El gobierno nacional intervino con una medida cautelar y una investigación por abuso de posición dominante para evitar el desguace de la petroquímica de insumos clave para la industria.

Con estancamiento en el empleo e ingresos deteriorados por la fuerte suba de precios, cuadro de situación agravado por la doble pandemia, en medio de una recuperación económica de curso lento y desparejo, la intervención del gobierno del Frente de Todos para intentar frenar el cierre y el desarme de la planta que la petroquímica Dow posee en la ciudad de Puerto General San Martín (PGSM), se da de bruces con la campaña opositora de Juntos y sus voceros de anular la indemnización por despido, entre otras flexibilizaciones (llamadas “reformas”) laborales que se buscarán materializar si hay “segundo tiempo”.

La medida cautelar resuelta por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a solicitud del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, ordena a la multinacional Dow “no innovar, no alterar ni modificar los activos” de sus instalaciones en el predio ubicado sobre el cordón industrial del Gran Rosario, como maquinarias y otros recursos, salvo por mantenimiento o reparación. Lo hace después de que Dow informara a principios de agosto pasado su decisión de cerrar esa planta fabril a mediados del próximo año y seguir entregando insumos químicos a sus clientes locales desde su agencia radicada en Brasil.

La resolución oficial en defensa de 120 puestos de trabajo y de la producción, bien recibida por la administración Perotti, los empleados y el gremio petroquímico, legisladores y legisladoras provinciales, entre otros sectores, se enmarca en una investigación por presunto abuso de posición dominante por parte de la compañía de capitales estadounidenses, ya que además de poner candado a los portones de ingreso, la empresa pretende inutilizar sus bienes productivos sin la posibilidad de ceder o vender esta maquinaria con «tecnología propietaria», que la empresa prefiere conservar o no transferir a otro privado para que siga produciendo.

En efecto, para el gobierno de Alberto Fernández, la postura de Dow de llevarse sus sofisticados equipos imposibilitaría que otra empresa comprara sus instalaciones (no el predio) para continuar fabricando poliuretano, eliminando de esta forma la única fábrica que en la Argentina abastece con ese insumo clave al mercado interno, subordinando la política industrial argentina a merced de la firma norteamericana.

“La decisión de cerrar sólo tendría como objetivo mantener su lugar como principal oferente en el mercado a costa de perder inversiones realizadas”, dado que Dow afirmó que “los activos productivos no serán transferidos ni reubicados sino que los va a destruir o los va a volver obsoletos, lo que implica una afectación del interés económico general”, se explicó en un comunicado de la cartera que comanda Matías Kulfas, donde también se advirtió que el cierre de esta planta implicaría “un aumento de costos para adquirir productos que se dejan de fabricar en el país, con afectación directa en el mercado laboral”. 

El gigante Dow posee otra planta en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Según la firma, la determinación de dejar de operar en PGSM obedece a una reducción de costos y a una reestructuración global que encaró la casa matriz de la compañía que produce químicos de uso difundido fundamentales para la industria automotriz, la fabricación de colchones y de electrodomésticos de línea blanca. Dow viene cerrando otras sucursales alrededor del mundo, en un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica.

En un acto de campaña en Tecnópolis previo a las Paso, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le había pedido al presidente Alberto Fernández “no permitir” el cierre de una de las sedes argentinas de la multinacional Dow, mención que puso más de relieve el conflicto laboral abierto en la provincia de Santa Fe.

“Cada dólar que tengamos que pagarle al FMI va a ser un dólar menos para pagar importaciones para que las pymes produzcan. Nuestras fábricas y empresarios necesitan dólares para comprar insumos. Por eso, Alberto, no tenemos que permitir que Dow Chemical en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, cierre esa fábrica tan importante que produce insumos plásticos difundidos para toda la industria”, dijo CFK aquella vez.

Rol estratégico

A instancias de la medida cautelar conocida el miércoles 6 de octubre, la CGT San Lorenzo, con acompañamiento de intendentes y presidentes comunales del Gran Rosario, destacó la “firme decisión del gobierno nacional en defensa de la industria y del trabajo, comprendiendo el rol estratégico de la petroquímica en la cadena de producción y de valor agregado”.

“Esta acción del gobierno (de Alberto Fernández) es contraria al modelo de desindustrialización del anterior gobierno de Mauricio Macri, con los cierres en la región de firmas como Refinería San Lorenzo, Arzinc, Petroquímica Capitán Bermúdez, entre otras, con la consecuente pérdida de la capacidad productiva-tecnológica y de miles de puestos de trabajo de alta calificación”, contrapuso la CGT San Lorenzo en un comunicado de prensa.

Anoticiados del futuro cierre, los trabajadores de Dow, junto al Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) y la regional San Lorenzo de la CGT, enseguida se pusieron en guardia, fueron al paro, realizaron asambleas a cielo abierto en las puertas de la fábrica, mantuvieron audiencias con directivos de la compañía en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo de la provincia, con el argumento de que “la firma es rentable” y reclamando “continuidad laboral”.

Desde el gremio Soepu venían advirtiendo en las últimas semanas que “Dow Chemical está avanzando con el cierre” de su planta en PGSM con el propósito de reducir áreas de producción antes de lo previsto. Conciliación obligatoria mediante, desde el gremio también acusan a la empresa de no presentar informes financieros requeridos por la cartera laboral. En este sentido, los trabajadores convocaron a un plenario para el 22 de octubre “donde se definirán medidas y modalidad del plan de lucha en defensa de los puestos laborales”.

“Los representantes de la empresa Dow acusaron a los trabajadores que por hacer asamblea se redujo la producción en un cincuenta por ciento y que, además, quieren reducir el impacto del cierre programado para mayo del año que viene con supuestos entrenamientos y relocalizaciones. Mucho cinismo. Ojalá que podamos hacer que no se lleven ni una tuerca para que la fábrica siga funcionando”, sostuvo el periodista y diputado provincial Carlos Del Frade (Soberanía Popular), integrante de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara alta santafesina, para quien el conflicto en Dow “no es solamente un problema laboral, sino que se trata de una cuestión de dependencia”.

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