Fueron la ley de voto femenino en 1946 y la de divorcio vincular en 1954. Fue la ley de filiación y patria potestad en 1985 y la de cupo femenino en el ‘91. La creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (2002) y el Parto Respetado (2004). La creación de la Asignación Universal por Hijo, la decisión de ampliar por decreto el derecho a la jubilación de las amas de casa, la sanción de la ley 26.485 de protección integral de derechos contra las violencias de las mujeres. Se consiguió la ESI en 2006, el matrimonio igualitario en 2010, la ley de identidad de género y salud integral en 2011 y la paridad en el 2017. En 2018 fue el turno de las leyes Micaela y Brisa. Ninguna normativa – de las mencionadas y las que quedaron fuera de este párrafo – apareció como por arte de magia en la Constitución Nacional. Las mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries tejieron redes, siempre, para avanzar en la conquista de derechos. Se trató, en cada caso, de hacer política: ganar la calle, la opinión pública y trazar estrategias para volcarlo en el Congreso de la Nación. Se trató de definiciones partidarias y decisiones individuales también: ampliar el espectro de la justicia social como una forma de entender la militancia. El país transita por estos días el último tramo de un camino recorrido por años (muchos, muchos años): el de lograr que la interrupción voluntaria del embarazo sea, este 2020, ley.
El 17 de noviembre lo anunció el presidente Alberto Fernández: el gobierno nacional iba a presentar (y presentó) dos proyectos que garantizan “que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral”: el de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y el de los mil días, que fortalece la atención integral de la salud durante el embarazo y el de los hijos e hijas en los primeros años de vida. El presidente aseguró que se trataba de una forma de que la palabra empeñada recupere su valor en la Argentina. Estaba cumpliendo una promesa de campaña.
El fin del 2020 llegó con estos dos proyectos bajo el brazo, la pandemia y la muerte de Diego Armando Maradona. Las emociones están a flor de piel y el cansancio también. Durante el velorio del 10 se anunció el cronograma de debate del proyecto que legaliza el aborto. Del martes 1º de diciembre al jueves 3, pasaron 71 personas por el plenario de comisiones del Congreso de la Nación argumentando a favor y en contra de la ley. Todo indica que el dictamen estará listo el 9 de diciembre y el 10, Día de los Derechos Humanos, comenzará la discusión en la Cámara de Diputados. También se busca que, una vez lograda la media sanción, el Senado debata la ley en lo que reste del mes. Las intenciones están puestas en que sea #abortolegal2020.
El Estado al frente
“Hemos tomado la decisión de hacernos cargo de un problema invisibilizado. Si se aprueba este proyecto cada persona podrá seguir pensando y decidiendo según sus convicciones, a nadie se le va a obligar a decidir en contra de sus convicciones”, dijo Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, el martes pasado, en los últimos minutos de la apertura a la discusión del proyecto.
“Nadie promueve el aborto, queremos disminuirlo. Nadie quiere que se sancione la ley para embarazarse e ir a abortar. A las mujeres nos suceden embarazos no intencionales y nos encontramos en la disyuntiva de avanzar o no. A esas mujeres queremos recibir en el sistema de salud”, sostuvo la funcionaria y remarcó lo que ya se dijo infinitas veces: no hay opciones, el aborto es legal o clandestino.
Ibarra estuvo acompañada por Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres y Diversidad, quien hizo hincapié en que con la legalización del aborto «disminuirán los abortos» y afirmó que, además, «no estresa el sistema de salud, sino que lo desestresa», al tiempo que tampoco implica más costos sino «un ahorro para el Estado». También tuvo la oportunidad de argumentar el ministro de Salud, Ginés González García, quien se refirió al proyecto como una forma de generar “más justicia social”.
“Este no es un problema igual para todas las argentinas. Este es un problema donde la injusticia se ve claramente. Quienes enfrentan más barreras para acceder a la IVE son las que viven en condiciones de más vulnerabilidad”, sostuvo. Y agregó, dirigiéndose “a todos los legisladores, pero, además, a los que responden al Poder Ejecutivo”: “La genética del movimiento nacional es la justicia social y cuando hay un escenario tan distinto entre las mujeres que pueden y las que no pueden, y cuando las consecuencias son tan fuertes solo para unas y para otras, me parece que la justicia social tiene que actuar”.
