Un jefe policial ansioso reprendido por Whatsapp, la intervención a la Unidad Regional de San Lorenzo y una fuga facilitada ponen en escena la reacción a la nueva conducción de Seguridad.
La difusión pública de la renuncia del jefe de Policía de Rosario porque transcurridas 48 horas del nuevo gobierno provincial no había recibido lisonjas ni instrucción telefónicas, y la relajada fuga de Ariel Teletubi Acosta del Centro de Justicia Penal con la complicidad de agentes del Servicio Penitenciario ponen en escena los escarceos del primer round de una pelea de fondo. Ambos hechos representan los primeros síntomas de la reacción de un sector policial a la decisión del gobernador Omar Perotti y su ministro de Seguridad, Marcelo Saín, de interrumpir lo que denominaron “un pacto de gobernabilidad, directo o indirecto, con el delito” tanto de las fuerzas de seguridad como de la política. Una de las primeras medidas en ese sentido consistió en la intervención de la Unidad Regional XVII, del departamento San Lorenzo, cuyo jefe político es el senador Armando Traferri, otro actor de esa disputa.
Traferri, que lidera un grupo jefes territoriales en el Senado, realizó su aporte, a través del Nuevo Espacio Santafesino (NES), al triunfo de Perotti en las elecciones de invierno. La vicegobernadora, Alejandra Rodenas, proviene de ese espacio político. Perotti designó al senador de San Lorenzo como uno de sus representantes en la mesa de transición de su futuro gobierno con el del Frente Progresista. Traferri intentó incidir en la conducción del Ministerio de Seguridad del peronismo pero el mandatario electo desestimó esa opción y el vínculo comenzó a deshilacharse.
El senador renunció a la mesa de transición, dijo públicamente que querían aplicarle “la vacuna de la obediencia debida”, acordó con el ex gobernador Miguel Lifschitz aprobar el presupuesto 2020 que debe ejecutar Perotti y afirmó que el justicialista no tendrá “una Legislatura obsecuente”. El hilo se había cortado.
Sin menciones de nombre, en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa Perotti dijo que “tal como hemos visto este año en casos de notoriedad pública, el desdeño estatal se manifestó en la «vista gorda» policial pero también judicial y política, cuando no en la complicidad asentada en un pacto de gobernabilidad directo o indirecto con el delito”. Estos elementos, que son públicos, trazan los contornos que delimitan el campo donde se produce la batalla.
Bienvenida
A las 48 horas de asumido el nuevo gobierno, el jefe de la Policía de Rosario (Unidad Regional II), Marcelo Gómez, presentó su renuncia al cargo, del mismo modo que lo hicieron sus pares de Reconquista y Rafaela. Para entonces ya había sido designado como jefe provincial de la fuerza el ex titular de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), el policía retirado Víctor Sarnaglia.
El diario La Capital publicó el sábado 14 que el día anterior Gómez había presentado su dimisión, 48 horas después de que el gobernador Perotti planteara en su discurso de asunción aquello de la intolerancia entre el Estado y el delito.
El jefe policial no había podido contener su ansiedad por saber qué iba a suceder y renunció, según explicó. “Me hubiese gustado que en estos dos días de la nueva gestión se comunicaran conmigo para saber cuál es la situación en la Unidad Regional II, qué necesitamos, qué está pasando e incluso, si iba a haber cambios, cuáles serían los mismos”, dijo Gómez en esa nota.
Tal vez advirtiendo que como jefe de una Unidad Regional no es necesario que a cada rato le comuniquen cuál es su función, aclaró que “más allá de que la policía sabe cómo manejarse y los cambios son lógicos, en el día a día hay cuestiones de logística que mantener y nosotros no tenemos ninguna respuesta por parte de las nuevas autoridades”.
No fue así. Sarnaglia reveló que “Gómez notificó al subjefe provincial que iba a dejar el cargo porque consideraba cumplida una etapa”. No era la ansiedad, sino el paso del tiempo.
“Lo hizo mediante un diálogo por Whatsapp y su superior, el comisario Martín Musuruana, le aceptó su decisión aunque le pidió que siguiera hasta la designación de su reemplazo”, explicó el jefe de Policía. Sarnaglia abundó en una obviedad: “Aquí hay 20.742 policías en toda la provincia y no le podemos decir a cada uno lo que tiene que hacer”.
Las intenciones del ansioso Gómez quedaron más claras unos días después cuando se conoció un audio de Whatsapp de contenido enfático que le envió el ministro Saín.
