Mantené los 2 metros de distanciamiento - Provincia de Santa Fe

El gobierno realizó una radiografía de la Policía realmente existente en Santa Fe. Móviles rotos, dependencias en malas condiciones, carpetas médicas por salud mental y carencias materiales del personal conforman parte de la hoja de ruta.

Casi un 30 por ciento del parque automotor de la Policía de la provincia de Santa Fe está fuera de servicio. Las condiciones de conservación edilicia son del 25 por ciento en los inmuebles de la fuerza en Rosario, llega 50 en otros siete departamentos. Casi el 8 por ciento del personal no presta funciones por estar con “carpeta médica”, y de ese total un 18 por ciento padece problemas de “salud mental”, en ocasiones asignados a las “presiones” de sus superiores. El 66,5 por ciento de los y las policías alquilan las viviendas en las que residen. Más de la mitad de las mujeres de la fuerza son responsables únicas de sus hogares, por lo que “deben compatibilizar sus responsabilidades y tareas laborales con el mantenimiento del cuidado diario de sus familias”. Suelen sufrir situaciones de acoso, violencia de género y abuso de poder que no encuentran canales institucionales de resolución. La inversión presupuestaria en seguridad, con excepción del año 2015, fue siempre por debajo de la inflación en el período 2014-2019, y las partidas correspondientes a la emergencia declarada a fines de 2012 fueron perdiendo paulatina participación en relación al total de recursos con el que contó la cartera, hasta ser del 0,02 por ciento el año pasado. El departamento con más efectivos por cada 10 mil habitantes es Garay, donde el año pasado se produjo un homicidio. No luce justamente como “la Policía de Noruega” que el ministro Marcelo Fabián Saín suele mencionar como ejemplo, por contraste, con la realmente existente en el tercer distrito del país.

Esos son algunos de los datos que se desprenden de varios informes preliminares sobre la situación de la Policía provincial y del Ministerio de Seguridad elaborado por la actual gestión de la cartera y entregado a legisladores y concejales como insumo para avanzar en la declaración de emergencia y las reformas de la institución.

Aunque no la menciona, el informe revela que, si bien la corrupción policial es un drama que inevitablemente se debe enfrentar en procura de una fuerza decente y más eficaz en la consecución de sus metas, no es ese el único frente –ni el excluyente– que debe encarar la nueva gestión en la producción de estándares de seguridad pública aceptables.

Reparto desigual

Una de las carencias que encontraron las autoridades del Ministerio de Seguridad al asumir sus cargos fue la deficiente –a veces escasa, otras desactualizada– información confiable sobre la cartera y la fuerza de seguridad provincial. Por eso crearon un Observatorio de la Seguridad Pública y anunciaron la realización de un censo policial –el anterior es de 2016– y una encuesta de victimización de la población, para tener elementos que permitan conocer cómo la ciudadanía percibe su relación con el delito, la delincuencia y los modos de abordar la problemática.

Con los datos disponibles, elaboraron un preinforme que indica que en Santa Fe hay 21.431 policías. Según el censo de 2016, el 65 por ciento son varones y el 35 mujeres. El 40,2 por ciento del personal policial trabaja en las Unidades Regionales I y II de Santa Fe y Rosario que, paralelamente, concentraron el 80 por ciento de los homicidios dolosos en 2019.

Si se analiza el número de efectivos en relación a la población de cada departamento de la provincia, la distribución es rara.

La tasa de personal efectivo cada 10 mil habitantes muestra que sólo el departamento Garay posee más de 100 policías por ese número de pobladores. El informe del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre homicidios de 2019, difundido semanas atrás, muestra que en el departamento Garay ocurrió un (1) asesinato el año pasado. En 2018 no se registró ninguno.

Otros cinco departamentos del centro-norte poseen una tasa de entre 50 y 100 policías cada 10 mil habitantes (zonas con escasa población, vale aclarar), mientras que Rosario, La Capital, Castellanos, San Lorenzo, General López y Constitución –entre otros– tienen una relación de “hasta 50 efectivos” por cada 10 mil personas.

La policía enloquece

De acuerdo a la información relevada por la flamante Subsecretaría de Bienestar y Género en la Policía, a octubre de 2019 había 1.501 trabajadores policiales con licencia médica, de larga y corta duración. Cerca del 8 por ciento del total del personal.

“De este total, en la zona centro-norte el 58,08 por ciento corresponden a diferentes patologías clínicas, el 20,72 a problemáticas traumatológicas, el 20,88 a cuestiones de salud mental y un 0,31 a problemas de salud mixtos”, reseña el preinforme entregado a los legisladores.

