La nueva ley de moratoria previsional que impulsó el Frente de Todos, que beneficia a más de 800 mil personas sin aportes suficientes, llega en un contexto de crecimiento económico con problemas de ingresos y alta inflación. El macrismo votó en contra.
La ley de moratoria previsional que sancionó la Cámara de Diputados, impulsada por el oficialismo, acompañada por la izquierda y bloques provinciales, rechazada por el macrismo y libertarios de derecha, dejó marcas políticas, sociales y económicas. El Frente de Todos, esta vez sin fisuras internas y pese a los límites austeros que impone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aprobó el proyecto que traía media sanción del Senado después de las reiteradas negativas opositoras a dar quórum para debatirlo.
La nueva moratoria habilita un plan de pago para regularizar deuda previsional, en cuotas mensuales que serán descontadas de la misma prestación. Es decir, nadie regala nada, contra lo que suelen parlotear políticos y medios opositores. Además, la normativa incluye la posibilidad de que trabajadores cercanos a la edad jubilatoria que saben que no van a completar los años de aportes podrán hacer un ahorro previo y luego jubilarse en tiempo y forma.
La ley en cuestión es ante todo inclusiva, ya que permite a personas que no alcanzan los 30 años de aportes y están en edad de jubilarse acceder a ese beneficio/derecho y empezar a percibir el haber mínimo, un ingreso que por más bajo que sea siempre ayuda. También, como cualquier jubilado y jubilada, accederán a medicamentos gratis, servicio de la obra social Pami que el macrismo había cortado al mismo tiempo que degradaba el Ministerio de Salud a secretaría.
Juntos por el Cambio, que promete una regresiva reforma jubilatoria en caso de volver a ser gobierno, torpedeó la iniciativa siguiendo su estrategia de paralizar el Congreso en desacuerdo con el avance del juicio político a los cuatro integrantes de la Corte por su proceder para nada independiente, un tribunal supremo rendido a los pies de los poderes fácticos y del macrismo.
Una vez abierto el debate parlamentario, no exento de acalorados cruces en medio del año electoral, legisladores del PRO se presentaron en el recinto y apuntaron a cuestionar el financiamiento del sistema de seguridad social, casi un caballito de batalla opositor en el tema.
Juntos por el Cambio también defendió la pensión del adulto mayor votada durante la gestión Macri, que proponía que quienes no tengan aportes cobren el 80 por ciento de una jubilación mínima a partir de los 65 años, incluso las mujeres, cuya edad para jubilarse es de 60. Como si fuese un subsidio a la vejez.
“La reducción de la cobertura jubilatoria y más aún la Puam (pensión universal), que consagra jubilados clase B, lo que hace es cristalizar las desigualdades del mercado laboral durante la vejez”, retrucó el diputado oficialista Itai Hagman.
El actual sistema previsional es de reparto, solidario, de transferencia intergeneracional, se sustenta en parte con impuestos. No es de capitalización individualista como con en los años 90 con las administradoras de fondos jubilatorios conocidas como AFJP: la sigla maldita que trae a la memoria la resistencia de la incansable luchadora por los derechos de los jubilados Norma Plá, la señora que hizo llorar al ex ministro de Economía Domingo Cavallo. “Jubilados pensionados ya no pueden más”, cantaban los Illya Kuryaki.
Jubilados contentos
Tras reunir un ajustado quórum en el recinto con 129 diputados y diputadas, el Frente de Todos (118), el Frente de Izquierda (4), Provincias Unidas (3) y el Interbloque Federal (4) consiguieron habilitar el martes 28 de febrero una sesión luego de tres meses. Fue la única sesión sobre el filo del cierre del período extraordinario. Sucedió un día antes de la Asamblea Legislativa, donde el presidente Alberto Fernández inauguró en el Congreso las sesiones ordinarias y trazó en el último discurso de su mandato un balance positivo de gestión, con duras críticas al Poder Judicial y a la oposición.
