Los que rechazan a Evo esgrimen argumentos con variable grado de verosimilitud. Pero al plantear el apoyo al ex presidente Carlos Mesa, ajustador neoliberal que renunció en medio de la masacre de 2005 y ahora se presenta como “lo nuevo”, asoma el discurso negador de la historia típico de las derechas.
Más allá del mayor o menor grado de verosimilitud de los argumentos que esgrime la oposición a Evo Morales, una buena parte de ella tiene un talón de Aquiles. Todas sus razones se desmoronan ante la apelación a un ominoso fantasma del pasado que echa por tierra todas las críticas al gobierno actual. A la hora de ofrecer una alternativa, de proponer un candidato, la oposición muestra su verdadero rostro: el de la restauración conservadora.
Si el ex vicepresidente y luego presidente Carlos Mesa es “la opción más significativa”, y “la alternativa” a la gestión de Morales, todo el discurso opositor parece una broma de mal gusto, o bien el típico planteo perverso, negador de la historia, la memoria y la realidad, que exhiben las posturas de derecha en buena parte del mundo. El odio de clase y el racismo no son ajenos a estas posturas: permanecen escondidos detrás de distintas máscaras.
El 27 de enero tendrán lugar las elecciones primarias. Y en octubre, en fecha a confirmar, se elegirán presidente, vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores. Las encuestas asignan entre un 35 y un 39 por ciento a Evo. Le sigue Mesa, con porcentajes que oscilan entre 25 y 31 por ciento. Los demás candidatos aparecen con pocas posibilidades, de acuerdo a los sondeos. Samuel Doria Medina, que se ubicaba tercero con porcentajes de entre 3 y 10 por ciento, se retiró de la competencia. Pero estos sondeos se limitan a área urbanas. Las zonas rurales son altamente favorables a Evo y se calcula que podrían representar 15 puntos más en favor del oficialismo.
Mesa fue vicepresidente en la segunda presidencia de Gonzalo Sánchez de Losada (que ya había gobernado por primera vez en el período 1993-1997), y ejerció la primera magistratura entre 2003 y 2005, tras la huida del presidente, que debió dejar el cargo en medio de grandes protestas ferozmente reprimidas (con más de 60 muertos y 700 heridos), el 17 de octubre de 2003.
Sánchez de Losada, al que todos los medios del mundo compararon por aquellos días con Fernando de la Rúa, huyó en helicóptero y se refugió en EEUU. “Ha llegado la felicidad del pueblo boliviano. No le vamos a dejar salir del país; tiene que estar 30 años en la cárcel”, señaló el 17 de octubre de 2003 el por entonces dirigente cocalero Evo Morales.
Sánchez de Losada siguió a pie juntilla el manual del gobernante neoliberal: hambreó al pueblo, aplicó un impuestazo, entre otras tantas medidas impopulares, intentó sostener el ajuste con represión, y huyó dejando un tendal de muertos. Mesa formó parte de ese gobierno y sucedió en el cargo al presidente prófugo. Después, él mismo debió huir.
Al ejercer la presidencia, Mesa intentó despegarse del mandatario prófugo, y de su propia responsabilidad en la masacre del llamado “Octubre negro”. Pero la máscara se cayó pronto.
Terminó renunciando el 9 de junio de 2005, en medio de nuevas protestas en respuesta a los ajustes que siguió aplicando. Evo fue uno de los dirigentes que encabezó las protestas contra Sánchez de Losada y Mesa.
Como si nada de esto hubiese ocurrido, como si la historia pudiese borrarse de un plumazo, y apelando a una suerte de amnesia colectiva fogoneada por los medios hegemónicos de comunicación y las noticias falsas, Mesa se presenta ahora como una alternativa para las elecciones presidenciales de octubre.
Tras repetir una y otra vez que no sería candidato a presidente, en octubre del año pasado, a través de YouTube, Mesa lanzó su candidatura a la presidencia. Se presentó como el “comienzo de un nuevo tiempo” en un momento de “inflexión histórica”.
El ex presidente consideró a Evo como “el pasado” porque, a su juicio, al mandatario “le importa más seguir en el poder que su propio proyecto político”. Mesa señaló, asimismo, que va a terminar “con un continuismo inaceptable”. Y en este sentido, hizo alusión a uno de los argumentos más esgrimidos contra la candidatura de Morales: “Llegó al poder en 2006 con un discurso de renovación, pero ahora busca un cuarto mandato consecutivo ignorando que el referendo del 21 de febrero de 2016 vetó su pretensión de ser reelegido”, señaló Mesa. Pero este argumento, acaso el que suena, en principio, más atendible, ya fue refutado en dos oportunidades por la Justicia. Y es, literalmente, cosa juzgada.
