Con argumentos disímiles, como es natural, por derecha e izquierda le advierten a Macri que su modelo es insustentable. Los más categóricos señalan abril o mayo como el punto límite de la olla a presión en la que hierven Lebac, dólar y deuda externa. Por abajo, todo mal.
Mauricio Macri transita una paradoja propia de los modelos neoliberales. Su gestión económica marcha por la cuerda floja de un déficit fiscal autoprovocado, que a fuerza de un descomunal endeudamiento externo por ahora no le estalla en las manos. En paralelo, el universo de economistas y charlatanes de feria sabe que el tic tac de la bomba de tiempo que representa la emisión de Letras del Banco Central (Lebac) en algún momento terminará explotando. Mientras tanto, la otra cuerda, vinculada a la situación social de los sectores más vulnerables, es tensada hasta el paroxismo, debido a la decisión política de que sea sobre ese vasto segmento que recaiga el costo de transferir los recursos que consideran que el “populismo kirchnerista” les arrebató a las corporaciones asociadas a la administración de Cambiemos.
Días de furia financiera
Como parte del dispositivo de extorsión a diversos actores políticos, económicos y sociales en pos de que se aprueben las reformas draconianas que envió al Parlamento, Macri inventó una excusa que puede volverse en su contra como un búmeran. Se dijo hasta el cansancio, a través de las usinas mediáticas que le sirven de cadena nacional espontánea, que si el lunes 18 de diciembre fracasaba la aprobación de la criminal reforma previsional, al día siguiente los inversionistas que debían renovar sus colocaciones en Lebac no lo harían y se pasarían al dólar, lo cual ocasionaría un feroz desequilibrio que haría tambalear al Gobierno.
La reforma se aprobó, pero de los 400 mil millones de pesos en Lebac que vencían el martes 19, el 28 por ciento no renovó sus colocaciones. Casi 120 mil millones de pesos salieron de esa caja de Pandora y se dirigieron a otros rincones del casino financiero macrista, especialmente a la divisa norteamericana.
Se diría que el factor “confianza”, que tanto se esgrime en el lenguaje del “mercado”, no acompañó a la política. Es más, le dio la espalda y le jugó por detrás una mala pasada.
Desde entonces, pero en particular en los últimos días del año, el dólar no paró de subir. La divisa aumentó más de 1 peso y medio en los últimos 17 días, equivalente a un 11 por ciento.
Cabe recordar que el dólar, arrancó valiendo 16,05 pesos a principios de 2017, lo cual implica que ya acumula un incremento del 22 por ciento. Eso, en el vocabulario del mercado o en el de una cancha de fútbol se llama devaluación.
Es notorio que hay una puja en el seno del Gobierno. De un lado, quienes sostienen que es inviable políticamente un corrimiento de precios como el que seguramente provocarán los factores que siempre lo hacen: los tarifazos en los combustibles, los servicios públicos y el dólar son un cóctel que jamás sabe bien a la clase media, el principal enclave electoral de Cambiemos.
Allí, entre los críticos de este shock veraniego, se anotan algunos conspicuos radicales culposos, la verborrágica pitonisa Lilita Carrió y, tibiamente, el ministro del Interior Rogelio Frigerio, quien aún ansía convencer a alguien de que es un desarrollista y, más desopilante, que el Gobierno que integra también lo es.
Del otro lado está casi todo el resto, cuyo discurso es “ir por todo”. Eso incluye un “reacomodamiento del dólar”, para que llegue a valores cercanos a la inflación anualizada, para satisfacer al sector agroexportador, al cual le compensarían la diferencia con más rebajas en las retenciones.
El jueves pasado, el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger se disfrazó de Axel Kicillof, al sermonear que «los argentinos se tienen que dar cuenta que viven en la Argentina, compran en la Argentina y tienen que pensar en pesos».
Pero a la vez dijo algo bastante más preocupante: reconoció la imposibilidad de cumplir la meta inflacionaria para 2018, que era del 10 por ciento y la llevó al 15, de tal modo que hay que prepararse para una tasa de inflación que, como mínimo, estará un 50 por ciento por arriba de lo planificado por la autoridad monetaria. De paso cabe señalar que quienes votaron con más o menos entusiasmo el Presupuesto un día antes, fueron una vez más tristemente ninguneados.
Tal como se indicó al comienzo de esta columna, por derecha el Gobierno recibe mandobles respecto del devenir de su plan económico. Uno de los voceros del establishment, el economista y opinólogo Juan Carlos de Pablo, se despachó con un balance de la gestión de Mauricio Macri, y advirtió que los responsables de la gestión económica «son los primeros que se tienen que asustar».
¿Por qué deberían asustarse los ministros de Hacienda Nicolás Dujovne, el de Finanzas, Luis Caputo; y el propio Sturzenegger? De Pablo lo explica así, según se encargó de sintetizar el sitio Infobae:
- «Así como vamos, chocamos. El déficit es insostenible».
