Con plan de vacunación en desarrollo y más lejos del vil golpe pandémico, la situación económica “descuarentenada”, entre expectativas e incertidumbre, reaparece en el centro de la escena. Si bien el nivel de actividad viene en tenue pero sostenida remontada según datos oficiales, después del fuerte bajón de 2020 (-10 por ciento), la preocupación generalizada por el empleo, los salarios y la inflación marca el pulso en esta atípica temporada de verano de año electoral y reanima tensiones en el terreno sociolaboral.
El Indec informó que la economía volvió a crecer en noviembre pasado con respecto a octubre. Uno de los sectores que empujó la recuperación es el industrial, que está en niveles pre covid. Tras una parálisis casi total entre abril y mayo y después de repetidas caídas, la actividad fabril tuvo en noviembre, pandemia vigente, el mayor crecimiento desde abril de 2018. Los guarismos positivos en el sector industrial, tanto en grandes compañías como en pymes, estuvieron motorizados por la producción manufacturera, la construcción (obra pública), la siderurgia y la producción automotriz, que vuelve a acelerar.
Otro dato alentador para el mercado interno que se desprende del informe del Indec es la relativa y despareja reactivación del consumo, afectado por la caída de la demanda en el pico de la pandemia y que viene en expansión desde que empezaron a relajarse restricciones en un contexto de emergencia sanitaria. En efecto, el comercio (subió casi 4 por ciento) fue uno de los sectores que traccionó el crecimiento de la economía durante noviembre último. Entre las disparidades se consignan las ventas en supermercados, casi ilesas del impacto de la pandemia, y, por otro lado, el irregular desempeño en el comercio minorista.
Aunque la levantada que el Indec anotó en el rubro comercio da señales positivas hacia la rudimentaria mejoría en la demanda, su desempeño encuentra obstáculos: la persistente inflación, la reconversión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el retraso en el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, problemas para reparar la destrucción de empleo y generar nuevos puestos de trabajo, hasta el cierre de algunas empresas y locales, sobre todo vinculados a sectores perjudicados por las limitaciones que impuso la pandemia.
“La etapa abierta en la Argentina a partir de finales de 2019 presentaba tres desafíos principales en materia económica: la renegociación de deuda con acreedores externos, la necesidad de recuperación del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones (cuya pérdida entre 2015 y 2019 ascendió a casi 20 por ciento en promedio) y la recuperación de la producción del sector industrial, deprimido a lo largo de esos cuatro años. Sin embargo, a partir de marzo de 2020, el contexto estuvo marcado por el advenimiento del Covid-19”, recapitularon desde el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) en un informe dedicado a analizar la evolución de indicadores económicos en pandemia.
Después del confinamiento duro y la derivada crisis fulminante, las chances de subida económica para 2021 están latentes. Las perspectivas de crecimiento para la Argentina se ubican entre 5 y 7 por ciento para el año en curso. De cristalizarse, la recuperación de la economía endurecerá la pulseada por la distribución del ingreso, entre la necesidad de tonificar al salario real y las empresas que aspiran a recomponer ganancias, con la resultante presión inflacionaria que esto conlleva.
El Estado debe arbitrar para que el potencial crecimiento se reparta de manera equitativa y no dejar que el rebote pospandémico se lo queden “tres o cuatro vivos” (que son, en realidad, un poco más), como dijo la vicepresidenta CFK. Igual, vale reiterar, todo fluctúa alrededor de la pandemia de coronavirus, que sigue siendo un factor de riesgo para la salud y la economía.
“La recuperación de la actividad junto a una incipiente recuperación de los indicadores laborales y la expectativa de incrementos salariales futuros hace vislumbrar un recrudecimiento de la puja distributiva en 2021 ¿Quién se queda con la recuperación de ingresos? La variación de precios de diciembre muestra, entre otros aspectos, a sectores de la actividad económica incrementando precios para apropiarse a través de dicho proceso del incremento nominal de los ingresos”, observaron desde el Cepa.
Mercado de trabajo
La irrupción de la pandemia y su amenaza silenciosa quemó todos los papeles. El Estado reparó el sistema de salud pública (pesada herencia) y asumió un rol preponderante, además de realizar gastos extraordinarios en pos de atender urgencias, en medio de una economía en recesión y estallada por un virus. El IFE para sectores vulnerables y los ATP para empresas contuvieron el desempleo y moderaron el descenso salarial.
“En octubre de 2020, la cantidad de personas con trabajo registrado privado en el país alcanzó a 5.798 millones, valor similar al mes anterior. De este modo, luego de los tres meses de fuerte contracción del trabajo registrado debido a la pandemia –marzo, abril y mayo–, se acumulan cinco meses consecutivos de estabilidad, pero no recuperación, en torno a los 5,8 millones de trabajadores”, se indicó en el informe del Cepa.
En un contexto de creciente desigualdad socioeconómica, virus que se esparce en Argentina como resultado directo de políticas antipopulares durante el macrismo y el mal venida pandemia, el gobierno del Frente de Todos resolvió continuar con medidas estatales de intervención en la economía, protección laboral y respaldo financiero para los que más la sufren, políticas que fueron desplegadas en los inicios del aislamiento preventivo contra el Covid-19 y su consecuente retracción de la actividad.
Así, prorrogó por otros 90 días el decreto que prohíbe los despidos sin justa causa ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo en empresas privadas, apoyadas por el Estado con los ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), y también extendió la obligatoriedad del pago de una doble indemnización en caso de cesantías, ambas medidas criticadas por el establishment empresarial, siempre con mirada negativa hacia la intervención estatal, salvo cuando es a su favor.
