Cambiemos incluye el paquete completo diseñado para el “patio trasero”, concepto lamentable que vuelve a servir para dar más cuenta de las conductas de gobiernos sumisos ante la Casa Blanca como el de Mauricio Macri, que para describir cómo se piensa al resto del continente desde la geopolítica norteamericana. Mientras el Fondo Monetario Internacional abre una oficina –otra vez– en la Rosada para “monitorear” el cumplimiento de sus dictados, de la mano de la ministra Patricia Bullrich el país avanza en la introducción del “know how de seguridad” importado desde Washington. La violenta represión en los alrededores del Congreso del miércoles pasado durante la votación del “Presupuesto del Ajuste”, y el circo del “combate al narcotráfico” montado el día siguiente en Rosario, muestran el rol central que tiene la más fiel representante de la embajada de los Estados Unidos en el gabinete nacional.
Como parte del mejor equipo de farsantes de los últimos cincuenta años, Bullrich hace un show permanente. Cultiva un perfil manodurista, tanto para la protesta social como para el supuesto “combate a la marginalidad y delincuencia”, dos fenómenos que crecen a medida que se profundizan las políticas de desigualdad promovidas por el gobierno nacional. Se viste de verde, pone cara de mala, ladra desde los estudios del multimedios Clarín.
Todo está guionado, según enseñan los manuales de inteligencia que circulan en los despachos del FBI, la CIA, la DEA y el Departamento de Estado, que la Ministra de Seguridad suele visitar, tal cual se puede leer en la web de la embajada norteamericana en Buenos Aires.
Los mapuches son terroristas, las organizaciones sociales son subversivas, los villeros son todos narcos y los venezolanos chavistas infiltrados. Así de brutal y simple como suena, el objetivo es estigmatizar a quienes resisten al modelo económico recortado por la tijera del FMI organizadamente, y criminalizar a quienes lo sufren. Un método de control social que trae desde el Departamento de Estado las hipótesis de conflicto bajo las cuales Estados Unidos pretende dominar todo el continente.
En México, donde el recién electo presidente Andrés Manuel López Obrador intenta repensarla, y en Colombia donde se despliega abiertamente, la denominada “Guerra contra las drogas” –tal cual la bautizaron los Estados Unidos– ha dado sobradas muestras de los resultados que se pueden esperar de las técnicas importadas por Bullrich. Cada vez más narcocriminalidad, cada vez más violencia, cada vez más connivencia entre los negocios ilegales y las fuerzas armadas y de seguridad. Y cientos de miles de muertos y desaparecidos.
Para que el mecanismo funcione es central la prohibición y penalización del negocio. Lo dicen cientos investigadores, historiadores, periodistas, ex agentes y ex marines norteamericanos en similar cantidad de libros y estudios que se pueden consultar en la web. Estados Unidos es el principal consumidor de drogas ilegales del mundo, una tendencia que crece y no se reduce tras décadas de aplicación del mismo modelo de “persecución del delito”. La “Guerra contra el narcotráfico” no es más que una fachada bajo la que se oculta la batalla real por la captura de los millonarios fondos que mueve y la utilización de todo lo que rodea al consumo y la comercialización de esas sustancias en términos de dispositivo de control social.
En lo que significa una clara colonización institucional de esa «estrategia» importada desde EEUU, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe y el ministerio de Seguridad que dirige Maximiliano Pullaro, han comprado el paquete que tiene a Bullrich como su principal promotora. Las “Jornadas sobre narcocriminalidad” organizadas por el MPA en la Facultad de Derecho, a las que estaba invitada la ministra, van en ese lamentable sentido. El circo incluía la foto de los allanamientos de los mega operativos con Pullaro, Bullrich y los fiscales primero, y el número final en la casa de estudios.
Debe marcarse, tal cual se denuncia en la nota que acompaña esta edición, que el mismo MPA que se muestra interesado en la discusión sobre narcocriminalidad, actividad que está fuera de su jurisdicción –y para lo cual se suma al lobby que promueve la polémica desfederalización de la persecución de ese tipo de delitos–, es el que facilitó el acuerdo en el marco de la megaestafa inmobiliaria con presuntas ramificaciones narco. Y también hay que subrayar, sobre todo, que los investigados que saldrán libres de culpa y cargo en esa causa, admitiendo el delito y pagando millones a la víctima, pertenecen al establishment económico local, hacia el que nunca ascienden esas pesquisas.
Finalmente en Rosario, Bullrich posó el jueves pasado en Gendarmería con su par santafesino y los fiscales ante una especie de muestra abierta de los 90 allanamientos que, casualmente, coincidieron con el día en que estaba invitada a disertar en Derecho por el MPA. Pero la última función del show no pudo ser. Una multitud la esperaba en la facultad, convocada por organizaciones de derechos humanos, estudiantiles, sociales y gremiales para repudiar su presencia en la ciudad y declararla “persona no grata”.
“No queremos mano dura, no queremos represión, queremos para los pibes trabajo y educación”, cantó y reclamó la pibada, en un agite que si bien tuvo como principal destinataria a la Ministra de Seguridad de la Nación, también apuntó a Pullaro y a los propios fiscales del MPA, que escucharon el batuque desde el salón principal de la alta casa de estudios.
