Los fiscales que investigan a funcionarios de Seguridad se toman su tiempo para ver lo que secuestraron. El audio que originó la causa, la escucha republicana. Transcripciones para un gobernador, disciplinamiento a los díscolos.
A dos semanas de los allanamientos a las sedes Rosario y Santa Fe del Ministerio de Seguridad provincial por un legajo judicial por presuntas maniobras ilegales en la recopilación de información estatal del que los fiscales del caso aún no han hablado, pero que para el diputado provincial de la UCR, Maximiliano Pullaro, consiste en “una empresa criminal dedicada a la extorsión a través de inteligencia ilegal constituida y construida por el Estado”, trascendió que los investigadores van a tomarse el tiempo necesario para analizar la información secuestrada antes de formular una imputación a los ex funcionarios involucrados, excepto que ellos soliciten acceder a la causa y, en ese caso, se verían obligados por la ley procesal a imputar en 10 días. Si la pesquisa se había iniciado previamente por una presunta filtración de una empleada de Inteligencia del Organismo de Investigaciones (OI), que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA), al entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain, la espera actual refuerza la idea de “excursión de pesca” que señaló en su escrito ante los fiscales el propio involucrado.
El audio que originó la causa, en la que la empleada de la OI Débora Cotichini pide a un asistente técnico una escucha para pasársela a su “jefe” –que no se sabe si la recibió-, es cotejable en términos de injerencia de un poder del Estado en otro –y de doble vara interpretativa- con las escuchas a Pullaro cuando fue ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz, en las que se queja ante el jefe del MPA, Jorge Baclini, porque un fiscal “se cortó solo” y detuvo a un comisario, a pesar de que le habían prometido que el arresto se produciría luego de las elecciones de octubre de 2017, para reducir el daño político de la noticia.
El audio
De acuerdo a la investigación que desembocó en los allanamientos al Ministerio, y que sólo alcanzó a los funcionarios que habían pertenecido al equipo de Sain –que renunció hace ochos meses- y excluyó a su actual titular, Jorge Lagna, la pesquisa se inició por un audio del teléfono de Cotichini, jefa de Inteligencia Sur del OI.
Según publicaciones periodísticas, porque no se difundió información oficial del MPA, Cotichini le pidió a un funcionario técnico que le envíe un audio, que presuntamente tenía como destinataria a otra persona: “Viste que tenemos un jefe, nuestro ministro hoy en día”, dice el audio en manos de los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, que llevan adelante la investigación y ordenaron los allanamientos del viernes 26 al Ministerio de Seguridad.
Si el audio, de abril de 2020, tenía como destinatario a Sain, él ya no era su jefe, pues había tomado licencia como director del OI para ocupar la conducción de la cartera de Seguridad.
Como tantos otros funcionarios que actualmente integran el MPA, Cotichini llegó al Organismo de Investigaciones luego de pasar por la función pública del segundo gobierno del Frente Progresista en la provincia de Santa Fe.
Fue subsecretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia de la gestión de Antonio Bonfatti, quien a fines de agosto de 2015 le pidió la renuncia tras un escándalo público por un decreto que conmutó la pena a los autores de un doble homicidio ocurrido en 2007 en San José del Rincón.
Cotichini también fue directora del Patronato de Liberados durante la gestión del Frente Progresista, hasta que en julio de 2017 el fiscal General, Jorge Baclini, firmó su ingreso al OI. Su actual titular, el tuitero radical Víctor Moloeznik –que antes fue funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión del socialista Raúl Lamberto, cuando el pasado partidario no molestaba a los legisladores de la comisión de Acuerdos-, la denunció también por presunto ocultamiento de información.
La escucha
La cooptación del MPA por funcionarios radicales y socialistas, en un loteo que tuvo dos etapas, al comienzo del nuevo sistema en 2014 cuando el Grupo Universidad (UCR de la ciudad de Santa Fe) tuvo mayor preponderancia, y luego del recambio de autoridades en 2017 en el que talló con más fuerza el PS (Mario Barletta ya había saltado a Cambiemos), quedó expuesto en unas escuchas al teléfono del entonces ministro de Seguridad, Pullaro, en una investigación de 2017 por presunto cohecho.
Como publicó El Eslabón en su último número, la intercepción de las comunicaciones de Pullaro en esa causa -que en 2019 fue archivada por el fiscal Hernández-, pusieron en evidencia su ascendencia sobre el MPA, que no se ha diluido con el paso del tiempo ni el cambio de escudería política a Juntos por el Cambio.
