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La lista difundida por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) alcanza el número 153. La numeración está en la primera columna, luego viene el nombre y el apellido, el municipio y el departamento. Y finalmente, bajo el rótulo de “calidad”, se describe qué actividad realizaban las mujeres y los hombres masacrados.

Esta última columna es la más significativa, la más útil para describir el contexto en que se producen estos asesinatos sistemáticos en un país ocupado por tropas de EEUU y con un presidente, Iván Duque, subordinado a la estrategia del imperio y empeñado por derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

A Duque lo desvela la situación de la democracia y las instituciones de Venezuela, pero a la vez encabeza un narcoestado criminal nacido de la asociación entre grupos narcos, la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), las fuerzas de derecha y las corporaciones.

A las órdenes de su jefe y mentor, el ex presidente Álvaro Uribe, el actual mandatario boicoteó de manera alevosa el proceso de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos ex militantes son masacrados en forma sistemática.

En la última columna de la tan ominosa lista de muertos, las palabras que describen a los muertos son unas pocas, y se repiten una y otra vez: campesina y campesino, líder sindical o comunal, indígena, afrodescendiente. Y no muchas más.

En la noche del domingo 5 de julio, en Algeciras, Huila, el líder social y comunitario, y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Puente, Gentil Pasos Lizcano, de 47 años, fue asesinado en zona rural, informó el sitio de noticias colombiano Radio Blu.

El crimen se registró mientras se encontraba en una tienda de la zona, a la que llegaron hombres armados, quienes le dispararon causándole la muerte.

La representante de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila, Lorena Sánchez, resaltó la labor de Pasos Lizcano como líder agrario. “Hoy nos queremos pronunciar de manera contundente frente a los hechos que enlutan nuevamente a los líderes y organizaciones sociales, con el asesinato del compañero Pasos Lizcano, un hombre destacado por su liderazgo agrario y en la defensa de los derechos de los campesinos algecireño”, manifestó la militante en declaraciones a Radio Blu.

Este año en el municipio del Huila se han registrado más de 13 desplazamientos por amenazas y fueron asesinados tres líderes sociales y dos ex combatientes.

Un día antes, en la comunidad de Santa María Birrinchao, en el municipio de Bajo Baudó en el Chocó, fue asesinado el profesor y líder social Rubilio Papelito.

En menos de una semana mataron diez líderes sociales y comunitarios en Colombia.

Papelito fue designado docente por la Secretaría de Educación Departamental del Chocó y trabajaba como profesor en la sede principal del Centro Educativo Santa María Birrinchao, en el municipio de Bajo Baudó. Según las versiones preliminares, hombres armados habrían llegado hasta su vivienda y dispararon contra él.

La semana pasada, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció el asesinato del gobernador indígena de Agua Clara en el Bajo Chocó. El dirigente asesinado estuvo desaparecido desde el 25 de junio.

El pueblo en la calle pese a todo

Pese a la cuarentena, el pueblo colombiano protesta en las calles. Por el hambre y la falta de trabajo, producto de la pandemia. Y también por la violencia institucional, especialmente contra pueblos originarios, mujeres, militantes y movimientos sociales.

Hace quince días se conocieron casos de violaciones de miembros de las fuerzas armadas a niñas de pueblos originarios. Y se produjo asimismo otro femicidio, esta vez de la militante de la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxhãçxha, Miriam Vargas.

Una de las manifestaciones tuvo lugar este lunes 29 de junio frente al Cantón Norte, la principal unidad militar de Bogotá, para protestar contra la violación de una niña indígena por parte de siete soldados colombianos y pedir que la justicia no deje impune el caso, según informó el portal Perú 21.

A fines de junio, se reveló que una niña de 12 años, del pueblo indígena embera-chamí, había sido violada por siete militares del Batallón de Artillería San Mateo en el caserío de Santa Cecilia, en el departamento de Risaralda (centro de Colombia).

Hambre y desempleo

Según cifras oficiales difundidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el desempleo de Colombia en mayo (cuando se hizo la más reciente medición) fue de 21,4 por ciento, cuando un año atrás el indicador había sido de 10,5 por ciento. El incremento en la tasa de desempleo se dio por las medidas de aislamiento que estuvieron vigentes durante todo el mes de mayo, señala el Dane. Pero como ocurre en buena parte de los países de la región, las cifras oficiales están lejos de reflejar la realidad, porque buena parte de la economía es informal.

Luego de que el desempleo alcanzara la cifra de 19,8 por ciento en abril, a causa de la cuarentena, en mayo, segundo mes en el que el país estuvo bajo medidas de aislamiento, el desempleo se ubicó en 21,4 por ciento.

El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, indicó que el personal ocupado en mayo de 2020 pasó desde más de 22 millones a 17 millones, lo que representó una disminución de más de 4 millones.

En cuanto a la población desocupada, aumentó dos millones: desde 2.600.000 en mayo de 2019 a 4.600.000 en el mismo mes de 2020. El 36 por ciento de la población ocupada reportó trabajar menos de 20 horas en mayo, mientras en abril esta población era del 49 por ciento. Esta disminución de casi 13 puntos porcentuales se trasladó a quienes trabajan más de 40 horas. Por otra parte, el 96,5 por ciento de quienes trabajaron menos horas, indicó que esta reducción obedeció a factores relacionados con la Covid-19.

Fuente: El Eslabón

 

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