El dogma presidencial expresado en forma de decreto, pero ideado por Sturzenegger, propone refundar el país vía DNU. Piquetes y cacerolas, por ahora son dos luchas. “Corte y pegue”, la consigna de Bullrich.
Piquete y cacerola, aquella consigna del estallido social de diciembre de 2001 que unió los intereses y necesidades de los sectores populares empobrecidos con la clase media “acorralada”, son -por ahora- dos luchas y no una sola. Ese escenario coyuntural quedó escenificado el miércoles pasado en la marcha que a la tarde realizaron organizaciones sociales y partidos de izquierda para conmemorar, justamente, la insurrección del 20 de diciembre de 2001, y los cacerolazos de la noche como reacción al cadenazo nacional del presidente, Javier Milei, que dio a conocer su súper decreto de necesidad y urgencia de 366 artículos con el fin de fundar por un medio originalmente legal –aunque en este caso teñido en algunos aspectos de una clara inconstitucionalidad- una nueva Nación, como si eso fuera posible. El DNU revela que existió una mala comprensión de la frase que el titular del Poder Ejecutivo expresó en varias oportunidades durante el último tiempo: su lectura correcta era “dentro de Mi-ley todo, fuera de Mi-ley nada”. En esa lógica se inscribe el protocolo antipiquetes dispuesto por la ex bombardera de jardines de infantes a cargo del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se instituyó en la garantía de fuerza para los “cambios” propuestos por el Presidente, bajo la operación de origen informático que se consigue mediante la presión de las teclas Control X y Control V: “Corte y pegue”.
Los “cambios” dogmáticos que el presidente plantea llevar adelante para el país suponen una refundación amplia de variados aspectos de la idiosincrasia nacional, no sólo por medio de la modificación de normas existentes y creación de nuevas, sino a través de un cambio cultural en las relaciones entre las personas y de ellas con el sistema público-estatal y el mercado. Como carece de tiempo y poder parlamentario, Milei pretende convertirse en el Juan Bautista Alberdi del siglo XXI reescribiendo las “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina” en un decreto, cuya autoría, en rigor, pertenece a quien hasta hace poco despreciaba públicamente, el ex presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, que también fue funcionario de Carlos Menem en YPF y de Fernando De la Rúa en Economía durante el gobierno de la Alianza, en una irreprochable y coherente trayectoria.
Macri, Sturzenegger y Luis Caputo –entre otros representantes del credo neoliberal local- encontraron en el “libertario” que dialoga con canes lo que durante años no pudieron construir por sus propios medios: un candidato que proponga un ajuste brutal sobre los trabajadores, jubilados y sectores populares, con desarticulación del Estado, y reciba apoyo electoral. Pero no hay que olvidar que al estudiante de medicina Víctor Frankenstein, su monstruosa creación se le escapó de las manos.
No es menor aclarar que la Presidencia de Macri podría contabilizarse como un experimento de esa especie, pero el ex presidente de Boca no prometió ajuste durante la campaña electoral sino que aseguró que “nadie te va a sacar lo que tenés”. También Menem debió ocultar sus cartas. Ahora están sobre la mesa, y ya despertaron reacciones de protesta a sólo 10 días de asumido el nuevo Gobierno. Y no se trata nada más que de personas organizadas en asociaciones, sino de “caceroleros” espontáneos y agrupaciones del sector productivo, como la industria y las pequeñas y medianas empresas.
Al laburante, ni justicia
Los alcances del DNU son tan abarcativos –ley de alquileres, de tierras, de góndolas, de promoción industrial y comercial, privatizaciones, prepagas, agencias de viaje, clubes de fútbol, registros automotores y ley de manejo del fuego, entre otras materias- que, atento al cierre de esta edición que opera los jueves, esta nota se concentrará en los aspectos laborales, objeto del deseo (tanático) de la actual administración.
El DNU provoca cambios en contra de los intereses de las y los trabajadores tanto en su aspecto individual (modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo –LCT-) como colectivo (ley de asociaciones sindicales). También regula los conflictos laborales mediante la limitación del derecho a huelga. ¿Por qué creerán que puede haber paros?
La LCT pasa a tener un carácter “supletorio”, es decir que queda subordinada –o en segundo plano de importancia- al contrato entre las partes, como si empleadores y empleados tuviesen la misma fuerza.
