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La detención el pasado martes del secretario gremial del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) de Rosario, Román Moyano, mientras acompañaba una protesta de 23 operarios despedidos de la fábrica Guerrero Motos de San Lorenzo, sacó al conflicto de la órbita sectorial y lo transformó en una causa del conjunto del movimiento obrero organizado de la provincia de Santa Fe. El gremio denuncia que en lo peor de la pandemia la empresa los trató como socios para enfrentar la caída de las ventas, pero cuando la actividad repuntó apostó por el ajuste y la persecución de los delegados.

Para el Smata el conflicto en Guerrero Motos no es de origen estrictamente económico. El sindicato y sus trabajadores vieron la mala desde adentro, cuando a la profunda caída económica que generaron los últimos dos años del macrismo le siguió la pandemia del Covid y las ventas se desplomaron. Pero también señalan que, desde mitad del 2020 para acá, la fábrica recuperó el ritmo de producción. Los datos son confirmados por los últimos tres informes de la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe), que señalan una curva ascendente en el sector de acuerdo a sus registros interanuales. Según Fisfe, hubo un fuerte repunte de la producción de motocicletas en la provincia en septiembre (27 por ciento), octubre (37 por ciento) y noviembre (87,6 por ciento). La entidad aún no difundió el documento de diciembre.

El secretario general del Smata Rosario, Marcelo Barros, fue claro al explicar el origen del conflicto. “Nosotros a esta empresa hace dos años y medio que la venimos ayudando, me refiero a los trabajadores principalmente, y también al sindicato”, precisó el dirigente en diálogo con el eslabón. Y puntualizó: “Hicimos gestiones ante el gobierno para que se cobren los ATP, también para que no pague impuestos, los sueldos de los trabajadores llegaron a cobrarlos en cuatro veces. Hemos hecho mucho por esta empresa cuando realmente no se vendía, llegó a vender 200 motos por mes en los peores momentos. En la malaria somos socios, pero en las buenas la empresa cambió de conducción en Recursos Humanos, puso un estudio de abogados, y empezaron a perseguir a los delegados”.

El secretario administrativo del sindicato, Ernesto Rojas, también en diálogo con este medio, completó el panorama descrito por Barros. “El conflicto nace de reclamos derivados del comité de higiene y seguridad, relacionados con el Covid, ante los que los trabajadores tomaron medidas de fuerza por una o dos horas en distintos días”, refirió. “Cuando en noviembre aparecen descuentos en los sueldos de los trabajadores –continuó Rojas–, se decide sacar el conflicto a la luz pública, hacer asambleas en la puerta, pero se siguió trabajando. Hasta que un lunes de diciembre llegaron los trabajadores y se encontraron con el portón cerrado y desde portería informaron que estaba cerrada 15 días por vacaciones. Tras esos 15 días, a los trabajadores que habían encabezado las medidas de fuerza, no les permitieron el ingreso. La empresa los despide por abandono de trabajo, pero los trabajadores iban y no los dejaban ingresar”.

Mientras el secretario gremial del Smata, Román Moyano, se encontraba detenido –fue apresado la mañana del pasado martes y liberado la tarde del miércoles–, Rojas historizó el conflicto junto a El Eslabón. “Todo esto está en discusión en el Ministerio de Trabajo, que dictó dos conciliaciones obligatorias y que la empresa no acató. Hubo tres audiencias, las últimas dos el Ministerio manda a buscar a los directivos de la empresa por la fuerza pública y los directivos no se presentan”.

Los dueños de la firma son Gonzalo, Paula y Daniela Guerrero. “La familia Guerrero vive en San Lorenzo desde 1930”, se lee en la web de la empresa. “A partir de 1978 y durante 20 años, Guerrero mantiene una relación comercial con HONDA. Esta importante marca japonesa sigue acompañándonos desde entonces. En 1993, instalamos nuestra Planta en el sector industrial de San Lorenzo. Un área de 350 mil m2, con puerto propio, desde donde continuamos con nuestras actividades: fabricar, importar, distribuir y comercializar todo tipo de motovehículos y sus partes”, añade el relato de la firma en el que además se destaca que trabajan “con un equipo de 280 personas bien entrenadas” y que “más de 2.500 puestos de trabajo están indirectamente relacionados a la operatoria” de la empresa.

