A pedir del FMI, Macri avanza con nuevos recortes en el Estado, mientras se multiplican despidos en el sector privado. Caen ingresos abatidos por la inflación y se amplifica el déficit financiero.
Tras entregar el mando de la economía al Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Cambiemos arrancó el segundo semestre del año con una profundización de su política de ajuste. Habrá más recortes en el sector público, lo que presagia un escenario de mayor conflictividad social, caída del empleo con recesión económica, devaluación, inflación por encima de los acuerdos salariales y jubilaciones, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo. Además, siguen el creciente endeudamiento, timba financiera y las nuevas promesas de déficit cero. El macrismo justifica su dañino plan conservador con la farsa de “el único camino posible”.
En un documento del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) se indicó que desde la asunción de Mauricio Macri como presidente se produjeron 4.500 despidos en el Estado. El gremio ATE contabiliza un número considerablemente mayor. Aerolíneas Argentinas, Arsat, AySA, Correo Argentino, Conicet, Senasa, Inti, entre otras empresas y reparticiones públicas desguazadas. El último caso resonante fue el de los despidos en masa de la agencia oficial de noticias Télam (ver en la página 12).
Siguiendo los lineamientos del polémico memorándum de entendimiento con el FMI, el decreto 632, firmado por Macri un día después de participar del actito en la histórica Casa de Tucumán por el Día de la Independencia, habilita nuevos tijeretazos en la esfera pública. En este sentido, el informe del Cepa estima que para 2021 en el Estado habrá 10 mil cesantías más. En el dictamen presidencial se deja por escrito el compromiso que hasta el 31 de diciembre de 2019 “no se podrán realizar nuevas designaciones ni contrataciones de personal”. Más precarización laboral, a pedir del Fondo.
Los empleados estatales fueron los más perjudicados por las políticas de ajuste en el primer semestre de este año. Les siguieron los industriales. Otro relevamiento del Cepa publicado en diferentes medios da cuenta que en lo que va de 2018 se contabilizaron 4.300 despidos por mes hasta fines de junio, un 17 por ciento más comparado con el mismo lapso de 2017. En el sector privado, la rama industrial perdió casi 10 mil puestos de empleo en la primera mitad del año. Según el Cepa, desde que gobierna Macri más de 76 mil obreros industriales fueron despedidos.
La Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera), en base a datos del Indec, contabilizó que durante la “pesada herencia” que dejó el gobierno de Cristina Kirchner nacieron 220.000 pequeñas y medianas empresas, mientras que en la era Cambiemos bajaron las persianas y cerraron los portones con candado casi 5 mil (el número sale de la diferencia entre las que abrieron y cerraron con el actual gobierno). En su blog Ramble Tamble, el sociólogo Artemio López describió la situación como “pymecidio”. Desde la Unión Industrial Argentina advirtieron que “el empleo va a seguir cayendo lentamente”, y agregaron: “No a la velocidad de hace un año, pero no se va a recuperar. Habrá una pérdida por goteo en unos sectores y en otros dejará de crecer”.
A la angustiante proliferación de los despidos y destrucción de fuentes de empleo por cierre de empresas y comercios se suma la constante y sonante pérdida de poder de compra de los salarios. De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), el salario en dólares en Argentina cayó casi un 35 por ciento en los últimos dos años y medio, pasando de 589 a 384 dólares.
De esta manera, el país perdió tres posiciones en el ranking regional de salarios mínimos en dólares, pasando de la primera a la cuarta posición. En lo que va del año, el haber mínimo se depreció en la Argentina un 27 por ciento. Así, ese salario base equivale hoy a apenas a la mitad de una canasta de pobreza para un hogar tipo a nivel país. “Teníamos los mejores salarios de América latina hasta hace dos años y ahora estamos en mitad de tabla”, comparó Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores.
El deterioro de los ingresos de la población y la pérdida de calidad de vida para las mayorías populares se explican en buena medida por los efectos de la devaluación y el encarecimiento del costo de vida, que los aumentos en paritaria, en jubilaciones y asignaciones no llegan a cubrir. El Instituto Estadístico de los Trabajadores (ITE), del que participan unos 50 gremios de la CGT y la CTA, midió una inflación del 16,1 por ciento en el primer semestre de 2018, un punto por encima de la meta inflacionaria y la pauta salarial que había establecido el gobierno para todo el año. El relevamiento arrojó una suba interanual del 29,5 por ciento.
La inflación de los trabajadores sigue castigado con mayor intensidad a sectores “de bajos ingresos relativos, que destinan un porcentaje mayor de los mismos a servicios públicos y alimentos”, se señaló en el documento del ITE. Con todo, el salario real durante el mes de junio fue 9,1 por ciento menor al de noviembre de 2015, antes del cambio de gobierno. En tanto, a los jubilados no les fue mejor. Con la reforma previsional que impulsó la nueva Alianza gobernante y su cambio en la fórmula para actualizar los haberes, la jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales perdieron en promedio cuatro puntos porcentuales frente a la inflación acumulada en la primera mitad del año, donde las jubilaciones aumentaron un 12 por ciento y la inflación fue del 16.
El gobierno ajusta a los trabajadores, mientras concede beneficios a sectores concentrados de la economía, como el complejo agroexportador, el mundo de las finanzas y empresas energéticas. Recorta a troche y moche, mientras los leoninos intereses de la deuda externa contraída por este gobierno no se detienen. Según se recordó en un artículo publicado en la web de Canal Abierto, el Presupuesto 2018 calcula que se pagarán durante el año en curso 406 mil millones de pesos, un 16,6 por ciento de los gastos totales de la administración pública nacional. Durante la primera mitad del año ya se pagaron, sólo de intereses, 233.169 millones de pesos.
En un relevamiento que hizo el Institute of International Finance (IIF), que publicó días atrás el diario Ámbito Financiero, se dio cuenta que la deuda pública y privada de la Argentina alcanzó al 89 por ciento de su producto bruto interno, “lo que la convierte en una de las economías más frágiles a los ojos de los inversores internacionales”. El segundo semestre ya empezó, y no hay miras de que la economía despegue.
Para la UIA el empleo “va a seguir cayendo”
El empleo seguirá cayendo en la Argentina aunque a marcha más lenta que hace un año, advirtió el economista jefe y director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Coatz. Tras participar del cuarto Pre-Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) en la provincia mediterránea, el directivo de la central fabril estimó que la demanda de empleo no se recuperará en lo que resta del año.
“(El empleo) va a seguir cayendo lentamente. No a la velocidad de hace un año, pero no se va a recuperar. Habrá una pérdida por goteo en unos sectores y en otros dejará de crecer», dijo Coatz en declaraciones al diario La Voz del Interior, de Córdoba.
Según reflexionó el economista jefe de la UIA, «la pregunta más importante es saber qué va a ocurrir con la construcción», dado que se prevé un freno de ese rubro por el ajuste fiscal impulsado por el Gobierno con un fuerte recorte al presupuesto destinado a obras públicas.
Además, el economista consideró que «claramente hay gobernabilidad y capacidad política» en la administración Cambiemos, sin dejar de reconocer la tensión política que llevó al cambio de autoridades en el Central y en un par de ministerios.
«La actividad se va a resentir por tres o cuatro meses, lo que no puede saberse es cuánto. Dependerá de que se profundice en líneas de financiamiento más baratas, que los proyectos público- privados de infraestructura se pongan en movimiento para compensar el freno de la obra pública y que se cuide el mercado interno. Si se hacen tres o cuatro políticas para las Pyme y para alentar el consumo, es probable que la recesión no sea tan grande», dijo.
