Tras suspender por un año la pauta oficial, Milei avanza sobre los medios públicos con el intento de cierre de Télam y despidos en Radio Nacional y el INCCA. Derecho humano a la información vs Twitter.

En su afán destructivo por ahora incesante, Javier Milei la emprendió esta semana contra los medios públicos y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Considera a la comunicación y a la cultura como “gastos” que deben recortarse, mientras paralelamente aumenta las dietas del Congreso, en el que busca apoyo a su plan. El Gobierno paralizó el servicio de la agencia nacional de noticias Télam por una semana y licenció a su personal, unos 760 trabajadores en todo el país. El titular de Radio Nacional, Héctor Cavallero, produjo 100 despidos en el único medio del ecosistema comunicacional privado y público argentino con alcance en todo el país –junto a Télam–, mientras que el recientemente asumido director del INCAA, Carlos Pirovano, imitó esa acción hasta en el número de desplazados. Lo que se pone en juego con esas medidas no es solamente la suerte personal de sus trabajadoras y trabajadores, sino la existencia de instrumentos públicos para que el Estado garantice el derecho humano de acceso a la información, consagrado por normas de derecho internacional a las cuales el país adhirió. Arduo de explicar a funcionarios como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien con la escasa cantidad de palabras que utiliza para comunicarse consideró en diciembre pasado que “hoy la agencia es Twitter, las noticias se dan por Twitter”, en relación a la red social por la que Milei denunció que el ex presidente Alberto Fernández cenaba con champagne, de lo que tuvo que desdecirse unas horas después. La educación también es muy importante.

Propaganda o deseo

No está claro aún cuál es el motivo del anuncio del cierre de la agencia nacional de noticias Télam: en su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1º de marzo, el mandatario utilizó como argumento la discriminación política –“es una agencia de propagada kirchnerista”, dijo–; el vocero Manuel Adorni apuntó el lunes siguiente al costo de mantenimiento del servicio y, en la misma rueda de prensa, sostuvo que “se va a avanzar en línea con lo que es el deseo del presidente”, es decir, una cuestión personal.

Durante el fin de semana, Adorni prescindió de los argumentos racionales sobre el futuro de la agencia de noticias y escribió en su cuenta de X un texto revestido de inocultable violencia simbólica: “Saluden a Télam que se va”. El escritor Martín Kohan consideró, frente a este tipo de discursos, que “está de moda la crueldad”.

Si bien al cierre de esta edición de El Eslabón –jueves por la noche– no se habían registrado despidos en la empresa estatal de noticias, unos 760 puestos de trabajo están en vilo. El sitio web de Télam amaneció el lunes con un escudo nacional y el texto “página en reconstrucción” y el servicio de la “cablera” suspendido, mientras personal de la Policía Federal Argentina (PFA) impedía el ingreso de sus empleados a la sede de la empresa. Lo que en cualquier país podría considerarse un ataque a la libertad de expresión.

El propio Milei justificó esa medida con una mentira al visitar el martes la muestra agrícola Expoagro: “Hay 100 barrabravas en Télam”, dijo, y una vez que la mendacidad se echó a correr, es inútil intentar detenerla. Por ese motivo, el uso de las redes sociales y otras plataformas para hacer circular noticias falsas, es que son necesarios medios públicos que informen con rigor, veracidad y profesionalismo. Probablemente, por eso el Gobierno busque cerrarlos o reducirlos a una expresión mínima.

 

Pero no todo es ideología. En septiembre, el entonces candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, expresó que si Milei se convertía en presidente vendería la TV Pública para “bajar la pobreza” (¿?). Pero enseguida el velo de la represión se corrió: “Me imagino una torre de 100 metros donde está ATC. Sería un re negocio”, sostuvo el dirigente político con espíritu de bróker inmobiliario.

El diario La Nación publicó esta semana una nota en la que menciona la posibilidad de vender uno de los edificios de Télam para el pago de indemnizaciones del personal. Comunicación y bienes raíces.

¿Pluraliqué?

El vocero presidencial, Adorni, dijo en rueda de prensa, luego de que los periodistas acreditados en la Casa Rosada se solidarizaran con las y los trabajadores de Télam, que “esto no tiene nada que ver con el pluralismo de la información o de los medios, ni tiene que ver con cuestiones que tengan que ver con la libertad de prensa”.

En su media lengua, agregó que “esta semana estará concluido el plan para avanzar en línea con lo que es el deseo del presidente, que es el cierre de la agencia Télam. Pero nada tiene que ver con ninguna cosa que vaya en contra de las bases democráticas”.

Por fortuna, la pluralidad de voces permite oír otras además de la oficial. “Una agencia de noticias tiene como finalidad distribuir información contrastada a los medios de todo el espectro editorial. En el caso de las públicas tienen la obligación de garantizar la pluralidad informativa, esa es su razón de ser”, explicó en una nota con el sitio Chequeado Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras (España) y profesor de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid.

Agregó que una agencia pública de noticias “enriquece culturalmente, abre las puertas a las relaciones económicas y obviamente contribuye a enriquecer la mirada y el debate político y social. La pérdida de una agencia pública de noticias empobrece a una sociedad”, advirtió Bauluz, e indicó que “Reporteros aboga por la máxima pluralidad y entiende que la suma de medios públicos y privados es la que mejor produce una sociedad informada”.

