Una investigación de Natalia García documenta las delaciones de civiles, la persecución de docentes y los seguimientos en aulas de toda la provincia de Santa Fe, en especial durante la última dictadura. El difícil acceso a los archivos.

“Seguir investigando”, dice en manuscrito en el margen de una nota con información sobre un docente durante años de la última dictadura; “Vigilar”, “Ya está”, “Prescindible” o “Ejecutar el trabajo”, son otras instrucciones para aplicar a maestros espiados. Se trata de documentos oficiales guardados en cajas del Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe, en la colección Ministerio de Educación y Cultura. “Son notas de la Dirección Provincial de Informaciones, nuestra Side local”, explicó a El Eslabón, la investigadora Natalia García, quien compiló esta información en un trabajo de investigación que plasmó en un libro que presentará el próximo jueves.

Natalia García es profesora de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y doctora en Educación por la Universidad de Entre Ríos (UNER). Su investigación comprende a casos vinculados a la desaparición forzada de personas y de persecución ideológica, además de revelar la delación y las modalidades aplicadas en la zona. El título del trabajo es “La educación clandestina. Espiar, colaborar y depurar. 1933 -1981” y será presentado el jueves 20, a las 19, en el Museo de la Memoria, de Córdoba 2019.

“Los documentos poseen escrituras posteriores al original enviado a la dirección, ya que llevan también aparecen a mano alzada y acompañadas por signos, flechas y firmas, en lo que funcionaba como una resolución final sobre el caso y hasta un dictamen sobre las condiciones laborales del docente, como son “Prescindible” y “No se nombra”, remarcó quien fuera becaria postdoctoral del Conicet y profesora adjunta de la cátedra Historia sociopolítica del sistema educativo argentino.

El trabajo fue editado por Protohistoria ediciones con el apoyo de Darío Barriera y el acompañamiento de Carolina Kaufmann y Laura Graciela Rodríguez “en un panel de lujo”, contó la autora. García presentó en 2015 otro libro relacionado a la educación santafesina y un caso paradigmático de la provincia: “Historia sociocultural, política y educativa de la biblioteca Vigil”.

En su último trabajo resultan muy didácticos –además de las reveladoras copias de los documentos con las indicaciones escritas al margen–, los cuadros sobre composición de denunciantes e informantes en los casos. Los gráficos con los nombres de las autoridades de la época, tanto nacionales como provinciales, donde aparecen los nombres de Orlando Pérez Cobo, Eduardo Carreras y Eduardo Sutter Schneider, entre otros.

Cajas de “botoneadas”

Sobre el origen de su trabajo, Natalia García contó: “El libro y la investigación no estaban muy pensados, apareció literalmente un día en el que estaba investigando las cajas del Archivo Provincial de la Memoria, que contienen documentos y fuentes escritas de la inteligencia santafesina, al trabajar en 2013 sobre el caso de la Vigil. Al preguntar a uno de los profesionales que trabajaban en ese archivo sobre unas cajas que estaban allí, me dijo que «eran las botoneadas», es decir las delaciones e personas comunes sobre otras personas que estaban dentro del sistema educativo. Denuncias de un docente a otro, de un supervisor, un rector, un director o un padre”.

La Dirección Provincial de Información nace en 1966, y pasa por diferentes etapas, muy al ritmo de las políticas, hasta 1984. “0Los espacios custodios que conservan esas fuentes no son sólo patrimonios de los historiadores, sino constituyen la memoria de un país” consideró. “No alcanza que se conserve esa documentación, sino que se le debe dar un tratamiento que se le ponga a disposición, ya que un archivo que no se abre a la comunidad es sólo un depósito. Ese archivo pasó por esas instancias y aún hoy atraviesa situaciones muy particulares y confusas. Si bien hoy las autoridades dicen que la apertura está vigente, lo cierto es que la consulta es cerrada”, explicó García.

El difícil acceso a la documentación

“La investigación fue muy abrupta –relató la investigadora– por estar muy interesada por el delicado tema de las colaboraciones civiles, tenía ahí un corpus empírico insospechado. Pero, termina abruptamente la indagación porque desde septiembre de 2015 no pude seguir accediendo a los archivos”.