Una voz, todas las voces
El debate por el aborto legal, seguro y gratuito creció y se ganó a fuerza de militancia y debate a lo largo de generaciones. Se dio en cada casa, asamblea, cama, lugar de trabajo. Se dio en la calle. Y ahora también, como en 2018, se da en el Parlamento. Las y los representantes del pueblo escucharon, aprehendieron y se aprestan a responder a una realidad que ya no puede esconderse: las personas abortan y ponen en riesgo su salud y su vida por hacerlo. En diálogo con El Eslabón, Mónica Fein, Patricia Mounier y Lucila De Ponti compartieron experiencias y sensaciones de tener la responsabilidad y el privilegio de ser las voces de una lucha histórica.
Acompañar desde la gestión
Mónica Fein tenía 18 años cuando ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene todavía el recuerdo vivo de un grupo de mujeres discutiendo que el Estado debía garantizar el aborto legal, seguro y gratuito. “Lo escuché y en ese momento me pareció mucho”, admite ahora, a los 63. “Pero me quedé pensando y muy poco tiempo después entendí que estaban exigiendo un derecho que llevaría mucho tiempo conquistar”.
No fue casual el cambio de idea. “Siendo estudiante universitaria, cuando había menos información y el aborto era menos más clandestino aún, acompañé, vi el sufrimiento, estuve presente en situaciones complicadas de conocidas”, relata la ex intendenta de Rosario. “Desde muy joven entendí que la salud pública debería garantizar el aborto. No hay ninguna mujer de mi edad, y seguro muchos hombres, que cuestionan el tema pero han silenciado casos, que no tengan a alguien, una amiga, una conocida, o una misma, que no haya pasado por esa situación. Durante muchos momentos de mi vida entendí y comprendí que es una situación de mucho dolor y complejidad, que por eso debía ser legal y espero que esta vez sí sea ley”,
El 1º de diciembre de ese año, Fein tuvo 7 minutos para argumentar su defensa a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo frente al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que discute el proyecto de ley de IVE. La ex intendenta de la ciudad aportó con lo que tiene: datos concretos y experiencia en la gestión. Pudo explicar que tener una política de acompañamiento a las personas que deciden interrumpir su embarazo no se traduce en más abortos o en mayor presupuesto asignado. Por el contrario, es sinónimo de calidad de vida.
Dos días después, Fein dialogó con El Eslabón. Dijo que la ponencia histórica no fue sólo lo que se enunció, sino también las sensaciones. Y que para ella estar frente a la pantalla fue pura emoción y responsabilidad. “Muchas mujeres podían tener voz ahí. Muchas que perdieron a sus hijas, muchas que vieron a sus hijas violadas pariendo, mujeres que vivieron situaciones de clandestinidad, y también las que están en el sistema de salud construyendo derechos. Yo intenté estar ahí expresando esas voces”, describió.
“Entre las expositoras estuvieron feministas impresionantes, que tienen muchas herramientas jurídicas y legales. Nosotros llevamos la experiencia construida por años. Entendimos que, como hace dos años, era necesario decir que es posible, que no implica mayores recursos. Yo sé que es difícil sintetizarlo, pero se trata, solamente, de generar vínculos”, señaló Fein. “Se trata de transformar la realidad más allá de la convicción y del discurso y acá pudimos construir un sistema que respeta la decisión de la persona”.
La gestión socialista también estuvo representada en el Congreso de la Nación en 2018, cuando el entonces y actual secretario de Salud Pública, Leonardo Caruana, fue una las más de 700 personas que expuso frente a diputados y diputadas. “En ese momento yo era intendenta de toda la ciudad y debía ser respetuosa de cada rosarino y rosarina. Sin embargo, tenía muchas expectativas con el debate. Siempre manifesté mi postura. Considero que la posibilidad de interrumpir el embarazo es un derecho humano que implica que no haya más mujeres solas, en la clandestinidad”, sostuvo la referente del socialismo.
Por Ana María Acevedo
El 19 de diciembre de 2019, Patricia Mounier asumió su banca como diputada nacional por Santa Fe en reemplazo de la ahora vicegobernadora Alejandra Rodenas. Ese día, la sindicalista y docente juró por los trabajadores, los organismos de derechos humanos y los feminismos populares. La diputada sabe que la próxima semana, cuando la Cámara de Diputados discuta la ley de interrupción voluntaria del embarazo, tendrá la posibilidad de cumplir con esos feminismos.
