Cristina Ruiz del Ferrier es subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y fue una de las profesionales que trabajó en el proyecto de educación ambiental que el Congreso convirtió en ley.
“Los problemas ambientales que tenemos, incluida esta pandemia causada por el Covid 19, son problemas cuya raíz es antrópica y se originan en el modo en que los seres humanos hemos interactuado con la naturaleza. Debemos cuestionar las causas estructurales de los problemas ambientales”, dijo en esta entrevista a distancia con El Eslabón.
“Los temas ambientales ya están en la currícula escolar”, aclaró la funcionaria, también investigadora y docente. Y agregó: “Lo interesante es que ahora, a través de los principios enunciados en la ley, se abre la posibilidad de trabajar lo ambiental desde un enfoque integral que nos permitan contar, a futuro, con sujetos informados capaces de tomar decisiones conscientes y responsables”.
—¿Qué aportes viene a hacer la ley de Educación Ambiental y qué objetivos persigue?
—La ley de Educación Ambiental viene a reconocer el trabajo de muchas y muchos educadores ambientales que, desde hace mucho tiempo, desarrollan acciones y programas de educación ambiental desde distintos espacios (tanto gubernamentales como organizaciones de la sociedad civil) en todo el país, poniendo en valor la necesidad de contar con una política de educación ambiental federal, multiactoral, y la importancia de considerar a la educación ambiental como ley. Entre sus objetivos principales busca garantizar la educación ambiental para todos los sectores y edades de la sociedad y en todos los ámbitos, tanto del sistema educativo formal como no formal e informal, medios de comunicación y en las tecnologías de la información y la comunicación.
—¿Qué importancia tiene incorporar a la agenda escolar debates y problemáticas socioambientales?
—Los temas ambientales ya están en la currícula escolar, lo interesante es que ahora, a través de los principios enunciados en la ley, se abre la posibilidad de trabajar lo ambiental desde un enfoque integral, sistémico, interdisciplinario, para ir construyendo una ciudadanía ambiental que nos permitan contar, a futuro, con sujetos informados capaces de tomar decisiones conscientes y responsables. La educación ambiental nos provee de más y mejores herramientas para buscar soluciones a las problemáticas socioambientales. Por otro lado, permite reflexionar sobre los modos en que producimos y reproducimos el conocimiento sobre el mundo y cómo nos relacionamos con el planeta, poniendo en crisis modelos mecanicistas que cosifican a la naturaleza y la mercantilizan. Y esto es central para poder reconocernos como parte del ambiente (y no por fuera ni por encima), como parte constitutiva de la trama que sostiene la vida y, por lo tanto, con un sentido de la ética arraigada en la responsabilidad y en la protección de la naturaleza.
—¿Qué repercusión puede tener enseñar, estudiar y reflexionar sobre la cuestión ambiental en quehaceres de la vida cotidiana?
—Con la perspectiva de la educación ambiental que expresa la ley, buscamos generar procesos transformadores en las personas, que las atraviese y les permita cuestionarse costumbres, hábitos y paradigmas que están muy arraigados y que son perjudiciales, como sucede con los residuos. Acostumbramos arrojar al tacho materiales que son insumos que pueden volver al circuito productivo mediante el reciclaje, gracias al rol fundamental de las y los recuperadores urbanos, logrando ahorrar energía, agua y materia prima. Pero esto solo se logra si separamos en los hogares, y eso requiere un reaprendizaje y de una responsabilidad frente a cada acto de consumo. En resumen, desde lo cotidiano, se trata de abandonar prácticas insustentables como el hábito de lo descartable, el consumismo, el derroche (de electricidad, agua, gas, entre otros); y reemplazarlas por costumbres como el aprovechamiento de los alimentos, el compostaje, la reutilización de los objetos o la vestimenta, es decir, ejercitar prácticas como reparar, recircular y reducir los residuos.
—Si bien la iniciativa, a priori, parte de la ecología y la conservación de la naturaleza, ¿qué otra dimensión política, social, económica, alimentaria y hasta cultural puede alcanzar la educación ambiental integral?
—La visión centrada en el componente ecológico y conservacionista fue la etapa inicial del recorrido histórico de la educación ambiental que podríamos citar en la década de los 70 en el mundo. Luego, se sumaron perspectivas más integrales, emanadas de las ciencias sociales (y no sólo desde las ciencias naturales) que enriquecieron los debates introduciendo discusiones, sobre todo en nuestra región, en torno a la pobreza, a la distribución de la riqueza, a las desigualdades y a los derechos humanos. Hoy, manejamos un enfoque sistémico e integral de lo ambiental en donde vemos que el ambiente es un emergente de la interacción de diferentes dimensiones, la política, la cultural, la económica y la ecológica. Por estas razones, cabe enfatizar el carácter integral, multidisciplinar y multiactoral del enfoque de la educación ambiental actual.
—La educación ambiental se incorpora a un contexto complejo, con incendios forestales, desmontes, basurales a cielo abierto, sistemas productivos dependientes de agroquímicos y pandemia. ¿La crisis abre oportunidades?
—Los problemas ambientales que tenemos, incluida esta pandemia causada por el Covid 19, son problemas cuya raíz es antrópica y se originan en el modo en que los seres humanos hemos interactuado con la naturaleza. Debemos cuestionar las causas estructurales de los problemas ambientales y de esta crisis ambiental que también denominamos civilizatoria, porque son el resultado de un proyecto civilizatorio iniciado desde Europa que implicó la conquista de los territorios americanos y el despojo de su patrimonio natural y cultural. Los desafíos presentes piden urgentemente un cambio de modelo y de paradigma, poder pensar otros futuros posibles, otros modelos de ser y estar en los territorios, basados en relaciones de cooperación y no de dominación; y que respeten los límites biofísicos del planeta. Allí encuentra la educación ambiental su razón de ser y también su rol estratégico en este contexto tan crítico que estamos atravesando por la pandemia.
—¿Cuáles son los desafíos a corto y largo plazo a partir de la sanción de la ley?
—Para decirlo brevemente, a corto plazo, constituir la Coordinación Ejecutiva entre representantes de ambas carteras (ministerios de Ambiente y Educación) y miembros del Consejo Federal de Medio Ambiente y del Consejo Federal de Educación; y el Consejo Consultivo para definir los principales lineamientos para la implementación de la ley. También, desarrollar un estudio de percepción que, desde las ciencias sociales, nos permita contar con información actual y trabajar articuladamente con cada una de las comunidades. Por otro lado, lograr la articulación efectiva de las carteras ambientales y las educativas en todas y cada una de las jurisdicciones, y que las provincias que no la tienen aún cuenten con su programa de educación ambiental. A largo plazo, el desafío principal es desandar la idea de que lo ambiental es subsidiario de otros temas que se consideran más importantes y entender cómo la pobreza o la salud de las comunidades, por ejemplo, está integrado a lo ambiental. En este sentido, comprender que los problemas ambientales deben ser abordados desde múltiples enfoques y disciplinas, esto aplica tanto para la gestión de políticas públicas como para áreas del conocimiento. Y, también, deconstruir nuestra subjetividad moderna, descentrando al ser humano de su lugar de superioridad y dominación de todo lo vivo, reconociéndonos como parte constitutiva de esta biósfera. Tenemos mucho por hacer por delante. El tiempo avanza y el desafío se acrecienta. Es por eso que, desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, la decisión de nuestro ministro, Juan Cabandié, es que trabajemos con tenacidad para convertir a la educación ambiental en una política de Estado.
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