La conversación con Baclini se produjo por la detención del comisario Adrián Rodríguez en relación a presuntas irregularidades con las horas Ospe (Órdenes de Servicio Extraordinario de Seguridad y Prevención) que administra la Policía. El ministro buscaba el ascenso por concurso del uniformado, que quedaba trunco con el arresto.
—Pullaro: ¿Qué haces Jorge? Che, ahí me informan que detuvieron a Adrián Rodríguez, el Jefe de la 5ta.
—Baclini: ¿Adrián Rodríguez?
—Pullaro: El jefe de la 5ta, un tipo que fue jefe de La Capital.
—Baclini: Ah, en Capital. No, no sabía nada.
—Pullaro: Che, bueno, no. Qué se yo, ¿eh?
—Baclini: Ahora voy a preguntar. ¿Quién lo detuvo, Apullán?
—Pullaro: Apullán, tengo entendido que es por las Ospe.
—Baclini: Y sí, Arietti yo estuve hablando el otro día y me dijo que tenía, pero que no sabía que lo iban a detener.
—Pullaro: A mí me dijo que tenía, pero que lo iban a detener después de las elecciones a todos. No sé por qué han apurado.
—Baclini: Sí. Dejame que lo llamo y te averiguo, te averiguo bien. Averiguo bien y te digo.
La empleada del OI Cotichini es investigada judicialmente porque pide una escucha que, aparentemente según el audio aludido, quería enviar a su “jefe” que es “ministro”. Nada que ver con un ministro que llama al fiscal General del MPA para que le averigüe por una investigación en curso y en cuya conversación revela que el fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, le prometió una detención “después de las elecciones”.
Transcripciones y CD
Los dos fiscales de Santa Fe que investigaban las horas Ospe, María Laura Martí y Roberto Apullán, habían solicitado a un juez la intervención del teléfono del entonces ministro. Cuando Pullaro se enteró se encargó de encuadrarlos.
El juez que las había autorizado, Nicolás Falkenberg, metió marcha atrás y se defendió diciendo que no sabía que se trataba de la línea telefónica del titular de la cartera de Seguridad, porque los fiscales no le habían notificado eso.
El fiscal regional Arietti, también proveniente del Grupo Universidad del radicalismo, apartó del caso a sus subordinados Apullán y Martí.
Apullán reveló entonces que Arietti le ordenó enviar al gobernador Lifschitz una transcripción de las escuchas que involucraban a Pullaro y al jefe policial Rodríguez, cuando el legajo aún estaba en reserva.
Martí, por su parte, sostuvo que por orden de Arietti entregó a un funcionario del MPA, el subsecretario regional Santiago Lemos, 300 CD con grabaciones de escuchas telefónicas de la investigación por las horas Ospe policiales. Total normalidad.
Los involucrados se encargaron de aleccionar a los fiscales y, mediante el mismo acto, sentar las bases disciplinarias para quien en el futuro tuviera la misma ocurrencia.
Ambos fueron denunciados y luego imputados, en octubre de 2018, por los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica e incumplimiento en los deberes de funcionario público, sobre la base de que no le habían informado al juez que uno de los teléfonos cuyas comunicaciones pedían interceptar, correspondía al ministro.
Al término de la audiencia imputativa, Martí dijo que “está claro el mensaje que se quiere dar. Esta investigación es una simulación para tapar otras causas de corrupción institucionales gravísimas, como las horas Ospe, la causa Rodríguez, la Motorizada”. Un año después, la fiscal fue trasladada a una oficina de Faltas.
Uno de los fiscales que acusó a Apullán y Martí fue el rosarino Gustavo Ponce Asahad, condenado este año por cohecho pasivo, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público. De acuerdo a la investigación, recolectaba cada mes entre 4 y 5 mil dólares del capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti –condenado la semana pasada- para informarle sobre investigaciones que lo tenían como objeto y brindarle cobertura judicial.
A la pesca
Existe otra analogía entre aquella causa a los fiscales santafesinos y la que llevan adelante ahora, contra seis ex funcionarios del Ministerio de Seguridad y contra Sain, otros fiscales santafesinos, Hernández y Jiménez.
Antes de las imputaciones de octubre de 2018, los fiscales rosarinos del caso, Ponce Asahad y Juliana González, pidieron a un juez acceder a los servidores del MPA con el fin de recolectar “toda la información” vinculada con Apullán y Martí entre junio y diciembre de 2017, y revisar los correos electrónicos de dos policías que trabajaban en su equipo.
