El gobierno frenó exportaciones de carne vacuna para tratar de contener el precio interno ante la creciente demanda internacional, mientras cae el consumo doméstico en un contexto de crisis. La medida generó apoyos y rechazos, con guerra ganadera incluida.
La carne vacuna es el alimento que más gravita en la canasta básica y, por consiguiente, en la inflación que mide el Indec. El abusivo aumento del precio interno frente a una firme demanda internacional recorta el poder de compra de salarios en el mercado local y engrosa los porcentajes de pobreza e indigencia dimensionados por ingresos. Un informe de Proyecto Económico precisó que las familias argentinas destinan alrededor del 20 por ciento del gasto promedio del hogar a la compra de carne, que se convirtió casi en un bien de lujo para la mayoría trabajadora, jubilados y jubiladas.
La decisión del gobierno nacional de suspender las exportaciones de carne durante treinta días, más allá de si sirve o no, en un contexto de crisis sanitaria, económica y sociolaboral, es, ante todo, el intento de accionar una política de intervención del Estado en el mercado con la voluntad de colocar por delante el bien común, aunque sea un “parche” en la urgencia contra la acelerada inflacionaria. También, esta medida, que podría estar acompañada por otras, como suba de retenciones o cupos, se presta para que el gobierno negocie desde otro lugar con exportadores, ya que hasta el momento el diálogo con el sector no arrojó resultados esperados.
El fin –que la mayoría de la población acceda a comer carne, sea asado o sea puchero– justifica los medios, parece ser la premisa del Frente de Todos, aunque la pulseada carnívora tenga final abierto, se dude de su impacto positivo para que esa finalidad ocurra en el corto plazo y haya metido mucho ruido político, como sucedió con la fallida expropiación del conglomerado agroindustrial Vicentin, incluso hacia adentro de la coalición gobernante.
En voz del presidente Alberto Fernández a pocas horas de bajar del avión que lo trajo de vuelta del tour europeo, gira con eje en la deuda externa y las negociaciones con el FMI y el Club de París, los objetivos de la iniciativa de frenar de modo temporal la venta de carne al mundo son “ordenar el mercado interno” y perseguir una moderación y más control en los precios prohibitivos que se pagan en carnicerías o supermercados.
Nación anunció la suspensión por un mes de las ventas de carne roja al exterior a grandes frigoríficos exportadores agrupados en el Consorcio ABC, a quienes les aclaró que se esperan “resultados positivos” por la aplicación de esta y otras medidas que estarían en carpeta. Es el mismo sector con el que semanas atrás el Ejecutivo había acordado sostener un programa de once cortes de alta demanda local, a precios por debajo del promedio de mercado.
Esto transcurre de cara a un sostenido desplome del consumo doméstico de carne, que empezó a deprimirse fuerte con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia. “Entre 2015 y 2019, Macri liberalizó completamente el sector. Se eliminaron retenciones a la carne, se quitaron los ROE (Registro de Operaciones de Exportación), cupos y toda herramienta de regulación y control”, se recordó en un informe de Proyecto Económico, equipo que lidera la diputada nacional Fernanda Vallejos.
De acuerdo a información oficial, la baja en el consumo de carne promedio por habitante continuó con la asunción de Alberto Fernández, cuando a los pocos meses de alcanzar el gobierno el estallido de la pandemia de coronavirus y sus graves consecuencias sanitarias y socioeconómicas reorganizaron prioridades de la nueva gestión. La marcada caída en la ingesta de carne desde fines de 2019 coincide con la mayor demanda internacional y la disparada del precio interno.
Al mismo tiempo y pese a la compleja coyuntura, el valor de la carne sigue en trepada –un 20 por ciento en lo que va del año, según datos del Indec–, al igual que las ventas al exterior, salto que se explica en buena parte por la creciente compra de China –adonde va el 75 por ciento de lo exportado– de cortes de menor calidad y más económicos que antes no tenían destino de exportación, como sí tienen los cortes premium de la cuota Hilton que vuelan hacia la Unión Europea.
El fresco negocio del campo argentino de vender carne al gigante oriental acrecentó la demanda de hacienda para exportar, sumó nuevos jugadores, consignatarios e intermediarios que multiplicaron las operaciones, pero también las irregularidades, la evasión impositiva, el mercado en negro, las triangulaciones y las subfacturaciones, según detectó la Afip.
Se armó el Frente de Toros
El cierre temporal de exportaciones provocó esperables cuestionamientos de los principales actores del agro, algunos cada vez más identificados con la oposición macrista, que en desacuerdo con el “cepo a la carne” plantaron bandera de guerra y convocaron a un cese de comercialización de hacienda hasta el 28 de mayo para evitar que ingresen cabezas de ganado al mercado de Liniers.
La preocupación principal expresada por Sociedad Rural y Confederaciones Rurales, dos patas fuertes de la Mesa de Enlace, además del obvio rechazo al intervencionismo estatal, fue que la medida oficial “arruina la marca Argentina”, da “mala imagen en el mundo” y “ahuyenta inversiones”. Ni una palabra del sideral precio interno y la consecuente caída del consumo.
