El gobierno cerró la exportación de maíz hasta marzo para abastecer el mercado interno y la Mesa de Enlace, sin Coninagro, llamó a un lockout contra el “intervencionismo estatal”. El desafío de contener la inflación y recuperar ingresos.
La economía argentina muestra signos de mejora aunque sin alcanzar niveles prepandemia, como en cambio sí lo viene haciendo la rama industrial. Que la incipiente recuperación de la actividad se consolide dependerá no sólo del avance del plan de vacunación para controlar al coronavirus, en un contexto de ascenso en la curva de contagios. También será determinante que salarios e ingresos familiares y jubilatorios le ganen la carrera a la suba de precios y que se promueva la generación de empleo.
Para que esto suceda, la acción del Estado y su capacidad de gestión resultarán imprescindibles, aunque habrá resistencias, como lo prueba el nuevo lockout agrario convocado por la mesa de enlace –sin aval de Coninagro– en rechazo al cierre de la exportación de maíz hasta la nueva cosecha y en contra del (buh) “intervencionismo estatal”.
En diciembre y los primeros días del 2021 se recalentó la pelea de bolsillo contra inflación. La otra contienda fuerte que se avizora en este verano estallado es entre grandes grupos empresarios que controlan la producción, comercialización y exportación de alimentos, y el Estado, que, mientras enfrenta los efectos sanitarios y sociolaborales de la pandemia, busca intervenir en la economía con acuerdos y controles de precios –no siempre eficaces– en pos de incentivar la producción, crear empleo, recomponer ingresos de trabajadorxs y fortalecer así el mercado interno.
Semejante desafío resulta nada sencillo para una economía con herencia macrista y empeorada por la peste, situación que, cuarentena mediante, acarreó pronunciada caída en los ingresos de la población, contracción de la demanda y también de la oferta por el cierre de fábricas o el freno a la producción.
El alto grado de concentración y extranjerización en el sector que produce y vende alimentos es un problema serio para el país. La prepotencia que ostentan en un mercado tan sensible un puñado de empresas y grandes productores agropecuarios dificulta cualquier política distributiva y de justicia social. Son estos mismos sectores de poder los que presionan por una devaluación, luego aumentan precios si el dólar o los combustibles suben o si el poder adquisitivo se reanima ya sea por mejoras salariales o recursos estatales (tarjeta Alimentar, AUH). Abusan de su posición dominante y vacunan con los precios.
Precio político
El kilo de carne, alimento base en la mesa de los argentinxs, por encima de los 600 pesos, o la botella de aceite de 900 centímetros cúbicos a 150 mangos, es un atentado a la seguridad alimentaria. Son precios dolarizados en góndolas locales, no para cualquiera.
La Corriente Federal y la CTA reclamaron mecanismos que eviten distorsión de precios en las góndolas. Destacaron que para dinamizar el mercado interno “es necesario recuperar el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones”. En un comunicado, añadieron: “Si los formadores de precios, en especial los de alimentos, se apropian de los aumentos salariales, no se producirá el deseado efecto sobre la economía”. En igual sentido, evaluaron que el programa Precios Cuidados fue “insuficiente”, ya que “es escandaloso el costo de los alimentos en un país que los produce”.
En el comienzo del año, el gobierno nacional intensifica medidas y acciones con el objetivo de contener la inflación y recuperar ingresos. En este tren se busca ampliar el alcance del plan Precios Máximos, resistido por la industria alimenticia.
También anunció que pretende sumar marcas y productos a la nueva etapa de Precios Cuidados, que dejará correr un toque la remarcadora. Ensaya acuerdos de precios en alimentos básicos, como carne y aceite. Impulsa la entrada en vigencia de la ley de góndolas para darle más presencia a pymes y pequeños productores en los supermercados y ampliar oferta de productos.
