Todo para los ricos, las grandes multinacionales y las sojeras. Cada vez más tierras en menos manos. Y los pequeños campesinos, reprimidos y perseguidos por la justicia y por bandas de matones al servicio de grandes terratenientes. Puro capitalismo de pillaje, una fórmula similar a la del gobierno de Macri.
“Cartes, basura, vos sos la dictadura” y “Fuera Cartes, vendepatria, entreguista, antinacional y antipopular” fueron los cánticos más escuchados desde este lunes 15 en Paraguay, en el marco de una serie de protestas y actos para repudiar los tres años de gobierno del presidente Horacio Cartes. Los parecidos con la realidad argentina no son mera coincidencia. Todo lo contrario: es la aplicación de una misma receta vinculada al mismo dogma neoliberal: todo en beneficio de una pequeña minoría excluyendo a las grandes mayorías.
Idéntica fórmula. Idénticos resultados. Y en ambos casos, la bronca del pueblo, claro.
Es más, uno de los cantitos más escuchados en Asunción también se entona en la Argentina, en el marco de las crecientes protestas contra el gobierno de Mauricio Macri. Cartes y Macri, entre otras coincidencias, tienen apellidos de dos sílabas. “Cartes, basura, vos sos la dictadura”, es cada vez más popular por estos pagos. En el otro cantito, el apellido de Mauricio entra justo también, claro, pero por ahora no se lo entona.
Ajustes brutales. Privatizaciones a mansalva. Represión. Transferencias de ingresos de los más pobres a los más ricos. Inseguridad creciente. Ventajas para las grandes corporaciones en detrimento de las mayorías. Concentración de las riquezas y las tierras cada vez mayor. Y la Justicia, dependiente de las corporaciones que tienen el poder, convertida en otro brazo ejecutor del pillaje neoliberal.
En este marco, tan parecido al argentino, el presidente Horacio Cartes cumplió tres años en el gobierno. Y el pueblo no dejó pasar la posibilidad para manifestar su enojo y su hartazgo luego de tres años de pérdida de derechos, represión e injusticias.
Desde el lunes 15 comenzaron una serie de actos y movilizaciones contra el gobierno de Cartes, que según las últimas encuestas tiene un 70 por ciento de rechazo de la ciudadanía.
No hubo actos oficiales, sólo manifestaciones en las que decenas de miles de paraguayas y paraguayos pidieron la renuncia del mandatario y la anulación del juicio por la masacre de Curuguaty, en la que fueron condenadas a prisión las víctimas de la represión policial tras un proceso bochornoso.
La movilización del lunes en Asunción partió desde el Palacio de Justicia y llegó hasta la sede del Congreso, donde se reclamó la renuncia del presidente. La marcha fue convocada por el Congreso Democrático del Pueblo (CDP), coalición de fuerzas que incluye al Frente Guasú, la agrupación que llevó a la presidencia a Fernando Lugo, que asumió en 2008 y fue desalojado del poder en 2012, a través de un golpe de Estado típico de estos cínicos tiempos, porque fue un golpe disfrazado de otra cosa, con intervención del Parlamento y de la Justicia, pero golpe al fin. Aunque EEUU, la CNN, Wikipedia y buena parte de la derecha continental se empeñe en denominarlo “crisis institucional”, fue un golpe para terminar con el suave, moderado y temeroso proceso de cambio que había iniciado Lugo.
Frente al Palacio de Justicia, los manifestantes reclamaron la libertad de los 11 trabajadores rurales condenados en julio por la muerte de 11 campesinos y seis policías en la masacre de Curuguaty, ocurrida en 2012. Exigieron la nulidad del juicio, que sentenció a los campesinos a condenas de entre cuatro y treinta años de prisión.
Durante ese alevoso proceso, los campesinos fueron procesados por la muerte de seis policías, pero las muertes de los once trabajadores rurales nunca fueron siquiera investigadas. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso un plazo de tres meses para que el gobierno de Cartes responda a las denuncias por violaciones de derechos en el proceso judicial, y además pidió información sobre el juicio político que llevó a la destitución de Lugo una semana después de la masacre en un juicio político express tanto o más impresentable que la condena de los labriegos.