El comisario había dejado sin custodia policial a los edificios del Poder Judicial que están vigilados desde que ataques atribuidos a Los Monos y a Esteban Alvarado –dos jugadores importantes del negocio narco que dirimen sus diferencias por medio del poder inapelable de las municiones- ralearon vidrios y mamposterías de inmuebles públicos.
“Director Gómez, habla Marcelo Saín, ministro de Seguridad”, comienza el mensaje de audio que recibió el jefe rosarino. “Le ordeno por este medio que restituya de manera inmediata, inmediata, el servicio de custodia de edificios públicos en una hora”, le ordenó el titular de la cartera, que no empleó dos veces el adjetivo “inmediato” por padecer tartamudez sino para enfatizar su mandato.
“Si en una hora no lo restituye –completó- mañana usted es denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y si ocurre algo en este tiempo las consecuencias para usted van a ser más grave desde el punto de vista penal”.
Pero lo central del planteo, que se perdió por la costumbre periodística de convertir la anécdota en titular, fue lo siguiente: “Usted no tiene ninguna facultad para estar deliberando con la conducción política y con la conducción policial nada respecto de lo que tiene que hacer en cuanto al cumplimiento de la seguridad de los rosarinos”.
Ese párrafo contiene la centralidad de la política de Seguridad que desea llevar adelante Saín: el cumplimiento del deber, sin apartarse de las normas. “De lo contrario –completó el ministro en el mensaje de audio- voy a ir para allá y la cosa se va a poner picante”.
También en esos primeros días de gestión, Saín enfrentó otro obstáculo menos visible que los dichos públicos del director de policía Gómez. A través de su cuenta en Twitter, debió aclarar que no pensaba recortar las horas Ospe (Orden de Servicio de Policía Extraordinaria), como indicaba un rumor que intranquilizaba a la fuerza, tierra fértil para ser operada con prejuicios ideológicos sobre la nueva conducción.
“Estos boatos lo hacen correr los referentes policiales que desde la llegada de esta nueva gestión gubernamental perdieron centralidad y autonomía para hacer lo que se les dé la gana. Incluso convivir con el delito”, tuiteó.
Como por un tubi
El tercer elemento que en la cartera de Seguridad interpretan como reacción a la nueva conducción fue la relajada fuga de “Teletubi” Acosta, un “tira tiros” del Parque del Mercado que unos minutos antes de firmar un juicio abreviado por el que iba a ser condenado a 13 años de prisión, abandonó a tranco sereno el edificio del Centro de Justicia Penal de Rosario.
Según las grabaciones de cámaras de videovigilancia que se utilizaron para imputar a dos miembros del Servicio Penitenciario por facilitamiento doloso de evasión, Acosta no encontró escollos para su huida, acción que no le requirió más méritos que el de movilizarse por sus propios medios. Las puertas hacia la libertad estaban abiertas.
El hecho revela la facilidad con que una acción de las fuerzas de seguridad puede embarullar a una gestión que le reclama decencia.
También en los primeros días de gestión, Saín decidió la intervención de la Unidad Regional de San Lorenzo, el territorio de Traferri. Dos policías imputados y con prisión preventiva como presuntos cómplices de la banda liderada por Esteban Alvarado prestaban servicios allí, aunque los delitos por los que se los acusa no se registraron en esa jurisdicción.
El jefe de esa Unidad Regional hasta los últimos días de gestión del Frente Progresista, Gonzalo “Chino” Paz, cercano a los oficiales Gustavo Spoletti y Cristian “Chamuyo” Di Franco –los dos apresados por supuesta complicidad con Alvarado-, pidió su pase a retiro a los pocos días de la caída de sus camaradas.
Sin embargo, Saín decidió reemplazar a quien reemplazó al Chino Paz e intervenir la Unidad Regional ante presuntas irregularidades de algunos de sus integrantes. A lo que sumó la quema del auto del fiscal Aquiles Balbis, luego de que acusara en una audiencia al jefe de la Alcaidía de San Lorenzo por incumplimiento de sus deberes.
Traferri, que mantiene una disputa de poder con el gobierno de Perotti, exhibió su agilidad ante la decisión oficial, al saludar la intervención y enumerar una serie de delitos que se cometerían en su jurisdicción y que todos los vecinos conocen. Conocedor de quiénes son sus contendientes, Saín respondió que le gustaría que el senador “nos aporte esa información sobre lo que dice que todo el mundo sabe. Imaginamos que él habrá hecho alguna denuncia”.
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