En apenas un mes, diez militantes sociales fueron asesinados en Colombia. Se suman a una larga lista que no deja de crecer. Pueblos originarios, movimientos campesinos y ex guerrilleros, entre otros, siguen siendo víctimas del terrorismo estatal o paraestatal.
La masacre continúa en Colombia. Los militantes, los líderes sociales, los campesinos, los que integran organismos de derechos humanos, los ex guerrilleros, entre otros, están en serio peligro. Este país sigue a pie juntilla las recetas importadas de EEUU para combatir “el narcotráfico y el terrorismo”. A juzgar por los resultados, estas “guerras”, en realidad, tienen otros objetivos muy diferentes. Y Colombia, sin embargo, no suele ocupar la primera plana de los medios hegemónicos que se horrorizan por la situación de los derechos humanos y la violencia en otros puntos del planeta.
Según informó el diario colombiano El Espectador, el movimiento Defendamos la paz denunció que desde el 23 de junio, día en que se convocó una marcha “por la vida” a raíz del asesinato en Tierralta (Córdoba) de la lideresa María del Pilar Hurtado, fueron asesinados al menos a diez líderes sociales más. “Indígenas y campesinos han caído a manos de las balas disparadas por personas aún sin identificar y se han convertido en una razón más para salir a las calles a reclamar el respeto a la vida”, señalaron los militantes con relación a una nueva movilización que tuvo lugar, en Colombia, y 28 ciudades del mundo (entre ellas Buenos Aires), este viernes 26.
En este marco, el gobierno de Iván Duque continúa asegurando que, con la implementación del Plan de Acción Oportuna (PAO) en noviembre pasado, “se redujo en un 50 por ciento el asesinato de líderes sociales”.
Pero en las calles de Colombia la sensación es otra. Incluso dentro del Congreso, donde la denominada bancada alternativa (opositora) sostuvo carteles con las imágenes de varios líderes sociales asesinados, informó El Espectador.
Los crímenes impunes contra las mujeres y hombres que luchan son moneda corriente en Colombia. El mismo día en que asesinaron a Hurtado, mataron asimismo en Floridablanca (Santander) a la abogada y lideresa ambiental Yamiel Guerra Suárez, quien había dedicado una parte importante de su vida a la defensa del medio ambiente y las condiciones de vida de la población de la zona cercana al páramo de Santurbán, en la región homónima.
“Los asesinatos de estos diez líderes sociales son diez razones más para salir a las calles y plazas en las 57 ciudades de Colombia y del exterior, en las que se han citado movilizaciones y plantones. Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a que caminen con nosotros y hagan presencia en los actos previstos para ese día por la vida de quienes defienden la vida y la paz en los territorios”, dice un comunicado difundido esta semana para llamar a la marcha del viernes 26.
Ese mismo día, en Cartagena, se realizó una “Mesa por la vida”. Según informó el líder social y encargado de coordinar los procesos de protección con las autoridades, Aldo Lora, en esa ciudad hay 31 líderes amenazados.
A la lista de amenazados, denunciaron los convocantes, se le sumó además Rosa Marrugo, presidenta de la junta de acción comunal del sector Bolívar del barrio Villas de Aranjuez en Cartagena. A través de un panfleto, desconocidos le aseguraron que tenía 73 horas para irse de su casa o de lo contrario la matarían. “Necesitamos que se fortalezcan las medidas de protección, así como las tienen los diputados, ediles, concejales y hasta sindicalistas. Le pedimos al Gobierno que inyecte recursos en la Unidad Nacional de Protección porque no nos podemos dejar vencer a los violentos”, aseguró Lora a Caracol Radio.
Según informó El Espectador, el líder social contó además que sus compañeros sufren problemas psicológicos. “Muchos tenemos miedo de salir a la calle o simplemente de ver una moto porque pensamos que nos van a matar”, dijo.
Por su parte, pueblos originarios denunciaron que atraviesan una crisis humanitaria que se “evidencia en un sistemático genocidio” en su contra, y que el gobierno del presidente Duque incumple los acuerdos firmados, informó el portal de noticias colombiano Minuto 30.
El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, indicó en una rueda de prensa que desde que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, en 2016, “van más de 400 líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados, de los cuales 146 son indígenas”. Desde que comenzó el mandato de Duque, el 7 de agosto de 2018, “han matado a 82 líderes y autoridades indígenas y se han dado miles de afectaciones a nuestros pueblos”, indicó Arias.
A través de un documento, los originarios denunciaron confinamiento, desplazamiento forzado, asesinatos, amenazas, violencia sexual, torturas, secuestros, desaparición forzada e “incontables vulneraciones de los derechos colectivos y territoriales”. Según denunciaron, estas situaciones ocurren especialmente en los departamentos de Nariño, fronterizo con Ecuador, y sus vecinos Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Arauca y Norte de Santander, todos ellos azotados por la violencia derivada del conflicto armado.
La preocupación de la ONU
Tras su visita a Colombia, los 15 representantes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hicieron un llamado al gobierno de Colombia para que las medidas anunciadas para los excombatientes, líderes y defensores de derechos humanos se traduzcan en hechos.
Los representantes de la organización aseguraron que “si bien es cierto que el Gobierno articuló una estrategia para proteger a estas personas, ven la necesidad de que estas medidas se traduzcan en resultados concretos para prevenir ataques y para llevar a los responsables ante la justicia, especialmente con miras a garantizar elecciones locales pacíficas e inclusivas en octubre de 2019”.
La ONU hizo un llamado con relación al desarrollo de los acuerdos emanados de los procesos de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), que se vieron muy trabados y boicoteados por el gobierno de Duque.
En este sentido el organismo solicitó que se garantice que el sistema de justicia transicional (que forma parte de los acuerdos de paz con las FARC) pueda funcionar de manera “independiente y autónoma con el apoyo político y financiero necesario”.
Además, los representantes de ONU informaron que “considerarán prontamente la solicitud transmitida por el presidente Duque, en nombre del gobierno y FARC, para la extensión del mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas por un año después de que el actual expire el 25 de septiembre de 2019”.
La ONU recomendó continuar con una mayor implementación de las disposiciones de género del acuerdo de paz y alentaron a las partes a que prioricen este tema, incluso dentro del programa de reincorporación y proporcionen garantías de seguridad para mujeres.
“Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron que el proceso de paz sigue siendo un ejemplo para otros en todo el mundo”, señala el comunicado de prensa del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Colombia, tras la visita que realizaron sus miembros entre el 11 y el 14 de julio de 2019.
Los integrantes de la misión, liderada por Perú y el Reino Unido, se reunieron con el presidente Duque, con representantes de la FARC, varios partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de la justicia transicional, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Equipo de País de las Naciones Unidas en Colombia.
“Los miembros del Consejo de Seguridad se sintieron alentados por el compromiso de la mayoría de los ex miembros de las FARC-EP con el proceso de paz y con la construcción de nuevas vidas en el ámbito civil”, señala el comunicado, que a la vez que reconoce esfuerzos por parte del gobierno, advierte que los resultados no siempre se condicen con las iniciativas oficiales.
