El gobierno de Macri pide acostumbrarse a los incesantes aumentos de precios mientras busca imponer un tope del 15% en las negociaciones paritarias, en sintonía con la meta de inflación para 2018 que dibujó el Banco Central.

Las paritarias “son libres”, pero…  mejor si están bajo techo. El Jefe de Gabinete Marcos Peña anunció que esperan que las paritarias de este año “no superen el 15 por ciento”, en sintonía con la recalculada meta de inflación oficial. Como respuesta al mensaje disciplinador de reclamos que lanzó el principal funcionario del macrismo, los gremios hicieron conocer su enérgico rechazo al intento del gobierno nacional de volver a clavar la espuela en los flacos bolsillos de los trabajadores. En un contexto de despidos e inflación incesante, con sostenida caída del consumo, el sindicalismo enfrenta el desafío de resistir el ajuste y encarar las negociaciones salariales con el objetivo de intentar achicar la enorme pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos dos años. Según un informe de ATE-Indec, desde que gobierna Cambiemos la inflación se comió en promedio más de dos meses de sueldo y un aguinaldo.  

El número 15 que busca imponer el gobierno en las negociaciones salariales en las paritarias de 2018 no tiene nada de bonito. A fines del año pasado, el gobierno reformuló la metas de inflación para el año en curso y, después de desconocer el 10 por ciento anunciado semanas antes, la fijó en 15 por ciento promedio. “Consideramos muy importante que toda la sociedad se comprometa con esta meta del 15 por ciento”, dijo Marcos Peña en una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Rosada, tras participar de la primera reunión de gabinete del año.

Al ser consultado sobre la nueva suba de los combustibles, otro 6 por ciento (al cierre de esta edición Shell y Oil habían retocado sus precios), el Jefe de Gabinete dijo que “los costos son los costos” y recomendó “convivir con esto”. También dijo que por ahora no se tratará la polémica reforma laboral, que seguramente desataría un conflicto similar al que marcó la reforma jubilatoria.  

El “mejor equipo de los últimos 50 años” se muestra desorientado frente a una escalada de precios que no detiene su marcha ascendente en bienes y servicios. La única idea (fracasada) que muestra, es seguir recortando poder de compra en salarios, jubilaciones y beneficios sociales.

En lo que a metas se refiere, la pifia fue grande. De acuerdo al repaso que hizo el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda para refrescar la memoria, el gobierno estimó en 2016 una meta de inflación del 25 por ciento y la inflación real fue del 41. En 2017, el cálculo oficial fue del 17 por ciento y la inflación cerró en alrededor del 25. Es decir, la meta inflacionaria acumula en dos años es de 46,3 por ciento, contra una inflación real del 76 por ciento. Por eso los gremios descreen del nuevo dibujo del Banco Central para 2018.

En este sentido, diferentes economistas y analistas, con una mirada crítica hacia las políticas de Cambiemos, proyectan una inflación para este año entre 20 y 22 por ciento. Suba en alimentos, tarifas, combustible y la devaluación, motorizan aumentos de precios generalizados. En efecto, el economista y profesor de la Universidad de Buenos Aires Ricardo Aroskin estimó una inflación en torno al 10 por ciento para el primer cuatrimestre del año, es decir, casi el 70 por ciento de la inflación oficial prevista para todo el año.

“El avance de la inflación, que en el acumulado de los últimos dos años fue del 75,1 por ciento, alejó mes a mes el salario del monto necesario para mantener el poder de compra vigente en noviembre de 2015. A precios de noviembre de 2017, las diferencias de nuestro salario respecto al que permitiría mantener dicho poder adquisitivo, se acumula un déficit de 39.279 pesos. Es decir que este sería el monto necesario para adquirir al día de hoy los bienes y servicios de los cuales tuvimos que privarnos en este período”, se indicó en un informe de los trabajadores de ATE-Indec, titulado “El cambio nos pulverizó dos sueldos… y un aguinaldo”.

El reporte destaca que el poder adquisitivo del salario de noviembre 2017 fue un 8,3 por ciento menor al del mismo mes dos años atrás. En esta situación de deterioro en los ingresos, los estatales son los más afectados, ya que mientras que antes de la gestión Cambiemos el salario de un trabajador -de una categoría testigo- representaba el 66 por ciento del salario promedio del sector privado registrado, en noviembre de 2017 esa relación bajó al 63 por ciento.