En tanto, Alberto Fernández frenó la suba en medicina prepaga, mientras las tarifas de servicios públicos siguen en el freezer y se regulan telecomunicaciones. Sin embargo, a contramano, por imposición de petroleras y refinerías, y a raíz de la suba en biocombustibles utilizados para las mezclas, el gobierno habilitó un nuevo aumento de casi 3 por ciento en los precios de nafta y gasoil, el quinto incremento desde agosto pasado después de diez meses sin retoques en los surtidores. Se sabe que casi todo se mueve sobre ruedas y que el encarecimiento al momento de llenar el tanque le pega rápido a otros precios de la economía.
En su primer año de gobierno, AF consiguió bajar veinte puntos la inflación con relación al último año del macrismo, que dejó el récord de casi 55 por ciento tras recibir en 2015 un promedio anual de inflación del 30 por ciento. Según datos oficiales, el índice general de precios al consumidor de todo 2020 fue del 35 por ciento, aunque el costo de los alimentos trepó un 40 por ciento durante el año que se fue. En el último trimestre de 2020, con flexibilización en varias actividades, se aceleró el ritmo inflacionario.
Un trabajo estadístico sobre el costo de vida popular en Rosario publicado por la diputada provincial Lucila De Ponti (Movimiento Evita) junto al Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) calculó que la inflación general para un rosarino/a durante todo 2020 fue del 49 por ciento, casi quince puntos más que el promedio nacional, con rabiosas subas en la canasta básica de alimentos.
“El desafío para el gobierno nacional será administrar la puja distributiva que se viene para 2021, mientras paulatinamente se supera la pandemia (a medida que las vacunas lo permitan) y se sigue administrando el tipo de cambio oficial, sin que se desalinee de la inflación”, se señaló en un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda. “Evitar una disparada de devaluación y precios es el principal desafío en materia inflacionaria para 2021, en un contexto en que se recalentó la economía producto de la mayor actividad y el aumento de la brecha cambiaria”, refirió el análisis de la Undav.
En camino de priorizar la lucha contra la inflación, el gobierno del Frente de Todos dio señales de incentivar la recomposición salarial vía paritarias sin techo –abrió negociación con estatales, intervino en la pelea salarial a favor de los aceiteros–. También de fomentar la generación de empleo por medio de la obra pública.
Después de una caída del PBI de alrededor del 10 por ciento en 2020, el Presupuesto nacional 2021 estima un crecimiento económico superior al 5 por ciento, aunque está sujeto a lo que suceda con la pandemia. La denominada ley de leyes también proyecta para este año que los salarios públicos y privados crezcan en promedio un 35 por ciento, los precios un 29 por ciento y el tipo de cambio un 25 por ciento: salarios por arriba de la inflación para que se reactive el mercado interno. Por el momento todo se ve en perspectiva.
En 2020, el gobierno de Fernández&Fernández empató la evolución de jubilaciones y pensiones con el ritmo inflacionario. La nueva ley de movilidad previsional, con aumentos trimestrales, apunta a una reparación en serio para el poder adquisitivo de las jubilaciones. No obstante, los salarios privados y públicos subieron el año pasado poco más del 30 por ciento en promedio, cinco puntos por debajo de la inflación. Esta pérdida en el poder adquisitivo en medio de la pandemia se suma al arrastre de la caída del 20 por ciento en la capacidad de compra de los ingresos durante la era Cambiemos.
Al grano
El gobierno nacional cerró hasta marzo, mes de la nueva cosecha, el registro de exportaciones de maíz. El objetivo es “asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en la producción de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot (cría de ganado a escala intensiva)”, según la resolución que publicó el Ministerio de Agricultura y que generó la inmediata protesta de la Mesa de Enlace (sin adhesión de los cooperativistas de Coninagro), con el llamado a través de la plataforma Zoom a un nuevo lockout en la comercialización de granos entre el lunes 11 y el miércoles 13.
La decisión del Estado de cortar los embarques de maíz apunta a contener precios en el mercado doméstico con más oferta del cereal en cuestión, cuando en verano tiende a escasear y en un contexto internacional de escalada de todos los commodities del agro (el maíz cotiza a casi 17 mil pesos la tonelada).