Detención, solidaridad y repudios

Si bien dos semanas atrás hubo otro episodio que trascendió a los medios, cuando Gonzalo Guerrero bajó de su camioneta para patear las gomas del piquete que llevaban adelante los trabajadores despedidos y terminó prendiendo fuego uno de los autos de los empleados, la detención de Román Moyano marcó un antes y un después.

“Los trabajadores llamaron al gremio, pidiendo que vayamos para allá, diciendo que habían tomado la decisión de encadenarse al portón”, relató este martes Ernesto Rojas, quien estaba presente en la protesta cuando se llevaron detenido al secretario gremial de Smata. “Moyano fue hasta el lugar, como otros dirigentes del sindicato, luego de que los trabajadores decidieron avanzar con esta nueva medida cansados de que no haya respuestas, de que los directivos de la empresa incumplan las convocatorias del Ministerio de Trabajo de la provincia”. “Sólo se acercó al lugar para ver qué pasaba y ahí nomás vino la policía y se lo llevaron”, remarcó Rojas.

El secretario gremial de Smata estuvo detenido e incomunicado 24 horas y llevado a una audiencia imputativa el miércoles a pedido del fiscal Aquiles Balbis, quien lo acusa de haber incumplido la disposición judicial de levantar el bloqueo frente a la empresa montado por los trabajadores despedidos.

“Este es un tema gremial, el fiscal no tiene por qué meterse, tampoco la policía. Nos llamó la atención que el dueño de la empresa no se presentó ante las citaciones en el Ministerio, hace lo que quiere, y a nosotros nos dan palo y nos llevan detenido al compañero Moyano”, se quejó ante el eslabón el titular del Smata, Marcelo Barros. “Echan a 23 trabajadores con puras mentiras, donde viste que 23 trabajadores van a abandonar el trabajo. Y los echan sin cumplir lo que dice la ley, que estipula toda una serie de pasos que no se cumplieron para justificar un despido. Acá no se cumplió nada. Además tenés la ley antidespidos”, añadió el secretario general del gremio.

La detención de Román Moyano disparó una ola de repudios a la Justicia y de solidaridad con los trabajadores de Guerrero de parte de todas las centrales sindicales de Santa Fe. Se expresaron en ese sentido, además de la CGT San Lorenzo, el Movimiento Obrero Santafesino (MOS) –que articulan las CTA y las CGT de toda la provincia; el Movimiento Sindical Rosarino (MSR), que integran entre otros gremios Correo, Bancarios, Prensa, Judiciales, Sadop, Sutracovi, Telefónicos y Luz y Fuerza–; y el Movimiento Obrero Rosarino (MOR) –que conforman Aceiteros de Rosario, Estatales de Norte, Obras Sanitarias, SOMU, SuteryH, Supde, Camioneros de Santa Fe alineados a Hugo Moyano, peajistas de Sutpa Santa Fe, Gastronómicos y Custodios del Sutca–.

“Nosotros no perdemos de vista que el comportamiento de esta empresa puede a futuro generar una reacción en cadena en otras, especialmente del Cordón Industrial, por eso, si bien en un principio la lucha fue de los trabajadores de Guerrero con el acompañamiento de nuestro sindicato, ahora se han acoplado todos los del Cordón y los de Rosario. Esta empresa avasalló todas las leyes, no cumplió nada y se maneja como patrón de estancia”, subrayó Barros. Y tras referirse a la importancia de la actividad de apoyo organizada junto a todos los sindicatos este viernes en la sede de la CGT Rosario, concluyó: “Los gremios estamos unidos porque esto empieza pero no sabés cómo termina”.

Dos meses de acampe

Trabajadores de Hey Latam, el call center que cerró dejando más de 300 empleados en la calle, marcharon este miércoles desde la sede local de Gobernación al Monumento Nacional a la Bandera, en reclamo de sus fuentes laborales. “A 57 días de acampe, marchamos para exigir respuestas de fondo por los 301 puestos de trabajo”, señalaron en un comunicado. “Marchamos porque seguimos en la calle sin poder volver a trabajar mientras la empresa mantiene un lock out ilegal”, afirmaron las y los trabajadores.

 

Fuente: El Eslabón

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