“La conclusión es que la pérdida acumulada entre el salario que cobra un trabajador -de categoría testigo- y la inflación entre diciembre de 2015 y noviembre de 2017 fue de 39.279 pesos, monto que representa más de dos meses de salario (16.369 pesos)”, precisa el informe. El salario del sector privado registrado, por su parte, también ha perdido la carrera contra la inflación en los últimos 20 meses: la variación de noviembre a noviembre en los últimos dos años significó una pérdida para el poder adquisitivo del 3,5 por ciento, según el citado informe.

Lo cierto es que a más de dos años de la “normalización económica” impulsada por la compañía gubernamental CEO & Representantes del Establishment, la inflación se muestra indomable. Un informe de la Universidad de Avellaneda indica que el gobierno sólo busca controlar los precios por medio del esquema de metas de inflación, importado de otras experiencias históricas contemporáneas.

Sin embargo, “su adaptación a la realidad económica argentina muestra limitantes, debido a la disparidad de fenómenos que son causales de la inflación. En nuestro país, además de visión clásica de una demanda superior a la oferta, que empuja al regulador a emitir billetes, se destacan los fenómenos de puja de poder adquisitivo, la inflación importada y, muy en particular, la inflación cambiaria. Por caso, en el último mes, y a lo largo del primer trimestre de 2018, se sucederán una serie de aumentos de tarifas, definidos o autorizados por el Poder Ejecutivo. Su impacto efectivo sobre el IPC determinará buena parte de las perspectivas de cumplimiento de la meta inflacionaria del corriente período”.

El menor poder de compra de los salarios y la suba del desempleo se traducen en una merma sostenida del consumo popular, sin perspectivas de recuperación en el corto plazo si se tiene en cuenta el techo que quiere poner el gobierno en las negociaciones paritarias en ciernes y el impacto de la reforma previsional con su cambio de fórmula, donde jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de pensiones no contributivas perderán al menos 60 mil millones de pesos en 2018, según un cálculo del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), que incluye el bono adicional y el 82 por ciento móvil.   

De acuerdo a datos publicados por el Instituto de Economía y Trabajo (ITE) de la Fundación Germán Abdala, el consumo se mantiene por debajo de los niveles alcanzados antes del cambio de gobierno. “El indicador mensual de consumo registró en diciembre pasado un aumento de 2,5 por ciento anual. En términos mensuales sin estacionalidad, el consumo se incrementó 1,2 por ciento. De esta manera, en 2017 el consumo creció un 0,8 por ciento, luego de haberse contraído un 3,3 por ciento en 2016”, se señaló.

En tanto, la consultora Focus Market, que analiza tickets de ventas en supermercados, determinó que el consumo en autoservicios cayó un 3 por ciento promedio en 2017, que se suma a una caída del 4,5 por ciento en 2016. El rubro que más cayó fue el consumo de alimentos, cerca del 6 por ciento en 2017 contra el pésimo 2016.

El gobierno festeja la suba de las reservas del Banco Central, aunque el colchón verde provenga del feroz endeudamiento. El economista Mariano Kestelboim apuntó que “el récord máximo de reservas en la etapa de la convertibilidad fue en junio de 2001; apenas 6 meses después metieron corralito y estalló la peor crisis económica de nuestra historia”. El bolsillo del trabajador está sin reserva. La clase media siente el sacudón de las políticas económicas de Macri. Se nota en la regular temporada de verano que están teniendo los principales destinos turísticos del país, mientras el presidente y varios dirigentes de Cambiemos veranearon en lugares top.

Ante esta situación desfavorable, el ministro de Trabajo Jorge Triaca intervino fuerte en su pelea contra la crisis laboral y salarial que afecta a buena parte de la población, y le advirtió: “No vengas porque te voy a mandar a la c… de tu madre, ¡sos una pelotuda!”. ¿Fue una alucinación? No. El furioso mensaje-insulto del funcionario ventilado en un audio de Whatsapp, que se viralizó en las redes, estaba dirigido en realidad a su empleada doméstica para despedirla, después de que la mujer trabajara durante años en negro en una casa quinta del señor ministro.

Fuente: El Eslabón.

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