La impunidad neoliberal se pasea oronda por las calles de Paraguay. Pero el pueblo está activo y ganó las calles para decirle a Cartes “Pará la mano”. En la plaza de Armas, ubicada frente a la sede del Congreso, los manifestantes exigieron la renuncia de Cartes y de sus ministros, dieron a conocer nuevas denuncias por corrupción administrativa, y rechazaron la creciente ola de privatizaciones.
“Cartes está reprobado como presidente de la república; el país sigue en la miseria, en la falta de empleo”, señaló durante el acto el referente del CDP, Ermo Rodríguez.
Según informó el diario Página 12 en su edición del martes 16, “al menos un 22,2 por ciento de los paraguayos vive en situación de pobreza, lo que se traduce en un millón y medio de personas en una población que no llega a los 7 millones de habitantes, según los últimos datos oficiales”.
Los sondeos de Ibope y del Centro de Investigación de Estudios Socioeconómicos (CIES) señalaron que la gestión de Cartes es considerada mala o muy mala por el 77 por ciento de los residentes en Asunción y sus alrededores. Una opinión similar tiene el 71 por ciento de los consultados en las seis principales capitales del interior, según la encuesta publicada por el diario paraguayo Última Hora.
“Nosotros sabíamos que esa no era la solución y con el tiempo se demostró; genera zozobra, terror, amenaza, comunidades enteras preocupadas”, expresó Rodríguez, al tiempo que denunció la persecución “que por primera vez en la era democrática” sufren los dirigentes sindicales, y el despido de varios de ellos de la función pública.
“Creemos que para la mayoría no hay beneficios, para los ricos sí”, dijo Rodríguez. “Mientras no se solucione el tema de la tierra, no habrá paz en el Paraguay”, indicó el dirigente.
Forman parte del Congreso Democrático del Pueblo la Corriente Sindical Clasista (CSC), Partido Paraguay Pyahurã (PPP), Federación Nacional Campesina (FNC), Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (Otep-SN), Partido Comunista Paraguayo (PCP), Desde Abajo y Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri), entre otras organizaciones.
En este marco, según informó Última Hora, nueve partidos políticos representados por sus presidentes se reunieron con la intención de conformar una fuerza opositora unida. La idea central de la reunión es iniciar el camino para una concertación política que devuelva el poder a la oposición en las generales del 2018.
Matanza, golpe y restauración conservadora
El 15 de junio del 2012 quedará en la memoria como otra fecha marcada a sangre y fuego en la historia del Paraguay. Esa mañana, un grupo de policías ingresó a los terrenos de Marina Cué, en Curuguaty, con la intención de desalojar a unos sesenta campesinos que habían ocupado el lugar, a pesar de que la orden judicial indicaba que los agentes sólo debían hacer un allanamiento.
El resultado del procedimiento policial fue una masacre que costó la vida de 17 personas: 11 campesinos y 6 policías.
Según indicaron testigos, se trató de una emboscada, un hecho armado por las fuerzas de seguridad y los partidos tradicionales para desestabilizar al gobierno de Fernando Lugo, pero los únicos condenados por la Justicia fueron los campesinos. La matanza sirvió de excusa para perpetrar el golpe de Estado contra Lugo y dar lugar a la restauración conservadora. En el armado de esa estratagema golpista, la Justicia fue uno de los partícipes fundamentales.
El ex obispo Lugo asumió el poder tras ganar las elecciones de 2008 con un frente conformado con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y la Alianza Patriótica para el Cambio. Esa unión puso fin a la hegemonía del Partido Colorado, que gobernaba Paraguay desde hacía más de 60 años. Pero la cosa no duró mucho y los poderes fácticos que gobernaron tradicionalmente volvieron por sus fueros, a cualquier costo, como suelen hacerlo.
A Lugo sólo le restaba un año para culminar su mandato, pero fue destituido en el marco de una farsa de juicio político, un proceso exprés, en donde el acusado no pudo contar con el tiempo suficiente como para preparar su defensa, entre otras muchas irregularidades. Estaba condenado de antemano, claro.
El juicio político fue promovido por la Cámara de Diputados y desarrollado en un Senado constituido como tribunal. Duró menos de 30 horas y el 22 de junio del 2012, Lugo se convirtió en el primer presidente paraguayo en ser destituido por esa vía. Sólo cuatro senadores apoyaron al ex jefe de Estado y 39 votaron “por la condena”.
Fuente: El Eslabón