Patricia Mounier fue candidata a diputada nacional en 2017. Nunca se imaginó que iba a ocupar una banca cuando el Poder Legislativo discuta la posibilidad de legalizar el aborto. “Es una responsabilidad”, definió la mujer en un diálogo con este semanario que roza la charla de café. Mounier tiene 57 años. Tanto como asegura que este no es un tema “sólo de las pibas”, cuenta que en su juventud no se debatían estas posibilidades. Su postura estuvo influida por sus hijas y por el caso de Ana María Acevedo, la joven de 19 años que en 2006, estando embarazada, recibió un diagnóstico de cáncer de mandíbula. A Ana María le negaron cualquier tratamiento para proteger ese embarazo. A los seis meses le practicaron una cesárea y la beba murió. Ana María falleció 14 días después. “Yo conocí a su mamá, Norma, y le prometí personalmente que iba a hacer todo lo posible para que la ley saliera”, aseguró la legisladora.
Desde el momento que presentaron el proyecto lo hemos leído y estudiado, lo debatimos, lo comprendimos y lo apoyamos”, resumió la diputada nacional. También aseguró estar atenta a cada exposición que se llevó adelante esta semana. Mientras, contó que en estos últimos días recibió aproximadamente 993 correos electrónicos que le pedían, en distintos tonos, que vote en contra del proyecto. Eso, “más allá de los tuits”, remarcó. “Yo soy respetuosa pero no comparto las agresiones que estamos recibiendo”. Lo que queda para los próximos días es, según sus palabras, “expectativa y ansiedad”.
Los días más felices
“Fue uno de los momentos más hermosos, privilegiados y felices de mi vida”. De esa forma, la diputada provincial Lucila De Ponti recuerda la histórica votación en la Cámara de Diputados de 2018, de la cual fue parte como legisladora nacional. “Viví ese momento histórico teniendo la posibilidad de poder hablar en nombre, y no como representación sino como expresión, de todo el movimiento de los feminismos. Pude ser esa voz dentro del Congreso”.
Lucila tenía apenas 32 años, era una de las diputadas más jóvenes y nunca se había imaginado ser protagonista. O al menos ocupar un rol más allá del que estaba teniendo como todas las militantes. Sabía, sí, lo veía y le pasaba a ella, que los feminismos estaban emergiendo de forma imparable: la marea que lo cubrió todo. La legisladora lo vivió de todas las formas que pudo. Adentro y afuera, siempre haciendo lo suyo: política. “Para mí, en lo personal, fue algo muy hermoso. Pude conocer cómo es ese amor, tan, tan lindo y tan sororo”, remarcó con alegría a El Eslabón. “Yo soy militante hace varios años, y participé en muchísimas, muchísimas movilizaciones. Creo que nunca estuve en una de esas características (por la jornada del 13 de junio de 2018), no sólo por lo masiva, sino por cómo era, por el clima que se vivía ahí, que era de era de felicidad, absoluta felicidad”.
La diputada provincial y militante del Movimiento Evita piensa en ese 2018 como el momento de construcción de un derecho en el que la legislatura logró una articulación virtuosa entre lo que pasaba adentro y afuera del Congreso. “El enorme movimiento social y político pudo encontrar correlato en una estrategia parlamentaria y política. Esa situación fue excepcional en la vida política de nuestro país, reconfiguró el mapa de actores sociopolíticos en Argentina. Creo que poder corporizar la estrategia política parlamentaria junto a un montón de otras compañeras, y poder vivir ese paso a paso, ver cómo se iba construyendo ese resultado, el poder lograr que ese movimiento social también se sintiese parte de ese proceso institucional que se estaba dando… Eso no pasa siempre. Es más, no pasa casi nunca. Y esa vez pasó y yo me considero muy, muy, muy privilegiada de haber podido ser diputada ese año”.
Este año, Lucila ya no ocupa una banca en el Congreso de la Nación. Para ella, la diferencia no será mayor: primero es una militante y una más de las miles que construyeron la marea verde a lo largo y ancho del país. “Voy a estar en la calle y acompañando a un montón de compañeras y compañeros, diputadas y senadoras nacionales, que hoy tienen ese rol y que seguramente lo van a cumplir muy bien, trabajando para conseguir cada voto”, sostuvo. “Pero también, como diputada provincial y representante institucional quiero seguir apostando a la construcción de este derecho. No discutimos en la legislatura esto pero sí somos la expresión de demandas. En ese sentido también me interesa tener una participación activa desde todas las formas de participar que hay, no solo estando con mis compañeras de mi organización, estando con las compañeras de la campaña, tratando de colaborar en juntar recursos, en acompañar en todo lo que se pueda para que en Santa Fe también haya una marea verde”.
Fuente: El Eslabón