Agrega que “en la zona sur el 62,32 por ciento corresponden a diferentes patologías clínicas, el 23,21 por ciento a problemáticas traumatológicas y el 14,46 por ciento a cuestiones de salud mental”.

Además, “dentro del espectro de patologías evaluadas se observa una alta prevalencia de enfermedades de trastornos del espectro ansiosos depresivo y trastornos adaptativos”.

El preinforme señala que “se menciona por parte de los agentes la sensación de falta de contención psicológica o psiquiátrica por parte de la institución, con escasas o nulas medidas de prevención en cuestiones de salud mental, como así también de los controles periódicos de salud establecidos por la ley”.

En cuanto a los motivos de esos índices, “en reiteradas oportunidades se mencionó el malestar ocasionado por las presiones ejercidas por los superiores, así como situaciones de desgaste psicofísico provocado por experiencias y conflictos inherentes a la actividad laboral”, sostiene el trabajo oficial.

La Subsecretaría destacó en el documento de trabajo que observa “con preocupación” los “índices de problemáticas ligadas a la salud mental como indicadores de un importante malestar en los lugares de trabajo, dando cuenta de modos conflictivos de relación, especialmente en contextos de desigualdad de poder, con lugar para el abuso de autoridad, la arbitrariedad y discrecionalidad en las decisiones, en las que aparecen con bastante peso las diferencias de género”.

Para ese problema que es consecuencia de la cultura institucional de la Policía, y que no es novedoso, el documento sostiene que “no hay una política institucional que intervenga sobre esta problemática, ni que prevea dispositivos de participación democrática de los trabajadores, ni que les brinde contención y acompañamiento” ya que “no se realizan tampoco seguimiento de las situaciones”. 

Lejos de la casa (alquilada) 

Los datos estadísticos a los que accedió el eslabón abundan, también, en aspectos sociales de las y los policías, que no son extremadamente diferentes a los del promedio de los asalariados luego del huracán Mauricio.

El 66,5 por ciento de los y las trabajadoras alquila, vive en la casa de otro familiar o en una vivienda prestada y/o compartida. El 32,7 tienen vivienda propia, pero el 22,7 aún la está pagando. “El acceso a la vivienda es un problema de importancia entre lxs trabajadorxs de la policía. Existe una resolución que en acuerdo con el IAPVU establece un cupo policial para participar en el otorgamiento de viviendas sociales, como ejemplo de una política multiagencial a profundizar”, sostiene la Subsecretaría.

Agrega que en Rosario se avanzó en la creación de un jardín maternal, pero en Santa Fe no llegó a concluirse. “Este tipo de políticas dirigidas a facilitar el acceso a espacios de cuidado de lxs hijxs del personal policial, así como el establecimiento de lactarios en los espacios de trabajo, constituyen ejemplos de iniciativas a continuar y mejorar”, reseña.

El problema no es menor para las y los integrantes de la fuerza. Según el relevamiento, la cantidad de policías que trabaja en un lugar distinto al que viven constituye un 43,8 por ciento. “Del total de mujeres representan el 39,4 por ciento las que se trasladan y del total de varones el 46,1”, detalla.

Sobre los traslados, el análisis de la Subsecretaría de Bienestar dice que “en cuanto al tiempo de trayecto al trabajo al 74,1 por ciento de lxs policías les toma hasta una hora, al 12,9 por ciento de 2 a 4 horas y al 9 por ciento más de 4 horas” diarias.

“Aquí emerge un primer nudo problemático sobre el cual será necesario construir intervenciones que apunten al bienestar policial, en lo que respecta a la asignación del lugar de destino y los traslados por razones de servicio y las distancias respecto de los domicilios particulares y familiares del personal”, abunda el documento oficial que llegó a manos de los legisladores.

“El acceso al transporte para concurrir al trabajo –continúa– en estos casos también es un aspecto a trabajar. En conjunto con el salario y la duración de la jornada laboral, especialmente las guardias de 24 horas, aparecen como los primeros aspectos organizativos que afectan gravemente las condiciones laborales del personal provincial de la provincia”.

Aun cuando las declaraciones públicas de los funcionarios sobre policías que actúan como aquellos a los que deben perseguir obtienen mayor repercusión, las perspectivas de trabajo del Ministerio de Seguridad revelan, en estos dos meses de gestión, una mirada integral del asunto.

