Macri “vendió” que el proyecto que mezcla pago de juicios a jubilados, blanqueo de capitales y liquidación de acciones del Estado en empresas privadas es una “reparación histórica” para los abuelos, cuando en realidad es una cortina de humo para quebrar el sistema previsional estatal.
El proyecto de pago de juicios a un sector de los jubilados que impulsa el gobierno es, como dijo la abuela, un engañapichanga. La iniciativa, que mezcla entre otras cuestiones un régimen de blanqueo de capitales y la devolución del 15 por ciento de coparticipación de impuestos que el gobierno les retiene a las provincias para solventar la Ansés, persigue la intención oculta de desfinanciar y quebrar el Fondo de Sustentabilidad y Garantía del organismo. Y esto puede resultar en el futuro un triste regreso a la reprivatización del sistema previsional argentino, que lo haría otra vez injusto y desigual.
La Cámara de Diputados le dio dictamen en comisión al proyecto de ley ómnibus que será debatido en el recinto de sesiones el próximo miércoles. La norma establece el pago de la deuda histórica que el Estado mantiene con los trabajadores pasivos por falta de actualización de sus haberes conforme a la ley y a distintos fallos de la Corte Suprema de la Nación (sentencias firmes y en trámite), y un régimen de blanqueo de capitales para financiar parte de este desembolso.
La pauta de recaudación por la amnistía fiscal que maneja el ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay está muy por debajo de la deuda por sentencias firmes de jubilados. Con lo cual, para saldar el resto de los juicios, el Estado hará frente a estas erogaciones con el Fondo de Sustentabilidad de Garantía (FGS) que está compuesto por una serie de activos. Para esto, el proyecto autoriza a vender acciones que la Ansés tiene en empresas privadas.
A pedido de los diputados Sergio Massa (Frente Renovador) y Diego Bossio (Bloque Justicialista), el oficialismo aceptó introducir cambios a la propuesta original. Continuará la moratoria previsional para mujeres y se estableció un límite a la venta de acciones que controla el Estado a través de Ansés. Jueces, legisladores y gobernadores no podrán ingresar al blanqueo. Además, acordaron eximir a los contribuyentes no alcanzados por Bienes Personales del pago del impuesto a las Ganancias en el medio aguinaldo que se cobrará a fin de mes, una medida aplicada durante el kirchnerismo.
En los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, casi la totalidad de las personas en edad de jubilarse se jubilaron gracias a distintos planes de moratoria previsional que permitieron incluir al sistema a quienes no completaban los años de aporte. También se aprobó la ley de movilidad jubilatoria, con dos aumentos anuales. En la iniciativa que promueve Macri se crea la pensión universal para la vejez para los que no pueden jubilarse, que supone el pago del 80 por ciento del haber mínimo jubilatorio –hoy en casi 5 mil pesos– para todas las personas mayores de 65 años, siempre que no cobren jubilaciones ni pensiones.
“Nadie puede estar en contra de pagarles a los jubilados”, dicen desde el gobierno para defender la ley pastiche que mete varios temas en el mismo proyecto, presentado por la gestión Macri como un beneficio para los trabajadores pasivos que aspira a ser una “reparación histórica”. Sin embargo, los mismos que decían estar preocupados por “la plata de los jubilados” hoy están avanzando –más bien retrocediendo– hacia un esquema parecido al de las AFJP antes de su estatización en 2008.
“No sólo busca vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sino que además permite que se use ese dinero para hacer inversiones en el exterior. En criollo: a la fuga de capitales de los privados, le vamos a sumar la fuga de capitales de la Ansés; cualquier parecido con las AFJP, no es mera coincidencia”, subrayó el ex viceministro de Economía Emanuel Álvarez Agis en declaraciones radiales.
“Esto no es ninguna reparación histórica. Es el primer paso para llevar el sistema previsional a la quiebra”, consideró quien fuera segundo de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía durante el último gobierno de Cristina Kirchner. Álvarez Agis advirtió además que “lo que el proyecto de ley enviado por el gobierno propone es aumentarle las jubilaciones sólo al 30 por ciento de los jubilados”, puntualmente “el 30 por ciento que más gana. Y esto es el equivalente a cuatro puntos porcentuales más del PBI, es decir, casi 200.000 millones de pesos más por año”.
La ex presidenta también se metió en el debate. CFK criticó con dureza el proyecto de blanqueo de capitales impulsado por el gobierno, al considerar que se trata de “un verdadero caballo de Troya” que apunta a “la destrucción del sistema” previsional.
“Como ex legisladora, y ante una rápida lectura del proyecto, lo que más llamó mi atención fue la mezcolanza de temas: blanqueo, jubilados, juicios, cambios de índices de actualización y edades del Sipa, venta de acciones del FGS, derogación de impuestos progresivos, acuerdos fiscales con las provincias, etcétera”, advirtió la ex mandataria en una carta que publicó en las redes sociales.
CFK advirtió a los legisladores del FpV: “Nuestro proyecto no puede contribuir a la quiebra del sistema previsional, eliminar impuestos a los que más tienen y mucho menos ser cómplice de la impunidad de los Panamá Papers o las 4.040 cuentas del HSBC”, en referencia al blanqueo de capitales que propone Macri.
Arde Troya
“Al momento de su estatización, las AFJP, creadas por el menemismo en 1993, tenían entre sus carteras acciones de 44 empresas. Por ese motivo, la Ansés, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, heredó el manejo de esos activos (valuados a mitad de 2015 en 63 mil millones de pesos). Actualmente el Estado posee representantes en el directorio de 27 de esas compañías (entre otras, Clarín, Aluar, Molinos Río de la Plata, banco Macro, Telecom)”, explicaron desde el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) en un informe llamado Caballo de Troya: el fin es la liquidación del FGS.
Para el Cepa, el gobierno lanza un proyecto de blanqueo de capitales en medio del descubrimiento de cuentas offshore en Panamá y Bahamas entre las que figura el presidente y otros funcionarios de Cambiemos. La excusa es el noble objetivo del pago a los jubilados pero entre las opciones de pago –además de los fondos blanqueados– se planteó subastar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Ansés, cuya recaudación corre peligro por las políticas del gobierno. Así, el “programa de reparación histórica” parece ser en verdad para el poder económico que supo controlar las AFJP antes de su estatización.
“El plan de reparación histórica –se lee en el informe del Cepa elaborado por Julia Strada y Hernán Letcher– supone reconocer las sentencias y efectuar un pago de los retroactivos, es decir, de los montos acumulados en el tiempo por las diferencias entre lo que debió haber cobrado el jubilado cada mes y lo que efectivamente cobró. La deuda total asciende a 220 mil millones de pesos aproximadamente entre sentencias y actualizaciones (300 mil juicios a un promedio de 300 mil pesos, más el 50 por ciento de actualización de haberes para 2,5 millones de jubilados (el haber medio es de 8.135 pesos)”.
Entonces, desde el Cepa se preguntan: ¿De dónde saldrán los recursos para pagar las sentencias? Si se presume que el blanqueo permitiría ingresar 45 mil millones de pesos (correspondientes a una suma de 20 mil millones de dólares), y considerando lo destinado en el presupuesto (12.500 millones de pesos) aún estarían faltando más de 150 mil millones de pesos. La intención es echar mano a “las utilidades” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y para eso derogar la ley que dice que las acciones del FGS no pueden venderse si no cuentan con la aprobación de los dos tercios del Congreso.
Fuente: El Eslabón.
