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Organizaciones defensoras de los derechos humanos y diversas entidades repudiaron los hechos de violencia que sufrieron dos mujeres en las comisarías 7ª y 10ª de la ciudad, en la última una bibliotecaria terminó muerta. La movilización fue convocada el jueves pasado por el gremio docente y acompañada por organizaciones sociales y políticas reclamó justicia, y el esclarecimiento de ambas causas. Las voces de grupos feministas y hasta del Concejo Municipal de Rosario se sumaron exigiendo que no haya impunidad.

La marcha, que unió los Tribunales provinciales con la sede local de la Gobernación, fue contundente a pesar del mal tiempo. Encabezada por los docentes y con decenas de antorchas en mano, pidió justicia por María de los Ángeles París, la bibliotecaria que el 3 de mayo pasado ingresó a la seccional 10ª a realizar una denuncia y salió sin vida dos horas después. Al reclamo se le sumaron los amigos y familiares de Elina, una joven de 27 años que fue arrestada en la seccional 7ª por presuntamente ocasionar disturbios en un minimarket de Catamarca y Cafferata, y que terminó internada en terapia intensiva en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). En los dos casos se trata de comisarías fuertemente cuestionadas.

“Pedimos justicia y que el Estado se ponga a las alturas de las circunstancias, que deje de mirar para el otro lado y sobre todo, colabore con el esclarecimiento de esta bestialidad”, exigió Guillermo París, hermano de la bibliotecaria, tras la movilización. Más tarde, en declaraciones radiales, agregó: “Mi hermana no era una delincuente. Era una ciudadana que fue a hacer una denuncia. Lo de la Policía es de una torpeza increíble pero llamativa. Me parece que debe haber algo más que torpeza. No es normal este tipo de accionar».

Los amigos de Elina se sumaron al reclamo y leyeron un documento en el acto: “Elina Rivero fue a un recital a encontrarse con sus amigos de siempre; una mala mujer para esta sociedad machista, con su actitud punk y sus botas de cuero. Esa noche se la tenían jurada. Una supuesta denuncia hecha por algún vecino por molestar era excusa para que la estuvieran apaleando enfrente del mini que queda a la vuelta de la 7ª, amenazando a sus amigos con que iban a hacer lo mismo con ellos si se acercaban. Creemos que no fueron más de dos horas las que estuvo Elina detenida, antes de que la ambulancia del SIES la buscara para que la internen en el HECA. Un machetazo en la nuca y un traumatismo de cráneo no se los pudo hacer sola y lo sabemos y también sabemos que La Cebra (apodo de la joven) no murió y que la está peleando. No la encontraron muerta en la celda, ni flotando en el río pero sabemos que son los mismos de siempre. Ni unx menxs. Basta de matar a nuestrxs amigxs. Basta de reprimirnos, matarnos y torturarnos”.

En este marco, y mientras las denuncias por violencia institucional resuenan con fuerza, fueron numerosas las instituciones que demandaron que el gobierno provincial se comprometa a investigar los hechos. El Concejo realizó una declaración manifestando “su mayor preocupación por los hechos sucedidos en el caso de la muerte María de los Ángeles París en la comisaría 10ª  y la situación de la joven que luego de ser detenida en la comisaría 7ª se encuentra en estado de coma. Ambos casos, sucedidos en un lapso de diez días, están fuertemente sospechados de violencia institucional”.

“Instamos al gobierno provincial –continuó la declaración del Concejo– para que se comprometa a garantizar las condiciones para la realización de las investigaciones necesarias a los fines de esclarecer estos casos y asegurar justicia. En tal sentido en su reciente informe, el Comité contra la Tortura de la ONU indica su preocupación a la provincia de Santa Fe por el elevado número de muertes en lugares de detención y la falta de información sobre los resultados de las investigaciones de esas muertes, a lo cual solicita realizar las recomendaciones elaboradas por el organismo”.

El cuerpo legislativo local se manifestó “contra toda violencia institucional ejercida contra las mujeres tipificada en la ley 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” y reafirmó su “compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos que se sustentan tanto los principios y valores de nuestra comunidad como la Democracia misma”.

Multisectorial cuestionó a Pullaro

Desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional, que nuclea a organizaciones sociales, políticas, sindicales, académicas y de derechos humanos de Rosario, también se manifestó su “profundo repudio y preocupación” por ambos hechos. “María de los Ángeles París ingresó a la comisaría 10ª el pasado 3 de mayo a realizar una denuncia”, indicaron desde la Multisectorial. Y agregaron: “Se pudo conocer que, posteriormente, fue privada de su libertad por varios policías de esa seccional, esposada y puesta en una habitación aislada. Murió de un paro cardiorrespiratorio en circunstancias que aún se investigan. El Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, muy apresuradamente negó que exista en el caso responsabilidad de la Policía interviniente”.

La Multisectorial también se refirió al caso de Elina, la joven que asistió a un recital y terminó internada tras pasar por la comisaría 7ma. “La detuvieron policías de la comisaría 7ª. Fue salvajemente golpeada por la Policía y la vergonzosa versión policial sostuvo que se «autolesionó» y que estaba alcoholizada. Hoy la joven se encuentra en un estado de salud muy delicado y pelea por su vida”, señalaron.

“Ambas mujeres fueron violentadas por la Policía en comisarías. Se trata de casos en los que hay una evidente violación a los derechos humanos por lo que el Estado, en vez de excusarse, tiene la obligación de investigar de manera pronta, imparcial y efectiva lo sucedido y sancionar a lxs responsables”, planteó el comunicado de la Multisectorial.

Movimiento de mujeres: “No son casos aislados”
La Corriente Mujeres fue otra de las entidades que repudió los hechos y recordaron que “en el mismo sentido, el mes pasado se reportaron detenciones absolutamente irregulares de mujeres de la comunidad qom en la seccional 19, que ante un violento operativo intentaron defender a sus hijos del avasallamiento policial”.

“Estos no son casos aislados, y que existe una relación entre el retroceso de las políticas en materia de derechos humanos y el recrudecimiento de los discursos y políticas de «mano dura»”, señalaron.

“Exigimos que el gobierno provincial se haga eco del reciente informe del Comité contra la Tortura de la ONU y de las recomendaciones elaboradas por el organismo tras constatar entre otras vulneraciones, el elevado número de muertes en lugares de detención y la falta de información sobre los resultados de las investigaciones de esas muertes. Asimismo alerta sobre grupos especialmente vulnerables en contextos de encierro como las mujeres”, reclamaron desde el grupo feminista.

Fuente: El Eslabón

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