Para la defensa de los fiscales santafesinos, la medida era homologable a “una excursión de pesca” para ver si “sale algo”. En junio de 2018 un juez de Cámara, Enrique Álvarez, anuló la medida dictada por el juez de primera instancia, Eduardo Pocoví, al señalar que “entrar a los servidores de los investigados, que son fiscales en funciones, donde se encuentran otras investigaciones en trámite es muy temerario y violaría cualquier norma al respecto”.
“Aquí debemos proteger a todas las personas que se encuentran investigadas por Apullán y Martí en los múltiples legajos que tramitan”, sostuvo, y anuló la medida al entender que “está totalmente fuera de los parámetros legales”.
En los allanamientos realizados por orden de Hernández y Jiménez al Ministerio de Seguridad en Rosario, el 26 de noviembre último, la Policía secuestró legajos de investigación de la oficina de Asuntos Internos.
En una entrevista posterior al procedimiento, el exministro Sain sostuvo que “lo que requisaron es la oficina donde se hacía el control policial, Asuntos Internos, y esa oficina está a diez metros de la oficina del ministro y se llevaron expedientes que comprometían a sectores policiales”.
En una presentación realizada al MPA el 30 de noviembre, los abogados de Sain plantean que “conforme la orden que habrían emitido los fiscales intervinientes, aun sin facultades para hacerlo, los mismos instruyeron irrumpir en la oficina del ministerio y proceder al secuestro de «tanto dispositivos electrónicos y de almacenamiento de información, como así también la identificación de las personas presentes y de toda documentación relevante para la causa»”.
Los letrados consideraron que ello equivale a “ir a la pesca”, ya que “la absoluta indeterminación de la medida nuevamente determina la notoria nulidad de la misma, y por ende, la inaprovechabilidad de todo elemento que de ella resulte”.
De ronda
El involucramiento en el caso de una de las funcionarias de la cartera de Seguridad, la asistente técnica Nadia Schujman, generó la reacción de organismos defensores de los Derechos Humanos, organizaciones sindicales, políticas y del movimiento de mujeres –entre otras-, que denunciaron la “persecución política, judicial y mediática” contra la abogada de la agrupación Hijos Rosario, querellante en varias causas por delitos de lesa humanidad en las que fueron condenados los ejecutores del genocidio planificado durante la última dictadura.
Al cierre de esta edición, la Ronda de las Madres realizaba su habitual acto de los jueves en la Plaza 25 de Mayo en solidaridad con Schujman.
Hijos Rosario señaló en un comunicado que “debemos denunciar que se trata de una persecución política utilizando para ello fiscales permeables, lo que constituye un gravísimo caso de lawfare que, evidentemente, ya no es propiedad exclusiva de Comodoro Py”.
“Asistimos con perplejidad al escenario en el que se nos quiere hacer creer que el problema son quienes denuncian o investigan al crimen, como ocurrió con la destitución de Marcelo Saín al frente del Organismo de Investigaciones (OI)”, agrega el comunicado.
Y explica que “a esto se agrega la persecución política a nuestra compañera Nadia Schujman, abogada histórica militante de HIJOS que integró el equipo jurídico desde los juicios por la verdad, y fue querellante desde el 2003 hasta la fecha, representando a centenares de víctimas de delitos de lesa humanidad”.
El sindicato docente Amsafé emitió un comunicado en el que “denunciamos y repudiamos los hechos de la crisis institucional y política en nuestra provincia, manifestada en la persecución política y judicial que viene llevándose a cabo contra funcionarios comprometidos y de dilatada trayectoria, lo que constituye un gravísimo caso de lawfare y que tiene como una de las víctimas a la doctora Schujman”.
El diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, presentó un pedido de informes en el que solicita al Poder Ejecutivo que explique “las razones, los hechos y los detalles que generaron los allanamientos en el Ministerio de Seguridad y que generaron las citaciones a indagatoria a prestigiosas personas que desde hace años se vienen destacando en la defensa de los derechos humanos como la abogada Schujman”.
El Sindicato de Prensa señaló que “la persecución política y judicial de la que está siendo víctima Nadia Schujman representa un claro ataque al sostenimiento de la democracia institucional en la provincia”, mientras que el Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria manifestó su “preocupación frente a la persecución política, judicial y mediática hacia nuestra compañera Nadia Schujman”.
Esas organizaciones y muchas otras consideran que la causa en ciernes -de la que casi nada se conoce públicamente- constituye un caso de lawfare y persecución, en venganza por las investigaciones motorizadas por el equipo de Sain que vincularon el negocio narco con el lavado en “cuevas” financieras y las relaciones políticas, institucionales y judiciales con el crimen organizado en Santa Fe.
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