El juez Gustavo Lleral dispuso la entrega del cadáver de Santiago Maldonado a su familia para este viernes, día en que se informará el resultado de la autopsia. Los próximos pasos deberían enfocarse en conocer la verdad y que haya justicia. El gobierno ante una nueva fase de la «operación encubrimiento».
En su fallo, Lleral resolvió que una vez finalizada la audiencia del próximo viernes, en la que la junta de peritos comunicará las conclusiones a la familia Maldonado –y en la se darán entonces por finalizadas las pericias sobre el cadáver–, se le entregue el cuerpo del joven visto con vida por última vez el 1º de agosto en el marco de una feroz represión de Gendarmería a la comunidad mapuche de Cushamen (Chubut). Ahora, como espera la familia, se abre una nueva etapa en la que la investigación deberá reconstruir los hechos y juzgar a los responsables de la desaparición y muerte de Santiago.
“En atención a que el día 24 de noviembre del corriente año, finalizará la pericia de autopsia oportunamente ordenada, dispónese la entrega del cuerpo de quien en vida fuera Santiago Andrés Maldonado a su hermano Sergio Maldonado», estableció el juez este martes.
Lleral sigue sin aceptar los pedidos de la familia
En otro orden, el juez volvió a negarse a solicitudes de la querella realizadas a través de sus abogados. Este martes rechazó el pedido de la familia de Santiago Maldonado para llamar a declarar a su antecesor en la causa.
“A la declaración testimonial requerida por la querella de Sergio Maldonado, del Sr Juez Federal, Dr Guido Otranto, no ha lugar por impertinente, puesto que el conocimiento que pudiera tener de los hechos objeto de investigación, no lo fue en calidad de testigo, sino, en razón del ejercicio de su Magistratura”, señaló Lleral en su resolución.
Los Maldonado habían reclamado a Lleral que citara a su antecesor, desplazado de la causa antes de que fuera encontrado el cuerpo en el río Chubut. Además, el juez desestimó la apelación de la familia del joven al tribunal superior al rechazo del pedido de incorporar a la investigación a un grupo de expertos independientes ofrecidos, entre otras instituciones, por la ONU.
Nueva etapa
En la audiencia de este viernes se espera, entre otros datos clave, que el cuerpo de 55 peritos informe la causa y el modo en que murió Santiago, si su cadáver permaneció los 78 días que estuvo desaparecido en el río Chubut donde fue encontrado, o si pudo haber sido plantado en ese sitio.
A horas de que se conozcan los datos de la autopsia, el gobierno nacional apuesta todas sus fichas a que se descarte que Santiago haya sido detenido, secuestrado y matado por la Gendarmería en otro sitio, para así desplegar una nueva fase de su campaña de comunicación que pretende “demostrar” que no hubo desaparición forzada y, por tanto, tampoco responsabilidad oficial en el hecho.
Por otro lado, una vez dilucidada la mecánica de la muerte del joven militante –que participaba de una protesta en apoyo al reclamo de la comunidad mapuche para recuperar sus tierras y en demanda de la libertad de su líder Facundo Jones Huala–, la investigación deberá avanzar sobre la circunstancias en que Santiago llegó al río y cómo falleció, situación de la que parece imposible desvincular a la Gendarmería. La familia se esperanza con que ahora comience una “nueva etapa”, que traiga “verdad y justicia”.
A pesar de la estrategia del gobierno, de las operaciones que instala a través de sus voceros por la enorme cadena nacional de medios privados y públicos oficialistas –Elisa Carrió volvió este martes a la carga por TN–, el más común de los sentidos y los hechos contradicen las expectativas de la Casa Rosada; que de todas maneras descansa en que la realidad, para buena parte de la población argentina, sea aquello que su relato construye en articulación con las grandes corporaciones de la comunicación.
Pero si como espera el oficialismo, Santiago desapareció y murió en el río, lo hizo escapando de las balas y los palos de la fuerza de seguridad nacional, que ingresó al territorio de la comunidad mapuche sin orden del juez y comandada en el lugar por el segundo de Patricia Bullrich, Pablo Nocetti.
Si como se especula desde la perspectiva encubridora del macrismo, el operativo represivo empujó a Maldonado a las gélidas aguas del río Chubut donde se habría ahogado, quedando atrapado y oculto por 78 días, una pregunta de sentido común se impone y debería responder la Justicia: ¿esa desaparición y muerte, fue por su propia voluntad o fue forzada?
Fuentes: Redacción Rosario/El Eslabón/NA/La Nación