Con 134 votos afirmativos y 107 negativos, el oficialismo aprobó la ampliación de la moratoria previsional, que había vencido el 31 de diciembre de 2022. La moratoria fue prorrogada por el Ejecutivo en julio pasado tras la extinción del esquema que estaba vigente desde 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Con esta iniciativa en particular se muestra a un Estado que invierte entre los sectores más vulnerables, entre quienes trabajaron en situación irregular y no se pueden jubilar al no tener aportes, y no por una decisión voluntaria. Se estima que son más de 800 mil personas que no tienen o le faltan aportes y el número se duplica si se suma a quienes están cerca de jubilarse y no poseen los 30 años de servicio que exige la ley.
Con la moratoria, en Argentina, todas y todos los adultos mayores tienen derecho a una jubilación. En Argentina, el nivel de cobertura previsional es del 95 por ciento, mientras que en el resto de los países de la región es muchísimo más bajo. “En Chile no llega al 50 por ciento, en Colombia 29 por ciento, Perú 23 por ciento y México 24 por ciento”, según comparó durante su intervención el diputado Hagman.
“Entre 2003 y 2015 se incorporaron tres millones y medio de nuevos jubilados, al mismo tiempo que se crearon más de cinco millones de puestos de trabajo formales. En ese lapso las jubilaciones aumentaron 190 por ciento en términos reales (descontada la inflación). Con esta nueva moratoria no podemos decir que el sistema previsional en Argentina sea perfecto ni que las jubilaciones actuales alcancen. Sería bueno no tener que discutir moratorias y dar respuestas globales a los problemas que tiene el sistema. Pero los indignados que van a los programas de televisión y usan la angustia de un jubilado, después vienen acá y le votan en contra”, continuó el legislador del Frente Patria Grande.
Al mismo tiempo que se desarrollaba el debate y votación por la nueva moratoria previsional, la Mesa de Enlace de las entidades ruralistas, con marcada presencia de productores “autoconvocados” que comulgan con el macrismo, realizó una asamblea rutera en Villa Constitución. Allí reunidos, a la vera de la autopista Rosario-Buenos Aires bajo un sol furioso, además de hacer catarsis agropecuaria reclamaron (otra vez) una rebaja de retenciones –hoy en la soja se pagan dos puntos menos que en 2015, 33 por ciento contra 35– como respuesta estatal a la problemática de la sequía que, cabe aclarar, está vinculada a factores climáticos, donde el sistema productivo tiene mucho que ver, y no a Cristina ni Alberto como espantatormentas.
Se trata de un sector, en general, que puede tener dificultades pero está lejos del trajinar diario de un jubilado que cobra la mínima. Más allá del dólar soja, que benefició principalmente al complejo agroexportador, durante el pico de la pandemia y sus efectos económicos negativos el agro no detuvo su actividad y los precios de sus productos se incrementaron fuertemente.
Semanas atrás el gobierno firmó acuerdos para implementar medidas de emergencia –casi siempre insuficientes y mal distribuidas– para productores afectados por la falta de lluvias. Por un lado, el agro pide asistencia al Estado, y por otro, lo quiere desfinanciar con menos dólares para las arcas, que igual se verán perjudicadas por la merma en el rinde que tendrá la cosecha gruesa. ¡Que lo parió!
Cobertura y brecha
El Centro de Economía Política de la Argentina (Cepa) detalló en un informe: “Sólo una de cada diez mujeres y tres de cada diez varones en edad jubilatoria presentan más de 20 años de aportes y podrían estar eventualmente en condiciones de jubilarse. Dentro de este grupo, los que superan los 25 años de aportes (es decir, quienes podrían jubilarse ni bien cumplan la edad jubilatoria) se reduce a sólo siete mujeres de cada cien y dieciséis hombres de cada cien”, se señaló en el reporte del Cepa.
