Las primeras medidas del Frente de Todos apostaron a la recuperación y marcaron diferencias con el gobierno anterior. La exclusividad y la dilatación del tema deuda externa puede retrasar el difícil recorrido por revertir la devastación socioeconómica que heredó de Cambiemos.
Contra lo que ponderan los adulones despolitizadores del “todo es lo mismo”, basta un breve y rápido repaso por las medidas nacientes para entender que los primeros ochenta días de Mauricio Macri en la gestión no se parecen en nada a los primeros ochenta días transcurridos del gobierno de Alberto Fernández. No sólo es cuestión de pasado-presente, de tiempo y espacio, de época. Más bien, de objetivos políticos y económicos, y de prioridades, de proyectos de país, de intentos de impregnar otra matriz distributiva, más justa, más igualitaria, de esfuerzos por reactivar el mercado interno. El presidente, en su discurso 2020 ante la Asamblea Legislativa, refrescará estos contrastes (que algunos no ven o no quieren registrar) entre el Frente de Todos, que recibió un país devastado, y Cambiemos, progenitor de tal devastación.
Los primeros dos meses y pico de Macri (gobierno de los CEOs) expresaron los lineamientos generales de los cuatro años de gestión de la alianza PRO-UCR. Megadevaluación y el consiguiente impacto inflacionario (índice de precios récord al final del mandato), megaendeudamiento, liberalización del mercado y bicicleta financiera, suculentos aumentos de tarifas, pago cash a los fondos buitre, despidos de trabajadores (“la grasa militante”), intervenciones en organismos públicos, quita y rebaja de retenciones agrarias, transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores mejor posicionados económicamente, balas y palos para la protesta social, persecución judicial y encarcelamiento de opositores, destrucción del aparato productivo y de la industria nacional. La desventura podría intitularse La vuelta al (in)mundo en ochenta días. Lo malo que pasó vale la pena recordarlo, para no volver a sufrirlo.
En un rotundo viraje, los primeros ochenta días del Frente de Todos mostraron a un gobierno que encaró la reestructuración de la deuda externa para intentar ganar mayor margen político y económico ante el neoliberalismo globalizado, implementó la tarjeta Alimentar, medicamentos gratis, Precios Cuidados, congelamiento de tarifas por 180 días, apoyo explícito a la ciencia y a la tecnología, rescate a las pymes, doble indemnización para frenar despidos, aumentos de salarios, subas extras en asignaciones y jubilaciones, restricciones a la fuga de capitales, fomento al turismo interno, plan de lectura, reapertura de Tecnópolis, asilo a Evo Morales y repudio al golpe en Bolivia. ¿Alcanza? Difícilmente, ante semejante desastre recibido y un contexto regional y mundial desfavorable.
Individualismo vs. solidaridad
En ochenta días es imposible revertir un grave cuadro de crisis económica y sociolaboral producto de 1.460 días de políticas de ajuste. Los hacedores de la gran hecatombe y sus coletazos actuales, mientras, se ponen serios, reclaman “un plan”, custodian privilegios, ensayan caras de preocupación. Aunque desperdigados, los neo opositores de Juntos por el Cambio encuentran asilo en los grandes medios y en los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad. Fantasean con el default, hablan por los bonistas y el FMI, sin decir que el organismo es corresponsable del ajuste, del exorbitante e impagable préstamo al gobierno de Macri y de la situación de “terapia intensiva” que describió un hospitalario Alberto.
El gobierno no está exento de “fuego amigo”. A veces, más que fuego, bombardeo. Crítica sana y no tanto. Piden más a un gobierno dispuesto a dar, a mejorar. Por momentos reina un clima hostil. No le reconocen una, se irritan por cualquier cosa que haga o digan desde el oficialismo. De dónde venimos y hacia dónde vamos pueden ser preguntas necesarias y de autoayuda. Hay avances notorios, logros que son minimizados por los medios de comunicación hegemónicos, ocupados sin descanso en acechar a Alberto y Cristina. En el gobierno también hay contradicciones, errores no forzados, conflictos de intereses, diferentes miradas dentro de una variopinta coalición, donde conviven kirchnerismo con quienes escoltaron a Cambiemos en sus inicios.
Ochenta días de puro individualismo con Macri, versus ochenta días de Fernández & Fernández donde la solidaridad dejó de ser una mala palabra (no para todos, claro). Cada proceso político tiene su contexto histórico. Poner a la Argentina de pie, como dice el gobierno, pero sobre cimientos distintos, llevará tiempo, mucho tiempo. Reactivar el mercado interno, salir de la recesión, atender las miles de emergencias, con prioridad en los sectores más vulnerables, son intentos válidos de experimentar pero no se alcanzarán en un abrir y cerrar de ojos.
Los vendedores de chatarra dijeron que la economía iba a crecer y cayó entre 2015 y 2019 alrededor de un 3 por ciento. De “pobreza cero” al 40 por ciento de pobres (16 millones de personas), según el índice medido por ingresos. De una inflación del 10 por ciento prometida al 55 por ciento a final de mandato. Todo un récord. Los datos negativos no se borrar con la llegada del nuevo gobierno.