Billetera en cuarentena
La pandemia deterioró la módica recuperación salarial que se produjo entre enero y marzo de 2020, a la salida del macrismo hasta que atacó la peste. Los refuerzos en planes sociales, bonos y aumentos por decreto para jubiladxs y empleadxs públicos y los aumentos porcentuales cortos o sumas fijas en negociaciones paritarias para trabajadorxs del ámbito privado corrieron detrás de la inflación. Peor aún, hay sectores, los más afectados por la pandemia, donde sindicato y empresa no consiguieron avanzar en una discusión salarial, ya que el objetivo principal fue/es mantener el empleo.
Trabajadorxs no registrados, cuentapropistas, changuistas y desocupadxs, están entre los que más sufrieron el bombazo pandémico. El gobierno de Alberto Fernández implementó, como se dijo, medidas de urgencia, que puede ser que hayan sido escasas frente a la gravedad de la crisis, pero no pueden ser desvalorizadas como hacen los que perdieron el gobierno por el desastre que dejaron y las usinas mediáticas opositoras a la actual gestión.
El Estado abrió la billetera y lanzó la tarjeta Alimentar para la compra de alimentos, medida que surgió antes de la pandemia como parte del acuerdo social para combatir el hambre que se multiplicó en la era Macri. El gobierno evalúa actualizar el monto mensual de la tarjeta alimentaria en un 50 por ciento, en sintonía con el aumento de la canasta básica en 2020, sacudida por el fuerte incremento en el costo de los alimentos.
Parar la olla
Controlar o frenar la suba de precios parece ser “el tema” de la agenda económica en un año de elecciones legislativas y en las puertas de la negociación con el Fondo Monetario por la mega deuda que contrajo el gobierno de Cambiemos. En este primer mes del año 2021, como continuidad del último trimestre del año pasado, el encarecimiento del costo de vida dio un salto hacia adelante que coincidió con la salida de la cuarentena estricta, el inicio del plan de vacunación contra el Covid-19, la fase uno del repunte económico, los retoques en los precios de los combustibles y la disparada en las cotizaciones internacionales de las materias primas del agro.
La inflación de diciembre trepó al 4 por ciento, con marcada aceleración en la canasta alimentaria (diez puntos por encima de la inflación general, 45 contra 35 por ciento), y en enero podría repetirse el alto índice. La inflación, se sabe, afecta más a los pobres que a los ricos, que en pandemia igual amasaron fortunas y de paso se resisten a hacer el aporte extraordinario que votó el Congreso para atender gastos ocasionados por el combate al coronavirus.
El gobierno nacional hace esfuerzos para controlar los precios que cobran productores y supermercadistas con posición monopólica en el mercado interno, gravita el pie tibiamente sobre los formadores de precios, desaforados por la renta extraordinaria y las superganancias ni bien la pandemia dio lugar a una vaga recuperación de la actividad económica.
También avanza con programas oficiales de referencia de precios para los consumidores, teje acuerdos sectoriales para estabilizar el valor de bienes de consumo popular, como el reciente convenio con cámaras frigoríficas por una rebaja de hasta 30 por ciento en cortes de carne que se comercializan en grandes cadenas de supermercados de todo el país. La carne es uno de los productos básicos que más empujó hacia arriba la inflación en los últimos dos meses por su precio dolarizado.
Los procesos inflacionarios son recurrentes en la historia económica argentina. Como bien señala el economista e historiador Mario Rapoport, las subas generales de precios provocan transferencias de recursos de unos sectores a otros. Sectores dominantes suben los precios de la noche a la mañana en espejo con valores de exportación, pero lxs trabajadorxs no tienen el privilegio de hacer lo mismo con sus sueldos.
“El avance de la inflación requiere de una política de recuperación de los ingresos, mejoras productivas y salariales, en medio de una reactivación económica limitada por la disponibilidad de dólares. Son políticas que se enfrentan a las presiones del FMI y a la incertidumbre de qué va a pasar con la pandemia”, analizó el economista Andrés Asiain.
En declaraciones radiales, el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) dijo que “los precios por las nubes en materias primas agrícolas es una buena noticia para el país, pero el tema es si eso se logra aprovechar para la economía argentina o sólo es beneficio exclusivo para determinados sectores. Hoy lo que se observa es que tal situación sólo mete presión sobre el precio de los alimentos. Encima se retacea la liquidación de exportaciones y el principal beneficio de la suba de los precios internacionales de los insumos agrarios no se aprovecha porque no ingresan los dólares”.
Para Asian, “con lo poco que implica el consumo interno sobre el total del volumen producido por el agro argentino, el gobierno podría decidir que el 20 por ciento de esa producción se destine al mercado interno a determinado precio y el resto que se exporte. Algo parecido al mecanismo que tenía el aceite, que el macrismo desarmó. La idea de ganancias ilimitadas hace inviable la estabilidad económica”.
La inflación 2020, más baja en contraste con el récord de la era Cambiemos, en un contexto de parálisis económica por la pandemia, tarifas planchadas y regulación en servicios públicos, pero todavía alta para el bolsillo medio, es uno de los principales problemas y desafíos que encuentra la economía argentina. El crecimiento económico proyectado para 2021 deberá transferirse a la mejora del salario real y al mundo del trabajo, mientras se alienta la expansión del consumo nacional y se reconstruye el tejido productivo.
Fuente: El Eslabón