Según números oficiales, se exportaron unas 34 millones de toneladas de maíz de la campaña 2019/20, sobre un total exportable de poco más de 38 millones de toneladas. Es decir que el 90 por ciento de lo destinado a la exportación ya fue vendido afuera. Se deduce que a la oferta para la industria interna de unas 4 millones de toneladas se sumarán otras 4 millones, el remanente (10 por ciento) que tenía destino de exportación pero que quedará para el mercado interno.
Por eso el malestar expuesto por un sector del campo y otros protagonistas del agropower, como las Bolsas de Cereales y de Comercio, resulta exagerado, tanto como el discurso dominante de los medios de desinformación masiva que repelen cualquier intervención del Estado en la economía, aunque sea temporal y apunte a aliviar al sector agroalimentario. La suspensión de las exportaciones de maíz mostró divisiones intracampo entre entidades ruralistas y el Consejo Agroindustrial.
“Controles absurdos, intervencionismos extremos”, se alarmaron periodistas agitadores del lockout. “Volvió la intervención al mercado”, se enojó el diario La Nación y alertó que podría pasar lo mismo con el trigo y la carne. Dirigentes ruralistas y de la cadena del maíz desempolvaron el manual de estilo y hablaron de “señales negativas, política distorsiva, recetas obsoletas, cepo a los granos, medida injustificada, el mercado se regula solo”.
O maíz PRO
El modelo económico de Cambiemos trajo apertura de la economía, desregulaciones, libre mercado y especulación financiera, con resultado negativo para sectores populares reflejado en incremento del desempleo, shock inflacionario, desigualdad y pobreza. La intervención directa en el mercado granario del gobierno de AF sirvió de excusa a tres de las cuatro entidades de la mesa de enlace (SRA, CRA y FAA) y productores “autoconvocados”, con abierta afinidad hacia el macrismo, para guerrear al Frente de Todos y salir con los tractores de punta en medio de una pandemia que no termina.
Este nuevo paro del agro no es el primero que sufre la actual gestión y está lejos de parecerse a la experiencia del 2008 con la resolución 125. Antes de asumir AF y previo a la irrupción del covid, organizaciones gremiales agropecuarias realizaron un cese de comercialización de granos y hacienda que casi ni se notó en los respectivos mercados pero fue una señal de advertencia. En aquel momento la protesta estuvo motivada por el anuncio de que se venía un aumento del 30 al 33 por ciento en los derechos de exportación (retenciones).
En este nuevo lockout patronal, varios dirigentes de la comisión de enlace y productores “autoconvocados”… por el PRO, citaron asambleas al costado de rutas en diferentes provincias que obrarán de tribunas opositoras, con transmisión en vivo y en directo. Siempre en defensa de la República, la patria y la propiedad privada, mucha mente chata en grandes chatas, como se vio el año pasado en las marchas a favor de la cerealera Vicentín.
Al matadero
Al mismo tiempo que resolvió la interrupción temporal de la exportación de maíz y eliminó retenciones en varios productos de economías regionales, una medida que intenta alentar actividades con valor agregado, el gobierno nacional acordó con la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) garantizar precios accesibles para el aceite.
En igual sintonía, la administración de AF avanza con frigoríficos nucleados en el Consorcio de Exportadores de Carne para abastecer el mercado interno con cortes de carne vacuna a precios populares, dándole continuidad al primer acuerdo con el sector que hubo para Navidad con apenas tres cortes más baratos que sólo se vendieron en los súper. Esta vez el convenio sería por un mayor volumen, con más cortes y al menos por seis meses.
“¿Por qué los argentinos pagan el kilo de asado como lo paga un chino, un francés o un alemán? No lo entiendo. Yo tengo que cuidar el bolsillo de la gente porque estamos en una situación muy delicada, de emergencia, y tenemos que ocuparnos de los que menos tienen”, sostuvo el presidente AF en medio de un conflicto con pájaros gordos de un sector del campo y librando la batalla de los precios.
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