que todo estaba bien”. Según este acusador, la mandataria habría maquillado las cuentas públicas para ocultar la magnitud del déficit fiscal.
Frente a la endeblez de esta denuncia, quienes acusan a Dilma sí tienen graves y verosímiles acusaciones en su contra. En su nota “El gran circo de los horrores”, publicada en el diario Página 12 este martes y firmada por Eric Nepomuceno, el autor ofrece números que permiten medir el grado de cinismo y perversidad de los enemigos de la democracia.
“De los 513 diputados que integran la Cámara que autorizó que se abra un juicio para destituir a la presidenta Dilma Rousseff, 299 tienen algún tipo de pendencia judicial. De ellos, 76 fueron condenados y esperan decisiones en instancias superiores. Y 59 son reos en el Supremo Tribunal Federal, incluso el presidente de la Casa y cabeza conductora del juicio a Dilma, el notorio bucanero Eduardo Cunha”, señala Nepomuceno.
“Uno de los que votó por la apertura del juicio a Dilma se llama Paulo Salim Maluf. Ha sido alcalde de San Pablo y aliado del PT. Fue condenado, en Francia, a tres años de cárcel. No puede salir de Brasil: su nombre está en la lista de buscados por la Interpol. Dijo que votaba contra la presidenta para combatir la corrupción”, agrega el autor de la nota.
Evidentemente el cinismo y la mentira están en el centro de la embestida neoliberal que tiene lugar en toda la región.
Fuente: El Eslabón
