Avanza el proyecto por un salario básico universal destinado a trabajadores de bajos ingresos, con el objetivo de garantizar el acceso al alimento y así reducir la indigencia. Sin una estrategia anti-inflacionaria, la ayuda monetaria caería en bolsillo roto.

En las últimas semanas, a partir de la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados nacional que ya se trata en comisiones, se reinstaló la discusión sobre la posibilidad de que Argentina cuente con un salario básico universal, en un contexto de crisis, de mayor concentración económica, de desigualdad distributiva, aunque con recuperación de la actividad pero con un proceso inflacionario que aplasta ingresos y recorta poder adquisitivo, sobre todo de los sectores populares.

De avanzar la iniciativa parlamentaria impulsada por un sector del Frente de Todos (FdT), con adhesión y militancia de organizaciones políticas, sociales y sindicales, el Estado pagaría una prestación mensual equivalente al monto de la canasta básica de alimentos, que según el último dato del Indec es de 13.700 pesos. La retribución alcanzaría a nueve millones de personas de todo el país, de entre 18 y 64 años.

Los potenciales remunerados serían trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos, informales, precarizados, desempleados, sin ocupación plena o cuentapropistas. Incluye a las categorías más bajas del monotributo con ingresos por debajo del salario mínimo, vital y móvil, trabajadoras domésticas y también a empleados públicos que cobren menos que el mínimo, vital y móvil, que desde junio será de 45.500 pesos. La mayoría de los posibles beneficiarios no tiene negociaciones paritarias para recomponer ingresos.

“Podría eliminar la indigencia y garantizar que todo el mundo tenga, al menos, un plato de comida cada día. Sería un avance muy importante”, destacó la diputada nacional del FdT Natalia Zaracho, trabajadora de la economía popular, proveniente del movimiento cartonero y referente del Frente Patria Grande, al presentar el proyecto junto a legisladores de su misma agrupación política, liderada por el dirigente Juan Grabois, y otros colegas del bloque oficialista.

El debate sobre un salario básico universal, también denominado ingreso o renta, tomó vuelo con la irrupción de la pandemia y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociolaborales. Las y los impulsores del proyecto resaltan que el mismo busca igualar, ampliar derechos, más equidad y garantizar una cobertura social de base para los más relegados, algo parecido a la suma mensual que paga el Estado con la asignación universal por hijo, creada en 2009 durante el primer gobierno de CFK, después de la derrota sufrida por el oficialista Frente para la Victoria en las elecciones de medio término de aquel año, medida que redujo niveles de pobreza e indigencia.

La implementación de un ingreso universal resultaría una nueva política dentro del sistema de seguridad social y de transferencia de ingresos del Estado a la población, que incluso encuentra antecedentes a nivel regional y mundial, y no sólo en países desarrollados. Lo más parecido al salario básico universal fue el ingreso familiar de emergencia, el IFE, un pago de diez mil pesos mensuales que el gobierno de Alberto Fernández otorgó en tres oportunidades para los más desprotegidos durante la etapa más dura de la pandemia, hacia fines de 2020, ayuda recibida por nueve millones de personas marginadas del mercado laboral formal.

Piso de protección

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) hizo propio el reclamo de un salario universal, lo puso bien arriba en la agenda social de emergencia que se manifiesta en las calles. El pasado 1° de Mayo, movimientos sociales cercanos al oficialismo, como el grupo Los Cayetanos, entre otros, volvieron a defender la propuesta durante la marcha y posterior acto por el Día de las y los Trabajadores, al tiempo que pidieron por una ley general de tierra, techo y trabajo.

Un política estatal destinada a reforzar ingresos de la población más desguarnecida no es “darle plata a los pobres” o “más planes”, como suele repetirse de manera desdeñosa entre sectores de clase media y mejor acomodados, ni hablar entre los ultra de derecha, donde gana terreno el odio a los pobres y la desinformación o mala información divulgada en cadena nacional por medios de comunicación que formatean la opinión pública. 

“No. El salario básico universal no es un «engendro populista».  Los invito a conocer un poco la historia: lo discutían los ingleses en el siglo XVIII, y hoy lo proponen desde el Papa Francisco hasta Elon Musk (multimillonario estadounidense, CEO de Tesla y SpaceX)”,  destacó el diputado nacional del FdT Itai Hagman, uno de los impulsores del proyecto en cuestión.

El economista y docente, agregó: “Hay millones de personas que trabajan sin tener un empleo formal, que no tienen garantizadas las condiciones más básicas de vida. Este fenómeno es mundial, consecuencia de las transformaciones en el mercado de trabajo y de la creciente concentración de la riqueza”.

