La falta de conectividad y de aparatos tecnológicos, como netbooks y celulares, fue uno de los principales obstáculos –en especial entre los sectores más pobres– para sostener las clases a la distancia en el tiempo de aislamiento por la pandemia. La reciente aprobación de la ley de inclusión digital y transformación educativa Santa Fe + Conectada despierta muchas expectativas sobre cómo impactará en la educación provincial. En particular, para garantizar derechos a las infancias y mejorar las condiciones del trabajo docente.
La ley de conectividad –como mejor se la conoce– es un proyecto del Ejecutivo presentado a fines de septiembre de 2020, que contempla la instalación de 4 mil kilómetros de fibra óptica en todo el territorio provincial para garantizar el acceso universal de la población a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs). Y permite al Estado provincial tomar un préstamo por 100 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina (Corporación Andina de Fomento- CAF) para financiar el proyecto. Otros 24 millones de dólares los aportará la provincia.
La iniciativa fue aprobada el 21 de octubre pasado por la Cámara de Diputados de la provincia, y ya tenía el visto bueno del Senado santafesino.
La diputada Lucila de Ponti (Bloque Justicialista – PJ) asegura que el extendido de fibra óptica será decisivo para la educación provincial y que impactará “en garantizar internet de calidad para el uso pedagógico en los edificios escolares de la provincia”.
Considera que “poder contar con internet de calidad significa una mejora diferencial con lo que es la situación actual, donde solamente el 18 por ciento de los edificios escolares (de la provincia) tiene internet para uso pedagógico”.
“Además –agrega–, en este tiempo de pandemia quedó demostrado el avance de la virtualidad en los procesos pedagógicos de los estudiantes y de los docentes”. Tanto por cómo se sostuvieron las clases a la distancia en la pandemia como por lo que representa de aquí en más para los recorridos pedagógicos de todos los niveles educativos. La aplicación de la ley –dice De Ponti– “va a instalar mejores condiciones para llevar adelante esos procesos”.
A mediados de octubre, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, estuvo en la provincia en el marco del Programa Volvé a la Escuela y entregó netbooks a estudiantes secundarios. Según anunció, son parte de una primera entrega de 37.442 netbooks del Plan Conectar Igualdad y destinada a 455 escuelas santafesinas.
“Es una política de Estado, que el Ministerio de Educación de la Nación viene retomando desde el inicio de su gestión”, dice De Ponti, y destaca que se trata de “darle continuidad al Programa Conectar Igualdad, que se llevó adelante en el último período del gobierno de Cristina, para que estudiantes y docentes cuenten con un dispositivo móvil para sus tareas educativas”.
“Lamentablemente –repasa– esto fue discontinuado en el gobierno de Macri, por lo que se perdió muchísimo tiempo en el alcance que esta política pública hubiera podido tener. El objetivo ahora es que se recuperen estas sendas, y avanzar para garantizar estas herramientas para todas las alumnas y los alumnos, y docentes también”.
El plan de conectividad en la provincia también tiene previsto instalar zonas de wifi de acceso libre en 134 barrios populares de Rosario y Santa Fe. La legisladora destaca que ya se empezaron a ejecutar las obras para hacer efectiva esta medida y será una de las primeras en impactar también en el terreno educativo.
Otros objetivos, con otros plazos, tienen que ver con garantizar Internet para uso pedagógico en las escuelas. Una tarea que la legisladora no duda en afirmar es una “política de Estado que debe asumir la provincia”.
Garantizar derechos
Un estudio realizado por distintas organizaciones sociales –difundido en mayo de este año y compartido en las redes sociales por De Ponti– revela que “el 72 por ciento de las escuelas no tienen conexión a Internet para uso pedagógico y del 28 por ciento de las que sí tienen conexión, el 66 por ciento tiene una conexión mala”.
La falta de conectividad afecta por igual a los barrios de las grandes ciudades como a las zonas rurales, “donde las empresas no ven rentabilidad para extender su tarea de conexión”. De allí que sea imperioso que el Estado provincial participe para garantizar este derecho.
Otros datos reunidos en este estudio señalan que en 2020 el vínculo con la escuela se dio mayormente por WhatsApp (66 por ciento) y en menor medida por Zoom, Meet u otras opciones de encuentros virtuales (10), redes sociales (9), plataformas educativas (7) y otras opciones (8).