Se reduce la indemnización por despidos y crea el fondo de cese laboral en su reemplazo, del mismo modo que el período de prueba pasa de tener una extensión de tres meses a ocho.
Quienes facturen en forma periódica a un empleador ya no serán considerados bajo la presunción de existencia de un contrato de trabajo, lo que habilita el fraude laboral por medio del monotributo.
El DNU también habilita la desregulación de la jornada laboral de 8 horas, un derecho de las y los trabajadores que les costó sangre y tiempo conquistar. A partir de ahora, la única limitación será la existencia de 12 horas de descanso entre una jornada laboral y la siguiente, mientras “el mundo” discute reducirla a 6 horas diarias. La norma permite además la eliminación de recargo por horas extras después de la jornada de ocho horas.
Beneficia la existencia de empresas “tercerizadas”, al considerar que el empleador es quien registra la relación y no quien recibe la prestación del servicio. Hasta ahora, existía una responsabilidad solidaria de la firma que contrataba a la tercerizada.
Se elimina el principio de “norma más favorable” para aplicar en un litigio entre el trabajador y el empleador, a la vez que se crea una “indemnización agravada” para despidos discriminatorios, de modo que la Justicia no pueda reponer a un laburante en su puesto cuando la cesantía se base en razones de discriminación.
El súper decreto elimina las multas por empleo mal registrado y falta de pago de indemnizaciones por despido y le brinda a las Pymes la posibilidad de pagarlas en 12 cuotas indexadas.
A la vez, el DNU limita el derecho a huelga exigiendo una cobertura del 75 por ciento del personal en los casos de servicios considerados esenciales, mientras que se estipula un 50 por ciento para actividades “trascendentales”, que incluye una amplia variedad de rubros de actividad.
La norma faculta a los empleadores a despedir “con causa” a los trabajadores que adhieran a medidas de fuerza, en el caso de que “afecten” la libertad laboral de aquellos que no participen de una huelga.
También obstaculiza la facultad de las organizaciones gremiales para recaudar la cuota sindical, con el objetivo de debilitarlas. En la misma línea, mantiene el principio de ultraactividad (que supone la vigencia de un Convenio Colectivo de Trabajo hasta que no sea reemplazado por uno nuevo) para las condiciones de trabajo, pero no para las asociacionales (los sindicatos).
Entre otras pérdidas de derechos para los trabajadores, el DNU modifica el llamado “criterio de irrenunciabilidad” de los derechos laborales, lo que habilita el deseo de las “fuerzas de cielo” de que cada laburante negocie en forma individual con su empleador, en vez de hacerlo en forma colectiva mediante la entidad gremial del sector.
El miércoles, al día siguiente del anuncio del DNU, el presidente notificó a la población de que eso no es todo: “Les aviso que viene más, hay más; pronto se van a enterar”, dijo Milei en una entrevista con radio Rivadavia, en la que agregó: “Ahora vamos a llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso”.
Corte y pegue
Antes que las medidas contenidas en el DNU de dudosa constitucionalidad, el Gobierno anunció el remedio que elaboró para atacar las consecuencias que provocarán sus decisiones.
La tarea quedó en manos de la ministra Bullrich, que escenifica muy bien el tono “bélico” o de “desastre natural” con el que el Gobierno comunica sus inhumanas decisiones, con el fin de justificarlas.
Lo de Bullrich luce como un loop de su participación en el mismo cargo durante la gestión de Macri, cuando ya había puesto en marcha su protocolo para regular las protestas sociales.
Si bien es un tópico que afecta centralmente a la Ciudad de Buenos Aires, una larga tradición de discursos políticos y mediáticos construida en las últimas dos décadas instalaron la idea del que protesta como “enemigo” del resto de la sociedad. Aun las almas sensibles que pueden “comprender” la legitimidad de las demandas, se inclinan porque vayan a protestar “a la casa de los políticos” o que se habilite un protestódromo que no trastoque la vida cotidiana.
El mayor valor del protocolo de Bullrich es simbólico. Así se explica la desmesurada atención puesta por los medios de comunicación a la movilización conmemorativa del 20 de diciembre, que se realiza desde hace dos décadas, en la que sólo hubo dos detenidos. Ser duro con los más débiles puede resultar atractivo cuando el principal valor de un Gobierno es quebrar cualquier rasgo de solidaridad para profundizar un modelo individualista. Una reactualización –por cierto, nada novedosa- del “algo habrán hecho”.
