Fracasó la movida del Parlamento contra Pedro Castillo. No alcanzaron los 52 votos necesarios para abrir el proceso destituyente (faltaron 6). Pero fue apenas un intento más. La amenaza continúa.
No pudieron esta vez, pero lo seguirán intentando. Los poderes fácticos, los grandes medios hegemónicos, los partidos de derecha y ultraderecha (encabezados por el fujimorismo) van a seguir insistiendo, con cada vez más presiones y mentiras, hasta destruir la democracia peruana. La derecha regional exhibe en forma cada vez más desembozada su carácter autoritario, golpista y violento. Seguirá buscando derrocar gobiernos que no respondan a los mandatos de EEUU. Y continuarán no dejando gobernar (acosando, injuriando y sancionando) a los gobiernos que no puedan voltear.
La amenaza de golpe es incluso anterior a la proclamación de Castillo. La insólita demora (se votó el 6 de junio y fue proclamado el 19 de julio) no fue más que una maniobra para ganar tiempo e intentar un golpe como el de Bolivia en 2019. Y una vez confirmada su victoria, las amenazas de golpe recrudecieron.
La ex candidata de ultraderecha (que prometió instaurar una “demodura” para Perú), Keiko Fujimori, sufrió su tercera derrota consecutiva y se abrió la posibilidad de que regrese a la cárcel por treinta años. Ya estuvo dos veces con prisión preventiva, en 2018 y 2020. Por eso ahora el fujimorismo va por todo.
En Perú es muy fácil destituir a un presidente. Existe la ambigua figura de “incapacidad moral”, que puede aplicarse sumariamente en un proceso de pocos días sin necesidad de un juicio político y sin otro argumento que la fuerza de los votos.
Además de la posibilidad de destituir al presidente sin pasar por un impeachment, el Parlamento tiene la facultad de interpelar y censurar ministros, obligándolos a renunciar, y todo nuevo gabinete debe recibir el voto de confianza del Congreso. Si la confianza le es negada, el gabinete cae. El Ejecutivo, como contrapeso a esas facultades parlamentarias, puede pedir una cuestión de confianza si considera que el Congreso obstruye su trabajo y le impide llevar adelante sus políticas, y si el voto de confianza le es negado dos veces, queda habilitado para disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones legislativas.
No se necesitan pruebas para derrocar a un presidente
Castillo se libró de ser sometido a un proceso sumario de destitución en el Congreso bajo la figura de “incapacidad moral permanente”, que no está regulada y posibilita sacar a un presidente sin necesidad de presentar pruebas de algún delito. Castillo ha zafado del proceso de destitución, pero a solo cuatro meses de haber asumido, el gobierno aparece debilitado. Los que apoyan a Castillo celebraron el resultado con el clásico “el pueblo unido, jamás será vencido”.
Las tres bancadas de extrema derecha, con el fujimorismo como la más numerosa, que promovieron el golpe parlamentario, tienen 43 legisladores. Solo pudieron sumar tres votos a su empeño golpista, de dos legisladores de derecha que votaron en contra de la decisión de sus bancadas de no respaldar el pedido de destitución. La votación deja a las fuerzas de ultraderecha aisladas en el Congreso.
Los golpistas se llevaron una gran decepción. Esta última semana estaban convencidos de que obtendrían los votos. Los analistas coinciden en que esto apenas comienza. Se espera una abrumadora embestida de los medios para lograr finalmente echar al mandatario.
Algunas bancadas de derecha, que son mayoría, no respaldaron al gobierno pero se distanciaron del golpismo. Fueron 76 los congresistas que rechazaron el intento de golpe. Hubo cuatro abstenciones. En los días previos se especuló mucho con que un sector del partido oficialista Perú Libre (PL), dividido entre el respaldo y la crítica al gobierno, podría aportar votos al proceso de destitución del mandatario, para delicia de la derecha. Pero no fue así. De todos modos, las divisiones en el oficialismo continúan. El secretario general de PL, Vladimir Cerrón, cuestiona a Castillo por supuestamente haberse moderado y reiteró que tiene “profundas diferencias” con su gobierno, pero al mismo tiempo aseguró que no se iba a prestar al golpismo de la ultraderecha.
El pliego acusatorio contra Castillo se destaca por la debilidad argumentativa. Se le acusaba de presionar para obtener el ascenso de cinco militares, ascensos que no se dieron. Además, y en un plano más grotesco, se intenta justificar su “incapacidad moral” por haber restablecido relaciones diplomáticas con Venezuela. La derecha golpista carece de vergüenza, y el retorno de ciertos planteos macartistas es apenas una parte de tan triste circo. Castillo es “terrorista” y “comunista” por solo definirse como de izquierda.
“Los golpistas, en una exhibición de hipocresía, de atentado contra la memoria, hablaron de luchar contra la corrupción, cuando muchos de ellos, como los fujimoristas, tienen una larga relación con la corrupción. El discurso fue la lucha contra la corrupción y la incapacidad de Castillo en el manejo del gobierno, pero el objetivo de la derecha golpista era derrocar al gobierno de izquierda y recuperar el poder perdido para bloquear toda opción de cambio. Y también para asegurar impunidad en los varios procesos de corrupción que tienen dirigentes de esa derecha golpista, como Keiko Fujimori que en los próximos meses debe enfrentar un juicio por lavado de dinero con un pedido de 30 años de prisión”, asegura desde Lima el corresponsal de Página 12 Carlos Noriega, que además hace referencia al “profundo racismo” de las elites, que no aceptan perder el poder “y menos a manos de un campesino andino que viene de los sectores más pobres y marginados, y que habla de exclusión, desigualdad y cambios en las estructuras de poder”.
Según informó el sitio de noticias peruano RPP, durante el debate parlamentario, la primera bancada en plantear su postura fue Perú Libre, que luego de la reunión realizada en vísperas con el jefe de Estado anunció que votaría de forma unánime contra la moción.
A su turno, el vocero de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, anunció que su bancada “votará en contra de la admisión de la moción de la vacancia presidencial”.
El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, defendió la moción de vacancia y consideró que el presidente “tiene poca capacidad moral para conducir por las vías institucionales a las Fuerzas Armadas”, en relación a las denuncias de presuntas irregularidades en los ascensos de esa institución.
La legisladora Ruth Luque, vocera de Juntos Por el Perú, lamentó que la vacancia esté “enfocada en desconocer los resultados electorales”. Esta agrupación ya había anunciado su intención de votar de manera unánime en contra de la moción.
Hernando Guerra García, de Fuerza Popular, señaló que “no estamos diciendo que el presidente es un inmoral, sino que no tiene capacidad moral”. Y agregó que “si esta votación no pasa, estaremos mirando permanentemente esa incapacidad moral que usted no es capaz de demostrar hasta ahora”.
Avanza País reafirmó que votarían a favor de la admisión a debate de la moción. El vocero, José Williams Zapata, recalcó que “en notorias oportunidades el presidente no ha tomado las decisiones más adecuadas”.
La congresista Flor Pablo (Partido Morado) manifestó que “tenemos que reconocer que hay cosas que deben cambiar, pero consideramos que la vacancia no es el mecanismo, estamos en contra de la admisión a debate de la moción de vacancia”.
Edwin Martínez (Acción Popular) dijo creer que “esta va a ser la última oportunidad que se le va a dar» al presidente Pedro Castillo «si no enmienda sus errores”.
Y ese tono amenazante de Martínez es el que predomina y marca la tendencia. La derecha aumentará la presión golpista. La votación del Parlamento es apenas un capítulo de una larga historia.
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