El 8 de diciembre de 2018 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó la nueva postulación, como ya lo había hecho el Tribunal Constitucional Plurinacional en noviembre. El TSE habilitó al binomio presidencial Evo Morales-Álvaro García para participar de las elecciones primarias del 27 de enero de 2019 y las generales de octubre de ese año. El fallo permite al actual presidente a ser candidato a una nueva reelección. De esta manera Evo, que gobierna desde 2006, podría postularse por cuarta vez consecutiva a la presidencia.
En noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia autorizó a las actuales autoridades nacionales y sub-nacionales a competir en las elecciones de 2019. El TCP aceptó el recurso de inconstitucionalidad que había presentado el oficialismo junto a un amplio espectro de organizaciones sociales argumentando que las limitantes para una eventual repostulación del mandatario se contraponían al pacto de San José de Costa Rica.
El argumento del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS) y las organizaciones que acompañaron la presentación ante el TCP, es que debe respetarse el derecho del presidente a ser elegido y el del pueblo a elegirlo, tomando en cuenta el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Morales accedió por primera vez a la presidencia el 22 de enero de 2006 con la vieja Constitución. Posteriormente, convocó a una Asamblea Constituyente, que elaboró una nueva Carta Magna que entró en vigencia en febrero de 2009. Su primer mandato con la nueva Constitución se inició en 2010 y se prolongó hasta 2015. En ese marco fue reelegido por única vez para el período 2015-2020.
En febrero de 2016 se realizó un referendo consultando al pueblo sobre la posibilidad de una repostulación del presidente a través de una reforma constitucional. Se impuso el “no”, pero ese resultado fue cuestionado cuando se supo que fue, en buena medida, producto de una campaña de desprestigio y calumnias contra Morales con informaciones falsas luego desmentidas. Los medios hegemónicos señalaron que el mandatario tenía un hijo no reconocido. Posteriormente, la madre del niño confesó que Morales no era el padre, y que la patraña formaba parte de una trampa para perjudicar al presidente. Cuando la verdad se conoció, como suele suceder en estos casos, el daño ya estaba hecho y Evo ya había perdido el referendo.
Los daños causados por décadas de saqueo neoliberal
Una comisión de legisladores investigó las gestiones gubernamentales desde 1985 hasta el 2005 y reportó un daño económico al Estado de unos 21 mil millones de dólares debido a la privatización de empresas públicas.
El documento, que consta de 2.700 páginas y está dividido en tres tomos, analiza las acciones de los presidentes Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga, nuevamente Sánchez de Lozada y, por sucesión, Carlos Mesa.
El informe indica que entre 1933 y 1988 se crearon 213 empresas públicas: 78 pertenecían al Gobierno nacional, 92 a corporaciones regionales de desarrollo, 17 a prefecturas y 25 a alcaldías. Del total, 107 eran productivas y de éstas, 85 fueron vendidas. Además, 105 pertenecían al área de servicios, de las cuales 72 fueron privatizadas.
El trabajo se inicia con una reseña sobre la aplicación del modelo neoliberal y hace mención a 17 normativas que formaron el marco jurídico para enajenar bienes públicos en favor de empresas privadas.
Se identificó a 55 personas que participaron en los procesos de privatización de las empresas estatales, quienes habrían incurrido en delitos por firmar contratos lesivos al Estado, ocasionando un daño económico al patrimonio público.
Tras casi cuatro años de trabajo, la Comisión Mixta de Investigación del Proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas comenzó esta semana a analizar el informe y apuntará a determinar las responsabilidades de los funcionarios implicados.
“Existen un sin número de recomendaciones que serán realizadas, porque hubo perjuicios económicos que se ocasionaron, por lo tanto, estamos sugiriendo como comisión que éste documento, como trabajo de investigación, pase a las instancias correspondientes como la Contraloría General del Estado, al Ministerio de Justicia y también a la Procuraduría General”, afirmó este martes 15 el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la comisión, Rubén Medinaceli.
Bolivia contaba con siete empresas estratégicas, Corporación Minera de Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Empresa Nacional de Electricidad, Empresa Nacional de Ferrocarriles, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Lloyd Aéreo Boliviano y Empresa Metalúrgica Vinto. Todas ellas fueron privatizadas
“Identificamos las irregularidades, lo que hay que hacer ahora es tipificar esas irregularidades y establecer responsabilidades”, afirmó Medinaceli.