Por eso también la campera militar del presidente en su visita a la ciudad de Bahía Blanca tras el temporal que provocó 13 muertes. Arréglense con lo que tienen, les dijo.
En la misma lógica se inscriben las imágenes que el Gobierno difundió el miércoles, que mostraron a Milei y Bullrich en un “búnker” monitoreando la movilización de agrupaciones de izquierda.
El cacerolazo pos anuncio de la misma noche parece no haber sido previsto, porque sus protagonistas no fueron previamente señalados como orcos. Para el batir de las ollas aún no hay protocolo.
Buenos y malos
La avanzada del Gobierno, que cuenta con un consenso social cuya durabilidad es la gran incógnita para el mantenimiento de su rumbo arrasador, provoca rápidos y lógicos descontentos y resistencias.
Para el jueves 21, cuando se cerraba esta nota, había múltiples convocatorias a protestas, concentraciones y marchas en diferentes puntos del país. Esa multiplicidad, en este momento de la relación de fuerzas del Gobierno con sus víctimas, atenta contra una “unidad” que mejoraría sus chances. Pero la conjunción de fuerzas es una construcción, no algo dado de antemano, y menos en sociedades fragmentadas.
El corte y pegue de Bullrich también produjo reacciones en ámbitos académicos. La Asociación Argentina de Profesoras y Profesores de Derecho Penal (AAPDP) exhortó el miércoles a rechazar “la criminalización de la protesta social y el menoscabo de las garantías penales y procesales más elementales” y reclamó “la irrestricta vigencia” de las normas internacionales y constitucionales que refieren al ejercicio de “los derechos de reunión y de libertad de expresión, y de peticionar a las autoridades”.
La AAPDP se manifestó de esa manera ante la puesta en vigencia del protocolo de la ministra Bullrich, según consignó la agencia Télam.
La entidad bregó en un comunicado por “la irrestricta vigencia de normas de la superior jerarquía internacional y constitucional vinculadas al ejercicio de los derechos de libertad de reunión y de libertad de expresión y de peticionar a las autoridades”.
Justificó que esos derechos se encuentran consagrados en el artículo 14 de la Constitución Nacional (CN), el artículo 15 y 13 de Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el artículo 21 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP).
Las peticiones ante las autoridades no poseen garantías de ser oídas, claro. La Cámara del Crimen rechazó el miércoles el habeas corpus preventivo presentado por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otros organismos defensores de los derechos humanos a raíz del protocolo antipiquetes promocionado por Bullrich.
“No se advierte la existencia de las limitaciones, restricciones o amenazas actuales a la libertad de las personas”, sostuvieron los jueces de la Cámara del Crimen al confirmar el fallo de primera instancia y rechazar las quejas de los peticionantes.
Los jueces firmantes del fallo son Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López y Julio Marcelo Lucini, principal candidato del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación.
“La lectura de la resolución N° 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación no sugiere la alteración del cuerpo constitucional señalado, ni puede del sólo enunciado de su articulado suponerse la institución de riesgos para los derechos allí garantizados”, sostuvieron los jueces.
“En términos generales, sería sólo la reiteración de previsiones legales, tales como la referencia a la posible comisión de delitos en curso en el contexto de una manifestación en la vía pública y la consecuente actuación responsable en respuesta de las autoridades”, agregaron.
Ese último párrafo pone el acento en el valor simbólico del protocolo: una resolución que dice que si se comete un delito hay que perseguirlo no tiene sentido, pero sí lo adquiere si se la adereza con el término “antipiquete”, porque ratifica las convicciones del votante de Milei-Macri acerca de quiénes son los malos y los buenos. Y “los argentinos de bien” a los que apela el discurso oficial, requieren de compatriotas “de mal” para poder identificarse con el bando positivo de esa relación binaria.
La libertad de mercado avanza de modo desenfrenado en los primeros días del Gobierno de Mi-ley, pero sus previsibles consecuencias y las reacciones que provoca también nacen prontas, tanto en términos institucionales como de movilización social, un tópico sobre el que la historia argentina tiene una larga tradición.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 23/12/23
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