Productores y representantes de distintos sectores de la carne también cuestionaron la decisión gubernamental, a la que calificaron como “circo”. Coninagro y Federación Agraria, las otras dos patas de la Mesa de Enlace que representan a pequeños y medianos productores de cereales y carnes, se pronunciaron en contra. “¿Tan difícil es generar un saldo exportable sin perjudicar el consumo?”, se preguntaron en un comunicado de la FAA filial Pergamino. Además, reclamaron políticas de incentivo a la producción ganadera. Otras voces alertaron sobre la posible “pérdida de cabezas de ganado y fuentes de empleo en frigoríficos”.
Otros actores también creen errada la medida porque, entre otras cosas, “no soluciona el problema de la inflación”, como el Consejo Agroindustrial, que pidió audiencia con el gobierno para intentar levantar el freno a la exportación, situación parecida a la de meses atrás con el conflicto de la cadena del maíz, cuya suba en el precio internacional del grano encarece la producción local de proteínas de origen animal. El gobierno nacional abrió diálogo con la mesa de la carne, el consorcio de exportadores y la cámara de matarifes en busca de soluciones.
Los gobiernos de Santa Fe y Córdoba, regiones del núcleo agropecuario, hicieron cantar al pajarito de la red social Twitter con tono campestre en contra de la restricción. “La solución es aumentar la producción y no cerrar las exportaciones”, se desmarcó el productivista gobernador santafesino Omar Perotti, que enseguida se pasó al Frente de Toros.
Primero la mesa argentina
En la cadena agroalimentaria conviven diferentes realidades. La medida oficial tuvo respaldos a favor de “primero cuidar la mesa de los argentinos”. Desde el Frente Productivo Nacional, que reúne a pequeños productores agrarios, cooperativas y pymes, manifestaron que “ante la creciente inflación, estabilizar los precios en el mercado interno y reactivar el consumo se torna indispensable”. Y agregaron: “Hay que frenar a quienes especulan con los precios, abusando de sus posiciones dominantes en el mercado”.
La medida cosechó acompañamiento crítico en el denominado “otro campo”, por tratarse de una resolución “parcial, que por sí sola no alcanza”. Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra expresaron: “El hambre se combate con los que producen alimentos para el mercado interno, con el campo que alimenta con agricultura y ganadería familiar, y no con acuerdos con agroexportadores, grandes supermercados, consorcios y cámaras empresariales”.
¿De carne somos?
Las estadísticas del último lustro dan cuenta de que en Argentina, el país de las vaquitas (hay más vacas que habitantes) y gran productor de alimentos, el país que exporta lo mismo que consume su población, se come cada vez menos carne, como se señaló más arriba. Y esto no tiene que ver con un avance de la cultura vegana ni la proliferación de la cocina vegetariana.
El consumo interno anualizado de carne vacuna está en la actualidad en unos 45 kilos per cápita por año, quince kilos menos que en 2015. Mientras la exportación bate récords históricos: alrededor de un millón de toneladas se van afuera del país al año, casi el 30 por ciento de la producción anual de carne argentina. En el reporte de Proyecto Económico se indicó que, mientras el consumo doméstico se contrajo 19 por ciento desde 2015, las exportaciones crecieron casi 300 por ciento en ese lapso, y que “para recuperar el consumo de 2015 se debería volcar al mercado interno el 70 por ciento del volumen exportado en 2020”.
«La producción ganadera no varió. En 2015 el stock era de 51 millones. Pese a la desregulación, hacia 2019, sólo había crecido hasta alcanzar los 54 millones y, en cuanto a la faena, el promedio entre 2016 y 2019, apenas aumentó 6 por ciento con relación a 2015», se destacó en el informe de Proyecto Económico.
Con commodities del agro al alza en mercados internacionales y mayores volúmenes de exportación, el gobierno nacional consigue ingresar más dólares a las arcas y así poder afrontar otras cuestiones, además de mantener a raya las intentonas de fuertes devaluaciones. Pero, como contracara, aparece el dilema de la inflación importada, las tensiones en el mercado interno y la necesidad de defender el presupuesto de los hogares argentinos.
Los precios de distintos cortes de carne aumentaron en promedio 65 por ciento durante el último año, de acuerdo al Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, unos veinte puntos por encima del nivel general inflacionario y bastante más por arriba de las subas que experimentaron salarios e ingresos. Entre 2017 y este año, el valor de la carne en el mercado interno se disparó casi 400 por ciento, muy lejos del alcance de los bolsillos de los sectores populares.
La diputada y economista Fernanda Vallejos propuso “desacoplar” el precio internacional de los productos primarios de exportación de los precios domésticos de los alimentos. Para ello, la legisladora del FdT planteó “aplicar retenciones y cupos exportables que, en el caso de la carne, se podrían combinar con instrumentos de estímulo para incrementar la producción”. En este sentido, aclaró: “Aumentar la producción es algo que sólo puede conseguirse en el largo plazo. Y aquí tenemos un problema urgente: los argentinos y las argentinas tienen que poder comer hoy”.
La alta inflación, inercial y crónica, es un problema, y al mismo tiempo expresa que la pelea por la distribución de la torta sigue activa. Pero ese problema resulta problemón cuando el poder de compra de salarios e ingresos corren detrás de los incrementos de precios. Este cuadro de situación es el que se refleja al transitar el segundo año de pandemia y sus efectos trágicos, antecedida por la recesión macrista, donde apenas una incipiente recuperación de la economía ceba al sector empresario más concentrado, donde aparecen grandes jugadores del complejo agroexportador, a recomponer con talante voraz márgenes de rentabilidad vía precios, con el continuo encarecimiento del costo de vida.
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