“Se argumentaban diferentes cuestiones difíciles de creer, ya que las declaraciones de autoridades en los diarios no se correspondían con la realidad que yo había vivido. Al ir un día a consultar las cajas, recuerdo una situación muy patética, al estar sentada en una mesa y que una empleada me pasara un expediente, sin poder tomar nota y debía permanecer a cierta distancia. Esa era la característica de las consultas en los últimos tiempos”, señaló.

Las vinculaciones de ese pasado con el presente, parece que producen molestias. “Las hipótesis son muchas y también las teorías conspirativas, incluso parte de esas desprolijidades que te nombro, como copias de documentos con los nombres de autoridades militares o civiles tachadas, es algo injustificable. Esas respuestas deben darla las autoridades”, dijo la investigadora.

Sentencias al margen

“El archivo tiene mucho de novedad al detallar los grupos de civiles que fueron colaboradores de la dictadura. Está el relevo de un docente que es vigilado porque tiene el deseo de trabajar en Reconquista, norte santafesino, para impartir un curso del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), vinculado al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Como este señor tenía antecedentes, los Servicios de Inteligencia debían actualizar sus últimos años, pide colaboración de un juez, un arquitecto, un empleado y un militar. Todos esos nombres están, en ese caso de 1978”, afirmó.

“El archivo deja ver las rupturas y la continuidad de las actividades de represión de los Servicios de Inteligencia y son actividades, que no paren ni siquiera en el interregno democrático de 73”, admitió.

Al consultarla si constaban en esos documentos todo lo actuado o había datos que no se escribían, la investigadora remarcó que “entender la burocracia del Servicio de Inteligencia es un desafío, pero los documentos hablan más por esas marcas que están alrededor del texto principal. Allí aparecía una especie de conclusión muy clara de como fue la actuación del ministro de Educación de la dictadura, Pérez Cobo, quien directamente va sentenciando el destino de cada docente con una marca al margen. A veces no consta lo que el texto principal diga, como: «Se han verificado que este elemento no tiene prácticas subversivas», pero sin embargo se determina no lo contrario en esas notas sobre el informe”.

Delaciones patrióticas

La investigadora tomó 64 casos y contó: “Selecciono algunos de ellos de acuerdo a temáticas, un capítulo es destinado a la colaboración civil, con lo que aparecen fuentes que testimonian pedidos de investigación de docentes o estudiantes. Pero aparecen distintas razones, que no son sólo ideológicas, a veces se habla de aspectos morales, de las condiciones sociales de los docentes y una suerte de cuestión patriótica, como la del padre que presenta el cuaderno de clase de su hijo para denunciar a la maestra por su «contenido subversivo»”.

Esas denuncias, “suelen nacer de la propia sociedad civil y llegan por canales que se desconocen pero que están archivadas en el Servicio de Informaciones. Otras, son cartas, como una delación que se eleva a Videla, Massera o a las autoridades de educación de Santa Fe”.

“Hay casos –resaltó– que revelan la enorme vigilancia y cual cerca estaban de la escuela los Servicios de Inteligencia. Como el caso de una escuela de un pueblo donde no se izó la bandera por el caso Aramburu. También se señala a un docente en una acto del 25 de Mayo criticó al Mundial del 78, por los gastos que ocasionó”.

“A partir de esas situaciones, los docentes empiezan a ser investigados, algunos son sancionados y otros desaparecidos. También sucede que algún pedido de investigación llega tarde, porque el docente ya está desaparecido”, detalló la profesora. Sobre las víctimas de esa persecución, aclara que “había docentes, bibliotecarios, estudiante, entre otros”.

Ausentismo y desapariciones

“Me interesaba ver el comportamiento de los estamentos medios del sistema educativo. Encontré un sistema sobre adaptado a estas normativas y se vuelven funcionales a la persecución o muerte directamente”, comentó.