El bienestar policial es una de esas patas sobre las que se asienta la intención de producir una nueva policía, acorde a los tiempos y las circunstancias. Si los y las uniformadas advierten que su coyuntural jefe no es un adversario sino la posibilidad de mejorar individual y colectivamente, se verá con el correr del tiempo.

Autitos chocadores

El análisis del estado de funcionamiento del parque automotor de la Policía revela que, en toda la provincia, el 27,8 por ciento está fuera de servicio.

El departamento La Capital está por debajo de la media: el 19,5 por ciento de su parque automotor está en boxes. En Rosario, en cambio, el 28,4 no está presto para el servicio.

Otra vez el departamento Garay llama la atención. En esta oportunidad porque posee el 59,2 por ciento del parque automotor policial fuera de servicio, seguido por San Javier, con el 55,4.

Cuando el análisis se realiza no por Unidad Regional sino por tipo de policía, muestra que la Comunitaria cuenta sólo con el 51 por ciento de sus vehículos en condiciones, mientras que los Bomberos poseen el 67 y la Policía de Acción Táctica el 63.

El preinforme del Ministerio de Seguridad evalúa, además, el estado de conservación edilicia de las dependencias policiales por departamento. Rosario es el más ruinoso: sólo tiene un 25 por ciento de conservación de inmuebles de su unidad regional.

Otros siete departamentos exhiben mejor estado de mantenimiento de las condiciones edilicias policiales, en un 50 por ciento. Algunos en el sur de la provincia, otros en el centro-norte (Constitución, San Lorenzo, San Cristóbal, Castellanos, Vera).

El asunto mejora en los restantes once departamentos en los que el porcentaje trepa al 75 por ciento de conservación edilicia.

Menos que la inflación

El análisis de las partidas presupuestarias destinadas a la cartera de Seguridad en los últimos años muestra como dato saliente que esos recursos fueron por la escalera mientras la inflación subía por ascensor.

La ley de emergencia en seguridad votada en noviembre de 2012 por la Legislatura disponía, entre otras cosas, la constitución de un fondo especial –con un 10 por ciento de la recaudación del impuesto a los Sellos– para la reparación integral de vehículos policiales y el equipamiento de la fuerza, así como la construcción de dos complejos penitenciarios que permitieran reducir el nivel de alojamiento en comisarías.

La norma debía extenderse hasta 2015, cuando finalizara la gestión de Antonio Bonfatti en la Casa Gris. Finalmente, se prorrogó un año más.

Ese fondo, técnicamente denominado Sistema Administrativo-Financiero 7 (SAF 7), sumó casi 50 millones en su primer año de existencia, 2013, cuando la tasa de homicidios creció notablemente en Rosario, entre otros motivos, tras el asesinato del jefe de la banda Los Monos, Claudio Pájaro Cantero, y las siguientes vendettas que ese crimen motivó.

En 2014 trepó a 143 millones, un 65 por ciento, cuando la inflación llegó a 38 puntos. Nunca más superó o alcanzó al Índice de Precios al Consumidor. En 2015 exhibió una variación interanual del 12,3 por ciento contra una inflación del 27; en 2016 mostró una mejora del 31,8 por ciento en relación al año anterior, poco más de ocho puntos por debajo de la inflación del primer año de gobierno macrista, que ascendió al 40,3 según el Indec.

Algo similar ocurrió con las partidas presupuestarias para el Ministerio de Seguridad, según los informes a los que accedió este medio. Sólo el año en que Miguel Lifschitz ganó las elecciones a gobernador, 2015, los recursos destinados a Seguridad superaron a la inflación (33 a 27 por ciento).

La desinversión se hizo notoria desde entonces: el aumento presupuestario fue del 24,2 por ciento en 2016 contra una inflación del 40; de 22 al año siguiente con un IPC que trepó 24 puntos; del 19 por ciento en 2018 contra una subida inflacionaria del 47,6 tras las devaluaciones de ese año.

El documento oficial remarca, repasando esos datos, que “puede observarse la desfinanciación, año a año, del SAF7”, así como “un marcado deterioro del presupuesto ejecutado por el Ministerio de Seguridad con respecto a la inflación”.

El gobierno de Omar Perotti quiere que en la primera semana de febrero la Legislatura apruebe la emergencia en seguridad, además de la económica. Para lo primero es importante conocer cuál es la politiet que tiene Santa Fe. Que, efectivamente, no es la que patrulla las heladas calles de Oslo.

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