Las cesantías en la agencia estatal de noticias ponen en juego el sustento de centenares de familias y también vuelven a exponer una política oficial que favorece a los monopolios mediáticos.
Generado por más de 350 despidos decididos por el gobierno macrista, el conflicto de Télam se prolonga por la férrea resistencia de las trabajadoras y trabajadores, que ya llevan casi 20 días de paro y de toma de las instalaciones centrales de la agencia estatal de noticias, en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo de la lucha es la reincorporación de los despedidos; y junto con ello la defensa de “la existencia y el valor social de la agencia pública y publicitaria de noticias”, habían remarcado ya unos días antes de las cesantías desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). Del otro lado, el gobierno defiende su decisión con argumentos similares a los que se escucharon en otros tiempos para justificar el achique y la privatización de empresas del Estado, como que sobran empleados, que no son eficaces en el cumplimiento de sus tareas, más un aditamento que choca de bruces contra el tan meneado respeto por la libertad de opinar: «La agencia se transformó de una usina de periodismo a un espacio de militancia partidaria», llegó a afirmar Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, del que depende Télam, y quien el último jueves concurrió al Congreso Nacional a brindar explicaciones.
En la audiencia en Diputados esa línea argumental de supuesta politización de los trabajadores como justificación de los despidos, motivó repudios y advertencias como la del diputado Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión: “Nunca nadie en estos años de democracia ha tenido la impunidad de decir que se realizaron despidos por razones ideológicas y gremiales”, señaló el legislador del bloque del Frente para la Victoria. Y adelantó que esa actitud “es una irresponsabilidad por la que el Estado argentino va a ser condenado” por organismos internacionales.
Por lo pronto, los trabajadores y trabajadoras de Telam anhelan que la condena a los despidos surja de instancias más cercanas, nacionales, como el Ministerio de Trabajo de la Nación o la Justicia. Pero hasta ahora las presentaciones y denuncias que concretaron no han tenido resultado positivo, pese a contar con el respaldo de un amplio abanico de organizaciones sindicales, sociales, de defensa de los derechos humanos y políticas.
Junto con esa solidaridad, lo que aparece como clave de la continuidad de la lucha es la unidad que muestran los laburantes pese a los intentos oficiales por dividirlos, como por ejemplo los llamados a los que no fueron alcanzados por los despidos a sumarse a la “nueva agencia” que el gobierno dice tener como objetivo. Pero lo calificado como “nuevo” suena a viejo; y la resistencia se sostiene con firmeza y compromiso. “O nos cargamos a Lombardi o quedamos en el camino”, resumió un laburante de la agencia que zafó de la guadaña.
Junto con la suerte de los cesanteados y sus familias, en el conflicto se vuelve a jugar y poner en debate el funcionamiento del sistema mediático nacional y por ende, los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los argentinos y argentinas.
El ataque en Télam forma parte de la decisión del gobierno de Mauricio Macri de desmantelar la política de medios que había impulsado el gobierno anterior, orientada a contrarrestar los grupos monopólicos de una actividad en la que la pluralidad es una necesidad imperiosa. De allí que entre las primeras medidas tomadas por el actual presidente se haya contado la modificación de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ponían freno a la concentración de la propiedad de radios y canales de televisión.
En cuanto a Telam y los medios públicos en general, es muy clara la decisión de debilitarlos y limitarlos luego de un período en el que se los había fortalecido y potenciado con el objetivo de sumar instrumentos a una orquesta mediática que estaba subordinada a apenas un puñado de sonidos, sobre todo el del Clarín, que en estos tiempos otra vez aturde hasta ensordecer.
A la vez, la batalla en la agencia estatal de noticias es otra de las que se libra en el marco de la creciente influencia de las nuevas tecnologías y las redes sociales, que aportan a la supervivencia de otros medios y amplifican la capacidad de comunicación de pequeños colectivos y de las personas que afrontan situaciones como la de quedarse sin trabajo de un día para el otro, desgracia que, afortunadamente, todavía provoca solidaridad de las mayorías, un insumo básico para los que no se resignan a perder derechos.