Defensores del salario universal aseguran que, pese a la compleja situación doméstica, el Estado nacional puede financiarlo y darle factibilidad presupuestaria. De aprobarse, la iniciativa expandiría el gasto (inversión) público, una política no recomendada por el Fondo Monetario Internacional y su obsesión fiscalista, como quedó asentado en el acuerdo que firmó con la Argentina por el repago de la monumental deuda externa que tomaron Mauricio Macri y asociados.

En este sentido, una posible fuente de financiamiento podría ser el proyecto de “renta inesperada” que anunció el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, propuesta que todavía no fue presentada ni se conocen detalles. A priori, la medida buscaría que las empresas que acrecentaron sus ganancias de modo extraordinario en medio de la peste y la guerra hagan una contribución tributaria un poco más sustanciosa, como fue el aporte de grandes fortunas para atender urgencias de la crisis pandémica. 

En el Poder Ejecutivo, especialmente la línea Guzmán, Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), advierten sobre el impacto fiscal que tendría el salario universal y su posible efecto inflacionario no deseado. En voz del ministro de Economía, Argentina tiene una cobertura social amplia que da protección y se va adecuando de acuerdo a las circunstancias. “Este proyecto (de salario universal) destinado al sector informal no salió del seno del Ejecutivo, pero estamos analizando su viabilidad”, dijo Guzmán en declaraciones periodísticas, al tiempo que destacó: “Apuntamos a la formalización laboral de estos actores”.

En su momento, cuando los efectos de la pandemia seguían muy presentes, el gobierno de AF resolvió no otorgar otro IFE y eso, según diferentes analistas políticos y económicos, pesó en las elecciones legislativas que el oficialismo perdió el año pasado. Lo cierto es que trabajadores y trabajadoras, en su mayoría, vienen con bolsillos quebrantados desde el huracán Mauricio.

Guarda con la inflación

Los precios de los productos que componen la canasta básica alimentaria (CBA), que fija la línea de indigencia, aumentaron 6,7 por ciento en abril, arriba del nivel general de inflación que fue de seis puntos. En los últimos doce meses, la CBA trepó 59,4 por ciento. Un adulto mayor debe disponer como mínimo de 13.700 pesos por mes para matar el hambre. El Indec informó que un hogar integrado por una pareja con dos hijos necesitó contar con ingresos de 42.500 pesos para superar la línea de indigencia.

En tanto, la canasta básica total, que además de alimentos mide otros productos, subió en abril 6,2 por ciento, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por más de 95 mil pesos para no caer en la pobreza. La elevada inflación, además de ser un problema perturbador para la economía en su conjunto, llevó a que haya cada vez más trabajadores formales pobres.

Para intentar contrarrestar la corrida inflacionaria del primer trimestre de este año, acelerada por el impacto de los precios internacionales de materias primas, entre la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania, el gobierno nacional sumó refuerzos por medio del pago de bonos, como el llamado IFE 4 o el plus a jubilados, primero de seis mil y este mes de doce mil pesos.

Como reflejo de la compleja situación que se vive con los ingresos, para cobrar el IFE 4, un bono de 18 mil pesos pagadero en dos veces, se inscribieron unas doce millones de personas desempleadas, con trabajo informal o con monotributo de categoría baja, de las cuales unas siete millones cumplieron con los requisitos establecidos para acceder a la ayuda monetaria estatal.   

Por otro lado, el gobierno adelantó actualizaciones del salario mínimo, aumento que repercute en el salario social complementario (la mitad de un salario mínimo) que perciben trabajadores de la economía popular. Hasta el momento, cualquier incremento salarial en paritarias o de ingresos vía Estado se lo traga el desaforado aumento de precios, sobre todo en el rubro alimentos. De no mediar una estrategia anti-inflacionaria más firme por parte del gobierno, ocurriría lo mismo con el salario universal, cuyo fin es fortalecer el consumo popular.

Con mirada crítica, el ingeniero Enrique Martínez, ex presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) y actual coordinador del Instituto para la Producción Popular, opinó: “Promover salario o aumentar a empleados públicos el 60 por ciento sin un correlato de grandes planes de trabajo que resuelvan temas sociales, como la vivienda en primer lugar y varios más, sólo lleva a mayor inflación y ganarán los mismos”.

En su cuenta de Twitter, Martínez escribió: “Nuestras espadas sensibles piden que los salarios suban más que la inflación. Por desgracia, más de la mitad de la población económicamente activa no cobra salarios. Para mayor desgracia, quienes pagan salarios son también los que definen los precios”.

Desde la Utep, en tanto, proponen “ordenar, integrar y potenciar el sistema de trabajo, empleo y seguridad social”. A la vez, entienden que “el actual momento histórico requiere avanzar en una medida audaz, innovadora y necesaria que permita crear condiciones de estabilidad social y económica, como el salario básico universal”.

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