En el debate por las jubilaciones de privilegio, la oposición de Juntos por el Cambio primero intentó bloquear el quórum, y después se fue de la Cámara de Diputados actuando un escandalete a favor de que un segmento de jubilados VIP reciba unas catorce veces más de haber previsional que un abuelo/abuela que cobra la mínima. El gobierno impone nuevos impuestos con criterios de solidaridad y los destina a la seguridad social. La actividad industrial interrumpió el proceso de caída de los últimos dos años y alcanzó en enero un crecimiento interanual del 4,8 por ciento, de acuerdo al último relevamiento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana (Fiel). ¿Se mantendrá la remontada?
A pocos días de asumir, Macri, durante un acto realizado en Pergamino con un campo de soja de fondo, anunció quita y rebaja de retenciones a las exportaciones agrarias, con la consecuente tensión inflacionaria. El actual gobierno deslizó la posibilidad de una suba de retenciones a la exportación de soja del 30 al 33 por ciento, lo que permitiría aumentar la recaudación en unos 400 millones de dólares anuales. De rápida reacción cuando se trata del bolsillo (incluso antes de que asuma AF), dirigentes de las entidades agropecuarias, en nombre del campo rico, salieron con los tractores de punta y calificaron el preanuncio como una “traición” del gobierno. Estos sectores comandados por la Sociedad Rural encuentran en las rutas un insólito respaldo de sectores medios, que hacen causa común con los grandes terratenientes, poco o nada solidarios.
Lo mismo con las empresas energéticas. El gobierno de Macri aumentó las tarifas hasta el 3.500 por ciento, dijo que los servicios públicos no son un derecho humano y encontró consenso social porque la luz o el gas “estaban baratos”. Hasta hicieron sentir culpable al usuario por “pagar poco”, que enseguida rumiaron: “Todo es culpa de Cristina”. El Frente de Todos congeló tarifas por 180 días y frenó subas en los combustibles. También, el Ministerio de Desarrollo Productivo dispuso empezar a pesificar una parte de la generación eléctrica, un primer paso hacia la pesificación de las tarifas de servicios públicos.
El que endeuda y no convida
La deuda social, o deuda interna, gravita igual o más que la deuda externa que dejó Macri, quien al comenzar su gobierno pagó 9.300 millones de dólares al contado a los fondos buitre y habilitó un nuevo endeudamiento colosal que hoy supera los 330.000 millones de dólares, incluyendo el crédito con el FMI. Endeudamiento récord que no se reflejó en la vida cotidiana de las personas de a pie. Argentina admitió que no está en condiciones de gatillar lo que se le exige y abrió rápidamente negociaciones con el Fondo y los bonistas privados. Los fondos de inversión Blackrock, Templeton, Marathon y Fidelity son algunos de los mayores tenedores de deuda argentina. Se mueven en bloque para presionar y aumentar su capacidad de reclamo y de daño.
Mientras una nueva misión del FMI llegará al país en los próximos días, el gobierno nacional terminará de definir la estructura final de la oferta en la primera semana de marzo para, en la segunda semana del mes que se inicia, hacer efectivo su lanzamiento y presentarla a los acreedores en reuniones informativas. Hay economistas, dirigentes y periodistas que creen que es mejor un default que un mal acuerdo, y otros, al revés. A priori, postergar los pagos e inyectar esos recursos en la economía real resultaría indispensable para la reactivación que busca el gobierno. El tiempo dirá.
Laberinto (¿cómo se sale?)
“La política económica del gobierno ha puesto como prioridad una reestructuración rápida de la deuda, aún a costa de mantener la economía en el letargo”, se analizó en el último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso).
El reporte, titulado La política económica en el laberinto de la reestructuración, hizo referencia a que “los ejes de la política de negociación con los acreedores giran en torno a evitar el default intentando una rápida restructuración con quitas a los bonistas privados; rechazar las reformas estructurales y el ajuste del gasto real que recomienda pero concediendo un programa tendiente al equilibrio fiscal que pondera una mejora del gasto social, incrementos de impuestos a los que más tienen y cierta parálisis de la obra pública; y una política cambiaria, de tarifas y de ingresos que prevé convivir con una inflación moderada sin grandes cambios distributivos”.
El informe del Ceso apuntó: “Las previsiones económicas aún en el caso de una exitosa reestructuración de la deuda son moderadas. El mercado interno se mantendrá relativamente estancado dado un consumo y gasto público real con bajas perspectivas de crecimiento, y una inversión que difícilmente sea el motor de la recuperación dada la capacidad ociosa reinante en el aparato productivo”. Así, el documento, admitió que “la deuda, aún reestructurada, seguirá pesando fuerte sobre nuestras espaldas económicas”. Y concluyó: “La táctica de reestructuración oficial de la deuda no está libre de riesgos”.
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