En la misma nota, el investigador del Conicet, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en comunicación, políticas y medios, Alejandro Linares, recordó que la agencia de noticias “Télam es la segunda en importancia y en dimensión de habla hispana, solamente detrás de EFE, que es la agencia de España y que depende del gobierno español”.

Consideró que “el cierre de Télam sólo puede hacer que haya menos noticias, menos pluralismo, menos diversidad y menos calidad informativa en lo inmediato para el resto del ecosistema mediático”.

Por eso, dijo Linares a Chequeado, “esto repercute en las audiencias porque significa menos libertad de expresión y menos pluralismo para esas audiencias, que ven recortado en calidad y en cantidad el periodismo que reciben”.

En diciembre pasado, Patricia Bullrich buscó justificar el intento de cierre de la agencia Télam en el programa televisivo de Mirtha Legrand. “Reuters, la empresa más importante que todavía subsiste como agencia, tiene 200 trabajadores en todo el mundo, mientras que Télam tiene más de mil en un solo país”, balbuceó.

Sin estremecimientos por su ignorancia, agregó: “Reuters tiene agencias en todo el mundo y es la única que subsiste porque hoy la agencia es Twitter. Las noticias se dan por Twitter, Twitter es mucho más importante que tener una agencia”.

La corrigió el director de Reuters para América Latina, Adam Ramsay Jourdan: “Me encanta el reconocimiento de Patricia Bullrich a Reuters como la agencia de medios más importante del mundo (¡Estoy de acuerdo!). Aunque, para dejar las cosas claras, tenemos 2.500 periodistas de texto, fotografía y televisión cubriendo las noticias en oficinas de todo el mundo”, precisó. Télam posee 760 y no mil. Si Twitter es la agencia, estamos embromados.

Por tierra y aire

Paralelamente al proceso de intento de cierre de Télam, esta semana el director de Radio Nacional, Cavallero, inició su gestión con más de 100 despidos.

Según pudo saberse, el recorte afectó mayoritariamente a trabajadores que habían sido contratados por la radio federal como monotributistas, con remuneraciones que en muchos casos no superan el salario mínimo, vital y móvil que el Estado fija como piso.

De los 100 trabajadores despedidos, 98 cumplen tareas de producción periodística, coordinación de aire o son empleados administrativos de la emisora con 48 frecuencias en todo el país. En algunos de esos lugares, claro, la única radio existente.

Foto: Sofia Barrios

“Yo no eché a nadie, no hay despidos”, le dijo Cavallero al diario La Nación. “Lo que hay son vencimientos de contratos que, mayormente, son de directores nombrados por gobiernos anteriores y monotributistas en medio de emisoras superpobladas”, abundó.

En esa línea, dijo que “toda esta situación es anterior a mi nombramiento y yo me encontré con esto a los pocos días de asumir. Estoy enfocándome en armar una programación y seguir adelante”.

Otros 400 trabajadores de la comunicación habían sido desvinculados en enero pasado de Radio Nacional, como parte del plan de lucha del Gobierno contra la libertad de expresión y la multiplicidad de voces, mal maquillado de “motosierra» sobre el gasto público. La función social de la radio pública, puntualmente en los lugares más alejados del centro del país unitario, es indiscutible.

Pantalla grande

El mismo día de su asunción, el director del INCAA, Carlos Pirovano, ejecutó una medida similar a la de Cavallero en Radio Nacional.

En ese caso, también se trata de formas irregulares y precarizadas de contratación de la fuerza laboral, bajo la modalidad de facturación o prestación de servicios. Unos 100 trabajadores del Instituto dejarán de prestarlos a partir del 1º de abril, según comunicó el sindicato estatal ATE.

La delegada de esa entidad gremial en el INCAA, Ingrid Urrutia, explicó que “de ninguna manera vamos a aceptar reincorporaciones parciales, y esta es nuestra postura colectiva” sobre el conflicto que desataron los despidos.

Urrutia sostuvo que “sin el INCAA y sus trabajadoras y trabajadores no hay una película que salga con apoyo del Estado y recursos del sector”.

El Instituto de Cine es un ente público no estatal que funciona en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Nación.

Tiene oficinas y empleados y maneja dinero que proviene, en su mayoría, del sector privado, mediante una parte del valor de las entradas que se pagan en las salas de cine.

Su principal función es promover, fomentar, fortalecer y regular la producción audiovisual. Esto incluye, entre otras misiones, subsidiar la realización de películas y sus presentaciones en festivales internacionales.

El presidente había planteado en campaña su decisión de cerrar el INCAA, al que también considera un espacio constituido por personas que piensan diferente a él. Pero en ese caso bastaron las palabras del productor Adrián Suar en el programa –otra vez– de la señora Legrand, para que el padre de hijos de cuatro patas retrocediera sobre sus pasos.

En cualquier caso, Milei busca –antes que recortar gastos– destruir instituciones que poseen años de acumulación de esfuerzo social y colectivo, que es su visión paranoica del mundo que llama “marxismo cultural”. Puede resultar gracioso, pero no se refiere a Groucho.

Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 09/03/24

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