Al respecto, De Ponti recordaba que si bien los distintos gobiernos provinciales que se sucedieron desde el 95 hasta la fecha habían realizado obras relativas a la conectividad, “han sido insuficientes”. Según datos oficiales del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) “el 30,5 por ciento de los hogares de la provincia no tiene Internet y el ancho de banda promedio de los hogares conectados es muy bajo”. Y “sólo el 18,9 por ciento de los hogares tiene una conexión a Internet buena, es decir suficiente para sostener un proceso educativo o laboral”.
Educadoras y educadores reunidos en el Encuentro por una Educación para Todxs recordaron por ese entonces que “la conectividad es un tema central en la política educativa en contexto de pandemia y en el ejercicio de los derechos de los y las estudiantes”.
Y aclaraban que, “si bien la educación virtual no es una modalidad, se ha transformado, también, en un recurso estratégico fundamental para mediar otros modos de aprender, otros modos de construir el aprendizaje y facilitar el acceso a las competencias fundamentales, con criterios de igualdad y justicia curricular”.
Entre otros argumentos, compartieron que –en agosto de 2020– el presidente Alberto Fernández, a través de un DNU, declaró “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga”.
Para todas las infancias
A principios de marzo pasado, Naciones Unidas difundió la Observación General 25 sobre los entornos digitales y los derechos de las infancias, documentos que elabora el Comité de los Derechos del Niño para hacer de la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada en 1989) un “documento vivo”.
Uno de los puntos de esta Observación se refiere a cómo las tecnologías pueden contribuir a garantizar el derecho a la educación: “El entorno digital puede permitir y mejorar en gran medida el acceso de los niños a una educación inclusiva de gran calidad, con recursos fiables para el aprendizaje”.
“Los Estados partes deben invertir de forma equitativa en la infraestructura tecnológica de las escuelas y otros entornos de aprendizaje y deben asegurarse que la utilización de las tecnologías digitales no menoscabe la educación presencial y que se justifique en función de los fines educativos”.
La Observación 25 se detiene en la educación durante la pandemia. “En el caso de niños que no están físicamente presentes en la escuela o viven en zonas remotas –dice el documento–, o que se encuentran en situaciones desfavorecidas o de vulnerabilidad, las tecnologías educativas digitales pueden permitir el aprendizaje a distancia o móvil”.
Falta de recursos, precarización laboral
La escasez de recursos tecnológicos para llevar adelante las clases a distancia en la pandemia profundizó la precarización laboral del magisterio. Este es un dato clave que recogió la Encuesta Nacional de la Ctera sobre Salud y condiciones de trabajo docente en tiempos de emergencia sanitaria Covid 19. La encuesta señala que “no sólo estos elementos mayoritariamente son puestos a disposición por parte de los mismos docentes sin la cobertura de Estado, sino que además hay un 29 por ciento que directamente no dispone de dichos componentes tecnológicos como computadoras, notebooks u otros dispositivos similares”. Además de sumar el dato de que “sólo el 30 por ciento dispone de computadora de manera permanente y un 41 por ciento de manera compartida. A lo que hay que agregarle que el 59 por ciento dice tener una conexión y conectividad inestables”.
También del ámbito sindical, pero esta vez con una mirada regional sobre Latinoamérica, un informe realizado por la Red Estrado con la colaboración de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Brasil y la Internacional de la Educación América Latina (IEAL), habla de cómo la pobreza y las desigualdades que ya estaban presentes quedaron a la vista con la pandemia y se profundizaron.
Entre esas carencias, la brecha digital a la hora de aprender y de enseñar, es indiscutida. El estudio en cuestión se llama “Trabajo docente en tiempos de pandemia: una mirada regional latinoamericana” y, entre otros aspectos que desarrolla, está la percepción de la docencia sobre la conectividad y la relación con los aprendizajes: “En general, los estudiantes presentan una conectividad limitada, agravándose para aquellos que residen en las áreas rurales”.
Los datos aportados por los informes de organizaciones sociales, sindicales, además de los relevamientos de organismos como Naciones Unidas, anticipan el valor de la ley de conectividad para garantizar aprendizajes en igualdad y mejores condiciones de trabajo docente.
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