Y dio más datos y estadísticas: “Sólo el 6,6 por ciento de las mujeres de entre 55 a 59 años tiene entre 25 a 27 años de aportes, mientras que el 46,1 por ciento no cuenta con ningún aporte al sistema jubilatorio. En el caso de los hombres de entre 60 a 64 años, sólo 16 por ciento tiene entre 25 a 27 años de aportes, al tiempo que un 17,6 por ciento no tiene ningún aporte”.
Según el Cepa, la oposición “suele argumentar que las moratorias quiebran el sistema previsional. Sin embargo, los números no acompañan esta tesis. En la moratoria de 2015, que aumentó la cantidad de personas con derecho a jubilarse, se mejoró la cobertura del gasto previsional con aportes y contribuciones, es decir, se creó empleo registrado: la cobertura pasó de 53,3 a 65 por ciento”.
“A diferencia, cae la cobertura en escenarios de crisis –completó el informe–. En 2015-19 se llegó a cubrir menos del 50 por ciento. En 2020, por la pandemia, se redujo al 37 por ciento. El problema no es la moratoria, sino garantizar la creación de empleo registrado: la principal fuente de financiamiento es el salario de los y las trabajadores”.
En la misma línea argumentativa, desde el Cepa concluyeron: “La moratoria es clave para no penalizar dos veces a trabajadores informales o desocupados (en su vida activa, sin derechos laborales, y en su vida pasiva, con pensiones que otorgan menores ingresos que las jubilaciones) y para mitigar la brecha de género del sistema previsional”.
En la página de Ansés se recuerda que el plan de inclusión previsional tuvo una primera etapa con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación. En 2005, por decreto, el entonces presidente implementó el régimen permanente de regularización voluntaria de deudas para autónomos con el objetivo de revertir la tendencia decreciente de la cobertura previsional y proteger a las y los adultos mayores que, como consecuencia de los cambios registrados en el mercado de trabajo y en el sistema previsional en los años 90, se encontraban en una situación de vulnerabilidad social al no contar con un haber jubilatorio. Esto se dio a la par de un crecimiento económico, mejora sostenida en los niveles de empleo formal y reducción de la informalidad laboral.
Modelo dual
El presente debate previsional se da en un contexto de ajuste del gobierno sobre algunas partidas sociales con el objetivo de reducir el déficit fiscal para cumplir con el FMI. La moratoria va a contramano de esta lógica de recortes porque incrementa el gasto público. También hay una situación de pérdida de poder adquisitivo en salarios, ingresos y jubilaciones.
Desde marzo rige un aumento del 17 por ciento, más un bono de 15 mil pesos como refuerzo para que jubilados y jubiladas no queden tan atrás de la inflación. Así, la mínima será de 73 mil pesos. Los ingresos de jubilados y trabajadores siguen siendo insuficientes frente a un índice de precios que corre al 6 por ciento mensual.
La política económica que vino aplicando el Frente de Todos desde 2019 estuvo cruzada por la pandemia, la guerra y la sequía, pero la principal limitación que encontró es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la impagable deuda que dejó el macrismo. Las recetas de ajuste y las metas que impuso el organismo –por más que se flexibilicen– plantaron obstáculos políticos, sociales y económicos, que recaen sobre las mayorías empobrecidas.
Ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández repasó datos económicos haciendo un recorrido por sus tres años de gobierno. Destacó variables positivas en el mercado laboral, en la producción industrial, pero no en la distribución de la riqueza. La moratoria previsional es un aporte a un reparto más justo.
El crecimiento económico que resaltó el mandatario –hoy algo enfriado– no se condice con una mejora sustancial en el ingreso real de trabajadores y jubilados, bolsillos que vienen podados desde la era Macri. Recomponer salarios y jubilaciones resulta urgente desde el punto de vista socioeconómico y político, máxime de cara a las elecciones presidenciales de este año.
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