- «Yo miro a todos los que tienen que tomar decisiones y no veo sustos proporcionales al problema que estamos diciendo. Los primeros que se tienen que asustar son los que tienen que tomar decisiones».
- «La inflación no está bajando».
- «El grueso de las inversiones las hacemos los argentinos. Tener que bajarnos los pantalones para que venga un extranjero a poner una pizzería no es negocio».
- «El dólar está a un nivel ridículo».
- «Las Lebacs son cuantitativamente un problema gordo. Entiendo la fantasía, pero la historia financiera dice que las cosas demasiado maravillosas un día se pinchan».
- «La recaudación está muy bien considerando las circunstancias. Está aumentando por encima de la inflación».
- «Estoy cansado del «papá Fondo Monetario» que nos dice qué es lo que tenemos que hacer».
- «Macri genera entusiasmo porque nos salvó de Scioli y Cristina. Yo tengo optimismo ciudadano y preocupaciones profesionales».
Como se verá, el tipo no se guardó nada, y podría decirse que se adelantó al pum para arriba del dólar, porque destacó el atraso antes de que llegue a rozar los 20 pesos.
Lo cierto es que no hay sorpresa en lo que hace a la cotización del dólar, lo que hay es una decisión política de favorecer al conglomerado agroexportador subiendo el tipo de cambio, en desmedro circunstancial del sector financiero.
No habría novedades respecto a lo que han sido los gobiernos neoliberales desde la dictadura de 1976 a la fecha: arrancan metiendo en una misma bolsa al sector primario, o agroexportador, y al financiero, pero esa alianza finalmente entra en colisión por el tipo de cambio. En estos días el país asiste a un nuevo capítulo de esa histórica contradicción.
Estirando la soga
Ni el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) puede disimular que por abajo, esto es en el mundo de los trabajadores, la cosa está que arde. La Encuesta Permanente de Hogares registró dos datos que se complementan a la hora de mostrar el ajuste: por un lado, en el último año cayó el empleo asalariado en blanco, creciendo el trabajo en negro y los autónomos. Por el otro, en el tercer trimestre se midió un singular aumento de la precariedad laboral.
La data contradice fuertemente el discurso cínico de algunos legisladores y funcionarios macristas y radicales, que se llenan la boca con el “crecimiento del empleo”, del PBI, e incluso se atreven a enunciar un “despegue”que los propios instrumentos oficiales de medición terminan desmintiendo.
“La participación de los asalariados en el mercado de trabajo es la más baja en 12 años, con 74,5 por ciento del total”, resume el Indec en una de sus conclusiones. Pero además, el índice de ocupados en negro –a quienes no se les hace el descuento jubilatorio– subió de 33,8 al 34,4 por ciento, la mayor relevancia en cuatro años”. Para rematar, el universo de «no asalariados», que integran los autónomos, monotributistas y monotributistas sociales, creció de 24,6 a 25,5 por ciento.
Con tamaños indicadores socioeconómicos, no resulta extraño que también desde la vereda de enfrente del neoliberalismo se sostenga que éste es un modelo insustentable.
En los últimos días, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) determinó que el costo de vida para una familia de sectores populares de Rosario –en diciembre de 2017– fue en promedio de 19.972 pesos, y aumentó un 7 por ciento respecto de septiembre del mismo año.
En buen criollo, una familia de cuatro integrantes de los barrios periféricos de Rosario necesitó casi 20 mil pesos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestimenta, servicios de vivienda y transporte, educación y salud.
Siempre según la entidad mencionada, el costo de vida aumentó en un año un 30 por ciento, excediendo la inflación estimada para 2017, ya que en diciembre del año pasado una familia de un barrio popular de Rosario necesitaba 15.329 pesos para cubrir su canasta básica total.
Otro dato a tener en cuenta es que una familia necesitó en diciembre 8.099 pesos para cubrir exclusivamente sus necesidades básicas alimentarias. El estudio subrayó que un adulto rosarino necesitó 2.621 pesos para cubrir una cantidad mínima de alimentos y no caer debajo de la línea de indigencia.
El costo de una canasta navideña en los comercios de barrios populares de Rosario asciende a 249 pesos.
Asimismo, en grandes cadenas de supermercados puede accederse a cajas navideñas similares a partir de 96 pesos, lo cual muestra el costo mayor que deben afrontar los vecinos que consumen en comercios de proximidad y no tienen la posibilidad de acercarse a tales hipermercados.
Si se toma debida nota de que el Salario Mínimo, Vital y Móvil actual equivale a 8.860 pesos, la conclusión es que no alcanza a cubrir ni la mitad del costo de vida familiar, y ese ingreso le es suficiente sólo para cubrir las necesidades de alimentos, quedando por fuera cualquier tipo de gastos del hogar, transporte, vestimenta, salud, educación, entre otros.