“El ausentismo docente opera como una forma de ocultar la desaparición forzada, entonces aparece todo una burocracia que tapa casos y esas desapariciones las hacen pasar como ausentismo, con la colaboración de la burocracia. En eso hay responsabilidades de estamentos intermedios, desde supervisores al personal intermedio. Ello se ve en una carta de un personal del Ministerio de Educación a Pérez Cobo, donde le dice que una docente que tras desaparecer dos meses y ser liberada, exige que el Ministerio la reincorpore a su trabajo. Pero, como es interina, no saben cómo responder a la situación porque no le corresponde una licencia. Pero la docente insiste y la escuela también, lo que lleva al empleado a indicarle al ministro que no sabe cómo tomar el caso, y que la situación ilegal no se puede tapar con una legalidad. Entonces el expediente se bifurca y aparece un expediente oficial y otro clandestino”.

“Hay casos muy interesantes porque se ven esos límites donde el Estado se debe desdoblar. Está la situación de un docente que no aparece y se lo busca retóricamente, desde la burocracia. Y cuando la última comisaría dice que no lo ve, Pérez Cobo ordena comenzar la búsqueda real, «en los canales no oficiales». Esas normativas están escritas, eso que no sabíamos, pero que son documentadas en fuentes oficiales”, describió la autora.

Colaboración de civiles

“Tenemos la composición de los denunciantes, entre quienes informan hay anónimos, funcionarios, intendentes, padres y docentes. Forman un universo de la colaboración civil.  Está los que aprovechan la situación para saldar cuentas personales o laborales al poner la sospecha sobre alguien para quedarse con su trabajo. Pero, también aparece muy fuerte el convencimiento de que es una necesidad de los nuevos tiempos, para sanar al país, es un discurso patológico de exterminar el cáncer de la sociedad a los elementos foráneos”, describió.

Sobre el último capítulo, subrayó: “Trato de salir de la cuestión ideológica y ver que hay casos donde muchas denuncias tienen que ver con otras razones: cargos docentes, dinero, drogas, sexualidad y problemas domésticos dentro de las escuelas. Por esas razones algunos docentes quedan fichados y van a ser perseguidos”.

“También llama la atención –relata– el encontrar cartas que docentes perseguidos elevan a las autoridades, a Videla o Massera. No creo en la cuestión de andar adivinando la conciencia de los otros, me parece que no es ético porque no se llega a comprender si allí hubo una estrategia o uso del discurso de la dictadura, o una complicidad o una inocencia. Una docente escribe que si no le devuelve el cargo «Vamos a salir a la calle», no había conciencia del contexto criminal de la época”.

Pero, también advirtió que “es interesante rescatar que hubo gente que contestó, no todo fue silencio sepulcral o quietud total”

La investigación de la investigadora le llevó dos años de escarbar las fuentes y producir el texto. “No se conoce  trabajos de este tipo, el tema de la educación sobre la dictadura se toma más desde el punto de vista de políticas educativas implementadas, faltan estudios que hablen sobre lo que sucedió dentro de las escuelas”, concluyó.

“Este libro –añadió– busca salir de la historiografía central e ir a los casos regionales, falta profundizar la historia local, hay una mirada muy homogénea sobre la dictadura. Hay que decir que también en los pueblos sucedieron cosas terribles. Y los números son reveladores”.

Además,  resaltó que “es interesante que luego estas historias reaparecen por trabajos en las mismas escuelas. La idea es profundizar donde falta conocimiento y meterse en la cotidianidad de las aulas. “En el aula, si el maestro hacía lo que quería, igual se sabía. Como un caso en el que un padre denuncia que un  maestro habla de Trelew en sus clases. Cómo sabe el informante lo que hablaba el docente. Me sorprendió hallar que la persecución en el interior del sistema educativo permitía saber al detalle vida y obra de un docente, el recorrido que hacía de su casa a la escuela”.

“Debí sentarme a estudiar normativas y comprender qué es un archivo, una colección, un documento, cada uno tiene su razón de ser. Alguna vez deberíamos lograr que la política de archivo no se muevan tanto al compás de los tiempos políticos, Deben ser políticas de Estado y más custodiadas. Al menos que no sea destruido o no, como ocurrió”, insistió.

Es fundamental destacar el compromiso de Natalia García, una trabajadora de la investigación, con un marcado rigor en su oficio, su compromiso militante y ético, a pesar de admitir también que “los documentos explorados dolían en el cuerpo”.

Fuente: El Eslabón

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