El mercado mata
Otra de las demostraciones de que el modelo que impulsa Macri no es sustentable si no requiere el sacrificio de los menos favorecidos de la sociedad pudo verse esta semana en el cordón industrial.
Vale como introducción lo notable que resulta constatar cómo las fuerzas políticas que estuvieron en la oposición durante el período kirchnerista se manifestaban frente a lo que señalaban como claras responsabilidades del Estado nacional. Un ejemplo emblemático de ese tipo de tratamiento fue la denominada “tragedia de Once”, cuando un convoy de la línea Sarmiento no frenó y se llevó por delante el andén terminal de Plaza Miserere, provocando la muerte de 51 personas.
Rápidamente, radicales, macristas, socialistas, el Frente Renovador de Sergio Massa, dirigentes del GEN de Margarita Stolbizer y otras fuerzas “republicanas” adoptaron la consigna “la corrupción mata”, alegando que en la falta de inversiones, y los enjuagues e ilícitos que llevó adelante el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y sus colaboradores más cercanos, pero ampliando ese radio hasta responsabilizar al ministro de Planificación Federal Julio De Vido y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, estaban las verdaderas causas de la pérdida de vidas en aquella catástrofe ferroviaria.
Más allá de que los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Jaime fueron condenados a ocho y seis años de prisión, y sin ponderar responsabilidades individuales que quedaron establecidas en el juicio, todo lo cierto que pudiera contener la consigna se diluye en boca de aquellos opositores, quienes como actuales funcionarios o legisladores hacen la vista gorda ante hechos que realmente dejan en un cono de sombras aquel trágico suceso.
Las decenas de gendarmes muertos cuando eran enviados a reprimir a la agrupación Tupac Amaru fueron a causa de la desidia estatal. Los 44 tripulantes muertos del submarino ARA San Juan también. El mercado mata, el neoliberalismo mata, sólo por el hecho de priorizar las ganancias de los sectores más concentrados de la economía, y determinar que las inversiones en seguridad, mantenimiento, infraestructura y otros rubros son superfluas, o bien corresponden a un Estado elefantiásico, que en realidad es menester achicar, aún a costa de vidas humanas.
En los últimos días, un operario de 61 años, Domingo Ramón Giménez, murió, y al menos 15 trabajadores resultaron heridos al explotar una celda de la planta del conglomerado chino Cofco, en Puerto General San Martín, en el cordón industrial del Gran Rosario (ver nota página 6).
Podría haberse tratado de un accidente, si no fuera porque el diputado provincial Héctor Cavallero recordó que hace poco más de un año el gobernador, Miguel Lifschitz junto al Ministro Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña y el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich recorrieron esa planta, y anunciaron con bombos y platillos inversiones por más de 32 mil millones para el desarrollo de los puertos de la provincia de Santa Fe.
Es más, no debería apurarse una acusación demasiado rigurosa contra los funcionarios nacionales, ya que nunca señalaron que esos aportes privados y estatales se destinarían en modo alguno a la seguridad de los operarios. Por el contrario, Dietrich aseguró que las inversiones servirían para “liberar el potencial del campo en Argentina, que genera una sucesión de valor que impactará en otros sectores de la economía”.
El legislador acaba de presentar un pedido de informes, porque si las inversiones llegaron no se anunciaron, algo muy raro tratándose de gobiernos como el socialista y el de Cambiemos, tan propensos a los anuncios marketineros.
No era poco dinero, ya que los dueños de los puertos deberían haber invertido 21 mil millones de pesos, otros 10 mil millones los aportaría la Nación y mil millones los pondría el gobierno santafesino.
Pero el reclamo de precisiones está vinculado más enfáticamente a que ambas administraciones indiquen cómo, con qué periodicidad y con qué organismos se controlan los puertos por donde sale la fenomenal producción granaria y de sus derivados, que produce pingües ganancias a los amigos del poder, en este caso el complejo agroexportador.
“Una vez más la desidia y la falta de inversión se paga con la vida de los trabajadores”, sostuvo el presidente del bloque Frente Justicialista para la Victoria. Cavallero recordó, además, que se debe informar sobre “el control de los establecimientos dedicados al almacenamiento, distribución, acondicionamiento y conservación de granos ya que deben cumplir diversas medidas de funcionamiento según la resolución firmada por la Secretaría de Medio Ambiente y desarrollo sustentable de la provincia en el año 2003”.
Otro diputado provincial, el periodista Carlos Del Frade, señaló con razón que “la ex Nidera vendió por 30.121 millones de pesos durante el año pasado y fue la empresa número 34 entre las mil que más facturaron en la Argentina”. El cálculo del legislador del Frente Social y Popular (FSP) estremece: “83 millones de pesos diarios; 3 millones y medio de pesos por hora; 58.103 pesos cada sesenta segundos”. Del Frade remató: “Demasiado dinero para no invertir en higiene y seguridad industrial”. Y sostuvo algo que debería ser una verdad de Perogrullo: “Domingo no debió morir”. Pero el mercado mata.
